legislación laboral

El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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CAME respalda la reforma laboral, pero advierte riesgos por aportes patronales y convenios

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo general al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, compuesto por 180 artículos, pero encendió alertas sobre cinco disposiciones puntuales que, según la entidad, podrían generar inestabilidad en el sector productivo y afectar de manera directa el funcionamiento de las cámaras empresariales. Las objeciones se concentran en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, que introducen cambios en el régimen de convenios colectivos y en el financiamiento de las organizaciones representativas del empresariado.

La advertencia no es aislada: también fue acompañada por reclamos de la Cámara de Comercio, ADIMRA y entidades empresariales del interior del país, que comparten la preocupación por el impacto institucional y económico de la iniciativa si se aprueba sin modificaciones.

Convenios colectivos y ultraactividad: el riesgo de una transición abrupta

Uno de los ejes centrales del planteo de CAME es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Desde la entidad sostienen que, si bien los convenios requieren actualización, los cambios propuestos podrían provocar una ruptura abrupta del marco normativo vigente.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, advirtió que “estos convenios, si bien hay que retocarlos o mejorarlos o actualizarlos, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”. En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente agregó que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.

Desde la óptica de la mediana empresa, la ultraactividad funciona como un mecanismo de previsibilidad en las relaciones laborales. Su eliminación o restricción, sin un esquema gradual, podría impactar en la planificación productiva, en los costos laborales y en la estabilidad de los acuerdos vigentes, especialmente en sectores con menor capacidad de negociación individual.

Aportes patronales y financiamiento: una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical

El artículo 128 del proyecto es señalado como uno de los puntos más sensibles. La norma propone la quita de la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales, una medida que, según CAME, comprometería seriamente su sostenibilidad financiera.

Diab sostuvo que esta modificación colocaría a las entidades empresariales en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical, que mantiene sus mecanismos de financiamiento. En ese marco, afirmó que el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.

La confederación remarcó que estos recursos no solo sostienen la estructura institucional, sino también programas de formación profesional que se desarrollan en todo el país. “Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el titular de la entidad. La eventual pérdida de estos fondos, advierten, tendría un impacto directo en la competitividad y en la capacidad de adaptación de las pymes.

Riesgos legales y gestiones políticas antes de la votación

Además de los aspectos financieros, CAME alertó sobre posibles consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación de los artículos 130, 131 y 132. Según el análisis de los asesores legales de la entidad, estas disposiciones “pueden traer conflictos legales futuros”, lo que abriría un nuevo frente de incertidumbre para empresas y cámaras en un contexto ya complejo.

Ante este escenario, la confederación intensificó su estrategia de diálogo político. Representantes de CAME mantuvieron reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de encuentros con distintos gobernadores. El objetivo es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la reforma.

El debate se da en un momento clave para el entramado productivo, donde la reforma laboral es presentada como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo, pero también genera tensiones sobre el equilibrio institucional entre sindicatos, empresas y el Estado. Para CAME y otras entidades empresariales, el desafío pasa por introducir cambios sin desfinanciar a las organizaciones representativas ni erosionar la previsibilidad que requieren las pymes para sostener la actividad.

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