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Empieza el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Zárate luego de una cirugía estética

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El juicio oral y público contra el ex cirujano Aníbal Lotocki por el supuesto homicidio simple de Rodolfo Christian Zárate, un hombre de 50 años que falleció luego de una cirugía estética llevada a cabo en abril de 2021, comenzará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki, que cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina LunaPamela SosaGabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, será juzgado junto a otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), donde se realizó la operación de la víctima, al tiempo que una sexta acusada —una instrumentadora quirúrgica— se encuentra acusada por presunto encubrimiento.

Los jueces a cargo del debate son Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, al tiempo que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) es la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N.° 30 frente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, según informó el portal Fiscales.

Las audiencias se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación durante todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9.

El fiscal de instrucción, Pablo Recchini, sostuvo que el 16 de marzo de 2021 el paciente concurrió al consultorio del principal imputado en el barrio porteño de Retiro, situado en Florida al 600, y consensuó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares.

Durante el requerimiento de elevación a juicio, Recchini consignó que Lotocki le entregó tres órdenes a Zárate para un análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma; luego la pareja del especialista —que intervenía como su secretaria— le avisó a la víctima que sería intervenido quirúrgicamente en CEMECO, Caballito.

La asistente del entonces cirujano recibió los resultados de los estudios, entre los que se determinó que Rodolfo padeció coronavirus y tenía diabetes, por lo que Lotocki le recetó una medicación.

La operación, realizada el 15 de abril de 2021, consistía en la remoción de los tejidos de “cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen“, explicó el fiscal.

“Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate, en diferentes etapas o actos quirúrgicos”, consignó el funcionario judicial, mientras que explicó que Lotocki “salió del quirófano por el lapso aproximado de cuarenta minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes” y después habría regresado para hacer la plicatura y cierre”.

El paciente, siempre conforme a la hipótesis del fiscal, fue trasladado a una habitación, en la que lo atendió una enfermera que observó un detalle inusual en su drenaje, y el médico decidió que regrese a la sala de cirugías para reabrir una de las heridas.

Al día siguiente, el 16 de abril, el damnificado fue intubado como consecuencia de una descompensación, y el personal de la clínica se contactó con su obra social para solicitar una ambulancia, pero, ante la complejidad del cuadro, se pidió un móvil más. Zárate, según la conclusión de los profesionales,  estaba “mal intubado”, y luego murió al sufrir un paro cardíaco.

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, señaló Recchini, quien además acusó al sindicado de alterar la historia clínica.   

Los otros imputados son el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anatomo-patóloga Silvia Mabel Fernández; y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek (encubrimiento).

Además, Lotocki fue acusado por lesiones gravísimas supuestamente padecidas por cinco mujeres tras distintos procedimientos médicos.

Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti, operada en 2016, 2019 y 2021, denunciaron al implicado.

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Revés para Alberto Fernández en la Cámara Federal: avalan el trámite de envío a juicio

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La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite para elevar a juicio la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por supuesta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.

El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.

Que había pedido la defensa de Alberto Fernández

La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvana Carreira había pedido anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella, alegando que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que una prórroga del plazo de presentación fue concedida de manera irregular.

La mayoría del tribunal sostuvo que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa.

Los jueces Irurzun y Farah recordaron que esos cuestionamientos ya habían sido tratados y desestimados previamente por el mismo tribunal, y que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.

“El dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el art. 347 del CPPN”, señalaron en relación al requerimiento de elevación a juicio que presentó el fiscal federal Ramiro González, al que también validaron.

Además remarcaron que si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”.

El voto en disidencia

En su disidencia, el juez Boico consideró que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez. Y darse por “decaído” su derecho a presentar el requerimiento por haberlo hecho fuera de término.

Además, cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa”. En una “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.

En minoría, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas. Para que vuelva a analizar si corresponde o no ordenar esas pruebas antes de enviar el caso a juicio.

La causa por violencia de género cambió de juzgado luego que se apartó del caso al juez federal Julián Ercolini. Quien había iniciado los trámites para el envío a juicio oral.

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Bolsonaro a juicio

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Por Ana Ionova. Reportando desde Brasilia, New York Times. El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzará este martes.

Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.

Para muchos en Brasil, un país que resurgió de una brutal dictadura militar hace apenas cuatro décadas, un proceso exitoso contra Bolsonaro representaría una victoria de la democracia.

Sin embargo, la forma en que Brasil está buscando esa victoria —a través de un tribunal supremo extraordinariamente empoderado— también ha hecho que el país enfrente interrogantes incómodas sobre la propia democracia que pretendía proteger.

Y para Bolsonaro y sus partidarios, las acusaciones equivalen a una persecución política diseñada para frustrar su participación en las elecciones presidenciales del próximo año. Bolsonaro afirma que él sencillamente exploró medios legales para permanecer en el cargo tras perder unas elecciones que, según él, le robaron. (No hay pruebas de que se haya cometido fraude).

El caso contra Bolsonaro también ha desencadenado una crisis diplomática entre las dos naciones más grandes del hemisferio occidental, ya que el presidente Donald Trump se ha valido de aranceles y sanciones en un intento de forzar al poder judicial de Brasil para que retire los cargos contra su exdirigente, quien también es aliado político de Trump.

Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un antiguo jefe de espionaje, serán juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.

En el juicio ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que se espera que dure dos semanas, se evaluarán las pruebas reunidas por los investigadores a lo largo de casi dos años. Esto incluye el testimonio clave del secretario personal de Bolsonaro, quien confesó como parte de un acuerdo de colaboración.

Su confesión condujo a los investigadores a otras pruebas, como mensajes de texto, notas de voz y documentos encontrados en casas, oficinas y celulares de Bolsonaro y sus aliados.

En una parte especialmente siniestra de la trama, se acusa a los ayudantes cercanos de Bolsonaro de haber elaborado un plan para asesinar a Lula antes de su investidura. Los investigadores afirman que las pruebas demuestran que Bolsonaro aprobó el plan.

Bolsonaro ha negado haber conspirado para matar a Lula y afirma que nunca planeó dar un golpe de Estado, sino que analizó “formas previstas en la Constitución” para quedarse en el poder.

Dado el cúmulo de pruebas, es probable que Bolsonaro sea declarado culpable por la mayoría del tribunal de cinco jueces. Podría enfrentar una pena de hasta 43 años en prisión, o se le podría ordenar que cumpliera su condena en arresto domiciliario debido a su estado deficiente de salud y a su edad, avanzada según la ley brasileña.

El país se prepara para posibles disturbios durante el juicio.

Los partidarios de Bolsonaro han planeado manifestaciones masivas en todo el país el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. En Brasilia, la capital, el edificio del Supremo Tribunal está rodeado de barricadas, y hay fuerzas policiales adicionales montando guardia frente a otros edificios gubernamentales. En enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, los partidarios de Bolsonaro atacaron esos mismos edificios en un destructivo motín similar al ataque al Capitolio estadounidense ocurrido dos años antes.

Bolsonaro ha pasado las últimas semanas antes del juicio bajo arresto domiciliario. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, ya había ordenado que el acusado llevara un monitor en el tobillo y se mantuviera alejado de embajadas extranjeras. Recientemente reforzó las medidas de seguridad, al considerar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.

El hijo de Bolsonaro, Eduardo, vive en Estados Unidos desde marzo y ha presionado enérgicamente a la Casa Blanca para que intervenga en el caso de su padre.

Durante meses, el juicio a Bolsonaro fue un asunto de carácter interno. Luego, en julio, Trump amenazó repentinamente a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento si no ponía fin a la “cacería de brujas” contra Bolsonaro.

La amenaza fue cumplida, y Trump aplicó duras sanciones contra De Moraes. Una condena a Bolsonaro podría tensar aún más las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, y a algunos funcionarios y analistas brasileños les preocupa que pueda desencadenar más aranceles o sanciones estadounidenses.

Bolsonaro ha argumentado que la clave para llegar a una tregua económica con Estados Unidos es otorgar una amnistía a él y sus partidarios. Sus aliados en el Congreso de Brasil están promoviendo un proyecto de ley para indultar a los alborotadores implicados en el asalto a la capital. De aprobarse, algunos analistas afirman que la medida también podría beneficiar a Bolsonaro.

Pero Lula podría vetar esa ley, y aun si no lo hace, su aplicación en el caso de Bolsonaro probablemente sería impugnada ante el Tribunal Supremo.

También está en juego la cuestión de la elegibilidad de Bolsonaro para ocupar cargos públicos. Se le consideró inelegible hasta 2030 en otro caso, en el que las autoridades electorales determinaron que había abusado de su poder y había sembrado dudas infundadas sobre los sistemas de votación del país. Según lo establecido en la ley brasileña, una condena penal lo inhabilitaría de manera permanente para ocupar cargos públicos.

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Juicio Maradona: una policía declaró, dio los nombres de quienes grabaron el documental y acusó a la jueza

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La agente M.D.B. declaró y dio a conocer detalles más que importantes sobre la posible realización de una producción del juicio.

La policía encargada de custodiar el ingreso de todos los participantes en el juicio por la muerte de Diego Maradona declaró en medio de la suspensión de una semana y dio a conocer dos de los nombres de quienes están señalados de grabar un documental y acusó que son “enviados” de la jueza Julieta Makintach.

La declaración a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas de manera exclusiva indica que el jueves 15 de mayo, después de los pedidos de recusaciones y el cese de la audiencia, la policía M.D.B. declaró y dio a conocer detalles más que importantes sobre la posible realización de una producción del juicio.

En el documento enviado por el abogado Rodolfo Baqué a este medio, se informa que Juan Manuel D’Emilio y María Vidal Alemán son dos de las cuatro personas que están señaladas de haber filmado una de las audiencias.

Otro de los puntos resonantes de la declaración es que dichos participantes fueron enviados por la jueza Makintach, quien está en el ojo de la tormenta por su supuesta vinculación con la producción y su cambio de rol en un momento del debate oral.

“Estoy en el juicio de Maradona desde que arrancó hasta que finalice, en todas las jornadas. La función que realizo es en principio cuando inicia el juicio yo estaba en la puerta de ingreso de la sala de Tribunales”, comienza la testimonial de la efectiva.

La mujer describió que hay “un separador rojo, que se sienta todo el público, en otro lado defensores y en otro a querella”. En este sentido, destacó que hay una lista sobre los periodistas y medios que ingresan.

Respecto al escándalo que sacude al juicio, la policía recordó que el primer día del debate hubo un inconveniente cuando vio a una persona que estaba con una “cámara grande y estaba grabando”.

“Me acerqué a dicha persona y se sabe, de público conocimiento porque lo dijo el juez Maximiliano Savarino, que no se podía filmar ni sacar fotos mientras estaban los testigos declarando”, destacó.

Al ser consultada de si D’Emilio y Alemán ingresaron a la audiencia, confirmó que “sí” y que estaban anotados como “escritores” y que no estaban en la lista de periodistas.

“La primera vez -primer día del debate-me dijeron ellos que venían con Julieta Makintach. Esto se los pregunté la primera vez que los vi y me lo dijo la custodia de la jueza”, remarcó.

“Le digo que no se podía, él bajó la cámara y una custodia me exhibe su celular en el que había un mensaje de Makintach que decía ‘decile a la custodia del TOC 3 que deje a mi gente’”, sumó.

A su vez, recordó que el jueves 15, cuando Makintach cambió el rol de ser jueza vocal a presidenta, se debió hacer un cuarto intermedio donde, al regresar, todos volvieron a sus posiciones y allí la magistrada expresó: “Pido disculpas por el descontento”.

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Juicio a los Kiczka: se espera la sentencia de una trama aberrante

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Este miércoles 16 de abril, el Tribunal Penal 1 de Posadas dictará sentencia en una de las causas judiciales más perturbadoras que hayan sacudido a Misiones en los últimos años: el juicio contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Tras once jornadas de testimonios, pericias, alegatos y ampliaciones indagatorias, llega el momento en que la Justicia deberá pronunciarse sobre un caso que expuso no sólo los horrores del delito cometido, sino también las redes de silencio y poder que lo blindaron durante años, cobijado el ex diputado por su amigo y socio político Pedro Puerta.

La acusación fue liderada por un inédito binomio: los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, quienes construyeron una teoría del caso con pruebas concretas e inobjetables: imágenes y videos alojados en dispositivos electrónicos de ambos imputados, identificados mediante trazabilidad digital, metadatos y registros de conexión. La prueba madre, una notebook Acer incautada en un allanamiento, fue sometida a pericias forenses que revelaron material explícito, almacenado y compartido a través de canales encriptados.

Una psicóloga del Poder Judicial, convocada como testigo de cargo, fue categórica al describir el perfil psicológico de los implicados. Según su declaración, Germán Kiczka mostraba indicadores de racionalización de la conducta delictiva y una ausencia total de empatía, mientras que Sebastián presentaba rasgos de negación y manipulación emocional. Su testimonio, de más de una hora y media, fue considerado “implacable” por la fiscalía, sin que la defensa pudiera desestabilizar sus conclusiones.

La estrategia de los defensores —Gonzalo De Paula, por Germán, y Eduardo Paredes por Sebastián— consistió en intentar desacreditar la cadena de custodia y en sugerir que el material pudo haber sido plantado. Sin embargo, los peritos informáticos fueron tajantes al señalar que no hubo indicios de manipulación externa en los dispositivos secuestrados. Además, los rastros digitales permitieron vincular cuentas, alias y patrones de consumo directamente con los acusados.

En las últimas audiencias, ambos hermanos ampliaron sus declaraciones indagatorias, sin responder preguntas. Germán ensayó una defensa basada en tecnicismos, negando su responsabilidad en la descarga de los archivos y culpando a su hermano. Sebastián, por su parte, se autoincriminó, habló de compulsión y de que no sabía que mirar material de abuso sexual infantil era ilegal. 

Un caso que sacude al poder político

La trascendencia del juicio no solo se debe a la gravedad de los delitos imputados, sino al trasfondo político. Germán Kiczka es amigo personal de Pedro Puerta, referente de Activar y figura de la alianza Cambiemos y ahora de la Libertad Avanza. Aunque Puerta nunca fue imputado cuando se lo citó a declarar como testigo, se negó, amparado en sus fueros parlamentarios y se limitó a enviar unas respuestas por escrito en las que negó su amistad con Kiczka, pese a la enorme cantidad de fotografías y videos en los que se los ve juntos en situaciones políticas y sociales. 

Expectativa y pedido de Justicia

El fiscal Rau solicitará penas de cumplimiento efectivo. Las condenas por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil pueden superar los 10 años de prisión. “Creemos haber acreditado de manera contundente nuestra teoría del caso”, expresó el fiscal tras la última audiencia, convencido de que las pruebas no dejan lugar a dudas.

El caso Kiczka no es solo un proceso judicial; es un espejo que obliga a la sociedad a enfrentar sus zonas más oscuras. Y el veredicto del Tribunal será clave.

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