Franco Macri

Diputado radical defiende la condonación de deuda a Franco Macri por el Correo Argentino

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El diputado nacional Luis Pastori, de la alianza Cambiemos, salió en defensa de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de condonar la deuda de Correo Argentino, propiedad de Franco Macri -el padre del Presidente- y acusó a la Fiscal General Gabriela Boquin, quien denunció un intento de defraudación al Estado, de actuar como “un elefante en un bazar”.

Pastori sostuvo que la fiscal hizo “mal las cuentas” para arribar a una pérdida para el Estado de 70 mil millones de pesos con la condonación de deudas que aceptó el Gobierno nacional en el conflicto con Correo Argentino.

“Imagine que usted llega al banco para hacer un depósito de $1.000. Ve en la pizarra que la tasa es de 1,46% mensual y decide que le conviene. Al mes siguiente, usted tiene $1014.6 y vuelve al banco y decide dejar todo el dinero otra vez, al 1.46% mensual. Imagine entonces que el banco le dice “yo le voy a pagar intereses solamente sobre los $1.000, porque los $14.6 ya son intereses y usted no puede cobrar intereses sobre intereses“. Sería absurdo ¿no? porque usted está dejando $1014.6 y ese es el nuevo capital. Este es el principio del interés compuesto: los intereses se pagan sobre los intereses que se acumulan. Y por esa razón hay gente que pone la plata en plazos fijos de renovación automática: los intereses se suman como capital sin que usted agregue más plata, la que se acumula sola con el paso del tiempo”, relató Pastori.

“Ahora imagine que usted llega al banco y pide un préstamo de $1.000 al 1.46% mensual a 15 años, equivalente al 19% anual. Usted seguro pregunta cuanto pagaría al final del periodo para saber de cuánto serían las cuotas. Imagine que le dicen que no importa lo que usted vaya pagando porque la deuda se acumulará igual, con lo que usted siempre debería el total con intereses acumulándose. Sería absurdo ¿no? porque si usted paga, los intereses se cobran sobre lo adeudado solamente. Ese es el principio del interés simple”, enumeró el contador.

Ahora imagine que esta última barbaridad la avalara una Fiscal General de la Nación. Y no solamente lo dijera por escrito, sino que lo dijera a la prensa. Y que el caso fuera nada más ni nada menos que sobre una deuda del padre del Presidente de la Nación. El escándalo de esa deuda mal calculada sería mayúsculo. Esto es lo que pasó: la señora hizo mal las cuentas o no supo verificar la que le informaron. No supo qué fórmula usar. Usó la fórmula del interés compuesto cuando tenía que usar la del interés simple. Y así llega a los supuestos $70.000 millones. Si usted va a tomar un crédito por $4.000 pesos ¿le parece razonable tener que devolver $70.000? ¿Y más cuando le dicen que la tasa es fija del 19% anual? A ojo, cada cinco años se duplica… en 15 años no pueden ser más de $12.000″, afirmó.

En manos de estos elefantes estamos. Entran al bazar sin mirar que alrededor hay cristalería. Entra una fiscal, hace mal las cuentas, lo publica la prensa y el daño es inconmensurable. Porque más allá de los números, la deuda del Correo y los argumentos técnicos jurídicos de los intereses y el acuerdo en una quiebra, quien defiende nuestros intereses como sociedad no distingue las fórmulas del interés simple y del compuesto y cuándo usar cada una. Lamentable que el Ministerio Público Fiscal no tome medidas por sí para aclarar una situación generada por alguien que dejó por escrito la prueba de su impericia y falta de sentido común”, acusó.

La fiscal general Gabriela Boquín consideró que, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación.

Pese a los argumentos en defensa de la operación esgrimidos por Pastori, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó hoy una denuncia penal basada en los dictámenes que le remitiera la Fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, relacionada con el acuerdo arribado en el concurso preventivo del Correo Argentino S.A. Además, requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación la apertura de un sumario administrativo en el que solicitó ser tenido como parte acusadora y una auditoría general sobre la actuación de los abogados del Estado durante todo el proceso concursal que lleva más de quince años.

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Oficina Anticorrupción abrió expediente por el acuerdo entre Gobierno y Correo Argentino

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La Oficina Anticorrupción (OA) abrió un expediente para analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará los oficios correspondientes “fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente” y pedir “información a los funcionarios involucrados”, y luego “hacer el análisis que corresponde y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar la Justicia quizás en algún momento”, consignó la titular del organismo, Laura Alonso, en declaraciones a una radio porteña.

La polémica se desató luego de que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse “por abusiva” la propuesta realizada por la empresa Correo Argentino S.A, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado Nacional, en el marco de un concurso preventivo.

La decisión de la fiscal tuvo lugar luego de que el Gobierno avalara una nueva oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.

Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.

Por ese acuerdo, Macri y varios funcionarios fueron denunciados bajo la acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Según Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse “abusivo”, ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

El Estado era el principal acreedor de Correo Argentino S.A. por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia.

Luego de la quiebra, el servicio volvió a quedar en manos del Estado, que se encargó de repartir sobres y bultos en todo el país.

La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), el cual toma como base la fecha en que se inicia el concurso el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.

La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y matemático, el cual da que al año 2033 esa deuda que era de 296 millones, actualizando los índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a 71.000 millones de pesos.

Con lo cual, la oferta que hizo el Correo Argentino al Estado nacional, incluye una quita de 70 mil millones, es decir del 98 por ciento.

En la audiencia del 28 de junio, hubo dos propuestas del Correo Argentino S.A para saldar la deuda.

La primera consistía en el pago del 100 por ciento del capital verificado y/o declarado admisible, que sería abonado en 19 cuotas anuales y consecutivas, más una cuota de intereses del 6 por ciento anual, la cual fue rechazada.

La segunda consistía en el pago del 100 por ciento del capital verificado y/o declarado admisible, en 15 cuotas anuales y consecutivas más una cuota de intereses del 7 por ciento anual.

Para la Fiscalía, las dos propuestas son inadmisibles, al argumentar que “a primera vista, la nueva propuesta recepta los requerimientos del Estado Nacional en tanto ´mejora´, literalmente, tanto el ´plazo de pago´ (de 19 cuotas, pasa a proponer 15 cuotas anuales y consecutivas) como la tasa de ´interés´ (del 6 por ciento anual, propone ahora aplicar un 7 por ciento anual)”.

“Sin embargo, un pormenorizado análisis económico nos lleva a una conclusión diferente: la propuesta no implica mejora alguna. Ello, vicia el consentimiento prestado, convirtiendo el acto en arbitrario e irrazonable, pues no cuenta con fundamentación suficiente que amerite evaluar el cambio de la decisión estratégica del Estado además de carecer de un soporte técnico que lo avale”, agregó la Fiscalía.

Tras desatarse la polémica, el Gobierno salió a defender el acuerdo , al asegurar que se trató de un procedimiento “transparente” y que no se le perdonó “ni un mango” al Correo Argentino.

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El Gobierno se defiende: “A Franco Macri no le perdonó un mango”

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Fue lo que aseguró el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoro. Otras voces del oficialismo.

Tras conocerse el millonario acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por una deuda que se generó cuando el Grupo Macri manejaba la compañía, algunos miembros del oficialismo salieron a defender la decisión de la condonación de la deuda.

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, aseguró en declaraciones a radio Nacional: “A Macri (por Franco) no le perdonó un mango, ni siquiera los intereses”.

“Lo que hay que tener en cuenta es que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses”, expuso Mocoroa, quien precisó que en 2001 el pasivo con el Estado ascendía a $296 millones y que tras la llegada de Cambiemos al poder se acordó una transacción por $600 millones.

Otro que salió en defensa del Presidente fue el diputado nacional por el PRO Luciano Laspina al asegurar que no se trató con preferencia al padre del jefe de Estado: “No hay en ningún lugar del Gobierno vocación de estar buscando favoritismo, está concentrado en gobernar y hacer las cosas bien”, a la vez que consideró que “a veces la información llega con algún detalle parcial, que genera ruido”.

En declaraciones a radio 2 de Rosario, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja señaló que no conoce los detalles del acuerdo porque “no es algo que haya tenido tratamiento legislativo” y también sostuvo que no tiene claro “que la estructura societaria del Correo responda directa o indirectamente al presidente de la Nación”, Mauricio Macri.

Ayer se conoció que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.

La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Estos números responden a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

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