Marcelo Zbikoski: el transporte público enfrenta el fin del modelo de subsidios y tarifas irreales
El empresario del transporte Marcelo Zbikoski trazó un diagnóstico crudo sobre el presente y el futuro del transporte público en la Argentina, al advertir que el modelo económico y regulatorio vigente “cambió la música y los pasos de baile” para empresas, usuarios y el propio Estado. En una extensa entrevista en Radio Republica, sostuvo que el país atraviesa el fin de un esquema sostenido por subsidios generalizados y atraso tarifario, con impactos directos en la sustentabilidad del servicio, la calidad de la flota y la viabilidad de las empresas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde su mirada, el escenario actual obliga a revisar costos, decisiones de inversión y expectativas sobre el rol estatal. “El servicio de transporte público es apenas eso: un servicio. A tarifa de transporte público”, afirmó, al tiempo que remarcó que las empresas fueron contratadas para prestar un servicio específico, condicionado por ingresos reales que hoy no alcanzan a cubrir la estructura de costos.
Fin del modelo de subsidios: costos reales, tarifas y un sistema en deterioro
Zbikoski explicó que el sistema de transporte urbano funcionó de manera autosustentable hasta 2002, cuando “se sostenía solo con tarifa como único ingreso”. A partir de ese momento, y durante más de dos décadas, se consolidó un esquema de subsidios crecientes, que primero incentivó inversiones en flota y luego derivó en un proceso de congelamiento y atraso de compensaciones.
“El Estado no compensa, y cuando compensa lo hace con cinco meses de atraso y con una inflación del 211%”, señaló, al describir un proceso que, según su análisis, degradó progresivamente el servicio. Como resultado, se redujeron frecuencias, envejeció el parque automotor y aumentaron los reclamos de los usuarios. En el AMBA, precisó, la antigüedad promedio de la flota ronda los nueve años, con unidades que llegan a los 18 años de uso, una señal clara de descapitalización.
En términos de estructura de costos, detalló que entre el 51% y el 53% del valor del boleto corresponde a salarios, mientras que el combustible representa entre el 19% y el 20%. El resto se distribuye entre impuestos, mantenimiento y amortización. Bajo esas condiciones, estimó que el costo real de transportar a un pasajero debería ubicarse entre $4.000 y $5.000, según el tipo de servicio y la demanda de cada línea.
La conclusión es contundente: “No hay garantía de supervivencia del sistema hacia adelante. La idea del gobierno es que sobreviva el mejor”.
Misiones como excepción y el debate por la equidad del subsidio
En contraste con el AMBA, Zbikoski destacó que Misiones presenta una dinámica diferente. Según explicó, allí existe un esfuerzo compartido entre usuarios, gobierno provincial y municipios para sostener “la mejor calidad de servicio posible dentro del precio más razonable”. Sin embargo, reconoció que el margen es cada vez más estrecho y que ningún esquema puede escapar al impacto del costo del combustible y la presión impositiva.
El empresario cuestionó además el carácter regresivo del subsidio generalizado, al señalar que hoy el sistema subsidia por igual “a quien gana dos o tres millones de pesos y al desocupado”. Recordó que ya en 2012 y 2013 se planteó la idea de subsidios a la demanda a través de la tarjeta SUBE, pero nunca se implementó de manera efectiva. “Hoy sería más fácil que antes”, afirmó, aunque aclaró que todo depende del modelo de servicio público que definan las autoridades.
En ese marco, advirtió que el transporte perdió cerca de un 40% de pasajeros, desplazados hacia alternativas como Uber, Uber Moto y motos particulares, una tendencia que, según subrayó, tiene un fuerte impacto social y sanitario. “La gente que se sube a una moto está poniendo en riesgo su vida”, alertó, al vincular el crecimiento de estas modalidades con el aumento de accidentes y secuelas graves.
Infraestructura pendiente, ferrocarril y reforma laboral
Zbikoski también se refirió a proyectos inconclusos que podrían aliviar la presión sobre el transporte urbano, como el tren Posadas–Garupá. Aseguró que el material rodante está disponible y que las vías y estaciones fueron reparadas en 2020, pero que el servicio nunca se puso en marcha por la falta de una autorización formal de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, dependiente de la Secretaría de Transporte. “Falta solo un papel”, resumió, y sostuvo que el tren tendría impacto favorable en términos de movilidad y costos, siempre que se defina una tarifa viable.
En cuanto al uso de gas natural en colectivos, recordó que Misiones es la única provincia sin gasoducto, lo que obliga a transportar el combustible desde Córdoba. Señaló que hay cuatro colectivos a gas en etapa de prueba, bajo regulación de ENARGAS y la Secretaría de Energía, aunque el proceso demandará varios meses antes de una eventual expansión.
Finalmente, el empresario abordó el debate sobre la reforma laboral, al plantear que la rigidez actual encarece el servicio. Citó como ejemplo que un conductor que trabaja media hora debe cobrar ocho horas completas, aun cuando la demanda efectiva sea menor. “Tal vez no se necesita ocho horas de trabajo”, sostuvo, y propuso esquemas más flexibles que permitan contratar por horas reales, en blanco y con cobertura plena, reduciendo costos sin precarizar.
Un cambio estructural en marcha
El diagnóstico de Zbikoski se inscribe en un contexto más amplio de redefinición del rol del Estado y del financiamiento de los servicios públicos. Para el empresario, el mundo avanza hacia un modelo en el que “el adulto debe ser tratado como adulto”: quien quiere un mejor servicio, debe pagar por él. En ese escenario, el transporte público enfrenta una encrucijada: redefinir tarifas, subsidios y reglas laborales, o profundizar un deterioro que ya impacta en usuarios, trabajadores y empresas.