Julio Cordero

Moyano firmó la paritaria de Camioneros alineada con la pauta del Gobierno y Economía busca convertirla en modelo

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El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, terminó firmando una paritaria que se ajusta a la pauta salarial que impulsa el Gobierno nacional. El acuerdo sellado con las cámaras empresarias fija un aumento total del 10,1% para el semestre marzo-agosto, con incrementos mensuales escalonados y por debajo de la inflación, una condición que el Ministerio de Economía considera clave para sostener el proceso de desaceleración de precios.

La negociación no era menor en el mapa sindical. Camioneros es uno de los gremios con mayor capacidad de presión dentro del sistema laboral argentino y había anticipado una postura más dura en las discusiones. Sin embargo, el convenio finalmente rubricado se alineó con el esquema que el Gobierno busca consolidar: paritarias de mayor duración y aumentos graduales que no reaviven la dinámica inflacionaria.

El acuerdo, además, será observado con atención dentro del Ejecutivo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, monitoreó las tratativas y ahora prevé homologarlo como una “paritaria modelo” que el Gobierno aspira a replicar en otras negociaciones colectivas.

La negociación: de la presión sindical al acuerdo semestral

El convenio fue firmado entre el Sindicato de Camioneros y tres cámaras empresariales del sector: la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

La estructura del aumento quedó definida de manera escalonada: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio, y 1,5% en agosto

En total, el esquema acumula 10,1% en seis meses, con subas mensuales inferiores al ritmo inflacionario reciente.

El acuerdo también contempla una suma no remunerativa de $53.000 en marzo, que busca compensar el desfase entre la inflación y el acuerdo paritario firmado a fines de 2025 para el período diciembre-febrero.

Parte de esa suma —$49.471— se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría desde abril y se trasladará proporcionalmente al resto de las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Beneficios adicionales y financiamiento de la obra social

El convenio incluye además algunos ajustes complementarios.

Entre ellos se estableció un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad, destinado a las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a pagarse a partir de abril. Ese adicional absorberá los montos que ya estuvieran abonando las empresas por ese concepto.

También se acordó una mejora en la contribución empresarial para la obra social del sindicato, que pasará de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

El acuerdo incorpora además una cláusula de revisión prevista para la primera quincena de junio de 2026. En esa instancia, las partes analizarán exclusivamente la diferencia entre el Índice de Precios al Consumidor y el período paritario revisado.

El giro en la estrategia sindical

La firma del acuerdo refleja un giro respecto de la posición que el propio gremio había manifestado semanas atrás.

En enero, el sindicato había reclamado una revisión salarial “urgente y más frecuente”, lo que implicaba pasar de acuerdos semestrales a negociaciones trimestrales. Ese planteo chocaba con la estrategia del Ministerio de Economía, que promueve paritarias más largas para evitar ajustes salariales que presionen sobre la inflación.

Además, a comienzos de marzo, durante la primera audiencia formal del año con las cámaras empresarias, Moyano había solicitado una compensación del 8% para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

El acuerdo final no incorporó ese esquema. En cambio, se optó por la suma fija de marzo y el incremento escalonado a lo largo del semestre.

La señal política para el Gobierno

Desde la perspectiva del Ejecutivo, el cierre de esta negociación tiene un peso político mayor que el impacto salarial directo.

El Gobierno busca consolidar una pauta de acuerdos laborales que acompañen el proceso de desaceleración inflacionaria, un objetivo central de la política económica. En ese contexto, el resultado de la paritaria de Camioneros funciona como una señal hacia otros gremios y sectores empresariales.

La intervención del secretario de Trabajo en el seguimiento de la negociación muestra el interés oficial por asegurar que el acuerdo se mantuviera dentro de los parámetros buscados por Economía.

Si el convenio se consolida como referencia, podría influir en otras negociaciones colectivas que se desarrollarán durante el año, especialmente en sectores con fuerte capacidad de presión sindical.

Un acuerdo que abre el tablero de las próximas paritarias

El cierre de la paritaria de Camioneros marca un punto de observación dentro del mapa laboral. No solo por el peso histórico del gremio en las negociaciones salariales, sino porque establece un precedente sobre cómo se negocian los aumentos en un contexto de desaceleración inflacionaria.

La cláusula de revisión de junio será uno de los momentos clave para medir la sostenibilidad del esquema acordado. Allí se pondrá a prueba si la inflación se mantiene dentro de los niveles previstos por el Gobierno o si el sindicato decide reabrir la discusión salarial.

Mientras tanto, el Ejecutivo apuesta a que este acuerdo marque una pauta para el resto de las paritarias del año. Pero en el sistema laboral argentino, cada negociación abre su propio frente de tensión.

Y ese equilibrio —entre inflación, salarios y poder sindical— seguirá siendo uno de los terrenos más sensibles de la política económica.

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Reforma laboral: Cordero defendió el proyecto y afirmó que “no quita ningún derecho esencial”

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En vísperas del debate legislativo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que el proyecto de reforma laboral enviado al Senado busca preservar derechos, reducir costos y facilitar la incorporación de más trabajadores al empleo formal, en un contexto de fuerte tensión política y sindical. La iniciativa —impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano— redefine componentes centrales del régimen laboral argentino y deja planteado un nuevo escenario para gremios, empresas y trabajadores.

Un proyecto que apunta a “modernizar sin quitar derechos”: lineamientos, objetivos y puntos sensibles

Durante un reportaje concedido a Ámbito y La Nación, Cordero sostuvo que la reforma “no elimina derechos adquiridos” y que constituye una propuesta “pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”. En sus palabras: “Lo que tiene de magnífica esta reforma es que no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores y, por otro lado, da y otorga derechos apuntando a generar empleo”.

El proyecto modifica aspectos clave del sistema laboral, entre ellos:

  • Retención de aportes sindicales: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención. El mecanismo será opcional “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Según fuentes oficiales, los gremios deberán desarrollar sus propios sistemas de cobro, aprovechando “mecanismos digitales existentes”.
  • Fuero laboral: se refuerza el traspaso de competencias judiciales desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Indemnizaciones: el texto aclara que el aguinaldo no integra la base de cálculo por despido. Además, propone una fórmula explícita de actualización judicial: inflación del INDEC más 3%.
  • Costos laborales: la contribución que realizan las empresas a las obras sociales se reduce del 6% al 5%.
  • Ultraactividad: se habilita la modernización de convenios colectivos. Las cláusulas normativas se mantienen salvo acuerdo, mientras que las obligacionales deberán renegociarse.
  • Jornadas y banco de horas: se habilita la posibilidad de reorganizar horas laborales mediante sistemas de compensación acordados por convenio, sin eliminar las horas extra.
  • Vacaciones: se introduce un esquema de fraccionamiento con un mínimo de siete días continuos, atendiendo a nuevas dinámicas del uso del tiempo libre.

Cordero remarcó que la reforma busca corregir “distorsiones judiciales” y adaptar reglas laborales a un mercado donde emergen la inteligencia artificial, la robótica y modalidades autónomas de trabajo. Según explicó: “La relación de dependencia requiere dependencia jurídica, técnica y económica; si alguna falta, el vínculo es autónomo”.

Reacciones políticas y sindicales: entre el apoyo parcial y el conflicto abierto

A pesar del énfasis oficial en el carácter “proactivo” de la reforma, la CGT convocó a una movilización para el 18 de diciembre en rechazo al proyecto. Cordero relativizó el conflicto y argumentó que algunos gremios “toman posiciones de liderazgo en defensa de intereses propios”, aunque diferenció a un “sindicalismo sano” que reconoce la urgencia de incorporar trabajadores al empleo formal.

Sostuvo: “Muchas veces es difícil permanecer cómodo cuando hay muchas otras personas que están incómodas. Hay personas en la informalidad y a través de los años no se ha logrado corregir este problema”.

También afirmó que la iniciativa no es antisindical: “Es una ley en favor de, no una ley anti nada. Es pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”.

En materia legislativa, Cordero se mostró confiado en que existen condiciones políticas para que el Congreso avance: “La ciudadanía está pidiendo desesperadamente que algo hagamos. Es una obligación moral”. No obstante, aclaró que los tiempos dependen exclusivamente del Parlamento.

Implicancias económicas y laborales: formalización, costos y previsibilidad jurídica

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá: Reducir cargas sobre el empleo, especialmente para pymes. Ofrecer previsibilidad respecto de indemnizaciones y litigios. Habilitar nuevas modalidades de trabajo autónomo para jóvenes. Actualizar convenios colectivos antiguos que dificultan la expansión de la actividad. Formalizar trabajadores actualmente en la economía informal.

Para Cordero, el “primer derecho” es el acceso al trabajo: “No se da cuando hay un régimen jurídico conflictivo o complejo como el que vivimos hasta hoy”.

La inclusión del banco de horas, la posibilidad de fraccionar vacaciones y la reducción de contribuciones se orientan a flexibilizar costos y tiempos sin eliminar figuras tradicionales como la hora extra.

En materia de negociación colectiva, el final de la ultraactividad obligacional implica revisar aportes, capacitaciones y beneficios históricos que se acumularon “a través del tiempo”, lo que podría redefinir la estructura financiera de varios gremios.

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