La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite para elevar a juicio la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por supuesta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.
El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.
Que había pedido la defensa de Alberto Fernández
La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvana Carreira había pedido anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella, alegando que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que una prórroga del plazo de presentación fue concedida de manera irregular.
La mayoría del tribunal sostuvo que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa.
Los jueces Irurzun y Farah recordaron que esos cuestionamientos ya habían sido tratados y desestimados previamente por el mismo tribunal, y que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.
“El dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el art. 347 del CPPN”, señalaron en relación al requerimiento de elevación a juicio que presentó el fiscal federal Ramiro González, al que también validaron.
Además remarcaron que si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”.
El voto en disidencia
En su disidencia, el juez Boico consideró que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez. Y darse por “decaído” su derecho a presentar el requerimiento por haberlo hecho fuera de término.
Además, cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa”. En una “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.
En minoría, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas. Para que vuelva a analizar si corresponde o no ordenar esas pruebas antes de enviar el caso a juicio.
La causa por violencia de género cambió de juzgado luego que se apartó del caso al juez federal Julián Ercolini. Quien había iniciado los trámites para el envío a juicio oral.
Por Ana Ionova. Reportando desde Brasilia, New York Times. El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzará este martes.
Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.
Para muchos en Brasil, un país que resurgió de una brutal dictadura militar hace apenas cuatro décadas, un proceso exitoso contra Bolsonaro representaría una victoria de la democracia.
Sin embargo, la forma en que Brasil está buscando esa victoria —a través de un tribunal supremo extraordinariamente empoderado— también ha hecho que el país enfrente interrogantes incómodas sobre la propia democracia que pretendía proteger.
Y para Bolsonaro y sus partidarios, las acusaciones equivalen a una persecución política diseñada para frustrar su participación en las elecciones presidenciales del próximo año. Bolsonaro afirma que él sencillamente exploró medios legales para permanecer en el cargo tras perder unas elecciones que, según él, le robaron. (No hay pruebas de que se haya cometido fraude).
El caso contra Bolsonaro también ha desencadenado una crisis diplomática entre las dos naciones más grandes del hemisferio occidental, ya que el presidente Donald Trump se ha valido de aranceles y sanciones en un intento de forzar al poder judicial de Brasil para que retire los cargos contra su exdirigente, quien también es aliado político de Trump.
Los fiscales y Bolsonaro se valen de las evidencias para contar versiones diferentes
Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un antiguo jefe de espionaje, serán juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.
En el juicio ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que se espera que dure dos semanas, se evaluarán las pruebas reunidas por los investigadores a lo largo de casi dos años. Esto incluye el testimonio clave del secretario personal de Bolsonaro, quien confesó como parte de un acuerdo de colaboración.
Su confesión condujo a los investigadores a otras pruebas, como mensajes de texto, notas de voz y documentos encontrados en casas, oficinas y celulares de Bolsonaro y sus aliados.
En una parte especialmente siniestra de la trama, se acusa a los ayudantes cercanos de Bolsonaro de haber elaborado un plan para asesinar a Lula antes de su investidura. Los investigadores afirman que las pruebas demuestran que Bolsonaro aprobó el plan.
Bolsonaro ha negado haber conspirado para matar a Lula y afirma que nunca planeó dar un golpe de Estado, sino que analizó “formas previstas en la Constitución” para quedarse en el poder.
Brasil está en tensión mientras comienza el juicio
Dado el cúmulo de pruebas, es probable que Bolsonaro sea declarado culpable por la mayoría del tribunal de cinco jueces. Podría enfrentar una pena de hasta 43 años en prisión, o se le podría ordenar que cumpliera su condena en arresto domiciliario debido a su estado deficiente de salud y a su edad, avanzada según la ley brasileña.
El país se prepara para posibles disturbios durante el juicio.
Los partidarios de Bolsonaro han planeado manifestaciones masivas en todo el país el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. En Brasilia, la capital, el edificio del Supremo Tribunal está rodeado de barricadas, y hay fuerzas policiales adicionales montando guardia frente a otros edificios gubernamentales. En enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, los partidarios de Bolsonaro atacaron esos mismos edificios en un destructivo motín similar al ataque al Capitolio estadounidense ocurrido dos años antes.
Bolsonaro ha pasado las últimas semanas antes del juicio bajo arresto domiciliario. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, ya había ordenado que el acusado llevara un monitor en el tobillo y se mantuviera alejado de embajadas extranjeras. Recientemente reforzó las medidas de seguridad, al considerar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.
El hijo de Bolsonaro, Eduardo, vive en Estados Unidos desde marzo y ha presionado enérgicamente a la Casa Blanca para que intervenga en el caso de su padre.
La crisis diplomática podría empeorar
Durante meses, el juicio a Bolsonaro fue un asunto de carácter interno. Luego, en julio, Trump amenazó repentinamente a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento si no ponía fin a la “cacería de brujas” contra Bolsonaro.
La amenaza fue cumplida, y Trump aplicó duras sanciones contra De Moraes. Una condena a Bolsonaro podría tensar aún más las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, y a algunos funcionarios y analistas brasileños les preocupa que pueda desencadenar más aranceles o sanciones estadounidenses.
Bolsonaro ha argumentado que la clave para llegar a una tregua económica con Estados Unidos es otorgar una amnistía a él y sus partidarios. Sus aliados en el Congreso de Brasil están promoviendo un proyecto de ley para indultar a los alborotadores implicados en el asalto a la capital. De aprobarse, algunos analistas afirman que la medida también podría beneficiar a Bolsonaro.
Pero Lula podría vetar esa ley, y aun si no lo hace, su aplicación en el caso de Bolsonaro probablemente sería impugnada ante el Tribunal Supremo.
También está en juego la cuestión de la elegibilidad de Bolsonaro para ocupar cargos públicos. Se le consideró inelegible hasta 2030 en otro caso, en el que las autoridades electorales determinaron que había abusado de su poder y había sembrado dudas infundadas sobre los sistemas de votación del país. Según lo establecido en la ley brasileña, una condena penal lo inhabilitaría de manera permanente para ocupar cargos públicos.
La agente M.D.B. declaró y dio a conocer detalles más que importantes sobre la posible realización de una producción del juicio.
La policía encargada de custodiar el ingreso de todos los participantes en el juicio por la muerte de Diego Maradona declaró en medio de la suspensión de una semana y dio a conocer dos de los nombres de quienes están señalados de grabar un documental y acusó que son “enviados” de la jueza Julieta Makintach.
La declaración a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas de manera exclusiva indica que el jueves 15 de mayo, después de los pedidos de recusaciones y el cese de la audiencia, la policía M.D.B. declaró y dio a conocer detalles más que importantes sobre la posible realización de una producción del juicio.
En el documento enviado por el abogado Rodolfo Baqué a este medio, se informa que Juan Manuel D’Emilio y María Vidal Alemán son dos de las cuatro personas que están señaladas de haber filmado una de las audiencias.
Otro de los puntos resonantes de la declaración es que dichos participantes fueron enviados por la jueza Makintach, quien está en el ojo de la tormenta por su supuesta vinculación con la producción y su cambio de rol en un momento del debate oral.
“Estoy en el juicio de Maradona desde que arrancó hasta que finalice, en todas las jornadas. La función que realizo es en principio cuando inicia el juicio yo estaba en la puerta de ingreso de la sala de Tribunales”, comienza la testimonial de la efectiva.
La mujer describió que hay “un separador rojo, que se sienta todo el público, en otro lado defensores y en otro a querella”. En este sentido, destacó que hay una lista sobre los periodistas y medios que ingresan.
Respecto al escándalo que sacude al juicio, la policía recordó que el primer día del debate hubo un inconveniente cuando vio a una persona que estaba con una “cámara grande y estaba grabando”.
“Me acerqué a dicha persona y se sabe, de público conocimiento porque lo dijo el juez Maximiliano Savarino, que no se podía filmar ni sacar fotos mientras estaban los testigos declarando”, destacó.
Al ser consultada de si D’Emilio y Alemán ingresaron a la audiencia, confirmó que “sí” y que estaban anotados como “escritores”y que no estaban en la lista de periodistas.
“La primera vez -primer día del debate-me dijeron ellos que venían con Julieta Makintach. Esto se los pregunté la primera vez que los vi y me lo dijo la custodia de la jueza”, remarcó.
“Le digo que no se podía, él bajó la cámara y una custodia me exhibe su celular en el que había unmensaje de Makintach que decía ‘decile a la custodia del TOC 3 que deje a mi gente’”, sumó.
A su vez, recordó que el jueves 15, cuando Makintach cambió el rol de ser jueza vocal a presidenta, se debió hacer un cuarto intermedio donde, al regresar, todos volvieron a sus posiciones y allí la magistrada expresó: “Pido disculpas por el descontento”.
Este miércoles 16 de abril, el Tribunal Penal 1 de Posadas dictará sentencia en una de las causas judiciales más perturbadoras que hayan sacudido a Misiones en los últimos años: el juicio contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Tras once jornadas de testimonios, pericias, alegatos y ampliaciones indagatorias, llega el momento en que la Justicia deberá pronunciarse sobre un caso que expuso no sólo los horrores del delito cometido, sino también las redes de silencio y poder que lo blindaron durante años, cobijado el ex diputado por su amigo y socio político Pedro Puerta.
La acusación fue liderada por un inédito binomio: los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, quienes construyeron una teoría del caso con pruebas concretas e inobjetables: imágenes y videos alojados en dispositivos electrónicos de ambos imputados, identificados mediante trazabilidad digital, metadatos y registros de conexión. La prueba madre, una notebook Acer incautada en un allanamiento, fue sometida a pericias forenses que revelaron material explícito, almacenado y compartido a través de canales encriptados.
Una psicóloga del Poder Judicial, convocada como testigo de cargo, fue categórica al describir el perfil psicológico de los implicados. Según su declaración, Germán Kiczka mostraba indicadores de racionalización de la conducta delictiva y una ausencia total de empatía, mientras que Sebastián presentaba rasgos de negación y manipulación emocional. Su testimonio, de más de una hora y media, fue considerado “implacable” por la fiscalía, sin que la defensa pudiera desestabilizar sus conclusiones.
La estrategia de los defensores —Gonzalo De Paula, por Germán, y Eduardo Paredes por Sebastián— consistió en intentar desacreditar la cadena de custodia y en sugerir que el material pudo haber sido plantado. Sin embargo, los peritos informáticos fueron tajantes al señalar que no hubo indicios de manipulación externa en los dispositivos secuestrados. Además, los rastros digitales permitieron vincular cuentas, alias y patrones de consumo directamente con los acusados.
En las últimas audiencias, ambos hermanos ampliaron sus declaraciones indagatorias, sin responder preguntas. Germán ensayó una defensa basada en tecnicismos, negando su responsabilidad en la descarga de los archivos y culpando a su hermano. Sebastián, por su parte, se autoincriminó, habló de compulsión y de que no sabía que mirar material de abuso sexual infantil era ilegal.
Un caso que sacude al poder político
La trascendencia del juicio no solo se debe a la gravedad de los delitos imputados, sino al trasfondo político. Germán Kiczka es amigo personal de Pedro Puerta, referente de Activar y figura de la alianza Cambiemos y ahora de la Libertad Avanza. Aunque Puerta nunca fue imputado cuando se lo citó a declarar como testigo, se negó, amparado en sus fueros parlamentarios y se limitó a enviar unas respuestas por escrito en las que negó su amistad con Kiczka, pese a la enorme cantidad de fotografías y videos en los que se los ve juntos en situaciones políticas y sociales.
Expectativa y pedido de Justicia
El fiscal Rau solicitará penas de cumplimiento efectivo. Las condenas por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil pueden superar los 10 años de prisión. “Creemos haber acreditado de manera contundente nuestra teoría del caso”, expresó el fiscal tras la última audiencia, convencido de que las pruebas no dejan lugar a dudas.
El caso Kiczka no es solo un proceso judicial; es un espejo que obliga a la sociedad a enfrentar sus zonas más oscuras. Y el veredicto del Tribunal será clave.
En conjunto, los acusados de violar a Gisèle Pelicot se enfrentan a más de 600 años de cárcel.
Pie de imagen: Gisèle Pelicot, la víctima, renunció al anonimato para generar consciencia sobre los hechos aberrantes que padeció durante una década de mano de su esposo.
50 hombres fueron acusados de violar a Gisèle Pelicot con el apoyo de su marido, Dominique Pelicot, de 72 años, quien la drogó durante una década con pastillas para dormir. La próxima semana esperan que sean sentenciados, al finalizar el juicio que comenzó en septiembre, donde los imputados en conjunto suman 600 años de prisión.
La mayoría de los acusados vivía en un radio de 50 kilómetros alrededor de la propia aldea de los Pelicot, Mazan. Antoine Minier, abogado que representa a tres de los acusados sostuvo: “Creo que casi todo el mundo podría terminar en una situación -bueno, tal vez no exactamente como esta- pero podría ser susceptible de cometer un crimen grave”, frente al medio BBC.
Los fiscales basaron sus demandas con respecto a factores agravantes; cuántas veces los acusados fueron a la casa de los Pelicot, si tocaron sexualmente a Gisèle Pelicot, y si la penetraron.
Hombres de diferentes edades, profesiones, refugiados incluso, fueron los que cometieron durante una década estos aberrantes hechos. Algunos de ellos son:
Joseph C (69), un entrenador deportivo retirado y un cariñoso abuelo, enfrenta cuatro años de prisión por abuso si es declarado culpable. Romain V, de 63 años, que se enfrenta a 18 años de cárcel. Sabía que tenía VIH y está acusado de violar a la víctima, en seis ocasiones distintas sin llevar protección, aunque su abogado dijo al tribunal que llevaba varios años en tratamiento y no podía haber transmitido el virus.
Los fiscales lograron obtener detalles minusiosos, ya que el marido de la víctima Dominique Pelicot se encargó de grabar los presuntos abusos, dejando una innumerable cantidad de pruebas. Dominique admitió todos los cargos en su contra y dijo a la corte que los 50 hombres acusados junto a él también son culpables.
La ley francesa define la violación como cualquier acto sexual cometido mediante “violencia, coacción, amenaza o sorpresa”, mientras que no hace referencia alguna a la necesidad de consentimiento. Esta afirmación, ayuda a los imputados a defenderse, ya que muchos argumentaron que no eran conscientes de que Gisèle Pelicot no estaba en condiciones de dar su consentimiento. Un abogado defensor argumentó: “No puede haber delito sin la intención de cometerlo”.
Dentro del caso, uno de los imputados que no está directamente relacionado a la violación es Jean-Pierre M, de 63 años, apodado “discípulo” de Dominique Pelicot. Este hombre después de aprender cómo someter a su esposa para abusar de ella, lo hizo durante cinco años y así lo admite, pero a la vez culpó de sus crímenes a Dominique Pelicot, de quien dice que era “tranquilizador, como un primo” desligándose de lo maquiavélico de su accionar. La fiscalía pide para él 17 años de cárcel.
Otros acusados, manifestaron haber sido engañados por Dominique Pelicot, para cometer las violaciones. Ahmed T, un plomero de 54 años y casado hace 30 años con quien fue su amor de infancia, dijo que si quisiera haber violado a alguien, no habría elegido a una mujer de sesenta años.
Otros dicen que se sintieron intimidados por Dominique Pelicot, de quien un abogado dijo al medio BBC que era un “personaje abominable”. Entre lágrimas, el enfermero Redouan E dijo al tribunal que le tenía demasiado miedo a Pelicot como para dejar la habitación. “Quizás no puede verse en los videos, pero estaba realmente aterrado”, dijo a los jueces.
Otros sostienen que consumieron tragos con drogas y que por ello no recuerdan el encuentro. Sin embargo, Dominique Pelicot ha negado haber hecho eso. “Los pusieron en una situación en la que los estafaron”, afirmó Christophe Bruschi, abogado de Joseph C. “Les tomaron el pelo”.
Pero Dominique Pelicot sin embargo, sostuvo que fue muy claro con los hombres al decirles que su esposa no estaba al tanto, afirmando que dio instrucciones para evitar despertarla o dejar rastros de que habían estado allí, como calentarse las manos antes de tocar a su esposa o no oler a perfume o cigarrillos, dijo. “Todos lo sabían, no pueden negarlo”.
Este juicio, además desentrañó muchas situaciones personales de los acusados, donde muchos recordaron sufrir abuso y ser víctimas a su vez, por el trauma de estos hechos. Un ejemplo de ello es, Simoné M, un trabajador de la construcción de 43 años, quien dijo que había sido abusado cuando tenía 11 años por un amigo de su familia, quien le ofreció trabajo cuidando de su ganado en un territorio francés de ultramar en Nueva Caledonia.
Otro hecho similar es el de Fabien S, un hombre de 39 años con varias condenas previas, incluyendo tráfico de drogas y abuso a un menor, afirmando que fue abusado y golpeado por sus padres de acogida desde muy temprana edad. Como varios otros, dijo que sólo se dio cuenta durante una consulta psiquiátrica ordenada por la corte que sus nebulosos y dolorosos recuerdos de infancia constituían en realidad una trama de abuso sexual.
Muchas esposas, parejas y miembros de las familias de los acusados fueron llamados a declarar sobre el perfil de los implicados. Ellos también se esforzaban en buscar respuestas mientras trataban de entender cómo los hombres en sus vidas pudieron haber terminado “atrapados en este tipo de situación”, como lo expresó una mujer.
En un mar de lágrimas, una mujer llamada Samira dijo que pasó los últimos tres años y medio “buscando respuestas” que expliquen por qué Jérôme V fue a la casa de los Pelicot en seis ocasiones. “Teníamos relaciones a diario, no entiendo por qué tuvo que irse a buscar a otra parte”, dijo sollozando. Este acusado es uno de los poco que admitió haber violado a Gisèle, diciendo que le gustaba la idea de tener “rienda suelta” sobre ella, pero culpó sin embargo a su “sexualidad incontrolable”.
“Me violaron con plena conciencia”
Muchas ex y actuales parejas de los acusados han sido sometidas a tests para comprobar si, como Gisèle, también habían sido drogadas. Una mujer dijo que siempre tiene “la terrible duda” de que el “hombre respetuoso, atento y dulce” que conocía también había abusado de ella sin saberlo.
Desde el inicio del juicio, se ha insistido mucho en la necesidad de encontrar un elemento que una a todos estos hombres. “No aparece por ninguna parte” un denominador común, además del hecho de que todos fueron a la casa de los Pelicot por su propia voluntad, han dicho los propios abogados de Gisèle. Pero hay un factor que innegablemente todos los acusados tienen en común: todos ellos tomaron la decisión consciente de no ir a la policía.
En los primeros días del juicio, se le preguntó a Gisèle Pelicot si le parecía legítimo pensar que los hombres habían sido manipulados por su marido.
Negó con la cabeza: “No me violaron con una pistola en la cabeza. Me violaron con plena conciencia”. Casi como una ocurrencia tardía, preguntó: “¿Por qué no acudieron a la policía? Incluso una llamada anónima podría haberme salvado la vida”. “Pero ninguno lo hizo”, dijo ella tras una pausa. “Ni uno solo de ellos”.
