GASTO SOCIAL

Caputo confirmó superávit fiscal del 1,4% del PBI en 2025 y destacó un hito histórico

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el año 2025 finalizó con un superávit fiscal primario de $11,7 billones, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), y un superávit financiero de $1,45 billones, equivalente al 0,2%. El dato marca un hito fiscal: es la primera vez desde 2008 que la Argentina logra dos años consecutivos de superávit financiero base caja, cumpliendo además con la totalidad de los servicios de la deuda pública.

El anuncio fue realizado este viernes a través de la red social X por el titular del Palacio de Hacienda, quien subrayó la relevancia institucional del resultado en el marco del programa económico vigente y de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Resultado fiscal 2025: cifras, estacionalidad y un hito histórico

El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.76 billones y un superávit financiero de $1.45 billones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente”, destacó Caputo en su publicación. En el mismo mensaje, remarcó que se trata de “la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008”.

El ministro aclaró que el cierre positivo del año se dio a pesar de la estacionalidad negativa del último mes. En diciembre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2,87 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, un comportamiento habitual por el patrón de ejecución del gasto hacia fin de año.

No obstante, Caputo puso énfasis en el carácter estructural del resultado anual: “Es la primera vez de la serie histórica que comienza en 1993 que se obtiene este resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

Metas con el FMI y lectura del resultado fiscal

El desempeño fiscal de 2025 también se analiza en función del acuerdo con el FMI. Según el staff report del organismo correspondiente a julio, tras la primera revisión del programa, la meta nominal fijada para la Argentina era de $10,4 billones de superávit primario, objetivo que fue superado por $1,3 billones.

En términos del PBI, la meta indicativa había sido establecida en 1,6%, por lo que el resultado de 1,4% quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo. Sin embargo, fuentes del mercado consideran previsible que el organismo dé la meta por cumplida, dado que el criterio central es el objetivo nominal.

De hecho, Caputo recordó que los funcionarios del área de Finanzas manejaban internamente una meta equivalente al 1,3% del PBI, consistente con los $10,4 billones exigidos por el Fondo en relación con el PBI efectivo. La diferencia se explica, en parte, por la inflación del 31,5%, que elevó el PBI nominal por encima de lo previsto a mediados de año.

Ajuste del gasto, suba del gasto social y baja de impuestos

El ministro de Economía defendió la estrategia fiscal señalando que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior en términos reales al de 2023. Según explicó, la consolidación fiscal se logró “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, detalló que el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales, al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Ese refuerzo llevó a que dichas transferencias representaran el 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% registrado en diciembre de 2023.

Caputo también vinculó el superávit fiscal con una política activa de reducción de la presión tributaria. Según indicó, desde 2024 la baja de impuestos acumulada ya supera el 2,5% del PBI, e incluye la eliminación del Impuesto PAÍS, la reducción o eliminación de derechos de exportación e importación en numerosas posiciones arancelarias, la baja de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

En esa línea, recordó que en diciembre de 2025 se concretó una nueva reducción de derechos de exportación: dos puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada, y un punto para los complejos maíz, sorgo y girasol.

El ancla fiscal y la mirada de los analistas privados

Caputo ratificó que el ancla fiscal continúa siendo “un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión” y afirmó que este principio quedó cristalizado en el Presupuesto 2026. Según el ministro, el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán profundizar la devolución de recursos al sector privado mediante nuevas reducciones de impuestos.

Desde el sector privado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aportó una lectura técnica del resultado. El organismo señaló que, en comparación con 2024, el superávit primario cayó 0,43 puntos porcentuales del PBI y el superávit financiero se redujo en 0,13 puntos, desde niveles de 1,8% y 0,3% del PBI, respectivamente.

El informe precisó además que los intereses pagados registrados sobre la línea, sin considerar los intereses capitalizados, equivalieron al 1,2% del PBI. Según el IARAF, “la dinámica de ingresos influenciada por la baja de impuestos y la suba real del gasto en jubilaciones y prestaciones determinó un empeoramiento relativo” frente al año previo.

Un dato clave para la política económica

El cierre fiscal de 2025 con superávit consolida uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno y se proyecta como un elemento clave en la relación con el FMI, el mercado financiero y los actores económicos locales. Más allá de las diferencias en la lectura técnica, el dato refuerza el rol del equilibrio fiscal como ancla macroeconómica y como señal política en un contexto de reformas estructurales y redefinición del rol del Estado.

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Ajuste, deuda y gasto social: las alertas de CIFRA sobre el Proyecto de Presupuesto 2026

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Presupuesto 2026, el informe de CIFRA advierte una profundización del ajuste, recortes históricos en gasto social y una estrategia fiscal con desequilibrios ocultos

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 consolida el fuerte ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido en 2025, en un contexto marcado por la ausencia de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso en esos dos ejercicios. Así lo señala un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), que advierte una caída real del 24,2% del gasto de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, último año con presupuesto sancionado, junto con recortes aún más severos en funciones clave del Estado y una estrategia fiscal que, según el análisis, oculta desequilibrios relevantes vinculados a la deuda y a la política tributaria.

El trabajo sostiene que el proyecto enviado al Congreso no solo legaliza el ajuste ya ejecutado, sino que proyecta su profundización, con impactos económicos, sociales e institucionales de largo alcance, en un escenario de estancamiento económico y fragilidad financiera.

Un Estado desfinanciado y recortes sin precedentes en funciones clave

De acuerdo con CIFRA, el total del gasto previsto para 2026 implica una contracción real del 24,2% frente a 2023, tomando como referencia la inflación proyectada en el propio Presupuesto. Sin embargo, la magnitud del ajuste es significativamente mayor en áreas centrales de la política pública. El informe detalla caídas reales del 45,3% en Educación, del 98,1% en Vivienda y Urbanismo, del 86,5% en Agua Potable y Alcantarillado y del 71,5% en Promoción y Asistencia Social.

El resultado, según el centro de estudios, es “un Estado progresivamente desfinanciado” y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos básicos. En particular, el presupuesto educativo alcanzaría en 2026 apenas el 0,75% del PBI, menos de la mitad de lo que representaba en 2015 y con una disminución real del 45,3% respecto de 2023. Si se excluye el financiamiento a las universidades nacionales, la caída asciende al 70,1%.

El ajuste también se refleja en los gastos en personal, consolidando, según CIFRA, un proceso de degradación del empleo público iniciado en 2024, profundizado en 2025 y ahora formalizado en el proyecto de ley. Mientras algunos organismos muestran aumentos reales en sus partidas de personal, una amplia mayoría registra recortes de dos dígitos y, en algunos casos, la eliminación total de asignaciones.

Meta fiscal, deuda y recaudación: los supuestos bajo cuestionamiento

El Proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero equilibrado (0% del PBI). Para CIFRA, esta meta fiscal opera como eje rector de toda la política económica, pero se apoya en supuestos que no están explicitados en el texto legal.

El informe advierte, en primer lugar, que el resultado financiero no contabiliza plenamente los intereses de la deuda, debido a una estrategia de capitalización. Según CIFRA, si esos intereses se registraran como devengados —tal como exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe— el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit superior a los 2 puntos del PBI, en lugar del equilibrio proyectado.

En segundo término, el análisis subraya el impacto fiscal de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos, como las rebajas en retenciones a las exportaciones y las propuestas de alivio en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias de grandes empresas. Estas medidas, que no estarían plenamente contempladas en el proyecto, obligarían a un ajuste aún mayor del gasto primario para alcanzar la meta fiscal. CIFRA estima que el esfuerzo fiscal asociado a estas rebajas se acerca al 1% del PBI, unos 6.000 millones de dólares.

A ello se suma un escenario macroeconómico que el informe considera excesivamente optimista. El Presupuesto proyecta una expansión del PBI que, según CIFRA, difícilmente se concrete, dado el estancamiento que muestra la economía desde febrero y sus efectos negativos sobre la recaudación tributaria.

Sin programa financiero frente a una crisis de deuda

Otro de los puntos críticos señalados por CIFRA es la ausencia de un programa financiero claro para enfrentar los vencimientos de deuda externa pública previstos para 2026. Según el informe, esos compromisos ascienden a 35.597 millones de dólares, entre capital e intereses, mientras que la emisión neta de deuda en moneda extranjera proyectada es “sumamente reducida”.

En un contexto de reservas internacionales netas negativas y con un déficit comercial proyectado de 5.752 millones de dólares para 2026, el centro de estudios advierte que el Presupuesto no ofrece respuestas consistentes frente a la problemática de la deuda, lo que agrega incertidumbre macroeconómica y financiera al escenario planteado.

En conjunto, CIFRA concluye que el Proyecto de Presupuesto 2026 no solo consolida el ajuste ejecutado en los últimos dos años, sino que lo institucionaliza, con fuertes recortes en el gasto social, una estrategia fiscal condicionada por supuestos cuestionables y una falta de definiciones clave en materia de deuda. Un diagnóstico que anticipa un debate intenso en el Congreso y posibles reacciones de los sectores más afectados por la reducción del gasto público.

Las alertas de CIFRA sobre el Presupuesto 2026 by CristianMilciades

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Presupuesto 2021: sigue la inequidad con Misiones

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La escasa generosidad del proyecto de presupuesto nacional para con Misiones, obliga a fortalecer la demanda de la Provincia para ser considerada una zona libre de impuestos, que permita aumentar la productividad y bajar los costos de logística para un desarrollo interno que equilibre años de inequidades. El proyecto diseñado por el ministro Martín Guzmán lejos está de inclinar la balanza hacia Misiones y repite la histórica concentración con la Capital Federal como el distrito donde más aumentarán los recursos, seguida de cerca por Santa Cruz. Por el contrario, la tierra colorada con un presupuesto asignado de 113.799.868.842 pesos, apenas 16.073.768.680 más que este año, es la tercera provincia donde menos crece la proyección de recursos nacionales. 

El proyecto de Presupuesto asigna para Misiones asciende a $113.779,9 millones: solo un 16,4% más que el presupuesto 2020 y cerca de la mitad de la inflación proyectada para 2020 -la de 2021 está pensada en 29%-, teniendo así el tercer incremento más bajo de todo el país, solo superando a Formosa (+14,7%) y Santiago del Estero (+15,8%).

De ese total, el 93% corresponde a Gastos Corrientes, que crecerán solo un 19,6%, y se explica por la caída estimada en las Transferencias Corrientes. 

Este punto ha tenido un alto incremento en 2020 a partir de la asistencia financiera del Estado nacional a las provincias por la emergencia provocada por el Covid19. Por ende, y asumiendo un contexto menos perjudicial para las provincias en este punto, la proyección de transferencias para el 2021 muestra una caída del 6,7% (totalizando $32.696 millones) respecto al crédito vigente presupuestario 2020 para Misiones. Dentro de los gastos corrientes, los de consumo crecen 26,8%, las prestaciones de seguridad social (la partida más importante en este punto) 38,3%, y los gastos de impuestos directos +72% (pero con valores absolutos muy marginales), señala un estudio de la consultora Politikon Chaco.

El Gasto de Capital explica el 7% del total del gasto asignado, y crece un 61,5% respecto a 2020. Si bien el alza parece ser importante, es notoriamente inferior a la gran mayoría de las provincias: sólo en el NEA, Corrientes tendrá un incremento del 364,2% en esta partida, Chaco +208,6% y Formosa menos que Misiones (+60,1%). De esta forma, Misiones queda muy relegada en los proyectos de inversión pública nacional: es la provincia con el cuarto menor incremento en el país. En términos absolutos, el gasto de capital presupuestado para 2021 para Misiones es de $7.995 millones, mientras que, en comparación, para Corrientes será por $12.553 millones; y para Chaco unos $15.005,9 millones 

En este punto, las transferencias de capital tendrán un incremento del 85% y la inversión real directa de apenas el 26,6%. 

Si analizamos el presupuesto de gasto asignado a Misiones para 2021 por la finalidad, la de Servicios Sociales se llegan casi todo el gasto: representa el 91,6% del total, alcanzando los $104.253 millones y con eso se prevé que crezcan solo un 22,6% respecto a 2020. Los servicios de Administración Gubernamental muestran un incremento del 81%; los servicios de Seguridad y Defensa un alza del 24,7%, pero los Servicios Económicos (donde los subsidios cobran gran relevancia) muestran una caída del 35%, por lo cual abre la inquietud sobre qué pasará con los subsidios a tarifas de servicios públicos en la provincia para el año que viene. 

Una de las preguntas que responde el proyecto de Presupuesto es cómo financiar el gasto. Para el caso del asignado a Misiones, el 96% serán con fuentes internas y el 4% restante con crédito externo, que totalizaría $4.511 millones y muestra un incremento del 308,5%, muy por encima del resto de los ítems de las fuentes de financiamiento. La mayor parte de este crédito externo está representando en la CAF y el BID para proyectos de infraestructura e inversión social. 

¿Qué obras se proyectan realizar en 2021?

Volviendo a la cuestión del gasto de capital, Misiones se ve fuertemente perjudicada en la asignación, sin que existiese un criterio claro para ello. No se logra entender con precisión como dos provincias vecinas tienen tantas diferencias en la asignación de recursos de inversión (Corrientes crece 364,2% y Misiones solo 61,5%). De hecho, históricamente Misiones y Chaco lideraban en el NEA en cuanto a las asignaciones de partidas presupuestarias para gasto de capital, y ahora Misiones pasaría a quedar tercera en el NEA, más cerca de Formosa (que se ubica última) que de Chaco que se ubica primera.

Para verlo en números absolutos: Chaco tendrá $7 mil millones más que Misiones para inversión de capital; y Misiones apenas $2.550 millones más que Formosa, que tiene la mitad de habitantes. 

En el proyecto de Presupuesto 2021, la obra de mayor envergadura (en términos de financiamiento) en Misiones sería la Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105, para la cual se destinarían $ 441.224.026,0 a través de recursos de afectación específica; le sigue la obra de Ampliación del Sistema de Agua Potable – Segunda Etapa – Jardín América, por $ 382.320.684,0, a ejecutar por el ENOHSA con financiamiento del Tesoro Nacional; y la Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá por $ 306.052.715,0, también a manos de ENOHSA y con financiamiento del Tesoro Nacional. 

Hay otros cuarenta proyectos presupuestados 

Otros datos de interés de gasto presupuestario nacional en Misiones

  • Por “Relaciones con las provincias y Desarrollo Regional” (programa bajo el cual se da auxilio financiero a los gobiernos provinciales) para Misiones se proyecta un gasto de $47,6 millones.
  • Programa de Apoyo a la ejecución de PROCREAR: $88,1 millones
  • Apoyo para el Fideicomiso de vivienda social: $720,3 millones
  • Asistencia financiera para pago de salarios de docentes y directivos: $1.998,4 millones
  • Asistencia financiera para pago de salarios de personal no docente: $1.065,8 millones
  • Becas Progresar: $357,9 millones
  • Fondo Nacional de Incentivo Docente: $1.408,8 millones
  • Programa de Recuperación Productiva (REPRO): $37,1 millones
  • Pago de jubilaciones por régimen de reparto: $15.303,3 millones
  • Pago de jubilaciones de Reparación Histórica: $1.461,9 millones
  • Pago de jubilaciones por Moratorio Previsional: $22.736,9 millones
  • Pago de Asignaciones familiares varias: $15.585,6 millones
  • Pago de seguro de desempleo: $349,3 millones
  • Pago de Pensiones No Contributivas: $5.681,4 millones
  • Gasto por Tarjeta Alimentar: $3.663,7 millones
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Macri aumentó el presupuesto en $128.000 millones para subsidios y gasto social

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El Gobierno incrementó el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Secretaría de Energía y el Ministerio de Transporte para cumplir con el aumento en las asignaciones y las jubilaciones, subsidios a compañías y compras de energía.
El decreto 193/2019, publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma de Mauricio Macri y 11 ministros, también determinó un aumento en la partida del Tesoro Nacional para atender a las provincias, la de la Corte Suprema de Justicia e Integración Energética Argentina (Ieasa) para la compra de gas a Bolivia. En total, implicó una modificación presupuestaria por $ 127.892 millones.
Con el objeto de atender el aumento de 46% en el monto de la Asignación Universal por Hijo e Hijo con Discapacidad para Protección Social y de la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir de este mes y en concepto de adelanto de las movilidades previstas para este año, se amplió el presupuesto de Anses en $ 27.728 millones.
Además incrementó en $ 6.500 millones el presupuesto del Ministerio de Transporte a los fines de reforzar los créditos correspondientes a las transferencias para el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior.
Asimismo, reforzó en $ 63.000 millones el presupuesto previsto para las Obligaciones a Cargo del Tesoro con el fin de atender obligaciones con las jurisdicciones provinciales.
También indicó que el incremento del diferencial entre la tasa de interés Badlar y el 12% previsto en la Ley 27.260 provocó un aumento en el monto del subsidio en favor de las provincias e hizo necesario incrementar el presupuesto de la Anses a fin de reflejar mayores ingresos por rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).
En tanto, consideró necesario reforzar en $ 350 millones el presupuesto vigente de la Corte Suprema de Justicia para afrontar sus gastos de funcionamiento y el financiamiento del Cuerpo Pericial Médico especializado en Accidentes de Trabajo.
Por otra parte subrayó que a raíz de la reciente renovación del acuerdo por la importación de gas entre la Argentina y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos resulta necesario otorgar avales por u$s 247 millones a favor de Ieasa, unos $ 10.314 millones.
Además, precisó que corresponde facultar a la Secretaría de Hacienda para la emisión y colocación de Letras del Tesoro por $ 20.000 millones para ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos y por la importación de energía eléctrica por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
El decreto lleva la rúbrica de Macri, Marcos Peña, Nicolas Dujovne, Rogelio Frigerio, Guillermo Dietrich, Dante Sica, Germán Garavano, Patricia Bullrich, Carolina Stanley, Alejandro Finocchiaro, Jorge Faurie y Oscar Aguad.

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