El Gobierno redefine convenios de obra pública provincial tras la disolución del Fondo Fiduciario
El Gobierno nacional oficializó la Resolución Conjunta 1/2025 (RESFC-2025-1-APN-SLYA#MEC), que redefine el mecanismo de ejecución y control de convenios de infraestructura con provincias y municipios tras la disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). La norma, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial, asigna a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y a la Secretaría de Provincias y Municipios de la Jefatura de Gabinete la continuidad de los pagos, la supervisión técnica y la cobranza de créditos vinculados a obras en curso.
Fin del Fondo Fiduciario y reasignación de funciones
El FFFIR, creado por la Ley 24.855, fue disuelto en julio de 2025 mediante el Decreto 463/2025, en línea con la política de racionalización de fondos fiduciarios impulsada por el Ministerio de Economía. A partir de esa decisión, el propio ministerio fue designado continuador de los contratos y convenios firmados con provincias y entidades descentralizadas, delegando estas funciones en dependencias de nivel secretaría.
Con la Resolución 1121/2025, se había encomendado a la Secretaría Legal y Administrativa (SLA) la administración de los compromisos pendientes. Ahora, la nueva resolución conjunta establece un esquema de coordinación interinstitucional para garantizar la continuidad de desembolsos, la gestión de cobranzas y la evaluación de convenios provinciales.
La medida busca evitar un parate en la ejecución de proyectos de infraestructura regional mientras se realizan las adecuaciones presupuestarias necesarias para integrar estos compromisos al presupuesto nacional.
Procedimiento de pagos y control de convenios
El Artículo 1° de la resolución dispone que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, dependiente de la Secretaría de Provincias y Municipios, será la encargada de aprobar y remitir las solicitudes de pago correspondientes a:
- Certificados de avance de obras.
- Redeterminaciones de precios.
- Anticipos financieros.
- Certificados de acopio.
Estos documentos deberán ser elevados a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial (SLA – Ministerio de Economía), que tendrá a su cargo el trámite administrativo y la emisión de la instrucción de desembolso.
Asimismo, la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias podrá proponer la continuidad, reformulación o rescisión de convenios, en base a informes técnicos que fundamenten la decisión.
El Artículo 3° faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a realizar la gestión de cobranzas de los créditos otorgados a provincias en el marco del ex FFFIR.
La medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
La resolución responde a la necesidad de garantizar que los compromisos asumidos bajo el FFFIR —un fondo clave para la financiación de infraestructura provincial— no queden en un limbo jurídico tras su disolución. El esquema definido establece una doble intervención:
- Política y técnica: a cargo de la Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Provincias y Municipios.
- Administrativa y financiera: en manos del Ministerio de Economía, vía la Secretaría Legal y Administrativa.
De esta forma, se asegura la continuidad de desembolsos a provincias mientras se revisan y redefinen las condiciones de los convenios.
Para las administraciones provinciales, el nuevo esquema implica una centralización más estricta en el Ministerio de Economía, lo que puede derivar en mayores controles sobre la ejecución y la rendición de cuentas de los proyectos.
En adelante, cada convenio en ejecución podrá ser evaluado caso por caso, lo que abre la posibilidad de reformular proyectos en función de las prioridades del Ejecutivo nacional y de las restricciones fiscales.
Los gobiernos provinciales estarán obligados a presentar informes técnicos sólidos para justificar la continuidad de las obras, en un contexto de ajuste presupuestario y revisión de gastos.
El nuevo procedimiento también refuerza la capacidad del Estado nacional para recuperar créditos pendientes de provincias, un punto sensible dado el volumen de financiamiento que el FFFIR había canalizado en los últimos años.
El desafío será mantener la ejecución de obras estratégicas en el interior sin que el proceso administrativo ralentice los desembolsos, un aspecto que será seguido de cerca por los gobernadores en la relación con la Casa Rosada.
