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El Gobierno refuerza el presupuesto del RENAPER con más de $44.800 millones para 2025

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La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para reforzar los créditos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de afrontar gastos impostergables de funcionamiento y financiar inversiones en bienes de uso. La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 39/2025, implica una reasignación de partidas por más de $44.845 millones y se apoya en recursos propios del organismo y en financiamiento externo, en un contexto de prórroga presupuestaria y restricciones fiscales.

Adecuación presupuestaria en un esquema de prórroga

La Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2025, que se rige por la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada conforme al artículo 27 de la Ley N° 24.156 y al Decreto N° 1.131 del 27 de diciembre de 2024.

Según se desprende de los considerandos, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de cubrir “gastos impostergables para su normal funcionamiento” del RENAPER, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior. La decisión se encuadra en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.

Más de $44.845 millones para gastos corrientes y de capital

El detalle de las planillas anexas que integran la decisión administrativa muestra que el refuerzo presupuestario total para el RENAPER asciende a $44.845.288.142. De ese monto, $38.487.990.542 corresponden a gastos corrientes financiados con recursos propios, mientras que $6.357.297.600 se destinan a gastos de capital financiados mediante crédito externo.

En el rubro de gastos corrientes, la mayor parte se concentra en servicios no personales, con partidas relevantes para servicios básicos, correos y telégrafos, mantenimiento, limpieza, servicios técnicos y profesionales, informática, servicios comerciales y financieros, suscripciones a internet, viáticos, impuestos y otros servicios. Entre los conceptos destacados figuran $8.667.990.542 para servicios básicos vinculados a correos y telégrafos, $6.540 millones para mantenimiento y limpieza, y $7.400 millones para suscripciones adicionales a internet.

Por el lado de las inversiones, los $6.357.297.600 de gastos de capital se asignan íntegramente a bienes de uso, en particular a la adquisición de maquinaria y equipos, lo que apunta a sostener y actualizar la infraestructura tecnológica del organismo.

Recursos propios y financiamiento externo

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el esquema aprobado combina ingresos propios del RENAPER con aportes de la Administración Central y crédito externo. Los recursos corrientes del organismo alcanzan los $38.487.990.542, provenientes mayormente de ingresos no impositivos. Dentro de ese rubro se destacan las tasas vinculadas a la expedición de pasaportes, en el marco del Decreto N° 261/2011, que suman $15.743.807.164, y otros ingresos varios por $19.174.370.070.

A ello se agregan $3.569.813.308 por venta de bienes y servicios de la administración pública. Para el financiamiento de las inversiones, la modificación presupuestaria contempla la obtención de préstamos del sector externo a largo plazo por $6.357.297.600, identificados como provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con contribuciones figurativas de la Administración Central por el mismo monto.

Impacto institucional y operativo

La modificación presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad operativa del RENAPER, un organismo clave para la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El refuerzo de partidas permite garantizar la continuidad de servicios esenciales como la emisión de documentos y pasaportes, en un contexto de alta demanda y costos crecientes asociados a tecnología, conectividad y logística.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja el uso de herramientas de gestión presupuestaria para sostener el funcionamiento de organismos descentralizados en un escenario de prórroga del presupuesto y de restricciones fiscales. Al mismo tiempo, la incorporación de financiamiento externo para inversiones en equipamiento plantea un esquema mixto de sostenimiento operativo y modernización, con impacto en la eficiencia administrativa y en la calidad del servicio al ciudadano.

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El Gobierno autoriza un crédito con Crédit Agricole para la compra de helicópteros navales de la Armada

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El Poder Ejecutivo nacional aprobó, mediante el Decreto 924/2025, un contrato de financiamiento por €71.676.175,26 con el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), con cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación, destinado a ejecutar el Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos. La medida, publicada el 29 de diciembre de 2025, apunta a mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales y fue avalada tanto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como por la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, que consideraron acotado su impacto macroeconómico y competitivo su costo financiero.

La operatoria se inscribe en la estrategia de reequipamiento de las Fuerzas Armadas y refuerza el rol del Ministerio de Defensa, que actuará como organismo ejecutor a través del Estado Mayor General de la Armada, en un contexto de revisión integral del gasto público y priorización de proyectos con impacto operativo concreto.

Financiamiento externo, impacto acotado y aval técnico del Estado

El decreto aprueba el Modelo de Contrato de Financiamiento con CACIB, que contempla la cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación, una modalidad habitual para operaciones de equipamiento estratégico. Según consta en los considerandos, el BCRA evaluó el efecto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que la dimensión del préstamo “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos” y resulta “consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

En la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que no formuló objeciones al financiamiento requerido, al entender que “el costo financiero del préstamo es inferior al que la República podría obtener en el mercado”. Este punto resulta central desde el enfoque fiscal y financiero, ya que refuerza la decisión de recurrir a crédito externo con condiciones preferenciales en lugar de alternativas más onerosas.

La normativa se apoya en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, y en los artículos 53 de la Ley N° 11.672 y 60 de la Ley N° 24.156, que regulan el endeudamiento público y los sistemas de control del sector público nacional.

Objetivo estratégico: control marítimo y capacidades de la Armada

El Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos tiene como objetivo general fortalecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales, mediante la incorporación de medios aéreos embarcados modernos y versátiles. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor General de la Armada, designado formalmente como organismo ejecutor.

Desde el punto de vista institucional, la decisión refuerza la planificación de capacidades operativas en el ámbito naval y se articula con la necesidad de contar con equipamiento adecuado para tareas de control, patrullaje y apoyo logístico en áreas marítimas estratégicas.

El decreto también faculta al Ministro de Economía —o a los funcionarios que designe— y al Secretario de Finanzas, en forma indistinta, a suscribir el contrato de financiamiento, su documentación adicional y las solicitudes de desembolso. Asimismo, habilita a acordar modificaciones operativas necesarias para la ejecución del proyecto, siempre que no alteren el objeto, el destino de los fondos ni el monto total, ni modifiquen la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros ya acordada.

Repercusiones y proyección institucional

La aprobación del financiamiento tiene implicancias directas en varios planos. En el económico-financiero, consolida una operación de crédito externo considerada eficiente en términos de costo y de impacto macroeconómico. En el institucional, fortalece el rol coordinador del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa en proyectos de inversión estratégica. Y en el operativo, sienta las bases para una mejora concreta en las capacidades de la Armada Argentina.

En el corto plazo, se espera la instrumentación del contrato y la puesta en marcha de los desembolsos conforme al cronograma que se establezca en la documentación aprobada como Anexos I y II del decreto, publicados en la edición web del Boletín Oficial.

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Economía reorganiza el sistema de gestión para agilizar proyectos con organismos multilaterales

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Economía redefine la estructura de gestión de proyectos con financiamiento externo y delega facultades clave en sus secretarías.

El Ministerio de Economía oficializó una reorganización integral del sistema de gestión y ejecución de programas financiados por organismos multilaterales, bilaterales y regionales, mediante la Resolución 1755/2025, firmada el 5 de noviembre y publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial. La medida establece qué áreas del ministerio asumirán la coordinación técnica, la capacidad de adjudicar contrataciones, la firma de convenios y la supervisión ambiental y social de cada proyecto.

La decisión centraliza funciones operativas y administrativas, distribuye responsabilidades según competencias sustantivas y actualiza el funcionamiento interno conforme el Decreto 945/2017, pieza normativa clave del esquema.

Un cambio estructural basado en el Decreto 945/17 y la reorganización ministerial

La resolución se apoya en el Decreto 945/2017, que ordena que los programas con financiamiento externo ejecutados por organismos del inciso a del artículo 8° de la Ley 24.156 centralicen la gestión administrativa, presupuestaria y financiera en sus Subsecretarías de Coordinación Administrativa. El artículo 2° de ese decreto delega la coordinación técnica en las áreas sustantivas de cada jurisdicción.

El Ministerio de Economía recuerda además que el Decreto 451/2022 unificó sus competencias con las del ex Ministerio de Desarrollo Productivo y el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que el Decreto 585/2024 actualizó la redacción del artículo 20 de la Ley de Ministerios, asignándole responsabilidades sobre industria, comercio, agricultura, ganadería y pesca.

En ese marco, la Resolución 1755/2025 determina con precisión qué áreas asumirán las facultades operativas para cada programa, y enuncia un criterio general: celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.

La resolución también incorpora la estructura de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria VUCEA, creada por el Decreto 416/2017 (modificado por Decreto 485/2025), bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio.

Distribución de competencias: qué área gestionará cada programa

Los Anexos I, II, III y IV detallan el reparto de responsabilidades entre secretarías y subsecretarías. La resolución indica que cada dependencia ejercerá sus funciones “de acuerdo a la distribución allí establecida y con los alcances previstos en el decreto 945/17”.

Anexo I: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Incluye programas financiados por BCIE, BEI, BID, BIRF, CAF, FIDA y FONPLATA. Entre ellos:

BCIE 2277 – Programa de Recuperación y Desarrollo Rural. Post-Emergencia.
BEI – PROSAP V.
BID 3806, 5660, 5736, L-1335 – PROSAP IV, PROSAMA, PROVIAR II y PROSAP V.
BIRF 8867 y 9313 – GIRSAR y CIAF.
CAF 9458 y 11783 – Infraestructura de riego y desarrollo de complejos agroexportadores.
FIDA 1744, 1745, 642, 1444, 3982 – PRODECCA, PROCANOR y PROSAF.
FONPLATA ARG-55/2021 – PROSAF.

Anexo II: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento

Incluye programas orientados a competitividad, transformación digital e innovación productiva:

BCIE 2274 – Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMES Argentinas.
BID 2923, 3174/OC-AR-2 y 5570 – PAC, PROCER y Transformación Digital hacia Industria 4.0.
PNUD 20-007 – Promoción de la competitividad e innovación para MiPyMEs y emprendedores.

Anexo III: Secretaría de Industria y Comercio / VUCEA

BID 3869 – Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCE).

Anexo IV: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción

PNUD 17-005 – Fortalecimiento de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción.

Alcances operativos: adjudicaciones, convenios y auditorías

La Resolución 1755/2025 redefine con claridad las facultades del ministerio en cuatro ejes operativos:

Facultades para adjudicar licitaciones y firmar contratos

Las Secretarías y Subsecretarías indicadas en los Anexos I a IV podrán “adjudicar las contrataciones”, suscribir contratos y sus modificaciones y dictar los actos necesarios para ejecutar los proyectos (art. 2°).

Firma de convenios con provincias y municipios

Cada dependencia tendrá la capacidad de firmar convenios “con provincias, municipios y/u otras entidades” necesarios para ejecutar los programas (art. 3°).

Supervisión ambiental y social

Las áreas sustantivas asumen la responsabilidad de supervisar los aspectos ambientales y sociales incluidos en los proyectos, tal como exige el Decreto 945/2017.

Centralización administrativa en la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción

Esa subsecretaría centralizará la “gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable” de todos los proyectos incluidos en los anexos (art. 6°).

La resolución agrega que la Secretaría Legal y Administrativa será la responsable de iniciar y adjudicar los procesos licitatorios relativos a auditorías de los programas listados (art. 5°).

Proyección institucional y posibles impactos

La reorganización sostiene tres efectos previsibles:

Mayor coherencia interna en proyectos financiados por organismos internacionales

La nueva distribución refleja una arquitectura administrativa alineada con los mandatos del Decreto 945/2017 y la Ley de Ministerios. En la práctica, permite que cada programa se ejecute en el área que posee responsabilidad primaria sobre la materia —agricultura, comercio exterior, PyMEs, industria o gestión administrativa—.

Descentralización técnica y centralización operativa

La coordinación técnica queda en manos de secretarías sustantivas, mientras que la ejecución financiera se unifica en una sola dependencia. El esquema reduce superposiciones y acelera trámites, uno de los objetivos que la resolución menciona explícitamente bajo los principios de “celeridad, economía, sencillez y eficacia”.

Repercusiones sectoriales

Los cambios alcanzan proyectos vinculados a agricultura familiar, cadenas agroexportadoras, PyMEs, transformación digital, comercio exterior e infraestructura rural. Las áreas involucradas —especialmente las de agricultura, industria y PyMEs— asumirán mayor responsabilidad directa en contrataciones y convenios, con previsibles efectos sobre la velocidad de ejecución de los préstamos externos.

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Bonos en alza y riesgo país en 690 puntos: el Gobierno se acerca a emitir deuda en dólares

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La contundente reacción financiera posterior a las elecciones legislativas —con una baja de más de 400 puntos del riesgo país en apenas dos jornadas— acercó al Gobierno a su objetivo central: recuperar el acceso al crédito internacional hacia fines de 2025.

La combinación de precios récord en bonos, expectativas de estabilización macroeconómica y un resultado político que el mercado leyó como “ordenador” activó apuestas sobre una inminente normalización del financiamiento externo.

Reacomodamiento financiero tras las legislativas: señales de mercado y expectativas oficiales

El movimiento decisivo se produjo tras los comicios del domingo. En solo 48 horas, el riesgo país cayó de la zona de 1.100 puntos a 690, un derrumbe que revirtió completamente la tendencia negativa del año y consolidó un escenario que, hasta hace semanas, parecía distante.

El indicador de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas que paga la deuda argentina sobre el Tesoro de EE.UU., venía de operar en los 1.080 puntos el viernes previo. La combinación de mayor demanda por bonos soberanos y una lectura política favorable redujo ese margen a mínimos de 2025.

El Gobierno planifica volver a emitir deuda internacional con dos objetivos explícitos:

  1. Refinanciar vencimientos, especialmente los pagos de cupones por USD 4.500 millones previstos para enero próximo, que el presidente Javier Milei definió como “perfectamente manejables”.
  2. Financiar infraestructura, energía, transporte y tecnología, pilares centrales del programa de crecimiento proyectado por el equipo económico.

El propio Milei recordó que, desde su asunción, la Argentina “pagó USD 30.000 millones de deuda” y afirmó que nunca estuvo en duda el cumplimiento de obligaciones. Esa señal de consistencia es leída por el mercado como un ancla para reducir el riesgo regulatorio y financiero.

Bonos en rebote y tasas en retroceso: las condiciones para volver al crédito externo

El rally de los bonos en dólares —que entre lunes y martes recuperaron toda la pérdida acumulada en el año— fue el motor directo de la compresión del riesgo país. Actualmente, los títulos rinden por encima del 11%, un nivel aún elevado para una salida al mercado, pero la tendencia apunta a perforar el 9%, umbral que analistas consideran razonable para una emisión.

El equipo de Luis Caputo trabaja con un objetivo explícito: llevar el riesgo país a la zona de los 450 puntos en las próximas semanas. De alcanzarse ese nivel, Argentina podría colocar deuda internacional por debajo del 10%, una tasa considerada aceptable para recuperar financiamiento.

La última emisión relevante de bonos en dólares se remonta a enero de 2018, cuando se colocaron USD 9.000 millones, en un contexto donde el riesgo país rondaba los 350 puntos. Esa ventana se cerraría luego con la crisis cambiaria de 2018-2019 y la posterior reestructuración a cargo de Martín Guzmán desde 2020.

Los analistas consultados por agencias financieras coinciden en un punto: el principal freno para que subieran los bonos era el factor político. Con el resultado legislativo despejando escenarios de parálisis, el mercado evalúa que el Gobierno podrá avanzar en acuerdos con gobernadores para fortalecer gobernabilidad y acelerar reformas pendientes. Ese marco es clave para mejorar expectativas, sostener la caída del riesgo y facilitar la reconstrucción de reservas vía endeudamiento externo.

Impacto económico y político: proyecciones hacia 2026

La posibilidad de volver a los mercados globales tiene implicancias estructurales:

  • Finanzas públicas: un acceso a tasas de un solo dígito permitiría refinanciar vencimientos sin tensionar la caja y ordenar el perfil de deuda.
  • Inversión y actividad: financiamiento para infraestructura y tecnología impactaría directamente en productividad, logística y competitividad exportadora.
  • Sector privado: un riesgo país más bajo ayuda a reducir el costo financiero empresario y estimula el ingreso de capital privado.
  • Sistema político: un acuerdo mínimo entre Nación y provincias será clave para sostener la percepción de estabilidad regulatoria que alimenta la recuperación de precios.

Con el riesgo en 690 puntos y un objetivo oficial de 450, el mercado ya descuenta un cambio de ciclo. Si la tendencia se mantiene, Argentina podría volver al mercado internacional de deuda antes de fin de año, un escenario inverosímil meses atrás, pero ahora cada vez más probable.

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