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Petro se reunirá con Trump el 3 de febrero para discutir narcotráfico y cooperación bilateral

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en Washington, en un encuentro clave para aclarar información vinculada al narcotráfico y destrabar tensiones acumuladas tras meses de advertencias de la Casa Blanca en el marco de su política antidrogas. La reunión, según el propio Petro, será “determinante” para el vínculo bilateral y para la lectura que hace Estados Unidos sobre la estrategia colombiana contra las drogas.

La confirmación fue realizada por el jefe de Estado colombiano, quien sostuvo que el diálogo directo con Trump permitirá “dar tranquilidad al pueblo colombiano” y exponer ante las autoridades estadounidenses lo que definió como “mentiras” difundidas por sectores de la oposición de su país sobre su gestión y su política antidrogas.

Una reunión “determinante” tras meses de tensión

“El debate de los Gobiernos, de los presidentes, ha terminado con la posibilidad de reunión que será el 3 de febrero y ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante”, afirmó Petro, de acuerdo con un informe difundido por la agencia Xinhua. La cita se realizará en Washington y se da luego de un período marcado por advertencias y presiones desde Estados Unidos en relación con el combate al narcotráfico en Colombia.

Según explicó el mandatario colombiano, el encuentro apunta a recomponer canales formales de comunicación al más alto nivel político. “Por fin, hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos en general”, señaló.

En ese marco, Petro planteó que parte del objetivo de la reunión es contrarrestar versiones que, según indicó, fueron promovidas desde la oposición colombiana ante funcionarios estadounidenses, afectando la percepción externa sobre la política de seguridad y drogas del actual Gobierno.

Producción de cocaína, fentanilo y responsabilidades compartidas

Durante sus declaraciones, Petro reconoció que Colombia continúa siendo uno de los mayores productores de cocaína a nivel mundial, pero introdujo un eje central en su argumentación: el consumo y el impacto del fentanilo en Estados Unidos. El presidente colombiano sostuvo que el abuso de esa sustancia constituye un problema de salud pública cuya responsabilidad recae exclusivamente sobre el Gobierno estadounidense.

“El fentanilo es un arma de destrucción masiva”, afirmó Petro, al tiempo que remarcó la necesidad de impedir que esa droga ingrese a Colombia. En ese sentido, aseguró que una de las prioridades de la Fuerza Pública es identificar y desarticular posibles redes criminales que intenten introducir y comercializar esta sustancia en el país sudamericano.

El planteo marca una diferenciación conceptual en la agenda bilateral: mientras Colombia asume el desafío estructural de la producción de cocaína, el Gobierno de Petro busca instalar que el consumo y la crisis asociada a drogas sintéticas como el fentanilo requieren respuestas internas en Estados Unidos, más allá de la cooperación regional.

Cooperación antidrogas y enfoque productivo

Petro también dejó abierta una vía alternativa para la cooperación bilateral. Señaló que, si Estados Unidos desea profundizar su colaboración con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, podría comenzar por comprar los productos de los campesinos que sustituyeron voluntariamente los cultivos ilícitos.

El planteo introduce una dimensión económica y social al debate antidrogas, al vincular la reducción de cultivos ilegales con la generación de mercados para la producción legal. En términos institucionales, la propuesta apunta a reforzar políticas de sustitución voluntaria mediante incentivos comerciales, en lugar de concentrarse exclusivamente en estrategias represivas.

La reunión del 3 de febrero se perfila así como un punto de inflexión en la relación entre Bogotá y Washington, con implicancias políticas, económicas y de seguridad que exceden el vínculo bilateral y se proyectan sobre la agenda regional en materia de narcotráfico.

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Universidades, pediatría y DNU: Diputados tratará los vetos presidenciales en una sesión clave el 17 de septiembre

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La oposición logró convocar para el 17 de septiembre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario que incluye el rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, además de la creación de comisiones investigadoras y la reforma del régimen de DNU. La discusión promete un fuerte impacto político y movilizaciones en la calle.

Los vetos que tensaron la relación entre el Congreso y la Casa Rosada

El detonante de la convocatoria fue la decisión del presidente Javier Milei de vetar dos leyes recientemente aprobadas por el Congreso:

  • Ley de financiamiento universitario: establecía la actualización automática de fondos por inflación para universidades nacionales y ordenaba la reapertura de paritarias docentes.
  • Ley de emergencia pediátrica: buscaba fortalecer el sistema hospitalario infantil y recomponer los ingresos de médicos y trabajadores de la salud.

El Poder Ejecutivo argumentó que ambas medidas implicaban un “costo fiscal excesivo” que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, los vetos encendieron la reacción de rectores, sindicatos docentes y pediatras, que este viernes marcharon a Plaza de Mayo y anticiparon nuevas movilizaciones para el día de la sesión.

El temario: pedidos de informes, comisiones investigadoras y límites a los DNU

La sesión especial no se limitará al rechazo de los vetos. El temario, impulsado por la oposición, incluye puntos sensibles para el Gobierno:

  • Pedidos de informes a Karina Milei y Mario Lugones: por audios que los vinculan con presuntas coimas y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
  • Interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y autoridades del área por supuestas irregularidades en prestaciones sociales.
  • Creación de comisiones investigadoras: sobre la comercialización de fentanilo contaminado y las responsabilidades de la ANMAT en su fiscalización.
  • Reforma del régimen de DNU: proyectos para limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia y reforzar el rol del Congreso.
  • Transformación institucional de organismos nacionales como el INA y el INPRES, además de reformas en políticas vinculadas a discapacidad y programas de salud.

El oficialismo buscará frenar la avanzada opositora apelando a sus aliados estratégicos y con la promesa de paliativos presupuestarios en el Presupuesto 2026. En paralelo, gobernadores peronistas y radicales presionan por recursos para las provincias y podrían ser decisivos en la votación.

Para revertir los vetos, la oposición necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras, un escenario complejo en el que el respaldo de diputados provinciales será determinante.

Más allá del resultado, la sesión del 17 de septiembre se perfila como un hito político que pondrá en juego la capacidad de negociación del Gobierno, el peso del federalismo en el Congreso y la resistencia social frente a los recortes en educación y salud.

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La Fundación Blockchain Argentina propone soluciones tecnológicas tras la crisis del fentanilo contaminado

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Ante la grave crisis sanitaria provocada por el fentanilo clínico contaminado, que dejó al menos 87 muertos y decenas de pacientes afectados en todo el país, la Fundación Blockchain Argentina (FBA) reafirma la necesidad de incorporar tecnologías de trazabilidad basadas en blockchain para garantizar la seguridad en la cadena de suministro farmacéutica.

El caso, que involucra a los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, expuso fallas estructurales en los procesos de control y transparencia. Más de 300.000 ampollas fueron distribuidas a 118 centros médicos, y al menos 45.000 se aplicaron antes de que se emitiera la alerta. Pasaron meses hasta que se completó el retiro de los lotes contaminados, lo que demuestra la falta de sistemas que permitan actuar con rapidez y eficacia.

Este caso no es solo un error puntual, es el reflejo de un sistema fragmentado y opaco. Con blockchain, la trazabilidad no es una promesa: es una garantía”, señaló Guido Zatloukal, presidente de Fundación Blockchain Argentina.

La FBA destaca que la implementación de blockchain permitiría registrar de manera inmutable y en tiempo real cada etapa del ciclo de vida de un medicamento, desde su producción hasta su administración, asegurando que la información sea accesible para todos los actores autorizados y evitando manipulaciones. De esta manera, ante la detección de un lote defectuoso, sería posible emitir alertas automáticas y bloquear la distribución en cuestión de minutos, reduciendo drásticamente el impacto sanitario. La clave de la tecnología blockchain es la descentralización. Esto significa que los datos no pueden ser modificados y, al mismo tiempo, pueden ser monitoreados por terceros, garantizando así un sistema inmutable y transparente.

La crisis del fentanilo debe ser un punto de inflexión. Argentina necesita avanzar hacia un sistema sanitario más seguro, basado en transparencia e innovación tecnológica”, agregaron desde la fundación.

La Fundación Blockchain Argentina se pone a disposición de las autoridades sanitarias, instituciones médicas y empresas del sector para trabajar en conjunto en el diseño e implementación de soluciones basadas en blockchain que prevengan tragedias como la ocurrida.

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Mala praxis y recetas locales

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En Argentina hay hoy casi un centenar de muertes por fentanilo contaminado. Son el doble de víctimas que en la tragedia ferroviaria de Once y la mitad que Cromañón. Sin embargo, la indignación ni se asemeja. 

El medicamento fue distribuido en hospitales de todo el país, pese a que había advertencias sobre irregularidades en el laboratorio fabricante. La Anmat, el organismo que debe controlar la calidad de los remedios está envuelta en una maraña de ajuste, cambios de políticas y concentración de las decisiones en manos del presidente Javier Milei. En diciembre del año pasado se sabía de las fallas del laboratorio. Recién en febrero, cuando ya había muertes confirmadas, se tomaron medidas de control, sin que nadie se haga cargo de la desidia ni asumiera responsabilidades por las personas fallecidas. Recién ahora, el ministro de Salud, Mario Lugones, entre amagos de lágrimas, salió a decir que el laboratorio tiene “vínculos políticos”, cuando no, con el peronismo opositor. Misma versión que el ministro de la motosierra, Federico Sturzenegger, quien acusó a la corrupción política “del gobierno anterior” por las muertes provocadas por el medicamento contaminado. 

La Anmat kirchnerista. La Anmat actual cuando recibe información, actúa absolutamente inmediatamente. El ministro Lugones da la instrucción, se actúa absolutamente inmediatamente (textual). Se retira el producto. El control de los medicamentos, no se puede controlar cada pastilla y cada ampolla”, balbuceó el ministro permanente en un intento de defensa que se derrumbó ante las evidencias.

Resultó curioso ver cómo Sturzenegger, al mismo tiempo que acusaba al kirchnerismo por no controlar, insistía en que el kirchnerismo frenaba la economía por la cantidad de controles.

Lo cierto es que las partidas del fentanilo contaminado salieron del laboratorio en diciembre pasado y debían ser controladas por la gestión actual, que lleva adelante una política planificada de deterioro de las condiciones materiales y salariales del sistema sanitario y de los hospitales públicos. La desregulación y el ajuste descontrolado tienen consecuencias. Matan con medicamentos adulterados. 

Pero también pueden generar daños irreversibles con rutas que están entrando en un deterioro ostensible por falta de inversión y mantenimiento. 

“Estamos preocupadísimos por lo que está pasando. No estamos en condiciones de hacernos cargo de las rutas nacionales, no podemos, no nos da el cuero. Solamente en Misiones tenemos cerca de mil kilómetros de rutas nacionales y no vamos a poder atenderlos”, afirmó el gobernador Hugo Passalacqua en la apertura del Consejo de Seguridad Vial que sesionó en Misiones

El mandatario sostuvo que las rutas nacionales “son el esqueleto de la República” y que su deterioro no solo afecta la seguridad de las personas, sino también el transporte de mercancías y el comercio. “Si ese esqueleto se deshace, pasa lo que pasa con cualquier ser humano: nos volvemos pedazos de carne tirados en el suelo”, graficó.

Passalacqua recordó que Misiones presentó un proyecto de ley para que los fondos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) se destinen al mantenimiento de las rutas nacionales, y que la iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación. “Este no es un tema de buena o mala relación con Nación, se trata de cuidar la vida de 1 millón y medio de misioneros”, señaló.  De aprobarse, Misiones debería recibir con la recaudación de julio, 6.326 millones, mientras que en el modelo actual, solo le corresponden 3.603 millones, que no recibe, porque la Nación se queda con toda la recaudación. 

“En Misiones muere un ciclista por semana, y en su mayoría son trabajadores que se trasladan sin elementos de seguridad. El día que podamos andar realmente seguros, sin miedo, habremos logrado nuestro objetivo. Y para eso necesitamos un Estado presente que nos dé esa garantía de seguridad“, expresó Passalacqua.

La desaparición de ese Estado, hunde en la miseria a los productores yerbateros que padecen los efectos de una desregulación sin atender advertencias ni explicaciones. El deterioro más evidente se observa en la relación precio al productor/precio de góndola. En junio de 2025, el productor yerbatero captó apenas 18,9% del valor final, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio de los últimos cinco años.

El precio que el productor recibe por la hoja verde se desplomó 45,9% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que el precio en góndola retrocedió 31,8%. Esto indica que el ajuste más severo recayó sobre el productor, que tiene escaso margen para imponer precios sin el respaldo regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

La “mala praxis” se expande a otras áreas. Esta semana el Gobierno nacional probó su propia medicina. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a convalidar una fuerte suba de la tasa de interés en la segunda licitación de deuda en pesos del mes, pero solo pudo renovar el 61% de los vencimientos. De esta manera, la administración libertaria, para evitar inyectar casi $6 billones al mercado, lo que podría incidir en el comportamiento del dólar y los rendimientos de los activos en moneda nacional, hará una nueva subasta este lunes, rezando para que el mercado no le de espalda. Pese a que la inflación interanual se ubica en torno al 36%, Caputo se endeudó a 69,20% anual para poder absorber los pesos que estaban en manos de los bancos.

A la vista está que es un modelo insostenible -y repetido-: “Es querer sujetar un árbol con una soga las fuerzas del mercado que siempre son más fuertes. Está suba de tasas es insostenible y está terminando de matar al sector productivo. Ahora, al subir los encajes, también les complica a los bancos”, explicó un conocedor de las finanzas. Una tormenta perfecta. El remedio contra la inflación está dañando el resto del tejido económico, que no recibe ni un placebo. El “mercado” siente la debilidad y ataca. Ya hay consenso en que el dólar debería estar bastante más alto como “punto de equilibrio”. 

Hasta ahora la contención de la inflación era el principal capital político del Gobierno. Pero ese bastión comienza a mostrar fragilidad. Y sin economía, al oficialismo le queda poco por exhibir. 

Un estudio del politólogo Mario Riorda, junto a la doctora en Comunicación, Patricia Nigro, hace foco en la incivilidad, como la práctica discursiva que niega la condición identitaria del otro o lo excluye de su ciudadanía, generando un marco de hostilidad que trasciende el disenso legítimo. No se trata de lo que se dice, sino de cómo se dice: exageración, negación de hechos, ataques personales y descalificaciones que buscan deslegitimar al adversario. Y, en el caso argentino, el foco está puesto en el presidente Javier Milei.

Los datos de la encuesta incluida en el estudio son reveladores. Cerca del 40% de los simpatizantes de Milei no se sienten identificados con su estilo y un 37% directamente lo desaprueba. En la oposición, la crítica es unánime.

Más de un cuarto de sus seguidores afirma observar “siempre” rasgos de incivilidad en su discurso, y un 30% lo detecta “frecuentemente”. Este malestar se traduce en consecuencias políticas: casi un tercio admite que podría reconsiderar su voto por “excesos comunicativos”.

La hostilidad y el ataque a opositores o a la prensa no generan habituación. Por el contrario, casi el 45% de sus simpatizantes cree que el estilo refuerza tendencias autoritarias, percepción compartida por la totalidad de la oposición.

A su vez, un estudio de Zuban&Córdoba, marca que la desaprobación de la gestión libertaria alcanza el 57,8%, en contraste con un 41,8% que la aprueba. Aunque hay cierta estabilidad desde mayo, el rechazo supera sistemáticamente el apoyo desde febrero.

Frente a la afirmación del propio Milei de que será reelecto en 2027, el 58,1% de la población está en desacuerdo, contra un 37,9% que adhiere a esa idea. Este dato refleja el escaso consenso sobre el futuro político del presidente, incluso entre votantes indecisos. Un dato central del estudio es el crecimiento del anti mileísmo, que se posiciona por encima del anti kirchnerismo y del anti peronismo como fenómeno social. En agosto, el 53% se define como anti Milei, superando al 29,3% que se identifica como mileísta. En paralelo, el anti kirchnerismo se refleja en el 49,9%, con un 31,7 por ciento que se define kirchnerista.  Sin embargo, el anti peronismo trepa al 41,1%, contra un 41 que admite preferir al peronismo. Un dato llamativo del estudio es que la “estrella culona” revelada por el streaming del Conicet, cosecha un 68,6% de imagen positiva, muy por encima de la mayoría de los dirigentes políticos y la del propio Presidente.

No es casual la caída en la imagen del Gobierno. La falta de políticas afecta a las provincias y las consecuencias se expanden por todo el territorio. Son los gobernadores, con sus herramientas, los que tratan de suplir las carencias y parchar lo que el ajuste nacional abandona. En Misiones la sinergia entre el Estado y el sector privado es sólida. La Provincia aporta ingeniería financiera para contener la fuga de compradores por las fronteras, atraídos por precios más bajos y las medidas de alivio fiscal, aportan competitividad en momentos urgentes. Así, la economía misionera sigue generando empleo. En mayo, Misiones registró 103.066 trabajadores en el sector privado formal, mostrando un alza del 0,3% contra el mes anterior,  equivalente a la creación de unos 337 empleos, que se suman a los 728 empleos creados en abril pasado (+0,7% en ese mes). De este modo, en los últimos dos meses Misiones sumó 1.065 nuevos empleos en el sector privado, fundamentales para poder continuar recuperando este indicador. 

De todos modos, en la comparación interanual, Misiones continúa  presentando bajas: fue de -1,5%, aunque se destaca su desaceleración ya que en marzo  estaba en -4,0%, por lo cual se está más cerca de volver a mostrar alzas en este nivel comparativo. Por ello, la recuperación mensual que se dio en abril y mayo es clave no solo para ello, sino también para recortar las pérdidas que acumula Misiones durante  la era Milei: desde noviembre 2023 a mayo 2025 Misiones perdió 5.655 empleos, un 5,2% aunque en marzo estaba en -6,2%, por lo cual hay un incipiente proceso de  recuperación.

Ese es el escenario del tramo final rumbo a las elecciones de octubre. 

En Misiones el Frente Renovador es el único espacio con los nombres definidos desde hace tiempo. Oscar Herrera Ahuad firmó la nominación esta semana, junto a Micaela Gacek, Walter Rosner y Graciela De Moura. “Como siempre y desde siempre, reafirmo mi compromiso de defender a nuestra provincia, luchar y reclamar lo que nos corresponde, y estar cerca, caminando y escuchando a cada misionero y misionera. ¡Vamos Misiones!”, expresó Herrera Ahuad a través de sus redes sociales.

En la oposición, la fragmentación es protagonista. El radicalismo no cerró con las huestes del ex comisario Ramón Amarilla, que se quedó sin partido y sin candidatura. 

Por la Vida y los Valores, que había cobijado a Amarilla, competirá en las elecciones nacionales con Carmelo Álvarez y Aida Bastike como candidatos a diputados

Los radicales que irán en la boleta son el eldoradense Gustavo González, acompañado por Guadalupe Kolozdiej y Nicolás Godoy.

El peronismo también busca alguna figura emergente, pero es probable que repita a Cristina Britez, con la bendición de la otra Cristina, si no se sella un acuerdo de última hora con el partido Agrario, que postula nuevamente a Héctor “Cacho” Bárbaro. No serán las únicas figuras repetidas: Ramón Puerta podría anotarse como candidato por Activar, el partido que lideraba su hijo, Pedro Puerta, quien renunció a la Legislatura provincial envuelto en el escándalo de pedofilia que protagonizó su amigo Germán Kiczka, condenado a catorce años de cárcel. Puerta vuelve del retiro con viejos conocidos. Sería acompañado por un dirigente de Movimiento Positivo y posiblemente alguien designado por Ramón Amarilla, retomando un contacto iniciado en las protestas policiales de mayo del año pasado, cuando desde Apóstoles se financiaban los piquetes. 

En la Libertad Avanza también esperaron la orden desde Buenos Aires. Karina Milei fue la encargada de “apretar el botón” para definir la lista. Ahora en sociedad con el PRO y radicales desahuciados, el ex tenista Diego Hartfield, quien ya fue candidato en las elecciones provinciales, fue el elegido para encabezar la nómina. Es el único que “mide” del conglomerado, pese a la suma de nombres.

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Prefectura secuestró un cargamento de fentanilo proveniente de Paraguay

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En un operativo conjunto, personal de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA) impidió el ingreso ilegal de ampollas de fentanilo en la ciudad de Posadas, Misiones.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Prefectura realizaban tareas de vigilancia nocturna y detectaron, a través de visores especiales, el cruce de una embarcación proveniente del Paraguay que, tras arribar a la costa argentina en la zona conocida como “Costero de Gurapá”, retornó a su país de origen.

Ante la presunción de encontrarse frente a un hecho delictivo, personal de la Autoridad Marítima nacional, acompañado por integrantes del GOC-NEA, se dirigió al lugar y halló un bulto abandonado en la ribera.

Como resultado de la requisa, se decomisaron 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0.05 mg/ml, de solución inyectable, rotuladas con la leyenda “Prinosil”.

El cargamento, cuyo valor supera los 60 millones de pesos, quedó secuestrado por orden de la Fiscalía Federal N° 2 de la Ciudad de Posadas a cargo de la Dra. Silvina Flavia Gutiérrez.

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