El gobernador Hugo Passalacqua, solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en su cargo y se ponga a disposición de la Justicia, luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico.
A través de sus redes sociales, el mandatario provincial expresó: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
La denuncia fue presentada el 25 de febrero por una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay, mediante una abogada patrocinante, ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico. La presentación judicial señala hechos de acoso y abuso sexual que habrían comenzado a mediados del año pasado y que, según el relato de la denunciante, habrían tenido un episodio de mayor gravedad en septiembre dentro del edificio del cuerpo deliberativo.
De acuerdo al testimonio brindado ante la Justicia, la mujer relató que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas por parte del intendente hacia ella.
Según su declaración, la situación se agravó el 4 de septiembre, cuando el jefe comunal se presentó en el edificio del Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadoras en el marco del Día de la Secretaria.
La denunciante sostuvo que, en esas circunstancias, Peyer ingresó a la oficina donde ella se encontraba y, luego de entregarle una caja de bombones y mantener una breve conversación, cerró la puerta con llave.
Siempre según su relato ante la Justicia, el intendente se habría abalanzado sobre ella, le habría corrido la ropa y la habría sometido sexualmente sin su consentimiento.
La joven declaró que durante el hecho habría sido golpeada y sometida mediante el uso de la fuerza, situación que -según expresó- le generó un profundo impacto físico y emocional. También señaló que en ese momento hacía pocos días que había dado a luz, lo que habría agravado las dolencias sufridas.
Tras el episodio, la mujer aseguró que el intendente la habría amenazado para que no denunciara lo sucedido si quería conservar su trabajo.
De acuerdo con su testimonio, esa situación se habría extendido durante varios meses, con llamadas telefónicas desde distintos números y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante, lo que -según describió- generó un clima de presión constante.
Ratificación de la denuncia y medidas judiciales
Este miércoles la denunciante fue convocada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, donde brindó una declaración ampliada sobre los hechos denunciados.
Durante su testimonio, la mujer describió presuntas situaciones de hostigamiento previo y relató un episodio ocurrido el 4 de septiembre, cuando el intendente habría ingresado a una oficina del Concejo Deliberante y se habría producido el hecho denunciado.
Tras la ratificación de la denuncia, el juzgado dispuso medidas preventivas, entre ellas una prohibición de acercamiento entre el acusado y la denunciante, mientras continúa el proceso de investigación y recolección de pruebas.
Según trascendió, de la investigación podrían surgir nuevas medidas judiciales en caso de que se reúnan elementos que sustenten la acusación.
En paralelo, la denunciante radicó una segunda presentación judicial por amenazas, al señalar que el intendente habría pasado frente a su domicilio y realizado gestos intimidantes desde su vehículo. Este hecho también quedó incorporado al expediente que tramita la Justicia provincial.
Investigación en curso
La causa se investiga bajo la posible calificación de abuso sexual con acceso carnal, aunque la investigación se encuentra en etapa preliminar.
Peyer fue notificado de la existencia de la causa penal en su contra. Sin embargo, debido a su condición de intendente, cuenta con inmunidad de arresto prevista en la Ley Orgánica de Municipios, lo que impide una detención inmediata, aunque no obstaculiza el avance de la investigación judicial ni la eventual citación a declaración indagatoria.
En ese contexto, el pedido público del gobernador Passalacqua apunta a que el jefe comunal se aparte temporalmente del cargo mientras avanza el proceso judicial, con el objetivo de garantizar la transparencia del procedimiento.
