Energía Argentina

Argentina rompe su récord petrolero y el Gobierno apuesta a Vaca Muerta en medio de la suba global del crudo

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Argentina alcanzó en enero la producción de petróleo más alta desde que existen registros oficiales: 4.262.675 metros cúbicos de crudo. El dato, informado por la Secretaría de Energía de la Nación, supera el récord previo de diciembre de 2025 (4.245.403 m³) y marca un punto de inflexión tras 26 años sin perforar de forma sostenida la barrera de los cuatro millones en el primer mes del año.

La cifra adquiere dimensión política y económica por el contexto internacional. Con el recrudecimiento del conflicto entre Irán e Israel y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del suministro mundial— el barril Brent volvió a ubicarse por encima de los 80 dólares. En ese tablero energético inestable, el salto productivo local abre una pregunta estratégica: ¿puede el Gobierno convertir este récord en mayor ingreso de divisas sin trasladar la presión a los surtidores?

El rol decisivo de Vaca Muerta y la concentración territorial

El Ministerio de Economía celebró el resultado y precisó que en enero el país generó 882,2 barriles por día, un 16,5% más que en igual período del año pasado. El crecimiento interanual de la producción total fue de 15,7%.

El motor del récord fue Vaca Muerta. La formación no convencional impulsó un aumento interanual del 35,5% y explicó la mayor parte del salto. Si se desagrega el volumen total, la provincia de Neuquén produjo 2.971.259 m³ en enero, lo que representa el 69,7% del total nacional y un crecimiento del 32,37% interanual. La concentración territorial es evidente: una sola jurisdicción sostuvo casi siete de cada diez metros cúbicos extraídos en el país.

El contraste con otras provincias petroleras es marcado. Chubut produjo 587.163 m³, con una caída del 6,51% interanual y el peor enero en 25 años. Santa Cruz registró 255.014 m³, un retroceso del 21,5% y su inicio de año más bajo desde que se tiene registro. En 1999 había producido 1.243.834 m³, un 387% más que en la actualidad. Mendoza, por su parte, alcanzó 240.586 m³, con una baja del 10,63% frente a enero de 2025 y niveles que equivalen a la mitad de lo que extraía a comienzos de siglo. Río Negro mostró una suba del 6,97%, con 114.849 m³, aunque aún lejos de los más de 200 mil m³ que superaba entre 2000 y 2002.

El mapa productivo consolida una reconfiguración estructural: el eje energético se desplaza hacia el no convencional neuquino mientras las cuencas maduras continúan en declive.

Impacto económico: divisas, inversiones y riesgo inflacionario

El escenario externo ofrece una ventana de oportunidad. Un precio internacional más alto mejora la “caja” de las productoras que exportan y podría acelerar decisiones de inversión en infraestructura y desarrollo en Vaca Muerta. Hasta hace una semana, el crudo local se comercializaba en torno a los USD 70 por barril; un Brent por encima de los 80 dólares modifica proyecciones y rentabilidad.

Pero el beneficio tiene un límite interno. El petróleo representa alrededor del 40% del precio final del combustible. Si la cotización internacional continúa en alza, la presión sobre naftas y gasoil podría trasladarse al surtidor. Y cada ajuste impacta en costos logísticos y, en cadena, en bienes y servicios de la economía. Para el Gobierno, el desafío será administrar esa tensión entre ingreso de divisas y estabilidad de precios.

En términos de poder real, el récord fortalece la narrativa oficial sobre el desarrollo energético como pilar macroeconómico. También refuerza el peso político de las provincias productoras, en especial Neuquén, en la discusión sobre infraestructura, regalías y reglas de juego para el sector.

Un récord con interrogantes abiertos

El dato de enero no es un hecho aislado: en los últimos 325 meses, apenas cinco veces se superaron los cuatro millones de m³. Tras el antecedente de enero de 1999, hubo que esperar hasta agosto de 2025 para volver a cruzar ese umbral, con repeticiones en octubre, noviembre y diciembre de 2025 y ahora en enero de 2026. La diferencia es que hoy la marca comienza a consolidarse.

La incógnita es doble. Por un lado, si la producción podrá sostener este ritmo sin cuellos de botella en transporte y exportación. Por otro, si la volatilidad internacional se convertirá en una oportunidad estratégica o en una fuente adicional de presión inflacionaria.

El mercado energético global seguirá bajo tensión mientras el conflicto en Medio Oriente no encuentre un canal de desescalada. En ese contexto, Argentina exhibe números récord. La dimensión política y económica de ese logro dependerá menos del dato histórico y más de cómo se gestione la próxima curva del precio internacional.

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Energía: el Gobierno activa una licitación por 700 MW en baterías para reforzar la confiabilidad del mercado eléctrico

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La Secretaría de Energía abrió una licitación nacional e internacional para sumar hasta 700 MW de almacenamiento eléctrico con baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida, formalizada mediante la Resolución 50/2026 y publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, apunta a contratar potencia disponible durante al menos cuatro horas consecutivas, con el objetivo de reforzar reservas, cubrir picos de demanda y reducir riesgos de cortes en nodos críticos.

El instrumento crea la convocatoria “AlmaSADI” y encomienda a CAMMESA la adjudicación y administración de los contratos. El dato clave: la potencia objetivo es de 700 MW, que se suman a los 713 MW ya adjudicados en el Área Metropolitana bajo el esquema AlmaGBA. La señal es clara: el Gobierno acelera la incorporación de almacenamiento como pieza estructural del mercado eléctrico mayorista.

Una nueva capa de oferta firme para el MEM

La norma convoca a presentar ofertas para celebrar Acuerdos de Almacenamiento destinados a prestar servicios de potencia y reservas operativas de corto plazo en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Las centrales deberán ser nuevas, basadas en sistemas BESS, y garantizar la entrega de energía y potencia comprometida durante un mínimo de cuatro horas seguidas. Ese requisito no es menor: define el perfil de activos buscado —capacidad firme de corta duración— orientado a cubrir picos, estabilizar la red y aportar respuesta rápida.

El pliego aprobado fija: Niveles de potencia comprometida. Precios referenciales por potencia puesta a disposición y por energía. Metodología de evaluación con ponderación por mejora de confiabilidad según nodo y región. Requisitos técnicos y formales de conexión.

Los proyectos necesitarán la conformidad del transportista troncal o del prestador adicional de la función técnica de transporte correspondiente. En otras palabras, no alcanza con la tecnología: el valor sistémico en cada nodo será determinante.

CAMMESA actuará como compradora de la potencia y energía comprometida y pagará mensualmente los contratos. El costo se incorporará a las transacciones económicas del MEM como servicio de Reserva de Confiabilidad, a cargo de toda la demanda.

Reservas en tensión y expansión renovable

La decisión se inscribe en el marco de la Ley 24.065, que obliga a garantizar suministro seguro al menor costo posible. Pero también responde a una realidad operativa: la expansión de generación renovable intermitente y la demora en ampliaciones de transporte en alta tensión generan cuellos de botella y tensiones de corto plazo.

El Gobierno ya había avanzado con AlmaGBA, donde se adjudicaron 713 MW para el Área de Gran Buenos Aires. Además, en 2025 se creó el Programa de Gestión de Demanda para grandes usuarios, con un esquema voluntario y remunerado de reducción de carga.

Sin embargo, esos instrumentos no alcanzan para recomponer reservas en todo el SADI. La convocatoria AlmaSADI amplía el foco al resto del país con una visión federal. El almacenamiento aparece así como solución transitoria —y en algunos casos sustitutiva— frente a obras de transporte que requieren plazos y financiamiento más extensos.

En términos técnicos, las baterías permiten: Cubrir requerimientos de capacidad de corta duración. Aportar reservas de rápida respuesta. Regular tensión y potencia reactiva. Limitar aporte al cortocircuito, facilitando integración segura. Evitar Energía No Suministrada (ENS) en zonas abastecidas radialmente.

La norma no modifica el marco legal vigente, pero sí amplía la arquitectura contractual del MEM al consolidar al almacenamiento como actor específico dentro de la planificación de potencia.

Inversión intensiva y costos socializados

Desde el punto de vista económico, el programa puede movilizar inversiones relevantes en infraestructura electroquímica y sistemas de control. Los proyectos BESS demandan importación de equipamiento, ingeniería local y montaje, con impacto en empleo técnico y proveedores especializados.

Al mismo tiempo, el esquema traslada el costo a toda la demanda del MEM. Es decir, el financiamiento de la reserva se socializa vía transacciones económicas. Para las empresas distribuidoras y grandes usuarios, el efecto dependerá del precio adjudicado por MW y del peso relativo del nuevo cargo.

En términos de competitividad sistémica, el almacenamiento puede: Reducir costos asociados a cortes o restricciones. Optimizar despacho y uso de generación existente. Diferir inversiones en transporte. Facilitar mayor penetración renovable sin desestabilizar la red.

El beneficio es indirecto pero estructural: menos riesgo operativo implica menor costo de energía no suministrada y mayor previsibilidad para sectores industriales intensivos en electricidad.

Señal política y regulatoria

La convocatoria no implica una desregulación. Por el contrario, consolida un esquema centralizado de contratación donde CAMMESA actúa como comprador único y el costo se prorratea entre usuarios.

Sin embargo, también envía una señal pro-inversión: el almacenamiento deja de ser un complemento experimental y pasa a formar parte explícita de la planificación de confiabilidad. La decisión combina intervención coordinada con apertura a capital nacional e internacional.

En clave política, la medida refuerza la idea de transición energética pragmática. No se trata solo de sumar renovables, sino de garantizar firmeza y estabilidad en un sistema que enfrenta crecimiento de demanda y limitaciones de infraestructura.

Lo que habrá que seguir de cerca

El impacto real dependerá de tres variables: el nivel de precios adjudicados, la distribución regional de los proyectos y la velocidad de ejecución. También será clave observar cómo se integra esta nueva capacidad con la gestión de demanda y con futuras ampliaciones de transporte.

En los próximos meses, el mercado mirará si la competencia en la licitación logra contener costos y si el almacenamiento efectivamente reduce restricciones operativas. La señal ya está dada: el Gobierno apuesta a que las baterías no sean un complemento, sino una pieza central en la confiabilidad del sistema eléctrico argentino.

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El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 y fijó un precio tope al GNL para los próximos inviernos

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El Poder Ejecutivo extendió la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027 y estableció un régimen transitorio de precio máximo para la comercialización interna del Gas Natural Licuado (GNL) durante los próximos dos inviernos. La decisión fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y responde a la persistencia de restricciones estructurales en la infraestructura de transporte de gas, que obligan a sostener importaciones para garantizar el abastecimiento invernal.

El decreto reconoce que las obras de ampliación de capacidad de transporte recién entrarían en operación en el invierno de 2027, lo que mantiene vigente un escenario de vulnerabilidad energética. En ese marco, el Ejecutivo avanzó con una redefinición del esquema de importación y comercialización de GNL, con el objetivo de asegurar suministro, reducir costos y limitar riesgos derivados de una situación de hecho monopólica en la regasificación.

Emergencia energética: fundamentos técnicos y prórroga hasta 2027

La medida prorroga la emergencia declarada originalmente por el Decreto 55/2023, luego extendida por los Decretos 1023/2024 y 370/2025, y se apoya en el marco normativo de las Leyes 17.319 (Hidrocarburos), 24.076 (Gas Natural, T.O. 2025) y 27.742 (Ley de Bases). El DNU detalla que persisten las causas estructurales que motivaron la emergencia: insuficiente capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina hacia los grandes centros de consumo del Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral, especialmente en los picos de demanda invernal.

El texto subraya que, sin el aporte de GNL importado, la demanda residencial y el funcionamiento de las centrales térmicas quedarían insatisfechos en los días más fríos. En consecuencia, la importación de GNL continúa siendo “crítica” para: asegurar el abastecimiento ininterrumpible, sustituir combustibles líquidos en generación eléctrica, atender restricciones operativas, fortalecer un mercado de gas de invierno y cumplir los objetivos del artículo 2° de la Ley 24.076.

El decreto también reconoce que la falta de inversión acumulada durante años —atribuida a señales tarifarias insuficientes— demoró las expansiones necesarias del sistema de transporte de gas y electricidad, cuyos proyectos aún requieren tiempo para completarse.

GNL: nuevo esquema, precio máximo y rol del sector privado

Uno de los ejes centrales del DNU 49/2026 es la redefinición del esquema de importación y comercialización del GNL. Hasta ahora, Energía Argentina Sociedad Anónima actuó como único importador para abastecer el mercado interno en invierno. Según el decreto, esa intervención estatal no logró los resultados esperados, implicó “erogaciones de mucha envergadura” y no se tradujo en mejoras del sistema de transporte.

En línea con las modificaciones introducidas por la Ley 27.742, el Ejecutivo busca reducir la intervención directa del Estado y promover un esquema de comercialización privada, aunque bajo control y supervisión de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), hasta tanto entre en funciones el ente unificado de gas y electricidad.

El decreto dispone que la Secretaría de Energía adopte las medidas necesarias para permitir el acceso de importadores privados a la infraestructura de regasificación existente. Actualmente, solo se encuentra operativa la terminal de Escobar, mientras que la de Bahía Blanca, inaugurada en 2008, no está en funcionamiento. La norma enfatiza que, por razones técnicas y de seguridad, el acceso a la terminal debe ser unificado y coordinado, para evitar conflictos logísticos, riesgos operativos y demoras ante emergencias.

En este contexto, el Artículo 2° del decreto establece un precio máximo para la venta en el mercado interno del gas natural resultante de la regasificación del GNL importado para los dos próximos períodos invernales. Ese precio no podrá superar un marcador internacional que determine la Secretaría de Energía, más un valor adicional —en dólares por millón de BTU— destinado a cubrir costos de flete marítimo, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte por ducto hasta el punto de entrega en Los Cardales, provincia de Buenos Aires.

El valor adicional será definido a partir de un procedimiento competitivo de selección de un único comercializador privado. Si ese proceso fracasa, Energía Argentina S.A. volverá a asumir la importación, regasificación y venta del GNL en el mercado interno.

Impacto económico, regulatorio y próximos escenarios

La prórroga de la emergencia hasta fines de 2027 consolida un marco excepcional que habilita decisiones rápidas en un sector clave para la macroeconomía y el abastecimiento energético. En términos económicos, el establecimiento de un precio máximo al GNL busca evitar trasladar al mercado interno los efectos de la volatilidad internacional y de una estructura de oferta concentrada, con impacto directo sobre tarifas, costos de generación eléctrica y actividad industrial.

Desde el punto de vista institucional, el uso del DNU se justifica en la “urgencia temporal” ante la inminencia del invierno de 2026 y la imposibilidad de seguir los trámites legislativos ordinarios, conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. El decreto deberá ahora ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente, según lo establece la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

En el corto plazo, el foco estará puesto en la reglamentación que dicte la Secretaría de Energía, en el proceso de selección del comercializador privado y en la definición del marcador internacional de referencia. En el mediano plazo, el horizonte sigue atado a la concreción de las obras de transporte que permitan reducir la dependencia del GNL importado y cerrar definitivamente el capítulo de la emergencia energética.

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Nuevo oleoducto impulsa exportaciones de crudo de Vaca Muerta hacia Estados Unidos

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La puesta en marcha de un nuevo oleoducto permitió concretar una exportación de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia Estados Unidos, marcando un salto operativo clave para el perfil exportador del sector energético argentino. La operación, que involucró el despacho de 71.000 metros cúbicos de petróleo a bordo de un buque tanque, se realizó a partir de una infraestructura recientemente inaugurada que elimina cuellos de botella logísticos, mejora la eficiencia del sistema de transporte y amplía la capacidad de exportación de Vaca Muerta, uno de los ejes estratégicos de generación de divisas para la economía nacional.

Un nuevo eslabón logístico para la exportación de crudo

La carga de crudo producido por operadores de la Cuenca Neuquina se concretó desde la Posta de Inflamables N°3 de Puerto Galván, utilizando el sistema logístico de la Refinería Bahía Blanca y el Oleoducto Derivación, una obra recientemente inaugurada por Trafigura en conjunto con Oldelval. El destino final del embarque fue Estados Unidos, uno de los principales mercados internacionales para el crudo argentino.

El elemento central de esta operación fue la utilización del nuevo ducto, una inversión estratégica que permite conectar de manera directa el sistema troncal de Oldelval con la Posta de Inflamables N°3, eliminando restricciones operativas históricas y optimizando los tiempos y volúmenes de carga. De este modo, se refuerza la integración entre la producción de Vaca Muerta y los puntos de salida al exterior.

La exportación se realizó mediante el VS Pride, un buque tanque de 228 metros de eslora, cuya operatoria se vio significativamente agilizada gracias a la nueva conexión directa con el oleoducto troncal. La coordinación entre la Refinería Bahía Blanca y el consorcio de Puerto Rosales permitió maximizar la eficiencia logística en una operación de gran escala.

Inversión estratégica y mejora en la capacidad operativa

El Oleoducto Derivación fue inaugurado a comienzos de noviembre del año pasado y se consolidó como un canal estratégico para el sistema de transporte de crudo del país. La obra cuenta con 14 pulgadas de diámetro y 11 kilómetros de extensión, y conecta el sistema troncal Allen–Puerto Rosales de Oldelval con la Refinería Bahía Blanca.

La inversión superó los 30 millones de dólares y fue ejecutada bajo altos estándares de calidad, seguridad y cuidado ambiental, en línea con los requerimientos técnicos del sector energético y las exigencias del comercio internacional de hidrocarburos. Según se destacó, la nueva infraestructura mejora la flexibilidad operativa, reduce tiempos muertos y amplía la capacidad exportadora de la Cuenca Neuquina, una condición clave para sostener el crecimiento de la producción.

Gracias a esta instalación, se logró eficientizar la carga de crudo vía conexión directa al oleoducto troncal, eliminando pasos intermedios que limitaban la operatoria. Este avance representa un salto cualitativo en velocidad y eficiencia, y posiciona a la infraestructura como una herramienta central para escalar volúmenes exportables.

Rol estratégico de la infraestructura

La operación consolida a Trafigura como un actor estratégico en la logística del petróleo proveniente de Vaca Muerta, al demostrar que las inversiones en infraestructura de transporte resultan determinantes para ampliar el perfil exportador de la región. En un contexto donde la energía se posiciona como uno de los principales generadores de divisas, la mejora en los sistemas de evacuación del crudo adquiere relevancia macroeconómica e institucional.

El Grupo Trafigura cuenta con una estructura diversificada de activos industriales y negocios operativos, que incluye al productor de multimetales Nyrstar, la empresa de almacenamiento y distribución de combustibles Puma Energy, la empresa conjunta Impala Terminals y Greenergy, proveedor y distribuidor de combustibles para transporte y biocombustibles. El grupo emplea a más de 14.500 personas, de las cuales más de 1.400 son accionistas, y mantiene operaciones en más de 150 países.

Desde una perspectiva sectorial, la puesta en marcha del nuevo oleoducto impacta positivamente en los productores de la Cuenca Neuquina, en el sistema portuario del sur bonaerense y en la capacidad del país para colocar crudo en mercados externos. A su vez, refuerza el debate sobre la necesidad de continuar ampliando la infraestructura energética como condición necesaria para sostener el crecimiento exportador y fortalecer la balanza comercial.

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Gas natural: Economía impulsa contratos directos entre productores y distribuidoras

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, dio un giro clave en la instrumentación del Plan Gas.Ar al establecer un mecanismo para ceder los contratos directos de compraventa de gas natural hoy concentrados en Energía Argentina Sociedad Anónima (EA) hacia relaciones contractuales directas entre productores y distribuidoras, con supervisión del ENARGAS. La decisión quedó formalizada en la Resolución 606/2025, firmada el 26 de diciembre de 2025 y publicada el 29 de diciembre, y se inscribe en la estrategia oficial de normalización del mercado del gas, reducción de intermediaciones estatales y retorno al marco regulatorio de la Ley 24.076, sin alterar tarifas ni los objetivos estructurales del esquema vigente.

Reconfiguración del Plan Gas.Ar y salida progresiva del Estado como intermediario

La Resolución 606/2025 introduce adecuaciones instrumentales al “Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos 2023–2028”, aprobado por el Decreto 892/2020, en un contexto macroeconómico sustancialmente distinto al de su creación y bajo la premisa explícita de que el Estado Nacional se retire progresivamente de actividades que pueden ser realizadas por el sector privado sin financiamiento presupuestario.

El eje central de la medida es la cesión de los contratos de compraventa de gas natural celebrados entre EA y los productores, destinados al abastecimiento de la demanda prioritaria, hacia las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes. Según el artículo 1°, los productores que adhieran deberán aceptar la cesión, la cual será instrumentada por EA dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la resolución.

Una vez perfeccionada la cesión, EA quedará liberada de todas las obligaciones futuras bajo esos contratos, aunque mantendrá a su cargo las deudas, intereses, penalidades o reclamos derivados de operaciones realizadas con anterioridad. Desde ese momento, los productores asumirán plenamente el rol de vendedores y las distribuidoras el de compradoras, estableciendo un vínculo directo conforme al artículo 12 de la Ley 24.076, que promueve la libre interacción de oferta y demanda para la formación del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Cambios operativos: inversiones, compromisos de inyección y compensaciones

La resolución también redefine aspectos operativos relevantes del Plan Gas.Ar para los Productores Firmantes que adhieran voluntariamente, sin modificar los objetivos esenciales del esquema ni las tarifas finales a usuarios.

Entre los cambios más significativos se destacan:

  • Alivio en las obligaciones informativas: se elimina el deber de presentar informes trimestrales con apertura mensual sobre el avance del plan de inversiones, junto con información auditada y en carácter de declaración jurada. La obligación de invertir se mantiene intacta, así como la facultad de la Secretaría de Energía de requerir información puntual para verificar el cumplimiento. Esta dispensa no aplica a los compromisos asumidos en la Ronda 5.2, convocada por la Resolución 770/2022 y adjudicada entre 2022 y 2023.
  • Revisión del compromiso de inyección: para los productores adherentes, deja de aplicarse la regla que dividía la curva de producción comprometida por 0,7, prevista en el Numeral (i) del Punto 11 del Anexo del Decreto 892/20. El cambio reduce exigencias formales sin alterar los volúmenes comprometidos.
  • Pago provisorio más alto: el pago provisorio mensual de la compensación estatal se eleva al 90%, calculado sobre la base de la declaración jurada presentada por cada productor respecto de sus entregas, conforme a los puntos 62 a 65 del Anexo del Plan.

En el nuevo esquema, los productores cobrarán el precio del gas en el PIST en pesos por metro cúbico, incorporado en los cuadros tarifarios, y percibirán adicionalmente la compensación a cargo del Estado Nacional. Las bonificaciones tarifarias aplicadas a los usuarios finales serán recuperadas por los productores a través del mecanismo de compensación vigente.

Supervisión regulatoria y asignación de volúmenes: el rol del ENARGAS

La resolución pone especial énfasis en la Ronda 4.2 del Plan Gas.Ar, adjudicada mediante la Resolución 860/2022, cuyos volúmenes deberán ser reasignados entre distribuidoras, generadores y, eventualmente, CAMMESA. En este proceso, la actuación de EA será supervisada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).

EA deberá informar a los productores involucrados cómo se distribuirán los volúmenes adjudicados, priorizando que las distribuidoras reciban el “Gas de Pico 2024” y el “Gas de Pico 2025”, según lo establecido en la Resolución 770/2022. El objetivo explícito es propiciar la firma de contratos directos entre productores y distribuidoras, reduciendo la intervención transitoria del Estado.

La adhesión al nuevo esquema es voluntaria pero indivisible: no se admitirán aceptaciones parciales ni sujetas a reservas. Productores y distribuidoras deberán manifestar su adhesión mediante el sistema Trámites a Distancia (TAD) dentro de los 30 días hábiles administrativos desde la notificación del acto. Luego de publicada la lista de adherentes, las partes contarán con otros 30 días hábiles para presentar los nuevos contratos ante la Secretaría de Energía y el ENARGAS.

Impacto económico e institucional: hacia la normalización del mercado del gas

Desde el punto de vista económico, la Resolución 606/2025 representa un primer paso concreto hacia la normalización contractual del mercado del gas natural, en línea con la emergencia energética declarada por el Decreto 55/2023 y prorrogada hasta el 9 de julio de 2026. El Gobierno busca corregir distorsiones generadas por años de congelamiento tarifario y subsidios generalizados que, según los considerandos, “comprometieron gravemente la situación financiera del Estado Nacional”.

En términos institucionales, la medida se articula con el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A., dispuesto por el Decreto 286/2025, y refuerza el principio de que el Estado debe concentrarse en la regulación y el control, más que en la intermediación comercial.

Para los productores, el nuevo esquema ofrece mayor autonomía contractual y simplificación administrativa, aunque mantiene las obligaciones de inversión y entrega. Para las distribuidoras, implica asumir plenamente la relación comercial con los proveedores de gas. Para el sistema en su conjunto, la Secretaría de Energía apunta a reconstruir gradualmente un mercado basado en contratos privados, previsibilidad y señales de precio más transparentes, sin impacto inmediato en las tarifas finales.

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