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En medio del juicio por destitución, Temer dijo que terminará su mandato en 2018

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 El presidente de Brasil, Michel Temer, desafió al Tribunal Superior Electoral, que lo está juzgando y puede destituirlo del cargo, al afirmar en un acto público que cumplirá su mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.

En un acto destinado a los productores rurales, Temer dijo que conducirá el gobierno hasta el fin del mandato, mientras que a 2.000 metros de distancia el TSE juzga las cuentas de su campaña y de su ex compañera de fórmula, Dilma Rousseff.

“Es con satisfacción extraordinaria que puedo decir que ustedes me dan una inyección de optimismo para nuestro país. Es con esta aura, animación y vigor que ustedes producen que vamos a conducir el gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018”, dijo Temer a los empresarios rurales.

Lo hizo en un rápido discurso durante el lanzamiento del Plan Zafra 2017/2018 para la agricultura brasileña, el sector que provocó que en el primer trimestre se registrará un aumento del 1% del PBI luego de dos años en rojo.

Temer no se refirió al juicio que le sigue la corte electoral, que mantiene en vilo al país porque puede definir su destitución pero también la fidelidad de su base de gobierno.

En caso de condena, Temer dijo que apelará la medida ante el Supremo Tribunal Federal permaneciendo en el cargo.

El juicio involucra supuestos ilícitos en la financiación de la campaña de la fórmula Rousseff-Temer vencedora en 2014.

En la segunda sesión de este miércoles, el instructor del caso, juez Herman Benjamin, defendió incluir las delaciones premiadas de Odebrecht en el expediente como una prueba de abuso de poder del que habría usado el Partido de los Trabajadores de Rousseff para pagar a su publicista, Joao Santana.

La Operación Lava Jato ingresó, así, a formar parte de este expediente.

Tanto Rousseff como Temer piden la absolución en el juicio que puede extenderse hasta el sábado, según dijo el presidente del tribunal superior electoral, Gilmar Mendes, antes de cerrar la sesión de este miércoles.

El juicio continuará este jueves con el voto de los siete integrantes de la corte electoral.

Temer se encuentra contra las cuerdas debido al escándalo que estalló el 17 de mayo con la divulgación del audio en el cual fue acusado de avalar sobornos ante el empresario Joesley Batista, dueño de la empresa JBS.

El Supremo Tribunal Federal dio plazo hasta el viernes a Temer para responder 82 preguntas sobre el audio hechas por la policía federal, en la causa en la que se investiga por corrupción y obstrucción de la justicia.

 
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El Superior Tribunal de Justicia ordenó investigar a tres jueces por desconocer un fallo

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El Superior Tribunal de Justicia instó al Procurador Miguel Ángel Piñero a que inicie una investigación contra tres jueces inferiores por desconocer una sentencia ratificada por el máximo organismo judicial de Misiones. El conflicto, calificado de gravedad institucional, envuelve a los jueces César Jiménez, César Yaya y Marcelo Cardozo, quienes hace algunas semanas decidieron la excarcelación de Fabio Durán y Lucía Olmo, los transportistas acusados de abuso y que habían sido condenados en primera instancia por otro tribunal.

Los magistrados entendieron que había “mora judicial” y que después de ocho años no había una sentencia firme contra los acusados.

El STJ comenzó a analizar el caso el 24 de abril y por decisión de la mayoría, entendió que los magistrados habían desconocido un fallo de la propia Corte misionera, que, como máximo organismo judicial, había ratificado la condena de primera instancia. Es decir, que “había dos sentencias previas” que los jueces no podían desconocer.

El caso fue elevado en apelación a la Corte Suprema y ya habría por lo menos un voto –el de Elena Highton de Nolasco, la misma ministra que votó a favor del 2×1 para los genocidas-, por lo que en el STJ descartan que haya una “mora judicial”.

En cambio, los jueces se defienden y acusan a la Corte de “intromisión”. Alegan que ni siquiera el abogado defensor de las familias denunciantes se opuso a la excarcelación. “Acá hay un abuso sin derecho. Están revisando una cuestión jurisdiccional. Nuestro fallo ni siquiera fue apelado”, opinó uno de los jueces que ahora serán investigados, aunque prefirió reservar su nombre hasta ser notificado formalmente. Entre líneas, desliza que también puede tratarse de “un pase de facturas” por el escándalo del supuesto “espionaje”, denunciado por Yaya y Cardozo, entre otros, y que fue desestimado por Jiménez en octubre de 2015. Esa denuncia apuntó contra el entonces ministro, César Santiago –luego eyectado envuelto en denuncias por cobrar doble sueldo-, pero terminó salpicando a todo el STJ que puso en marcha el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales del Poder Judicial.

Tras la decisión del STJ de revisar la actuación de los jueces, Piñero instruyó a la fiscal Patricia Clerici para que avance en la investigación –todavía no se conoce qué determinación tomará la funcionaria-.

En la Corte misionera entienden que los magistrados emitieron su fallo en base a información desactualizada de la causa, ya que la primera apelación fue de 2013 y posteriormente, hubo dos condenas.

“Los jueces no pueden alegar desconocimiento de un fallo del STJ. Es una extrema gravedad institucional lo que sucedió”, contaron en la Corte.

El escándalo puede derivar en un pedido de jurado de enjuiciamiento para los tres magistrados. Mal día para semejante noticia. Yaya está rindiendo hoy en el Consejo de la Magistratura para un ascenso que podría quedar trunco.

El conflicto de intereses ya había tenido un primer episodio, a raíz de un pedido de informes del Alto cuerpo a los jueces, que terminó en una queja ante la Corte Suprema por supuesta “intromisión”.

El fallo de la polémica se conoció el 5 de abril. Ese día, Jiménez, Yaya y Cardozo, en el Tribunal Penal 2, decidieron la excarcelación de Durán y Olmo.

Madre e hijo fueron condenados en noviembre de 2011 a 20 años de prisión por el abuso de dos niños de 4 y 5 años, clientes del transporte escolar que manejaban. La fiscal del caso fue Liliana Picazo, flamante nominada a integrar el Superior Tribunal de Justicia. Ella pidió 20 años para los transportistas, condena que finalmente recibieron los acusados. El fallo fue ratificado por el STJ en mayo de 2014. La Corte misionera actuó como cámara de casación, función encomendada por la Constitución provincial, para que los fallos penales tengan la necesaria revisión.

 

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