En el barrio Prosol 1 de Posadas, la Justicia ordenó la primera suspensión de desalojo luego de que el Congreso Nacional aprobara la Ley del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración (RENABAP) en octubre de este año, después de una lucha larga e intensa de las organizaciones sociales. En ese barrio viven seis familias desde hace diez años en tierras privadas.
En noviembre del 2017 comenzaron a ser hostigadas por un abogado que representaba a un propietario, con la amenaza de desalojarlos con la anuencia de un juez. Un grupo de familias que el año pasado fueran censadas por el Registro Nacional de Barrios Populares, y obtuvieron el Certificado de Vivienda Familiar que las ampara, acompañadas por el Movimiento Evita de Misiones.
“Censamos a las familias con la compañera Marisa Villalba, y con una vecina del barrio, Roxana, corroboramos que la Anses le entregara los certificados del RENABAP que protege a las familias, hicimos gestiones en el Iprodha, de acuerdo a la Ley de Prórroga de Desalojos para que no las expulsen. Hubo un acuerdo con la Justicia para que éstas familias cuidaran que ninguna otra persona se asentara en las tierras. Pero aún así, hace dos semanas volvió al barrio el abogado que representa al propietario Luis Pedro Calgaro, advirtiendo que tenían un mes para abandonar el terreno, porque iban a ser desalojados el próximo 2 de diciembre.
A partir de ahí el diputado (Martín) Sereno junto con la coordinadora regional del RENABAP, Charo López del Valle iniciaron gestiones ante la Nación, que accionó rápidamente para que se hiciera cumplir la Ley Nacional; la Justicia accionó y ordenó suspender el desalojo”, reseñó la militante del PAyS y del Evita, Gisela Troche.
Familias que ya no serán amedrentadas
La Resolución firmada por la titular del Juzgado Civil y Comercial 3, Georgina López Liva, especifica, entre otras cosas que “… De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nacional 27453, se suspende el cumplimiento del mandamiento del desalojo del inmueble antes mencionado…”.
Las seis familias con más de 15 niños y niñas que viven en el barrio Prosol de Posadas, en situación de pobreza, se asentaron hace muchos años en esas tierras, y en todo este tiempo fueron permanentemente amedrentados con que los iban a expulsar de ese lugar, varias veces con órdenes de desalojo firmadas por funcionarios judiciales.
La mayoría de esos jefes y jefas de hogar están desocupadas y realizan changas, sobreviven en viviendas precarias y con instalaciones de servicios de agua potable y energía eléctrica de manera irregular. Ahora, gracias a la lucha de los movimientos sociales ya no correrán el riesgo de ser expulsados de las tierras que ocupan.
Beneplácito de la Cámara de Representantes
El 10 de octubre de este año, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial de Barrios Populares (RENABAP), donde se expropia a los 4416 barrios populares de Argentina, que busca declarar de utilidad pública y expropiar las tierras privadas sobre las que están asentados los barrios. También se exige a las empresas avanzar en las obras necesarias de servicios básicos, exigiendo un 20% de participación de trabajadores de la economía popular y a su vez, suspende los desalojos por cuatro años.
Esa misma semana, el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, que preside Martín Sereno, declaró a través de un Proyecto de Comunicación, el beneplácito para esa Ley, recordando que en el 2017, se creó por Decreto del Poder Ejecutivo, el Registro Nacional de Barrios Populares que sintetiza el trabajo que desde el 2016 desarrollaron las organizaciones sociales a nivel nacional, constituyendo la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Según el relevamiento en todo el país entre los dos últimos años, existen más de 4000 barrios populares que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, y que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento. Hay un gran déficit en el acceso formal a los servicios básicos, y más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad.
Un hecho histórico
“Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que los movimientos populares logramos gracias a la organización y a la lucha, en un trabajo que realizaron los militantes relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta Ley se garantiza que se suspendan los desalojos, y que puedan exigir con el respaldo normativo, los derechos por el acceso a la luz, agua, cloacas y a la integración urbana en los barrios.
Es un gran paso en un contexto adverso para los más vulnerables, aunque esta batalla continúa hasta que todas las familias tengan un techo digno”, expresó con alegría el diputado Sereno, secretario político de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita.
La norma declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios; suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo.
En Misiones hay más de 160 asentamientos informales distribuidos en varias localidades, y según el relevamiento de quienes participaron del proceso diagnóstico y ejecución como la CTEP, el Movimiento Evita, la CCC, Techo y Barrios de Pie, son unas 21.700 las familias que residen en esos barrios populares.
