El Gobierno rechaza el antidumping y avala la importación de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta
El Gobierno nacional descartó avanzar con una medida antidumping para frenar la importación de tubos de acero adjudicados a la empresa india Welspun, pese al reclamo del Grupo Techint, que había quedado fuera de la licitación para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La decisión ratifica la orientación oficial hacia la apertura comercial, la baja de costos y el rechazo a esquemas de protección industrial, en una obra estratégica para las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y la competitividad energética del país.
La definición fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que fueron categóricas frente a las versiones de una eventual denuncia por dumping y competencia desleal impulsada por Techint. “No vamos a pagar más caros los caños”, señalaron desde el entorno presidencial, en línea con la postura pública expresada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La controversia se desató luego de que Welspun ganara la licitación para proveer los tubos del gasoducto con una oferta 40% inferior a la presentada por Tenaris, la controlada del Grupo Techint que produce caños de acero en la Argentina.
Una licitación clave para Vaca Muerta y el debate sobre política industrial
La adjudicación del contrato marcó un hito: es la primera vez en décadas que una empresa extranjera se impone a un proveedor local en este tipo de proyectos estratégicos. El gasoducto que unirá Vaca Muerta con la zona de San Antonio Oeste, en Río Negro, es considerado una pieza central del plan exportador de GNL que impulsa el consorcio Southern Energy (SESA).
Ese consorcio está integrado por Pan American Energy (PAE), propiedad en un 50% de BP; YPF, con una participación del 25%; y otras compañías con participaciones menores como Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El proyecto abrió negociaciones por un crédito de USD 1.000 millones con bancos extranjeros para su financiamiento.
En la compulsa participaron más de 15 oferentes de distintos países, entre ellos Argentina, India, China, España, Japón, Grecia y Turquía. Welspun resultó adjudicataria al presentar el menor precio, lo que dejó fuera a Tenaris, que había ofertado un valor un 40% más alto, según el consorcio.
Desde Techint sostienen que esa diferencia no refleja condiciones de competencia leal y que la propuesta ganadora estaría basada en tubos fabricados con chapa de origen chino a precios subsidiados. La empresa incluso ofreció igualar la oferta extranjera “a cualquier costo” para que el proyecto se ejecute con producción local, propuesta que fue rechazada.
La postura oficial: costos, competencia y rechazo al antidumping
La respuesta del Gobierno fue inmediata y contundente. El presidente Javier Milei defendió el resultado de la licitación desde su cuenta oficial de X al afirmar: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”.
En la misma línea, un alto funcionario explicó que, aun si existieran subsidios en el país de origen, el beneficio de un menor precio se traslada al proyecto: “Si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros?”.
El ministro Federico Sturzenegger profundizó esa visión y volvió a cuestionar la lógica de las políticas antidumping. Recordó antecedentes recientes, como la eliminación de aranceles a la importación de termos, cuando sostuvo: “La protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección”. Y agregó que el argumento de “protegerse para evitar abusos futuros” carece de sustento en mercados globales con múltiples oferentes.
En un extenso mensaje público, Sturzenegger consideró “indefendible” adjudicar un contrato más caro solo por el hecho de que el proveedor sea local. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, advirtió, y remarcó que el mayor costo podría haberse trasladado a precios más altos de la energía para empresas y consumidores.
Impacto en la industria local y tensiones de largo plazo
Desde Techint advierten que la decisión puede tener consecuencias estructurales para la industria nacional del acero. La compañía, que emplea a más de 26.000 personas en 17 países, produce tubos con costura para gasoductos en su planta de Valentín Alsina, donde trabajan más de 400 empleados, y cuenta además con instalaciones en Villa Constitución, Santa Fe.
Fuentes vinculadas a la empresa señalaron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las cadenas productivas locales, algo que —según su visión— no se estaría cumpliendo en este caso. “Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional se financia el trabajo en la India y China, mientras las empresas argentinas operan con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales”, remarcaron.
El propio Paolo Rocca había advertido sobre la “actitud predatoria” de China, que produce cerca del 50% del acero mundial, y alertó que la sobreoferta global a precios bajos puede erosionar empleo, inversión y capacidad exportadora local. Según trascendió, la planta de Valentín Alsina tiene pedidos garantizados hasta junio, pero no hay definiciones claras para el segundo semestre.
Del lado oficial, sin embargo, el diagnóstico es opuesto. Sturzenegger sostuvo que la apertura y el acceso a insumos más baratos mejoran la competitividad general de la economía y que alterar una licitación después de conocidos los resultados dañaría la credibilidad del país. “Respetar los contratos y las reglas de juego es clave para que esta industria crezca competitiva y sana”, afirmó.