financiamiento internacional

En Argentina Week, agencias financieras de EE.UU. ven un “punto de inflexión” y facilitan el acceso al financiamiento para el país

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En el cierre de la primera jornada de Argentina Week, funcionarios y representantes de organismos financieros de Estados Unidos coincidieron en un diagnóstico que el Gobierno argentino busca instalar en el exterior: el país atraviesa una ventana de oportunidad para reconstruir su relación con el crédito internacional.

El panel “Financiando el futuro”, moderado por el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, reunió en Nueva York a Ben Black, titular de la International Development Finance Corporation, y a John Jovanovic, responsable del Export-Import Bank of the United States.

Ambos ejecutivos destacaron los cambios impulsados por la administración del presidente Javier Milei y coincidieron en que el nuevo contexto regulatorio y económico vuelve “mucho más fácil hacer negocios con Argentina”. La señal llega en un momento clave para el Gobierno, que busca consolidar credibilidad financiera internacional mientras avanza con reformas internas y negocia el regreso del país a los mercados de capitales.

La pregunta de fondo es si esta percepción favorable del sistema financiero internacional se traducirá en flujos de financiamiento sostenidos o si el entusiasmo actual seguirá condicionado por las dudas históricas que arrastra la economía argentina.

Financiamiento externo y vínculo estratégico con Estados Unidos

Durante el panel, Jovanovic describió el momento actual como un posible punto de inflexión para la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Según señaló, el desafío consiste en aprovechar la coyuntura para construir una conexión económica duradera entre ambos países.

El titular del Exim Bank subrayó que las reformas estructurales y las liberalizaciones impulsadas por el Gobierno mejoran el perfil crediticio del país. En ese marco, sostuvo que los cambios regulatorios en marcha generan un entorno más previsible para los organismos de financiamiento internacional.

Black, por su parte, destacó que la International Development Finance Corporation trabaja con esquemas de inversión similares a los utilizados por grandes actores del mercado financiero global. En ese sentido, explicó que la agencia puede participar en proyectos vinculados al sector privado, financiamiento estructurado y oportunidades en economías emergentes.

Ambos coincidieron en que las empresas argentinas que busquen asociarse con compañías estadounidenses para acceder a tecnología o capital pueden acercarse directamente a las agencias para explorar instrumentos de financiamiento.

Seguridad de las cadenas de valor y competencia geopolítica

El debate también incluyó un elemento estratégico: la reorganización de las cadenas de suministro globales. Los representantes de las agencias estadounidenses remarcaron la necesidad de fortalecer circuitos productivos que no dependan de mercados considerados “no libres” o poco transparentes.

En ese contexto, plantearon que América Latina —y particularmente Argentina— podría ocupar un lugar relevante en la construcción de cadenas de valor más resilientes en el hemisferio occidental.

La idea se alinea con una tendencia creciente en la política económica internacional: la búsqueda de proveedores confiables en sectores estratégicos, desde energía hasta minerales críticos y manufacturas tecnológicas.

Para Argentina, ese escenario abre una posibilidad. Pero también exige consolidar condiciones internas que reduzcan las dudas persistentes de los inversores sobre la seguridad jurídica y la continuidad de las reformas económicas.

La defensa del programa económico desde el equipo del Ministerio de Economía

Antes de ese panel, el secretario de Política Económica José Luis Daza presentó ante los asistentes una defensa detallada de la estrategia económica del Gobierno.

El funcionario sostuvo que el ajuste fiscal aplicado por la administración libertaria fue uno de los más profundos registrados en la historia reciente. Según explicó, el gasto público se redujo en aproximadamente un treinta por ciento, una contracción que inicialmente impactó en la actividad económica.

Sin embargo, Daza afirmó que la economía logró revertir esa caída meses después, con una recuperación que —según su exposición— superó las previsiones de analistas y consultores.

El viceministro también defendió el enfoque social del programa económico. Explicó que la asistencia directa a los sectores más vulnerables se duplicó al eliminar intermediarios en la distribución de recursos, lo que permitió incrementar las transferencias y la ayuda alimentaria.

En su presentación, el funcionario remarcó además la resiliencia del sistema financiero durante el proceso de estabilización. Señaló que la economía atravesó uno de los shocks más intensos de su historia reciente, con tasas de interés superiores al cien por ciento, sin que se produjeran quiebras bancarias.

Un programa que busca convencer a los mercados

El mensaje que el Gobierno intenta instalar en foros como Argentina Week combina varios elementos: disciplina fiscal, apertura comercial, desregulación económica y fortalecimiento del mercado de capitales.

Según Daza, ese esquema permitió estabilizar variables macroeconómicas clave y sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento impulsada por inversión privada, innovación tecnológica y capital humano.

La exposición ante inversores internacionales también incluyó una referencia al cambio cultural en torno a la moneda local y al sistema financiero, un punto que el equipo económico considera central para recuperar confianza.

Entre la expectativa y la prueba del tiempo

Las intervenciones de los representantes de las agencias financieras estadounidenses y del equipo económico argentino reflejan un clima de expectativas que el Gobierno intenta consolidar en el exterior.

El diagnóstico compartido apunta a un escenario de oportunidades para reconstruir el vínculo entre Argentina y el financiamiento internacional. Pero también reconoce que persisten interrogantes históricos sobre la estabilidad de las reglas económicas.

La verdadera prueba para ese nuevo clima financiero no será únicamente la recepción de discursos en foros internacionales. Será la capacidad del país para sostener reformas, consolidar previsibilidad y transformar ese interés inicial en proyectos de inversión y crédito de largo plazo.

Por ahora, el mensaje que se escucha en los pasillos de Argentina Week es claro: para parte del sistema financiero global, el país volvió a entrar en el radar. Lo que aún está por verse es cuánto de esa expectativa se convertirá en decisiones concretas.

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Misiones accede a financiamiento internacional: USD 75 millones para ampliar la red eléctrica

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La infraestructura energética de Misiones suma una nueva vía de financiamiento internacional. El Gobierno nacional aprobó el esquema de garantías que permitirá a la provincia acceder a un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento destinado a ampliar y modernizar la red eléctrica. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 131/2026, publicado el 5 de marzo en el Boletín Oficial, y habilita la firma de los contratos necesarios para ejecutar el programa que tendrá un impacto directo en el sistema energético de la zona sur, con la extensión de la línea 132 entre San Isidro, en Posadas, Alem y Oberá.

El financiamiento apunta al “Proyecto de Mejoras de Infraestructura de Redes Eléctricas en la Provincia de Misiones”, una iniciativa orientada a fortalecer el sistema de transmisión y facilitar la integración de energías renovables en la red provincial. El mecanismo incluye una garantía soberana del Estado nacional y una contragarantía de la provincia, que respalda los compromisos financieros asumidos.

El dato central del decreto es el monto: USD 75 millones, un volumen significativo para inversiones en infraestructura energética provincial en un contexto de restricción fiscal y limitado acceso al crédito externo.

Cómo funciona el financiamiento: garantía nacional y contragarantía provincial

La norma aprueba dos instrumentos contractuales que estructuran la operación financiera.

Por un lado, el Contrato de Garantía entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) establece que el Estado nacional actuará como garante solidario de las obligaciones de pago del préstamo otorgado a la provincia. Esto significa que, ante un eventual incumplimiento del prestatario, el Gobierno nacional deberá responder por el capital, intereses, comisiones y demás cargos financieros asociados al crédito.

A su vez, se aprueba un Contrato de Contragarantía entre la Nación y el Gobierno de Misiones. En este acuerdo, la provincia se compromete a reembolsar cualquier monto que el Estado nacional deba afrontar en su condición de garante.

El mecanismo prevé además una herramienta clásica del financiamiento subnacional en Argentina: si la provincia no cumple con los pagos, el Gobierno nacional podrá instruir al Banco Nación para retener fondos de la coparticipación federal y destinarlos a cancelar la deuda.

Este esquema busca preservar el crédito soberano frente al organismo financiero internacional y, al mismo tiempo, asegurar que la responsabilidad final del endeudamiento recaiga sobre la jurisdicción beneficiaria.

El proyecto: redes de transmisión y energías renovables

Los fondos del préstamo estarán destinados a mejorar la infraestructura eléctrica en la región centro de Misiones.

El programa se estructura en dos componentes principales: Inversión en infraestructura de transmisión eléctrica, orientada a ampliar y modernizar las redes existentes. Gestión del financiamiento, vinculada a la administración técnica y financiera del proyecto.

El objetivo declarado es mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico, además de facilitar la integración de energías renovables dentro del sistema provincial.

El proyecto también busca reforzar la capacidad del sistema para acompañar el crecimiento de la demanda energética, un factor relevante en provincias con fuerte desarrollo industrial forestal, agroindustrial y turístico.

Antecedentes institucionales y encuadre financiero

La operación se inscribe dentro del esquema habitual de financiamiento de organismos multilaterales para proyectos de infraestructura subnacional.

En este caso, la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina se comprometió a otorgar el préstamo a la provincia con la condición de contar con una garantía soberana de la República Argentina. Ese requisito es frecuente en operaciones de crédito internacional con gobiernos provinciales.

Antes de la aprobación del decreto, distintos organismos técnicos evaluaron la operación.

El Banco Central analizó el impacto de la garantía en la balanza de pagos y concluyó que el efecto macroeconómico será limitado y consistente con la dinámica prevista de las operaciones externas.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía indicó que el costo financiero del préstamo resulta inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado, lo que refuerza la conveniencia del financiamiento multilateral frente a otras fuentes de crédito.

Impacto económico: infraestructura energética y desarrollo regional

Desde el punto de vista económico, la medida apunta a fortalecer uno de los cuellos de botella estructurales de muchas economías regionales: la infraestructura energética.

La inversión en redes de transmisión puede generar efectos en varias dimensiones:

Inversión pública: el préstamo habilita recursos externos para obras eléctricas en una provincia con creciente demanda energética.

Competitividad productiva: una red más robusta reduce riesgos de interrupciones y mejora la estabilidad del suministro para industrias, aserraderos, agroindustrias y servicios.

Integración energética: la modernización de la red facilitará la incorporación de fuentes renovables, un objetivo cada vez más presente en las políticas energéticas provinciales.

Efecto fiscal controlado: al tratarse de financiamiento externo con garantía nacional, el riesgo crediticio se comparte entre Nación y provincia, aunque el esquema de contragarantía mantiene la responsabilidad primaria en el gobierno provincial.

Financiamiento multilateral para infraestructura provincial

En términos de política pública, el decreto muestra continuidad en el uso de organismos multilaterales como fuente de financiamiento para obras de infraestructura en provincias.

El Gobierno nacional mantiene un rol central en estas operaciones, ya que: otorga la garantía soberana exigida por los organismos internacionales, y establece mecanismos de contragarantía para preservar el crédito público.

La medida también delega en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Finanzas la facultad de firmar los contratos y eventuales modificaciones operativas, siempre que no alteren el monto ni el destino del financiamiento.

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Cómo crear empleos para los 1200 millones de nuevos trabajadores del mundo

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El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advierte por una brecha de 800 millones de empleos y lleva el debate al G7 y el G20. Banga plantea que el desafío demográfico es económico y de seguridad nacional

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, puso sobre la mesa una cifra que reconfigura la agenda global: en los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, pero las tendencias actuales indican que solo se crearán unos 400 millones de empleos. La brecha potencial de 800 millones no es, según su planteo, un problema sectorial ni una consigna de desarrollo; es un desafío económico estructural y, cada vez más, de seguridad nacional.

El diagnóstico adquiere relevancia política en un calendario marcado por foros internacionales. Tras pasar casi inadvertido en la última reunión de Davos, el tema podría emerger con mayor fuerza en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las cumbres del G7 y el G20. La tensión es clara: ¿los líderes priorizarán las crisis inmediatas o asumirán una “fuerza de baja frecuencia” que, si se ignora, puede derivar en inestabilidad sistémica?

Demografía, empleo y arquitectura institucional

Banga enmarca el fenómeno dentro de transformaciones de largo plazo como los cambios demográficos, la globalización y la escasez de recursos. A diferencia de guerras o crisis financieras —que dominan titulares—, el crecimiento acelerado de la población joven en economías en desarrollo avanza sin estridencias, pero con impacto acumulativo.

El planteo institucional del Grupo Banco Mundial se estructura en tres pilares. Primero, crear infraestructura física y humana. Sin electricidad confiable, transporte, educación y salud, la inversión privada no se traduce en empleo. El ejemplo citado es un centro de formación en Bhubaneswar, India, que capacita a casi 38.000 personas al año en alianza con el Gobierno y el sector privado, alineando habilidades con demanda real del mercado.

Segundo, promover un entorno regulatorio previsible. Normas claras y marcos estables reducen incertidumbre y habilitan la expansión de empresas, especialmente microemprendimientos y pymes, responsables de la mayor parte del empleo.

Tercero, facilitar crecimiento empresarial mediante capital accionario, financiamiento, garantías y seguros contra riesgos políticos. Se menciona un esquema reciente de garantía para financiamiento comercial del Banco do Brasil, que libera aproximadamente USD 700 millones para pequeñas compañías brasileñas, en particular del sector agrícola.

La estrategia focaliza en cinco sectores con alto potencial de empleo: infraestructura y energía, agroindustria, atención primaria de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado. No se trata de una expansión indiscriminada, sino de asignación selectiva de recursos limitados.

Impacto político y correlación global

La advertencia tiene implicancias directas para la gobernabilidad de los países en desarrollo. Si 1200 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral y solo 400 millones encuentran empleo, la presión sobre instituciones, migración irregular y conflictos se vuelve previsible. El empleo funciona como amortiguador social.

Para economías desarrolladas, el razonamiento es pragmático. Hacia 2050, más del 85 % de la población mundial vivirá en países en desarrollo. Eso implica la mayor expansión histórica de fuerza laboral y, al mismo tiempo, del universo de consumidores y mercados. Desde esta óptica, invertir en empleo no es altruismo; es una apuesta por estabilidad de cadenas de suministro, reducción de presiones migratorias y ampliación de demanda global.

El sector privado aparece como actor central. La creación de empleo a gran escala depende de su capacidad de inversión. El rol de las instituciones de desarrollo, según el planteo, es reducir riesgos reales y percibidos para catalizar capital.

La correlación de fuerzas en foros como el G7 y el G20 será clave. Si las potencias priorizan seguridad tradicional sobre seguridad económica y social, el desafío puede quedar relegado. Si lo incorporan como eje estratégico, el financiamiento y las reformas regulatorias podrían acelerarse.

Un dilema de anticipación

La tesis es sencilla pero exigente: actuar temprano o enfrentar consecuencias acumuladas. La expansión demográfica no es una hipótesis; es una proyección basada en tendencias firmes. El interrogante es político.

En los próximos meses habrá que observar si los compromisos multilaterales incorporan metas concretas de generación de empleo, si se amplían garantías financieras y si los países en desarrollo adoptan reformas regulatorias que faciliten inversión privada.

La decisión no es sobre si la demografía moldeará el futuro. Eso ya ocurre. La discusión gira en torno a si la comunidad internacional convertirá esa presión en motor de crecimiento o permitirá que derive en inestabilidad. En ese margen se juega buena parte del equilibrio económico y político de las próximas décadas.

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Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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El BCRA cierra un REPO por USD 3.000 millones a una tasa del 7,4% anual y refuerza las reservas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este miércoles 7 de enero de 2026 una nueva operación de financiamiento internacional por USD 3.000 millones mediante un pase pasivo (REPO) con seis bancos internacionales de primera línea. La operación, a 372 días y con una tasa equivalente a SOFR más 400 puntos básicos (7,4% anual), fortalece las reservas internacionales y refuerza la estrategia de normalización financiera en un contexto de ordenamiento macroeconómico.

La transacción se realizó utilizando parte de la tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038 como colateral y se inscribe en el conjunto de medidas impulsadas por el BCRA desde el inicio de la gestión para robustecer la posición de reservas y optimizar la liquidez en moneda extranjera.

Detalles de la operación: plazo, tasa y sobredemanda

El REPO fue adjudicado por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días, con una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta en una tasa anual del 7,4%.

La licitación evidenció una fuerte demanda: el BCRA recibió ofertas por USD 4.400 millones, aproximadamente 50% por encima del monto licitado. Aun así, y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, la autoridad monetaria decidió no ampliar el monto adjudicado, priorizando una gestión prudente del endeudamiento y del perfil de liquidez.

Señales al mercado y normalización del acceso al crédito

El interés de bancos internacionales de primera línea constituye una señal relevante para el mercado, ya que afianza el proceso de normalización del acceso al crédito externo. Este movimiento se alinea con la caída del riesgo país observada en paralelo al ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible, según destacaron desde la entidad.

Desde una perspectiva institucional, la operación ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado, administrar con eficiencia su liquidez en moneda extranjera y reforzar la solidez de su balance. En términos prácticos, el REPO contribuye a mejorar la posición de reservas internacionales, un ancla clave para la estabilidad financiera y la previsibilidad cambiaria.

Impacto y proyección

La concreción de este REPO mejora el colchón de reservas en el corto y mediano plazo, reduce tensiones financieras y fortalece la credibilidad del programa económico ante inversores internacionales. A su vez, la decisión de no ampliar la adjudicación pese a la sobredemanda refuerza el mensaje de disciplina financiera y gestión cautelosa del pasivo.

En un escenario donde la consistencia macroeconómica resulta determinante para sostener el acceso al crédito, la operación por USD 3.000 millones se consolida como un hito operativo que respalda la estrategia del BCRA de normalización financiera y fortalecimiento de reservas.

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