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Banco Macro vuelve al mercado internacional y capta USD 400 millones con una ON al 8%

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Banco Macro concretó una nueva colocación en el mercado internacional de capitales al obtener USD 400 millones mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON) clase “H”, con un plazo de cinco años y una tasa del 8% anual. La operación refuerza el acceso del sector corporativo argentino al financiamiento externo y confirma el renovado apetito de los inversores por activos locales, en un contexto de mayor estabilidad financiera tras las elecciones legislativas de octubre de 2025.

La emisión se inscribe en una estrategia de fondeo orientada a diversificar fuentes de financiamiento y capitalizar condiciones de mercado más favorables, tanto para el sistema financiero como para el conjunto de las empresas argentinas.

Detalles de la emisión y respuesta del mercado

La ON clase “H” —identificada como ON 2026— fue colocada a cinco años de plazo, con una tasa del 8%, por un monto total de USD 400 millones. Según informó la entidad, la operación registró una fuerte demanda, con un libro de órdenes que alcanzó los USD 1.150 millones, equivalente a casi tres veces el monto finalmente adjudicado.

“La transacción generó una fuerte tracción en el mercado”, destacó Banco Macro, al precisar que la emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a mediano plazo, autorizado por un valor nominal de hasta USD 1.500 millones.

Los colocadores internacionales de la operación fueron Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Latin Securities S.A. Agente de Valores, mientras que a nivel local participaron Macro Securities, Latin Securities y Balanz.

Desde la entidad señalaron que la colocación “confirma el continuo interés del mercado local e internacional por créditos corporativos argentinos, y la confianza de los inversores en Banco Macro”, una institución que cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y 558 puntos de atención en todo el país.

Regreso sostenido al financiamiento externo

Esta operación se suma a una colocación similar realizada en junio del año pasado, cuando Banco Macro —la entidad privada con mayor red de sucursales del país, presidida por Jorge Brito— volvió a emitir deuda a mediano plazo en los mercados internacionales luego de más de diez años sin operaciones en esa plaza.

En aquella oportunidad, el banco explicó que la emisión formaba parte de una estrategia financiera integral, orientada a diversificar el fondeo y aprovechar una ventana de oportunidad en los mercados. La sólida posición patrimonial de la entidad y su escala dentro del sistema financiero argentino contribuyeron al atractivo del instrumento entre inversores institucionales.

La continuidad de estas emisiones consolida el posicionamiento del banco en el mercado internacional y amplía su margen de maniobra financiera en un escenario de reapertura del crédito.

Contexto financiero y reapertura del crédito corporativo

La colocación de Banco Macro se produce en un escenario en el que las empresas argentinas emitieron deuda en los mercados internacionales por más de USD 7.000 millones tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. El ingreso de parte de esas divisas contribuyó a la estabilidad cambiaria local y a mejorar las condiciones de financiamiento.

El descenso del riesgo país posterior al resultado electoral favorable para el gobierno de Javier Milei facilitó nuevas emisiones de títulos, permitiendo a empresas y gobiernos provinciales acceder a tasas más competitivas y plazos más extensos.

En este contexto, compañías como YPF, Pampa Energía, Telecom, Banco Galicia, Vista Energy y Edenor realizaron colocaciones de Obligaciones Negociables por montos que oscilaron entre USD 2 millones y USD 750 millones, con tasas anuales de entre 7,62% y 10,37%. Las primeras operaciones se concretaron a fines de octubre, mientras que la reducción de la prima de riesgo impulsó una mayor actividad durante noviembre, diciembre y parte de enero.

La última colocación destacada fue encabezada por Telecom, que obtuvo USD 600 millones a una tasa del 8,5% y con un plazo de 9,5 años.

Según estimaciones privadas, durante el undécimo mes del año pasado se registró el mayor volumen de emisiones primarias de ON de la última década, reflejando una reapertura del crédito corporativo y una mayor participación del Tesoro, aunque sin absorber completamente la demanda del mercado.

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Más financiamiento externo: Telecom consiguió US$ 600 millones y refuerza su plan de inversiones

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Telecom Argentina concretó una nueva colocación de deuda por US$ 600 millones en el mercado internacional, en una operación que recibió un fuerte respaldo de los inversores y que, además, favorece la acumulación de reservas del Banco Central. La emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta US$ 4.200 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, y se destacó por su elevada demanda, el plazo alcanzado y la tasa obtenida.

La operación se inscribe en un contexto en el que empresas de primera línea vuelven a acceder al financiamiento externo, aportando divisas al sistema financiero local y contribuyendo a fortalecer la posición cambiaria, en línea con la estrategia oficial de recomposición de reservas.

Demanda récord y condiciones financieras destacadas

En esta emisión puntual, Telecom recibió ofertas por US$ 2.427 millones, a través de 174 órdenes, lo que permitió adjudicar un monto final de US$ 600 millones. De este modo, la demanda resultó 3,3 veces superior al monto emitido, un dato que refleja el apetito de los inversores por activos corporativos argentinos de alta calificación relativa.

Este resultado refleja la consistencia de la estrategia de negocios de la compañía y la solidez de su desempeño operativo, factores que generaron un fuerte respaldo por parte de inversores institucionales”, destacó la empresa en un comunicado oficial.

Los títulos se estructuraron a un plazo final de 10 años, con vencimiento el 20 de enero de 2036, y un plazo promedio de 9,5 años. La colocación se realizó a una tasa fija nominal anual del 8,50%, con un rendimiento del 8,625%, lo que representa el nivel más bajo de todas las emisiones internacionales de Telecom desde 2019. Además, la operación logró una compresión de 50 puntos básicos frente a la referencia inicial brindada al mercado.

Por estas características, la emisión se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de la compañía y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024.

Destino de los fondos y estrategia de largo plazo

Según informó la empresa, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo la refinanciación de pasivos existentes, entre ellos préstamos asociados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA). El objetivo es preservar un nivel de apalancamiento consistente con el plan financiero de largo plazo.

En paralelo, la operación permitirá seguir respaldando el plan de inversiones, que durante 2025 ascendió a aproximadamente US$ 2.000 millones, orientado a sostener y ampliar la infraestructura tecnológica y los servicios de conectividad.

Desde una mirada macroeconómica, este tipo de colocaciones corporativas en dólares contribuye a mejorar la oferta de divisas, facilita la acumulación de reservas por parte del Banco Central y envía una señal positiva al mercado financiero respecto de la capacidad de las empresas argentinas para acceder a financiamiento en condiciones competitivas, aun en un contexto de riesgo país elevado.

Participación de bancos globales y colocadores locales

La emisión contó con la participación de J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities como Global Coordinators y Joint Bookrunners en el exterior. En el ámbito local, actuaron como colocadores Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital, Latin Securities y Banco CMF.

El amplio respaldo de entidades financieras internacionales y locales refuerza el carácter estratégico de la operación y consolida a Telecom como uno de los principales emisores corporativos argentinos en el mercado de capitales global.

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El Gobierno refuerza el presupuesto del RENAPER con más de $44.800 millones para 2025

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La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para reforzar los créditos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de afrontar gastos impostergables de funcionamiento y financiar inversiones en bienes de uso. La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 39/2025, implica una reasignación de partidas por más de $44.845 millones y se apoya en recursos propios del organismo y en financiamiento externo, en un contexto de prórroga presupuestaria y restricciones fiscales.

Adecuación presupuestaria en un esquema de prórroga

La Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2025, que se rige por la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada conforme al artículo 27 de la Ley N° 24.156 y al Decreto N° 1.131 del 27 de diciembre de 2024.

Según se desprende de los considerandos, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de cubrir “gastos impostergables para su normal funcionamiento” del RENAPER, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior. La decisión se encuadra en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.

Más de $44.845 millones para gastos corrientes y de capital

El detalle de las planillas anexas que integran la decisión administrativa muestra que el refuerzo presupuestario total para el RENAPER asciende a $44.845.288.142. De ese monto, $38.487.990.542 corresponden a gastos corrientes financiados con recursos propios, mientras que $6.357.297.600 se destinan a gastos de capital financiados mediante crédito externo.

En el rubro de gastos corrientes, la mayor parte se concentra en servicios no personales, con partidas relevantes para servicios básicos, correos y telégrafos, mantenimiento, limpieza, servicios técnicos y profesionales, informática, servicios comerciales y financieros, suscripciones a internet, viáticos, impuestos y otros servicios. Entre los conceptos destacados figuran $8.667.990.542 para servicios básicos vinculados a correos y telégrafos, $6.540 millones para mantenimiento y limpieza, y $7.400 millones para suscripciones adicionales a internet.

Por el lado de las inversiones, los $6.357.297.600 de gastos de capital se asignan íntegramente a bienes de uso, en particular a la adquisición de maquinaria y equipos, lo que apunta a sostener y actualizar la infraestructura tecnológica del organismo.

Recursos propios y financiamiento externo

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el esquema aprobado combina ingresos propios del RENAPER con aportes de la Administración Central y crédito externo. Los recursos corrientes del organismo alcanzan los $38.487.990.542, provenientes mayormente de ingresos no impositivos. Dentro de ese rubro se destacan las tasas vinculadas a la expedición de pasaportes, en el marco del Decreto N° 261/2011, que suman $15.743.807.164, y otros ingresos varios por $19.174.370.070.

A ello se agregan $3.569.813.308 por venta de bienes y servicios de la administración pública. Para el financiamiento de las inversiones, la modificación presupuestaria contempla la obtención de préstamos del sector externo a largo plazo por $6.357.297.600, identificados como provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con contribuciones figurativas de la Administración Central por el mismo monto.

Impacto institucional y operativo

La modificación presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad operativa del RENAPER, un organismo clave para la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El refuerzo de partidas permite garantizar la continuidad de servicios esenciales como la emisión de documentos y pasaportes, en un contexto de alta demanda y costos crecientes asociados a tecnología, conectividad y logística.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja el uso de herramientas de gestión presupuestaria para sostener el funcionamiento de organismos descentralizados en un escenario de prórroga del presupuesto y de restricciones fiscales. Al mismo tiempo, la incorporación de financiamiento externo para inversiones en equipamiento plantea un esquema mixto de sostenimiento operativo y modernización, con impacto en la eficiencia administrativa y en la calidad del servicio al ciudadano.

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El Gobierno autoriza un crédito con Crédit Agricole para la compra de helicópteros navales de la Armada

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El Poder Ejecutivo nacional aprobó, mediante el Decreto 924/2025, un contrato de financiamiento por €71.676.175,26 con el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), con cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación, destinado a ejecutar el Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos. La medida, publicada el 29 de diciembre de 2025, apunta a mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales y fue avalada tanto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como por la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, que consideraron acotado su impacto macroeconómico y competitivo su costo financiero.

La operatoria se inscribe en la estrategia de reequipamiento de las Fuerzas Armadas y refuerza el rol del Ministerio de Defensa, que actuará como organismo ejecutor a través del Estado Mayor General de la Armada, en un contexto de revisión integral del gasto público y priorización de proyectos con impacto operativo concreto.

Financiamiento externo, impacto acotado y aval técnico del Estado

El decreto aprueba el Modelo de Contrato de Financiamiento con CACIB, que contempla la cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación, una modalidad habitual para operaciones de equipamiento estratégico. Según consta en los considerandos, el BCRA evaluó el efecto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que la dimensión del préstamo “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos” y resulta “consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

En la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que no formuló objeciones al financiamiento requerido, al entender que “el costo financiero del préstamo es inferior al que la República podría obtener en el mercado”. Este punto resulta central desde el enfoque fiscal y financiero, ya que refuerza la decisión de recurrir a crédito externo con condiciones preferenciales en lugar de alternativas más onerosas.

La normativa se apoya en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, y en los artículos 53 de la Ley N° 11.672 y 60 de la Ley N° 24.156, que regulan el endeudamiento público y los sistemas de control del sector público nacional.

Objetivo estratégico: control marítimo y capacidades de la Armada

El Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos tiene como objetivo general fortalecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales, mediante la incorporación de medios aéreos embarcados modernos y versátiles. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor General de la Armada, designado formalmente como organismo ejecutor.

Desde el punto de vista institucional, la decisión refuerza la planificación de capacidades operativas en el ámbito naval y se articula con la necesidad de contar con equipamiento adecuado para tareas de control, patrullaje y apoyo logístico en áreas marítimas estratégicas.

El decreto también faculta al Ministro de Economía —o a los funcionarios que designe— y al Secretario de Finanzas, en forma indistinta, a suscribir el contrato de financiamiento, su documentación adicional y las solicitudes de desembolso. Asimismo, habilita a acordar modificaciones operativas necesarias para la ejecución del proyecto, siempre que no alteren el objeto, el destino de los fondos ni el monto total, ni modifiquen la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros ya acordada.

Repercusiones y proyección institucional

La aprobación del financiamiento tiene implicancias directas en varios planos. En el económico-financiero, consolida una operación de crédito externo considerada eficiente en términos de costo y de impacto macroeconómico. En el institucional, fortalece el rol coordinador del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa en proyectos de inversión estratégica. Y en el operativo, sienta las bases para una mejora concreta en las capacidades de la Armada Argentina.

En el corto plazo, se espera la instrumentación del contrato y la puesta en marcha de los desembolsos conforme al cronograma que se establezca en la documentación aprobada como Anexos I y II del decreto, publicados en la edición web del Boletín Oficial.

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Economía reorganiza el sistema de gestión para agilizar proyectos con organismos multilaterales

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Economía redefine la estructura de gestión de proyectos con financiamiento externo y delega facultades clave en sus secretarías.

El Ministerio de Economía oficializó una reorganización integral del sistema de gestión y ejecución de programas financiados por organismos multilaterales, bilaterales y regionales, mediante la Resolución 1755/2025, firmada el 5 de noviembre y publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial. La medida establece qué áreas del ministerio asumirán la coordinación técnica, la capacidad de adjudicar contrataciones, la firma de convenios y la supervisión ambiental y social de cada proyecto.

La decisión centraliza funciones operativas y administrativas, distribuye responsabilidades según competencias sustantivas y actualiza el funcionamiento interno conforme el Decreto 945/2017, pieza normativa clave del esquema.

Un cambio estructural basado en el Decreto 945/17 y la reorganización ministerial

La resolución se apoya en el Decreto 945/2017, que ordena que los programas con financiamiento externo ejecutados por organismos del inciso a del artículo 8° de la Ley 24.156 centralicen la gestión administrativa, presupuestaria y financiera en sus Subsecretarías de Coordinación Administrativa. El artículo 2° de ese decreto delega la coordinación técnica en las áreas sustantivas de cada jurisdicción.

El Ministerio de Economía recuerda además que el Decreto 451/2022 unificó sus competencias con las del ex Ministerio de Desarrollo Productivo y el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que el Decreto 585/2024 actualizó la redacción del artículo 20 de la Ley de Ministerios, asignándole responsabilidades sobre industria, comercio, agricultura, ganadería y pesca.

En ese marco, la Resolución 1755/2025 determina con precisión qué áreas asumirán las facultades operativas para cada programa, y enuncia un criterio general: celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.

La resolución también incorpora la estructura de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria VUCEA, creada por el Decreto 416/2017 (modificado por Decreto 485/2025), bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio.

Distribución de competencias: qué área gestionará cada programa

Los Anexos I, II, III y IV detallan el reparto de responsabilidades entre secretarías y subsecretarías. La resolución indica que cada dependencia ejercerá sus funciones “de acuerdo a la distribución allí establecida y con los alcances previstos en el decreto 945/17”.

Anexo I: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Incluye programas financiados por BCIE, BEI, BID, BIRF, CAF, FIDA y FONPLATA. Entre ellos:

BCIE 2277 – Programa de Recuperación y Desarrollo Rural. Post-Emergencia.
BEI – PROSAP V.
BID 3806, 5660, 5736, L-1335 – PROSAP IV, PROSAMA, PROVIAR II y PROSAP V.
BIRF 8867 y 9313 – GIRSAR y CIAF.
CAF 9458 y 11783 – Infraestructura de riego y desarrollo de complejos agroexportadores.
FIDA 1744, 1745, 642, 1444, 3982 – PRODECCA, PROCANOR y PROSAF.
FONPLATA ARG-55/2021 – PROSAF.

Anexo II: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento

Incluye programas orientados a competitividad, transformación digital e innovación productiva:

BCIE 2274 – Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMES Argentinas.
BID 2923, 3174/OC-AR-2 y 5570 – PAC, PROCER y Transformación Digital hacia Industria 4.0.
PNUD 20-007 – Promoción de la competitividad e innovación para MiPyMEs y emprendedores.

Anexo III: Secretaría de Industria y Comercio / VUCEA

BID 3869 – Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCE).

Anexo IV: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción

PNUD 17-005 – Fortalecimiento de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción.

Alcances operativos: adjudicaciones, convenios y auditorías

La Resolución 1755/2025 redefine con claridad las facultades del ministerio en cuatro ejes operativos:

Facultades para adjudicar licitaciones y firmar contratos

Las Secretarías y Subsecretarías indicadas en los Anexos I a IV podrán “adjudicar las contrataciones”, suscribir contratos y sus modificaciones y dictar los actos necesarios para ejecutar los proyectos (art. 2°).

Firma de convenios con provincias y municipios

Cada dependencia tendrá la capacidad de firmar convenios “con provincias, municipios y/u otras entidades” necesarios para ejecutar los programas (art. 3°).

Supervisión ambiental y social

Las áreas sustantivas asumen la responsabilidad de supervisar los aspectos ambientales y sociales incluidos en los proyectos, tal como exige el Decreto 945/2017.

Centralización administrativa en la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción

Esa subsecretaría centralizará la “gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable” de todos los proyectos incluidos en los anexos (art. 6°).

La resolución agrega que la Secretaría Legal y Administrativa será la responsable de iniciar y adjudicar los procesos licitatorios relativos a auditorías de los programas listados (art. 5°).

Proyección institucional y posibles impactos

La reorganización sostiene tres efectos previsibles:

Mayor coherencia interna en proyectos financiados por organismos internacionales

La nueva distribución refleja una arquitectura administrativa alineada con los mandatos del Decreto 945/2017 y la Ley de Ministerios. En la práctica, permite que cada programa se ejecute en el área que posee responsabilidad primaria sobre la materia —agricultura, comercio exterior, PyMEs, industria o gestión administrativa—.

Descentralización técnica y centralización operativa

La coordinación técnica queda en manos de secretarías sustantivas, mientras que la ejecución financiera se unifica en una sola dependencia. El esquema reduce superposiciones y acelera trámites, uno de los objetivos que la resolución menciona explícitamente bajo los principios de “celeridad, economía, sencillez y eficacia”.

Repercusiones sectoriales

Los cambios alcanzan proyectos vinculados a agricultura familiar, cadenas agroexportadoras, PyMEs, transformación digital, comercio exterior e infraestructura rural. Las áreas involucradas —especialmente las de agricultura, industria y PyMEs— asumirán mayor responsabilidad directa en contrataciones y convenios, con previsibles efectos sobre la velocidad de ejecución de los préstamos externos.

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