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Milei: “Bajar impuestos es devolver propiedad privada”

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El presidente Javier Milei volvió a ubicar la desregulación y la baja de impuestos en el centro de la narrativa económica oficial. Este miércoles, durante una visita al Centro de Monitoreo de Transacciones de Visa en Argentina, sostuvo que “cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”, en un discurso que buscó conectar la agenda de reformas del Gobierno con nuevas inversiones en el sistema de pagos digitales.

El mensaje no fue casual. El mandatario participó del anuncio vinculado a la adquisición de Prisma, Upay y Texpert por parte de Visa, una operación que —según se explicó durante la presentación— apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales, incorporar tecnologías como tokenización y autenticación biométrica, y acelerar la adopción de soluciones para consumidores y comercios.

En ese marco, Milei utilizó el evento empresarial para reforzar un eje político central de su gestión: el vínculo entre liberalización económica, inversión privada y crecimiento.

Inversión privada y desregulación: el marco político del mensaje presidencial

Durante su exposición, el Presidente sostuvo que la inversión “fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y en beneficio para los consumidores”. En su interpretación, la expansión de la infraestructura de pagos digitales refleja el tipo de dinámica económica que el Gobierno busca promover.

“El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población”, afirmó. En esa línea, defendió el “capitalismo de libre empresa” como el sistema que permite ampliar oportunidades y mejorar la eficiencia en la circulación del dinero dentro de la economía.

El mandatario vinculó directamente la inversión de Visa con el marco regulatorio que impulsa el Ejecutivo desde el inicio de la gestión. “Semejante inversión se da en un contexto favorable para la iniciativa privada”, sostuvo, al tiempo que destacó el trabajo del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía para generar condiciones propicias para la actividad empresarial.

En términos conceptuales, Milei insistió en que la eliminación de regulaciones y la reducción de impuestos forman parte de un proceso de restitución de derechos económicos al sector privado. Según su definición, “cuando se desregula y se quitan impuestos, se le devuelve al sector privado la propiedad privada”.

Pagos digitales, crédito y circulación del dinero

El anuncio empresarial también fue utilizado por el Gobierno para subrayar el rol del sistema financiero digital en la economía. Milei señaló que mejorar la eficiencia en los mecanismos de pago permite que el dinero “fluya mejor entre las personas”, lo que —según su visión— facilita transacciones, crédito y actividad económica.

En ese sentido, sostuvo que un sistema financiero más dinámico puede ampliar el acceso al financiamiento. “El crédito se convierte en una poderosa herramienta de ascenso social”, afirmó, al explicar que permite acceder a recursos sin depender exclusivamente de avales tradicionales.

El Presidente planteó además una relación directa entre regulación estatal y costos económicos. “Regular y cercenar el comercio encarece el traspaso del dinero al añadir incertidumbre”, dijo, mientras que la apertura económica —según su argumento— reduce fricciones en el funcionamiento del sistema de precios.

La agenda de reformas del Gobierno

Más allá del anuncio empresarial, el discurso incluyó una señal política sobre el rumbo legislativo que el Gobierno busca consolidar. Milei adelantó que el Ejecutivo impulsará este año 90 proyectos destinados a construir lo que definió como la “arquitectura jurídica de la Argentina libre”.

El objetivo, según explicó, es establecer reglas económicas duraderas que garanticen “respeto por la propiedad privada” y estabilidad institucional durante décadas.

En ese marco, el Presidente también invitó a empresas internacionales a invertir en el país. “Quienes inviertan hoy tendrán la posibilidad de ser pioneros en este cambio de época”, afirmó.

Un mensaje dirigido al mercado y al Congreso

El escenario elegido para el anuncio combina señales económicas y políticas. La presencia del Presidente en una empresa global de pagos digitales busca mostrar confianza inversora en el proceso de reformas impulsado por el Gobierno.

Al mismo tiempo, la referencia a una agenda de 90 proyectos anticipa que el Ejecutivo pretende trasladar esa narrativa al terreno legislativo. La discusión sobre regulaciones, impuestos y apertura económica seguirá atravesando el debate político en los próximos meses.

La inversión en infraestructura financiera aparece así como un caso concreto que el Gobierno utiliza para respaldar su diagnóstico: menos regulación y menor carga impositiva como motores de inversión y competencia.

El desafío será observar si ese marco logra sostener nuevas decisiones empresariales y si la arquitectura legal que el Presidente propone logra avanzar en el Congreso. En la política económica argentina, la relación entre reformas, inversión y estabilidad sigue siendo una ecuación en permanente construcción.

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Caputo ratifica el esquema cambiario: apuesta a sostener el dólar sin sobresaltos y a bajar la inflación

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno continuará comprando dólares mientras no comprometa la estabilidad del tipo de cambio, sostuvo que la inflación de febrero perforará el 2,9% registrado en enero y descartó el envío de una ley integral de reforma tributaria al Congreso. En cambio, anticipó ajustes impositivos graduales, atados a la consolidación del superávit fiscal. El mensaje no fue técnico: buscó fijar expectativas en un momento donde el mercado mira reservas, el Congreso discute reformas estructurales y el frente externo suma incertidumbre. La pregunta es si la estrategia alcanza para sostener la calma cambiaria sin abrir nuevos frentes políticos.

Dólar bajo control y reservas en acumulación “inteligente”

Caputo defendió el esquema de bandas cambiarias y rechazó la idea de fijar un piso al dólar. “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso”, sostuvo. La señal apunta a evitar arbitrajes especulativos: si el mercado percibe un umbral garantizado, los exportadores retienen y la dinámica se tensa.

El ministro afirmó que hoy el equipo económico compra reservas entre cinco y seis veces lo comprometido con el FMI y que el objetivo es acumular “de manera inteligente”, considerando la demanda de dinero y la profundidad del mercado. En paralelo, remarcó que el cepo está levantado en un “90%” y que el Banco Central mantiene cautela para no desarmar de golpe los controles luego del “demasiado esfuerzo” realizado.

La arquitectura es clara: flotación administrada dentro de bandas, intervención prudente y acumulación sin fijar precios. Es una estrategia de equilibrio fino. Demasiada intervención puede erosionar credibilidad; demasiada libertad, disparar volatilidad.

Inflación y ancla fiscal: la promesa del “cero”

En materia de precios, Caputo anticipó que febrero cerrará por debajo del 2,9% de enero. No dio una cifra concreta, pero reforzó la idea de continuidad en el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés como anclas del proceso.

El horizonte político lo fijó el presidente Javier Milei, quien prometió que la inflación podría empezar con cero en agosto. Caputo relativizó el plazo —podría demorarse “algún mes”—, aunque sostuvo que el equipo trabaja para que ocurra. Más que un dato estadístico, la referencia a un dígito mensual inicial en cero funciona como meta simbólica: consolidar el giro macro y blindar capital político.

Sin ley de reforma tributaria: gradualismo por superávit

El ministro descartó el envío de una reforma tributaria integral al Congreso. La decisión no es menor. Implica evitar una negociación legislativa amplia y potencialmente conflictiva con la oposición. En su lugar, el Ejecutivo avanzará con reducciones impositivas selectivas, condicionadas a la consolidación del superávit fiscal.

La lectura es táctica: mantener la iniciativa sin abrir un frente parlamentario que pueda trabar la agenda. Al mismo tiempo, se preserva el discurso pro-empresa y se incentiva la inversión. Caputo estimó que existen cerca de US$170.000 millones “en los colchones” que podrían canalizarse hacia crédito productivo. Vinculó esa posibilidad con la aprobación de la reforma laboral y la Ley de Inocuidad Fiscal, orientadas —según dijo— a formalizar empleo y fortalecer el financiamiento interno.

Deuda, mercado y shock externo

Caputo también descartó un canje de los bonos con vencimientos en 2029 y 2030 emitidos en la reestructuración liderada por Martín Guzmán. Argumentó que, con una participación del 60%, el ahorro de flujos sería de apenas US$1.000 millones, insuficiente para justificar la operación. La decisión busca evitar ruido en el mercado de deuda y preservar previsibilidad.

En el frente externo, el ministro admitió que la situación en Medio Oriente constituye un “shock externo fuerte” que afecta la apertura de los mercados y tendrá consecuencias. Allí introdujo una clave conceptual: el “mejor escudo” frente a esos shocks es tener los fundamentos ordenados. El alineamiento internacional definido por Milei también fue respaldado explícitamente.

Correlación de fuerzas y agenda

La estrategia económica fortalece al Ejecutivo en tanto logre sostener la desaceleración inflacionaria y evitar sobresaltos cambiarios. Pero condiciona su margen político: sin reforma tributaria integral, el Gobierno dependerá de avances fragmentados y de la aprobación de reformas estructurales en el Congreso para consolidar el relato de normalización.

La oposición, por su parte, pierde terreno si la inflación continúa bajando, aunque conserva capacidad de presión en el plano legislativo. El mercado, mientras tanto, seguirá testeando la consistencia entre acumulación de reservas, flexibilización del cepo y estabilidad del tipo de cambio.

El Gobierno apuesta a que la disciplina fiscal y la prudencia cambiaria alcancen para atravesar la volatilidad global sin resignar la hoja de ruta. El desafío no es técnico sino político: sostener expectativas en un año donde cada dato macro impacta directamente en la arquitectura de poder.

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El Gobierno argentino celebra la muerte de Jamenei y se alinea con EE.UU. e Israel en medio de versiones cruzadas

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La Oficina del Presidente difundió este 28 de febrero un comunicado oficial desde Casa Rosada en el que celebra la eliminación de Ali Jamenei en una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. La declaración se produce mientras Washington da por muerto al líder supremo iraní y Teherán asegura que está “sano y salvo”. El posicionamiento argentino no es neutro: consolida un alineamiento internacional explícito y reabre la dimensión política del atentado a la AMIA.

La Argentina decidió tomar partido en una disputa geopolítica de alto voltaje. En un texto firmado por el Presidente, el Gobierno celebró la operación militar que —según Estados Unidos e Israel— eliminó al líder supremo de la República Islámica de Irán. El dato central es político: mientras Irán niega la muerte de Ali Jamenei, la administración argentina da por válida la versión estadounidense y la respalda públicamente.

No se trata de una declaración diplomática convencional. Es un gesto de alineamiento estratégico que vincula el escenario de Medio Oriente con una herida abierta en la política interna argentina: el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

El comunicado y su anclaje en la causa AMIA

La Oficina del Presidente afirmó que la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel culminó con la eliminación de Jamenei, a quien calificó como responsable de un régimen vinculado con el terrorismo internacional. El texto remite de manera directa al atentado contra la AMIA y sostiene que, según determinó la Justicia argentina, se trató de un acto planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá.

El Gobierno presenta la búsqueda de justicia por las 85 víctimas como “política de Estado” y la conecta con el escenario internacional actual. La construcción es clara: la caída del líder iraní no se lee solo como un hecho externo sino como parte de una secuencia histórica que involucra directamente a la Argentina.

Ese encuadre tiene implicancias institucionales. La administración nacional transforma un evento militar extranjero en un mensaje de reafirmación interna sobre la causa AMIA y la política exterior argentina. No es un comunicado técnico; es una señal política con memoria.

Versiones enfrentadas y disputa por la legitimidad

El pronunciamiento argentino se da en medio de versiones contrapuestas. El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo en sus redes que Jamenei no pudo eludir los sistemas de inteligencia y que fue eliminado junto a otros líderes. Medios israelíes citaron a altos funcionarios que afirman tener pruebas de la muerte.

Desde Teherán, en cambio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, declaró que el líder supremo y el presidente Masoud Pezeshkian están “sanos y salvos”. En una entrevista con ABC News Live, sostuvo que el sistema político iraní no depende de un solo individuo y que las fuerzas armadas llevan adelante acciones defensivas ante lo que describió como un acto de agresión.

En ese contexto de incertidumbre informativa, el Gobierno argentino optó por validar la versión estadounidense. La decisión no es menor: implica asumir un costo diplomático potencial frente a Irán y reforzar una alianza política con Washington y Tel Aviv.

Correlación de fuerzas y agenda interna

El movimiento fortalece el perfil internacional del Ejecutivo como aliado explícito de Estados Unidos e Israel. También puede impactar en la agenda legislativa y diplomática, en particular en todo lo vinculado con terrorismo internacional, cooperación en inteligencia y política exterior.

En el plano interno, la referencia a la AMIA reubica el tema en el centro del debate político. La causa fue históricamente atravesada por tensiones institucionales y controversias judiciales. Al vincular el presente geopolítico con ese antecedente, el Gobierno consolida una narrativa de continuidad en la búsqueda de justicia.

Sin embargo, el alineamiento no ocurre en un vacío. La oposición y distintos sectores políticos podrían evaluar el impacto diplomático y económico de una posición tan explícita en un conflicto de escala global. La política exterior también es política interna.

Un gesto estratégico en un escenario incierto

La declaración oficial abre interrogantes más amplios. ¿Se trata de un punto de inflexión en la política exterior argentina o de un gesto táctico en un contexto de fuerte polarización internacional? ¿Habrá consecuencias en términos de relaciones bilaterales o posicionamientos en foros multilaterales?

Por ahora, el hecho concreto es que el Gobierno decidió intervenir discursivamente en una disputa de alcance global, conectándola con una deuda histórica argentina. El desarrollo de los acontecimientos —y la confirmación o no de las versiones sobre la muerte de Jamenei— determinará si el movimiento consolida una estrategia de largo plazo o si expone nuevas tensiones en el tablero internacional.

La política, una vez más, se mueve en tiempo real.

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El Gobierno declaró terrorista a la Fuerza Quds y activó sanciones financieras

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El Gobierno nacional declaró oficialmente a la Fuerza Quds y a tres individuos vinculados a ese grupo como organización terrorista y dispuso su inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, anunciada el 17 de enero de 2026, consolida un giro institucional en la política de seguridad y relaciones exteriores de la Argentina, con impacto directo en los sistemas de sanciones financieras, cooperación internacional y control de flujos económicos asociados al terrorismo.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina y responde a una decisión adoptada por el presidente Javier G. Milei, en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. A partir de su entrada en vigencia, la Fuerza Quds queda formalmente alcanzada por mecanismos de sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de limitar su capacidad de acción y de financiamiento.

Fundamentos de la decisión y encuadre normativo

Según el comunicado oficial, la Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países. El texto recuerda que la República Argentina fue víctima de sus operaciones, al vincularla con el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y con el ataque a la AMIA en 1994.

Desde ahora, el grupo queda incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la aplicación de sanciones económicas y financieras, así como medidas destinadas a proteger el sistema financiero argentino de eventuales canales de apoyo o lavado de activos asociados a actividades terroristas.

El comunicado subraya que la decisión se inscribe en un esquema de coordinación interinstitucional y se apoya en instrumentos vigentes de prevención del financiamiento del terrorismo, reforzando la capacidad del Estado para actuar de manera preventiva y reactiva frente a amenazas de alcance transnacional.

Alcance institucional y efectos sobre el sistema financiero

Desde el punto de vista institucional, la inclusión en el RePET implica un endurecimiento de los controles sobre operaciones financieras, movimientos patrimoniales y eventuales vínculos económicos con las personas y entidades alcanzadas por la medida. El objetivo explícito es limitar la capacidad de acción y de financiamiento de la Fuerza Quds y de sus aliados, evitando que puedan utilizar el sistema financiero local para sostener o canalizar recursos.

En términos prácticos, el refuerzo de sanciones se traduce en restricciones operativas, mayor trazabilidad de fondos y coordinación con organismos nacionales e internacionales. Esto impacta directamente sobre entidades financieras, intermediarios y actores del mercado, que deben extremar los mecanismos de compliance y prevención de riesgos, bajo estándares alineados con las exigencias internacionales en materia de lucha contra el terrorismo.

Antecedentes y señal política internacional

El comunicado también hace referencia a uno de los individuos incluidos en el registro, Ahmad Vahidi, quien fue comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA, por el cual pesa una alerta roja de INTERPOL. A pesar de ello, señala el texto, el régimen iraní no solo no colaboró con su juzgamiento, sino que lo ascendió, designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En el plano político, el Presidente reafirmó el “compromiso inequívoco de reconocer a los terroristas como lo que son” y recordó que la Argentina ya adoptó decisiones similares frente a organizaciones como Hamás, el Cártel de los Soles y, más recientemente, los capítulos de Líbano, Egipto y Jordania de la Hermandad Musulmana. El mensaje refuerza una definición estratégica: el alineamiento con la civilización occidental, la defensa de los derechos individuales y de las instituciones democráticas, y la condena explícita a quienes buscan destruirlas mediante la violencia.

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“Principio de revelación”: Milei respaldó el fin del régimen de Maduro y marcó postura

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En un mensaje de alto voltaje político e institucional, el presidente de la Argentina, Javier Milei, se pronunció sobre lo que definió como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del ejército de Estados Unidos, y calificó el hecho como un punto de inflexión histórico para la región. Bajo el título de “Principio de Revelación”, el mandatario argentino celebró lo que consideró la caída de un “dictador narcoterrorista” y afirmó que la Argentina está dispuesta a colaborar en una transición hacia una Venezuela “libre, democrática y próspera”.

La declaración, difundida públicamente, expone con claridad la posición del Gobierno argentino frente al conflicto venezolano y consolida un alineamiento discursivo explícito en materia de política exterior, con implicancias políticas, diplomáticas y económicas a nivel regional.

“Principio de revelación”: democracia, libertad y una lectura binaria del escenario político

En su mensaje, Milei planteó que el acontecimiento permite identificar con claridad las posiciones de dirigentes y formadores de opinión frente a lo que definió como una disputa entre valores irreconciliables. “En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión”, sostuvo el Presidente.

El mandatario estableció una división tajante entre dos campos. Por un lado, ubicó a quienes defienden “la democracia, la vida, la libertad y la propiedad”, valores que —según afirmó— muchos dicen defender solo cuando les resulta conveniente. En contraposición, señaló a quienes considera “cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta”, a la que atribuyó haber sido “un cáncer para nuestra región”, vinculándola con el denominado Socialismo del Siglo XXI y sus consecuencias de “miseria y muerte”.

Aquí no hay medias tintas ni grises. Se está del lado del BIEN, o se está del lado del MAL”, afirmó Milei, y agregó que quienes no defiendan “con uñas y dientes la causa de la libertad” pasan a formar parte del problema y no de la solución.

Venezuela, transición política y rol de la Argentina

En uno de los tramos más relevantes del pronunciamiento, el Presidente argentino expresó de manera explícita su respaldo al desenlace que describió y su proyección hacia el futuro institucional de Venezuela. “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro”, afirmó.

Además, Milei sostuvo que la Argentina está lista para ayudar en la transición hacia una Venezuela libre, democrática y próspera, lo que introduce un componente activo de política exterior en el discurso presidencial. Si bien no se detallaron mecanismos ni alcances de esa eventual colaboración, la afirmación implica una toma de posición concreta frente a un proceso de reconfiguración política regional.

El mensaje concluyó con una consigna que se ha convertido en marca identitaria del oficialismo: “Viva la libertad, carajo”, reforzando el tono ideológico y confrontativo del pronunciamiento.

Impacto político e institucional del mensaje presidencial

La declaración de Milei no solo fija postura sobre la situación en Venezuela, sino que también interpela al sistema político y al debate público regional. La definición binaria entre democracia y dictadura, bien y mal, consolida una narrativa que trasciende lo diplomático y se inscribe en una visión ideológica del orden regional.

En términos institucionales, el mensaje anticipa posibles reacciones y tensiones en el plano internacional, al tiempo que refuerza el posicionamiento del Gobierno argentino en defensa explícita de la libertad económica y política como eje rector de su política exterior.

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