FONDOS BUITRES

Juicio por YPF: Argentina acusó al fondo Burford de pretender impedirle volver a los mercados

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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos celebró hoy la audiencia de alegatos orales en la apelación presentada por la Argentina en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A. 

La Procuración del Tesoro informó que se trata de la apelación de la “errónea sentencia por USD 16.100 millones dictada en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.

Durante la audiencia, los abogados de la Argentina destacaron la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos. 

La exposición buscó dejar en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado.

“Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993”, dijo la Procuración. 

Recordaron que los demandantes “no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino quince años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.

Y señalaron que obtuvieron su participación accionaria con “una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes”. 

“Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, señalaron.

Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después, indicaron los abogados de la Argentina.

“La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en clara crítica a la jueza Preska.

Argentina cuestiona Burford Capital

Los letrados de la Argentinas indicaron que “el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que hoy asciende a unos USD 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”.

“Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global. Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no sólo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales”, señalaron.

Y dijeron que este caso “refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”.

La posición del gobierno de Javier Milei 

La Procuración del Tesoro destacó que, bajo la presidencia de Javier Milei, el foco siempre ha estado puesto en resolver la pasada herencia recibida. 

Por ello, la Procuración ha llevado adelante una estrategia de defensa vigorosa e integral, coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, para proteger los intereses jurídicos del país. 

“La República Argentina agradece el apoyo de varios Estados que presentaron escritos ante el tribunal respaldando la posición jurídica argentina. Cada acción emprendida ha tenido como objetivo la defensa del interés nacional, la protección del patrimonio público y la consolidación de una Argentina jurídicamente previsible y económicamente estable”, indicaron.

La República Argentina se muestra “optimista” en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos “revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”.

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Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable en la demanda por la expropiación de la petrolera

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La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes

La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.

“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Según la PTN, los demandantes pidieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el país podía esperar a la próxima apelación por el pedido de Buford Capital –el principal demandante de este extenso juicio– de quedarse con las acciones de la empresa, en septiembre, sin poner ninguna garantía.

La jueza Loretta Preska, quien condenó en primera instancia al país, ordenó la entrega de las acciones. Ese medida puntual será analizada por la Corte en septiembre y luego, en octubre, después de las elecciones legislativas, se analizará la apelación de “fondo”. O sea, si el fallo multimillonario de Preska es correcto o no.

Argentina ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en cada resolución negativa que tenga en este caso. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron en la PTN.

“Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”, destacó un vocero de Burford.

Parte de la estrategia de bufete de origen inglés consiste en intentar ejecutar la sentencia en múltiples jurisdicciones, incluyendo Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, además de Irlanda, con el objetivo de presionar a Argentina y aumentar las posibilidades de cobro.

De hecho, Burford presentó en EEUU, en el tribunal de Preska, en julio pasado, un documento con el detalle de todos los pedidos de “enforcement” y como, según cree, el país dilata y demora las presentaciones para seguir ganando tiempo. El documento se titula “Cronología de los retrasos de la República en los trámites de reconocimiento en el extranjero”.

Cerca de Burford están convencidos de que la justicia de Irlanda no analizó el fondo de la causa, sino los tiempos; y esto no significa que vaya a pasar en otras jurisdicciones lo mismo.

Desde Irlanda

El fallo de The High Court Commercial de Irlanda, que firmó la jueza Eileen Roberts, tiene 77 páginas y se había iniciado por medido de dos de los demandantes –Petersen y Eton Park– en abril del año pasado.

Roberts fundamentó su resolución en que ni la República Argentina ni YPF poseen bienes en Irlanda susceptibles de embargo, salvo activos diplomáticos y consulares que, por su naturaleza, están protegidos de cualquier acción judicial. Además, la magistrada destacó que no hay evidencia de que el Estado argentino vaya a tener activos en el país en el corto o mediano plazo, por lo que permitir la ejecución solo supondría un uso innecesario de recursos judiciales sin impacto real para las partes.

“Este procedimiento no tiene absolutamente ninguna conexión con Irlanda. Además, no estoy convencida de que permitir la ejecución de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”, dijo la magistrada irlandesa.

La resolución analizó en detalle la jurisprudencia local sobre reconocimiento de sentencias extranjeras y concluyó que, si bien no es requisito indispensable la existencia actual de activos, sí debe haber una expectativa realista de obtener un beneficio práctico. En este caso, la ausencia de bienes y la duplicidad de procedimientos en otras jurisdicciones llevaron al tribunal a descartar cualquier utilidad concreta de la acción en Irlanda. La jueza también valoró que los demandantes ya disponen de mecanismos de investigación y ejecución en Estados Unidos y otros países, por lo que replicar esos procesos en Irlanda resultaría redundante.

El fallo irlandés evitó pronunciarse sobre cuestiones de fondo como la inmunidad soberana del Estado argentino o la doctrina del acto de Estado, señalando que estos temas podrían ser debatidos en un eventual juicio de fondo, pero no resultaban determinantes en esta instancia procesal.

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Causa YPF: dos audiencias definirán el futuro del juicio millonario en Nueva York

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La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión, de carácter administrativo, abre paso a dos instancias judiciales claves: el análisis de las apelaciones presentadas por el Estado argentino y la audiencia oral del 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales, en la que los jueces escucharán en directo a las partes.

Con esta resolución, el paquete accionario estatal en YPF seguirá bajo custodia de la Caja de Valores, mientras se desarrollan los trámites de apelación, que podrían demorar hasta dos años en obtener un fallo definitivo.

El juicio por la expropiación de YPF se originó en 2012, cuando el Congreso argentino aprobó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la petrolera en manos de Repsol. La medida, impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, consolidó el control estatal de la compañía pero dio origen a múltiples reclamos internacionales.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización de u$s16.099 millones más intereses a favor de los fondos Burford y Eton Park. Según cálculos judiciales, los intereses acumulan alrededor de u$s2,5 millones por día, lo que convierte al caso en una de las disputas financieras más costosas de la historia reciente para el país.

Ante ese fallo, la defensa argentina —a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro— presentó dos apelaciones: una contra la sentencia principal y otra contra la orden de entrega de acciones. La Cámara de Apelaciones decidió ahora extender la suspensión administrativa que había dictado en junio, otorgando oxígeno a la estrategia jurídica nacional.

Lo que está en juego: acciones de YPF y la doctrina del “alter ego”

El punto más delicado del litigio es la exigencia de entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago. Los fondos buitre advirtieron que, en caso de recibirlas, las depositarían en una cuenta del Bank of New York Mellon, a la espera de un fallo definitivo.

Sin embargo, esta posibilidad enfrenta un obstáculo central: la propia ley de expropiación. Tal como recordó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cualquier eventual venta de acciones de YPF que pertenecen al Estado “debe ser aprobada por el Congreso con mayoría especial”. En ese sentido, el funcionario aseguró que la orden de entrega “es incumplible para el gobierno nacional” y anticipó que no habrá cesión voluntaria del capital accionario.

En paralelo, los fondos demandantes intentaron avanzar en otras instancias judiciales para embargar activos estratégicos del Estado argentino —como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT— bajo la doctrina del “alter ego”, que busca demostrar que estas empresas actúan como brazos políticos del Gobierno. Hasta ahora, esos intentos no prosperaron.

La Cámara de Apelaciones fijó dos momentos clave en la agenda judicial:

  • Primera etapa: continuidad de las apelaciones formales ya presentadas, que buscan revertir la sentencia de Preska y bloquear la entrega de acciones.
  • 27 de octubre: audiencia oral ante los jueces de segunda instancia, que escucharán a las partes en pleno. La fecha se vuelve políticamente sensible, ya que se realizará al día siguiente de las elecciones legislativas nacionales en Argentina.

De aquí en adelante, los tiempos juegan a favor de la Argentina: el proceso podría extenderse entre 18 y 24 meses, lo que reduce la presión inmediata sobre las reservas del Banco Central y otorga margen para negociar. No obstante, el pasivo millonario sigue latente y amenaza con condicionar las políticas públicas y la estrategia energética nacional.

El caso YPF se consolida como uno de los litigios más trascendentes para el país en materia de soberanía económica, seguridad jurídica e impacto fiscal. El desenlace dependerá de la capacidad de la defensa argentina para sostener sus argumentos frente a un tribunal que ya falló en múltiples ocasiones en favor de los acreedores internacionales.

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Caso YPF: la justicia de EEUU define el futuro del control accionario argentino

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El tribunal estadounidense resolverá hoy si el Estado argentino puede mantener en su poder el capital accionario que posee en YPF mientras se tramita la apelación por la condena de USD 16.000 millones dictada por la jueza Loretta Preska, o si deberá transferirlo como garantía inmediata. La decisión tendrá impacto económico, político y diplomático de alto voltaje.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe pronunciarse sobre el pedido de suspensión (“stay”) presentado por la Argentina para evitar la transferencia inmediata (“turnover”) del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado.
La resolución se da en el marco del litigio que enfrenta al país con Burford Capital, fondo que compró los derechos de demanda derivados de la expropiación de la petrolera en 2012.

En caso de un fallo adverso, el Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas advierten que esta instancia suele rechazar intervenir en disputas de carácter administrativo.

Contexto: la expropiación de 2012 y la condena millonaria

El origen del conflicto se remonta a abril de 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se expropió el 51% de YPF que pertenecía a la española Repsol y a la familia Eskenazi.
En 2023, la jueza Loretta Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por violaciones al estatuto de YPF y a normas de mercado en el proceso de nacionalización.
Con intereses acumulados, la deuda asciende hoy a USD 18.000 millones, cifra que representa casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central y que presiona las ya tensas cuentas externas del país.

Burford Capital sostiene que YPF y el Estado argentino funcionan como un “alter ego”, sin separación efectiva, lo que habilitaría ejecutar no solo las acciones de la petrolera sino otros activos soberanos.
Para sostener esa posición, el fondo solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, buscando probar la injerencia directa del Gobierno en la operativa de la empresa.

Los tres escenarios posibles

Según fuentes del caso, la Corte de Apelaciones podría:

  1. No conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska de entregar las acciones.
  2. Conceder la suspensión, pero exigir una garantía distinta a las acciones de YPF.
  3. Otorgar la suspensión plena, postergando la entrega de las acciones hasta que se resuelva la apelación en septiembre.

En los dos primeros casos, el Gobierno anticipa que pedirá revisión ante la Corte Suprema. Si la resolución fuera negativa y Argentina no cumpliera, quedaría en desacato, con posibles sanciones económicas y diplomáticas.

Un desacato podría acarrear consecuencias que van más allá de lo financiero: desde la imposición de trabas para emitir deuda en mercados internacionales hasta eventuales restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios argentinos, incluyendo la revocación de visas.
Para el gobierno de Javier Milei, que busca posicionar a la Argentina como destino confiable para capitales extranjeros, el caso YPF se transforma en un test clave de seguridad jurídica y credibilidad internacional.

Si la Corte de Apelaciones concede la suspensión, la definición final se trasladará a septiembre, tras las elecciones legislativas nacionales. Allí se evaluará de fondo si la orden de Preska de entregar las acciones es legalmente procedente.

En paralelo, el resultado marcará un precedente para futuras disputas sobre activos estratégicos de empresas con participación estatal, en un contexto en el que Argentina enfrenta litigios internacionales por otros sectores clave como energía, infraestructura y deuda soberana.

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YPF y el oro del Banco Central: el juicio que amenaza con exponer activos argentinos en el exterior

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En una audiencia cargada de tensión, la jueza Loretta Preska exigió al Estado argentino entregar correos, chats y documentos de los últimos dos ministros de Economía. Los demandantes quieren probar que Argentina y YPF son un mismo ente para embargar activos, incluidos los depósitos de oro del Banco Central en el exterior.

El caso YPF: una década de litigio y un fallo millonario en juego

El juicio por la expropiación de YPF continúa escalando en complejidad y riesgo para el país. Argentina fue condenada en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos a litigar por la falta de oferta pública a los accionistas minoritarios en 2012. La sentencia está apelada, y recién en octubre la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York escuchará los argumentos orales.

Mientras tanto, en la última audiencia celebrada en el tribunal de la jueza Loretta Preska, los abogados de Burford insistieron en acceder a información que vincule directamente al Estado con YPF bajo la figura de “alter ego”. El objetivo es claro: extender el alcance de un eventual embargo a activos del Tesoro, empresas estatales y hasta el Banco Central.

El oro del Banco Central, en la mira

Uno de los puntos más polémicos fue el pedido de documentación sobre el oro del Banco Central que fue enviado al exterior durante 2023. Burford pretende conocer su ubicación para poder ejecutarlo como parte del cobro de la sentencia.

El abogado Seth Levine, representante de los demandantes, apuntó directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien en declaraciones públicas habló sobre esa operación: “Quiero saber quién sabe sobre el oro. Ya dije quién es: Luis Caputo, porque habló en los medios”, sostuvo Levine, reclamando acceso a sus correos y mensajes privados.

La defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, argumentó que el BCRA es una entidad independiente y que los dichos de Caputo fueron meramente informativos. Pero Preska rechazó esa posición y advirtió que el ministro puede ser citado a declarar si no entrega los datos. La jueza fue contundente: “No acepto esa excusa. Caputo debería figurar como fuente de información. Si no lo hace, lo analizaremos”.

El avance sobre activos y la tensión por la soberanía

El reclamo por el oro no es un hecho aislado. Burford también solicitó detalles sobre cuentas bancarias, fideicomisos, relaciones financieras con China y futuras privatizaciones, lo que muestra el alcance de su estrategia para localizar activos embargables.

La defensa argentina alertó que el interrogatorio a altos funcionarios podría vulnerar principios de soberanía. Pero para Preska, el incumplimiento de la sentencia amerita medidas excepcionales: “Los ganadores deben cobrar o el Estado debe negociar”, sostuvo.

La jueza también rechazó que la información solicitada tenga carácter secreto por defecto, exigiendo que Argentina justifique por qué ciertos documentos deberían quedar protegidos. Este punto aumenta el riesgo de exposición de comunicaciones sensibles del Gobierno.

La escalada del caso YPF expone a Argentina a un doble riesgo: el financiero, por una condena que compromete más de USD 16.000 millones, y el institucional, por la posibilidad de que activos estratégicos en el exterior queden embargados.

La ofensiva de Burford apunta a quebrar la barrera entre YPF y el Estado, una estrategia que, de prosperar, podría abrir la puerta a embargos sobre reservas del Banco Central y otros activos públicos. La audiencia también reveló el creciente fastidio de Preska con la falta de respuestas del país, lo que presiona al Gobierno a acelerar una estrategia de defensa o avanzar hacia una negociación.

En el plano político, la tensión entre preservar activos soberanos y cumplir con la justicia internacional plantea un dilema delicado. La audiencia no solo fue un capítulo más en el juicio por YPF: fue una advertencia de que el costo de no cerrar este frente podría ser mucho mayor.

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