Puerto Esperanza endurece el control del gasto: prohíben al Concejo otorgar ayudar y subsidios
El intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza firmó el Decreto N° 06, una norma que redefine los límites en el manejo de fondos públicos dentro del municipio y apunta directamente a frenar prácticas irregulares detectadas en el Concejo Deliberante. La medida establece una prohibición expresa para que el cuerpo legislativo disponga o ejecute gastos de carácter social, como entrega de subsidios, mercaderías o asistencia directa a vecinos e instituciones.
El decreto se sustenta en la Carta Orgánica Municipal, la Ley VII N° 11 de Contabilidad y resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, y refuerza la división de funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según el texto, el Departamento Ejecutivo es el único órgano con facultades para ejecutar el gasto público, mientras que el Concejo Deliberante debe limitarse a tareas legislativas y de control.
La decisión se produce tras la detección de una “reiteración sistemática de prácticas administrativas irregulares”, entre ellas la entrega de vales de combustible, subsidios en dinero y mercadería sin cumplir los procedimientos legales ni contar con la intervención de los órganos de control. Estas acciones, advierte el decreto, configuraban un esquema de funcionamiento “asimilable a una municipalidad paralela”.
Bloqueo del gasto y advertencia a funcionarios
Uno de los puntos centrales de la norma es el bloqueo operativo de cualquier gasto originado en el Concejo que exceda sus competencias. La Secretaría de Hacienda y la Contaduría Municipal deberán rechazar, no registrar ni pagar erogaciones que no se ajusten al marco legal vigente.
Además, el decreto establece responsabilidad personal para los funcionarios que autoricen o intervengan en gastos irregulares. Las sanciones pueden incluir la obligación de reintegrar fondos, denuncias ante el Tribunal de Cuentas e incluso acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
En paralelo, se fija un régimen estricto para la asistencia social: cualquier ayuda económica o entrega de bienes deberá tramitarse exclusivamente a través del Ejecutivo, con informe socioambiental, verificación de vulnerabilidad, control sanitario en casos médicos y cumplimiento de los procedimientos administrativos y de rendición.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca “restablecer la legalidad, proteger el erario público y garantizar la transparencia en el uso de los recursos”. En ese marco, se instruyó a las áreas administrativas a informar cualquier irregularidad al Tribunal de Cuentas y elevar reportes periódicos al intendente.
El decreto entra en vigencia inmediata y marca un punto de inflexión en la dinámica institucional del municipio, al cerrar la puerta a prácticas discrecionales y reforzar el control sobre el gasto público en un contexto de creciente presión sobre las finanzas locales.