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Expropiación de YPF: el Gobierno advirtió que sería “incumplible” un fallo desfavorable en EEUU

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A la espera de la resolución de la Justicia de EEUU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró que Argentina no estaría en condiciones legales de cumplir con la entrega de acciones a los fondos buitres.

A horas de que la Corte de Apelaciones de EEUU resuelva si autoriza o no la entrega de las acciones de la empresa YPF en la causa por la expropiación, el Gobierno afirmó que un fallo desfavorable sería “incumplible” en la práctica. El Tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión del fallo, si levanta la orden o si pide al país que presente otra garantía.

El 30 de junio pasado, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. La defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión temporal.

A la espera del fallo que saldría en las próximas horas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos habló en Radio Nacional al respecto. “Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa”, señaló.

De acuerdo al jefe de ministros, la legislación indica que “para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial”. De manera que si la Justicia estadounidense resuelve en contra del país, no estaría habilitada para ordenar una entrega de acciones.

Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.

En esa línea señaló que “Preska está invadiendo una jurisdicción” y que no puede “ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

También agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

El texto advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.

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YPF: Argentina advierte que irá a la Corte Suprema si falla la apelación en Nueva York

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La Procuración del Tesoro presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito los argumentos para suspender el “turnover” de las acciones. El país busca que el fallo quede sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo por la expropiación de 2012.

Argentina pide frenar la entrega de las acciones

El Gobierno argentino presentó formalmente sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF que el Estado posee desde la expropiación de 2012. La presentación, coordinada por la Procuración del Tesoro, busca que el tribunal suspenda de manera definitiva el “turnover” ordenado por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que habilita al fondo Burford Capital a ejecutar las acciones como parte de la indemnización fijada por más de USD 17.500 millones.

El planteo, a cargo del procurador Santiago Castro Videla y un equipo de abogados estadounidenses, insiste en que la medida de Preska “viola la inmunidad soberana” y “desconoce principios básicos de cortesía internacional”, además de subrayar que las acciones de YPF “están radicadas en Argentina” y no forman parte de ninguna actividad comercial en EE.UU.

El apoyo de EE.UU. y los argumentos centrales

En su apelación, la Argentina contó con el apoyo del propio Gobierno estadounidense, que presentó un amicus curiae ante el tribunal en favor de suspender la medida, al advertir que la ejecución podría generar “represalias judiciales” contra EE.UU. en otros países.

Entre los principales argumentos del escrito oficial, se destacan:

  • Violación de inmunidad soberana: las acciones están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA) y no fueron utilizadas para actividades comerciales en ese país.
  • Principio de comity: la orden judicial obligaría a la Argentina a incumplir su propia legislación, que prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.
  • Irreparabilidad del daño: la entrega de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre YPF, un perjuicio “irreversible” incluso si el país ganara la apelación final.
  • Interés público afectado: la medida podría impactar en la empresa, sus accionistas, las relaciones bilaterales con EE.UU. y el pueblo argentino en su conjunto.

Qué puede resolver la Corte de Apelaciones

Los escenarios que evalúan en la Procuración son tres:

  1. Favorable: el tribunal suspende el turnover sin condiciones, permitiendo avanzar con la apelación de fondo.
  2. Intermedio: acepta la suspensión, pero exige garantías de parte del Estado argentino.
  3. Adverso: confirma la orden de entrega, lo que llevaría al Gobierno a apelar ante la Corte Suprema de EE.UU., tal como anticipó oficialmente.

Si bien el tribunal no tiene plazos para pronunciarse, las partes esperan que la definición llegue “en cuestión de horas o días”, dada la urgencia del caso.

El caso Petersen/Eton Park vs. Argentina, impulsado por el fondo Burford Capital, cuestiona el proceso de expropiación de YPF en 2012 y es uno de los juicios más costosos que enfrenta el país. Un fallo adverso no solo implicaría la pérdida del control accionario de la principal petrolera argentina, sino que podría sentar un precedente internacional en materia de ejecución de activos soberanos.

Desde el Gobierno argentino remarcan que la prioridad es proteger el capital accionario estatal en YPF y que “negociar no es una opción”. En caso de un revés, la estrategia oficial será apelar hasta las últimas instancias judiciales en Estados Unidos.

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