Ahora los procuradores federales de Brasil han iniciado una investigación sobre la supuesta masacre de alrededor de 10 miembros de la tribu, la más reciente evidencia de que las amenazas contra grupos indígenas en peligro se están incrementando en el país.
La Fundación Nacional del Indio de Brasil, Funai, dijo que había presentado una denuncia en la oficina del procurador en el estado de Amazonas después de que los mineros fueron a un bar cerca de la frontera con Colombia y presumieron acerca de la matanza. Ellos portaban un remo tallado a mano que aseguraban que era de la tribu, indicó la Funai.
“Fueron comentarios vulgares de bares”, dijo Leila Silvia Burger Sotto-Maior, coordinadora de Funai para las tribus aisladas y recientemente contactadas. “Incluso presumieron sobre haber desmembrado los cuerpos y arrojarlos al río”.
Según Burger, los mineros afirmaron que “tenían que asesinarlos o ser asesinados” y dijo que se reporta que los asesinatos ocurrieron el mes pasado. La Funai realizó algunas entrevistas en el poblado y posteriormente, presentó el caso ante la policía.
“Hay mucha evidencia pero necesita ser probada”, dijo.
El procurador a cargo del caso, Pablo Luz de Beltrand, confirmó que se había iniciado una investigación pero dijo que no podía comentar los detalles del caso mientras se encuentre en proceso. Dijo que el hecho presuntamente ocurrió en el valle del Javari, la segunda reserva de indígenas más grande de Brasil.
“Le estamos dando seguimiento pero los territorios son grandes y el acceso es limitado”, dijo Beltrand. “Estas tribus están aisladas, incluso Funai tiene poca información sobre ellos. Así que es una labor extenuante que requiere que todos los departamentos del gobierno trabajen en conjunto”.
Beltrand señala que es el segundo hecho similar que investiga este año. El primer reporte de una matanza de indígenas en la región ocurrió en febrero, y ese caso sigue abierto. “Fue la primera vez que tuvimos este tipo de casos en la región”, dijo en una entrevista telefónica. “No es algo que sucedía antes”.
Survival International, un grupo global a favor de los derechos indígenas, advirtió que debido a la reducida población de las tribus aisladas en el Amazonas, este hecho podría significar que fue exterminado un porcentaje relevante de un grupo étnico.
“Si la investigación confirma los reportes será otro genocidio ocasionado por las fallas del gobierno brasileño para proteger a las tribus aisladas, algo que está garantizado en la constitución”, dijo Sarah Shenker, una activista del grupo.
Bajo el actual gobierno de Brasil, liderado por el presidente Michel Temer, los recursos para los asuntos indígenas han sido recortados. En abril, la Funai cerró cinco de las 19 bases que usa para monitorear y proteger a las tribus aisladas y redujo su personal en otras. Las bases son usadas para prevenir invasiones por leñadores y mineros y para comunicarse con tribus recientemente contactadas.
Tres de esas bases estaban ubicadas en el valle de Javari y se cree que alberga más tribus aisladas que cualquier otro lugar del planeta. Aproximadamente 20 de las 103 tribus aisladas registradas en Brasil están en ese valle.
“Hemos tenido problemas con gobiernos previos, pero no como estos”, dijo Sotto-Maior, la coordinadora de Funai.
El presupuesto anual de la agencia para el departamento de Tribus Aisladas fue de solo dos millones de reales (alrededor de 650.000 dólares), una disminución de los 7,5 millones de reales otorgados en 2014. “¿Qué puedo hacer con dos millones de reales”, dijo la coordinadora.
Temer, quien es ampliamente impopular, ha buscado el apoyo de los poderosos cabilderos agrícolas, ganaderos y mineros para impulsar cambios económicos a través del congreso y protegerlo de una investigación por corrupción. El mes pasado, la cámara baja del congreso votó para evitar que enfrentara un juicio por corrupción ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, pero eso sucedió después de que el mandatario repartió empleos y aceptó una serie de concesiones, muchas de las cuales favorecen la deforestación y las regulaciones de derechos de la tierra.
Un decreto de Temer que le daba acceso a los mineros para que trabajaran en una gran reserva del Amazonas causó la indignación internacional. Después de que un juez bloqueó el decreto, el gobierno anunció que revisaría su decisión pero los críticos se mantienen alerta.
Con el incremento de las disputas por las tierras en muchas áreas remotas de Brasil, los grupos indígenas, trabajadores rurales y activistas han sido blanco de la violencia. Más de 50 personas fueron asesinadas hasta fines de julio, en comparación con las 61 que fallecieron en 2016, según la Comisión Pastoral de la Tierra.
En algunos casos, agentes de policía o funcionarios del gobierno han sido culpados por la violencia. Las autoridades están investigando una redada en la región del Amazonas que finalizó con 10 activistas muertos. Ningún policía resultó herido.
Los activistas se preocupan porque los grupos indigenas del país —y especialmente las tribus aisladas— son los más vulnerables cuando se trata de las disputas por las tierras.
“Cuando su tierra está protegida, ellos prosperan”, dijo Shenker, la activista. “Cuando su territorio es invadido pueden ser exterminados”.
