jue. Feb 5th, 2026

Guillermo Francos

Argentina obtiene préstamo del BCIE por USD 100 millones para reforzar la Prestación Alimentar

By Redacción Economis 4 meses ago
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Argentina asegura financiamiento por USD 100 millones del BCIE para reforzar la seguridad alimentaria

El Gobierno aprobó el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la cuarta fase del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Argentina. Los fondos estarán destinados principalmente a sostener la Prestación Alimentar y serán ejecutados por el Ministerio de Capital Humano.

Un préstamo clave para sostener políticas alimentarias

Mediante el Decreto 687/2025, publicado el 26 de septiembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Préstamo BCIE N° 2355, por el cual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgará hasta USD 100 millones a la República Argentina.

El financiamiento respaldará la continuidad del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Fase IV, cuyo objetivo es garantizar recursos para la Prestación Alimentar, una de las principales herramientas de asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad.

El programa se organizará en cuatro componentes: 1) Apoyo a la Prestación Alimentar, 2) Auditoría Externa, 3) Imprevistos y 4) Comisión BCIE. La ejecución quedará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.

Condiciones financieras y marco institucional

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó la operación y concluyó que el préstamo tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, al considerarlo consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas.

En paralelo, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que el costo financiero resulta inferior al que el país podría obtener en el mercado, lo que justifica el acuerdo en términos de eficiencia del endeudamiento.

El decreto faculta al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas a firmar el contrato y su documentación complementaria. Asimismo, se autorizó al titular de Economía a introducir modificaciones que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos ni en los montos.

La aprobación del préstamo del BCIE refleja la estrategia del Gobierno de recurrir a organismos multilaterales para reforzar programas sociales clave en un contexto de restricciones fiscales.

El apoyo financiero permitirá sostener la Prestación Alimentar, política que apunta a garantizar la cobertura alimentaria básica de millones de familias en situación de pobreza. El desembolso, además, funcionará como un alivio fiscal al cubrir parte del costo de este programa en el presupuesto nacional.

El decreto, suscripto por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, marca la continuidad de la cooperación con el BCIE, organismo que ya financió fases anteriores del mismo programa.

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Francos: “Que el Congreso diga cuáles son las partidas presupuestarias para cumplir la ley” de Discapacidad

By Redacción Economis 4 meses ago
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“Cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, explicó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó esta mañana que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra, a raíz de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue al mismo tiempo promulgada y suspendida por el Poder ejecutivo, pero insistió en que “falta que el Congreso diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento a la ley”.

“Promulgamos la Ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, explicó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos sostuvo que si no se hubiera suspendido la aplicación de la norma aprobada por el Congreso “me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público, porque no estoy cumpliendo con el artículo 5.º de esta ley que dice que si no están las partidas la ley queda suspendida”.

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Diputados: buscan destituir a Francos por incumplir con la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad

Encuentro Federal presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, quien corre peligro de ser removido de su cargo.

Diputados nacionales de Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño presentaron hoy una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición volteara el veto del presidente Javier Milei.

De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y “violar la división de poderes del Estado.

“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, expresó Agost Carreño.

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad pero en el mismo decreto 681/25 avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta” ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. 

“No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, añadió. 

“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, cerró Ferraro en X.

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Francos confirmó que el Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero demorará su aplicación

By Redacción Economis 5 meses ago
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Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, el Ejecutivo confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que su reglamentación quedará supeditada a la definición de los recursos fiscales necesarios, en un contexto de fuerte impacto presupuestario.

El Congreso Nacional aprobó con amplio respaldo opositor y de sectores aliados la ley de emergencia en discapacidad, pese al veto del presidente Javier Milei. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado lograron superar los dos tercios requeridos para insistir con la sanción original, dejando al Ejecutivo sin margen político para bloquear la norma.

En este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el 15 de septiembre que el Gobierno promulgará la ley, aunque no la aplicará hasta resolver cómo financiarla. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos”, afirmó.

Francos también lanzó una advertencia: “El Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar que vea las partidas cómo se reacomodan; eso es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.

Nuevas pensiones, aranceles actualizados y fortalecimiento de la ANDIS

La ley establece un régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, con cobertura para quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y sin acceso a otros planes similares. El beneficio será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con empleo registrado dentro de los topes definidos.

Además:

  • Se prevé la transformación automática de pensiones previas sin necesidad de trámites adicionales.
  • Se refuerza el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley 24.901), con actualización automática mensual de aranceles ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Se crea un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para entidades del sector, con condonación de intereses y facilidades de pago.
  • Se fortalecen las competencias y el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación podría implicar un gasto adicional de entre $1,89 billones y $3,62 billones (0,22% a 0,42% del PBI), por nuevas altas de entre 493 mil y 946 mil beneficiarios. A esto se sumarían $278.323 millones por compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.

La sanción de la ley respondió a una crisis estructural del sistema de atención a la discapacidad, generada por el congelamiento de recursos y la reducción de beneficiarios tras una auditoría cuestionada en la ANDIS. El caso cobró mayor relevancia tras la destitución de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, involucrado en un escándalo por supuestas coimas con droguerías.

La oposición aprovechó este escenario para impulsar la iniciativa, que terminó obteniendo apoyo transversal en ambas cámaras. El oficialismo, en cambio, advirtió sobre la inconsistencia fiscal de la norma.

Presión fiscal y expectativas del sector

El anuncio de Francos implica que, si bien la ley entrará en vigencia formalmente, su aplicación efectiva dependerá de un acuerdo político sobre la reasignación de partidas o nuevas fuentes de financiamiento.

Para los prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad, la demora genera incertidumbre. El sector esperaba una respuesta inmediata tras las movilizaciones masivas que impulsaron la sanción.

Desde el plano macroeconómico, el nuevo gasto plantea un dilema: absorber recursos que hoy se destinan a jubilaciones u otros programas, o ampliar el déficit en un momento en que el Gobierno busca mantener disciplina fiscal.

Negociación con el Congreso y escenario judicial latente

El Poder Ejecutivo podría convocar a las comisiones parlamentarias para discutir alternativas de financiamiento. Una opción sería reasignar partidas presupuestarias, mientras que otra, más polémica, podría implicar un esquema de financiamiento compartido con provincias.

Si no se logra un consenso, no se descarta que resurjan los planteos judiciales sobre la aplicación inmediata de la ley, dado que el derecho a la asistencia de las personas con discapacidad tiene reconocimiento constitucional y convencional.

En cualquier escenario, la reglamentación será clave: determinará tanto la velocidad de incorporación de beneficiarios como el impacto fiscal real de la medida.

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Milei vetó la ley de ATN, pese a que ordenó abrir una ronda de diálogo con gobernadores

By Redacción Economis 5 meses ago
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El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia

El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.

En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.

El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.

Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo

El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.

La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.

El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.

En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Más tensión en la relación Nación-provincias

Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.

La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.

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Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias

By Redacción Economis 5 meses ago
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En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.

La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.

Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:

  • Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
  • Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
  • Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.

Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde

Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:

  • Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
  • Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
  • Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
  • Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
  • Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.

Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales

El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:

  • +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
  • –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
  • Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.

La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.

En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.

Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.

Próximos pasos

La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:

  • Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
  • Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
  • Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.

El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

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