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Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia en España

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Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, recibió este jueves la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, después de una larga batalla judicial.

La joven catalana llevaba dos años batallando judicialmente para que se le pudiera aplicar la muerte asistida, a la que se oponía su padre pero a la que los tribunales le han reconocido que tenía derecho, recordó el diario catalán La Vanguardia.

Una paraplejia la tenía postrada en una silla de ruedas tras arrojarse al vacío desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022, luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple.

El impacto resultó en una lesión medular completa que la mantuvo postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como insoportables.

A solo 24 horas de la muerte anunciada, Noelia decía sentirse aliviada: “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, afirmaba ayer la joven en su única entrevista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde también aseguraba que no tenía “ganas de nada; ni de comer, ni de salir. Duermo mal, me duelen la espalda y las piernas (…) y quiero dejar de sufrir, irme en paz”.

En esta entrevista en Antena 3, la joven hablaba públicamente por primera vez y relataba que su vida no había sido para nada fácil. Confesaba que había intentado suicidarse varias veces y que de hecho empezó a autolesionarse desde muy niña.

Al separarse de sus padres y tras pasar por centros de acogida, la situación se agravó: “Me junté con malas compañías, consumí drogas y uno de mis primeros novios abusó de mí cuando estaba dormida”, explicaba a la periodista Bea Osa. Esas agresiones sexuales se repitieron con otros hombres, hasta que un día fue víctima de una violación grupal. “Fueron tres chicos, pero nunca denuncié porque al cabo de tres o cuatro días me tiré por la ventana”.

La batalla para poder aplicar la eutanasia se dilató por la frontal oposición del padre de Noelia, asesorado por la asociación Abogados Cristianos. El hombre sostenía que su hija no estaba capacitada mentalmente para decidir sobre su futuro.

Los intentos para frenar la muerte digna de Noelia fueron tumbados, primero, por un juzgado de Instrucción de Barcelona; después llegaron los fallos a favor de ella del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, del Tribunal Supremo, el Constitucional y, el último revés, el definitivo, fue con el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sin estos intentos, la joven barcelonesa hubiera muerto el 2 de agosto del 2024, el día para el que se había programado inicialmente la eutanasia.

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Eutanasia en Uruguay: Diputados dan luz verde y esperan definición del Senado

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La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este miércoles, tras un extenso debate, un proyecto de ley que establece un marco legal para la eutanasia y el suicidio asistido en casos de enfermedades terminales o padecimientos insoportables. Con 64 votos a favor y 29 en contra, la iniciativa quedó lista para su tratamiento en el Senado, que podría convertir a Uruguay en el tercer país de América Latina en habilitar el procedimiento, después de Colombia y Ecuador.

La discusión sobre la eutanasia en Uruguay no es nueva. Formalmente se inició en 2019, pero la primera propuesta con posibilidades reales de avanzar surgió en 2022, cuando el Senado la rechazó. La aprobación en la cámara baja representa un cambio de escenario político y social: hoy existe un respaldo parlamentario transversal y un fuerte consenso ciudadano.

Según una encuesta de Factum de 2022, el 77% de los uruguayos apoya la legalización en circunstancias específicas, lo que refuerza la viabilidad del proyecto en la etapa final de debate legislativo.

El texto aprobado reconoce el “derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y establece que la eutanasia deberá garantizar una muerte “indolora, apacible y respetuosa”.
Podrán solicitarla:

  • Personas mayores de edad con plena capacidad psíquica.
  • Pacientes en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible.
  • Quienes padezcan dolores físicos o psíquicos considerados insoportables.

El procedimiento requerirá la aprobación de al menos dos médicos y solo estará disponible para ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada. La ley también mantiene excluidas las solicitudes que no cumplan con los criterios médicos y éticos establecidos.

Posición de los legisladores: autonomía y garantías

“El debate sobre la muerte asistida no es nuevo, pero esta vez la sociedad y el Parlamento han avanzado en reconocerlo como un derecho”, afirmó en la sesión el diputado Luis Enrique Gallo (Frente Amplio), uno de los impulsores. “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”, remarcó.

La iniciativa recibió el respaldo del Frente Amplio y de sectores de la oposición, y su articulado fue consensuado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en julio de 2025. El oficialismo anunció que intentará someterla a votación en el Senado antes de fin de año.

Desde 2013, Uruguay reconoce el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal. La aprobación de esta ley implicaría una reforma sustancial en la política sanitaria y penal.

En América Latina, Colombia reguló la eutanasia en 1997, consolidándola a través de fallos judiciales y protocolos médicos. Ecuador la despenalizó en 2023 mediante un fallo de la Corte Constitucional, aunque su aplicación efectiva aún no comenzó. A nivel global, países como Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos cuentan con marcos legales para la eutanasia o el suicidio asistido.

De ser aprobada en el Senado, Uruguay se posicionaría como referente regional en derechos individuales y bioética, generando un precedente que podría influir en el debate legislativo de otros países. La alta aceptación social anticipa un impacto político positivo para el oficialismo y sectores progresistas, aunque también abre un frente de discusión con grupos religiosos y organizaciones que rechazan el procedimiento por razones éticas.

El desafío para su implementación radicará en definir protocolos médicos claros, capacitaciones específicas y mecanismos de control, para garantizar que la ley se aplique con transparencia y sin abusos.

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