LEY DE ALQUILERES

Habrá nueva ronda de consultas en Diputados para reformar la ley de alquileres

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La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados llevará adelante mañana una nueva ronda de consultas para reformar la ley de alquileres, en la que los principales ejes de la discusión pasan por los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos.

El objetivo de esta reuniones es poder sancionar una nueva norma en la Cámara baja antes de que finalice la primera quincena de mayo.

La comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- realizará una nueva ronda de consultas donde expondrán treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor.

De acuerdo al cronograma de trabajo de la comisión, las reuniones informativas concluirán este miércoles, y en la última semana de abril los legisladores se abocarán a analizar las diferentes propuestas para reformar la ley votada en 2020.

La comisión de Legislación General se reunirá entre las 13 y las 17 en la Sala 2 del edificio Anexo.

Fueron convocados a exponer Claudia Amherdt y Germán Berman, de la Federación Universitaria del Litoral; Alicia Espinoza, de Fuerza de Mujeres Barrio 31; Juan Arrizabalaga, de la Asamblea de Inquilinos de Tandil; Sebastians Artola, de Inquilinos Agrupados de Rosario; Víctor Bazán, de la Asociación Civil de locatarios de San Juan.

También estarán Alejandro Bennazar, de la Cámara Inmobiliaria Argentina; Adrián Canteros Sandoval, de la Asociación de Inquilinos de Corrientes; Emilio Caravaca Pazos y Josefina Pantano, de la Federación Inmobiliaria de la Argentina; la investigadora Laura Ceroli; y Julián Corvagilia, de la Federación Nacional de Inquilinos.

La lista de invitados se completa con Juan Carlos Donsanto, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia ce Buenos Aires; Jose Griselli, de la Asociación de Defensa del Inquilino; Andrés Gariboldi, del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios; y el director del programa de atención a inquilinos, Fernando Muñoz; entre otros.

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

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Comenzó el debate en comisión de los proyectos para modificar la Ley de Alquileres

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Según el cronograma acordado la semana pasada, los legisladores de la Cámara baja comenzarán el análisis de los proyectos en el marco de la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau y que quedó formalmente constituida el martes pasado.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau, inició este martes el debate de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres, inquilinos, propietarios y de inmobiliarias.

En la apertura de la reunión, que se desarrolla en el anexo C de la cámara baja, en forma mixta, virtual y presencial, Moreau puso de relieve la importancia del debate y destacó “la necesidad de escuchar a las provincias que son parte de la problemática”, antes de dar la palabra a los expositores, en primer término de la provincia de Chaco.

El primero en exponer fue Giovanni Tesaro, jefe departamento jurídico de Defensa del Consumidor de Chaco, quien consideró que la ley “debe tener previsibilidad”, al hacer referencia a la “falta de certidumbre” de la norma actual.

En tanto, Matías Sironi, representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de esa misma provincia, dijo que la ley actual “no contribuyó a dar soluciones a la crisis habitacional y profundizó la escasez de oferta”, al advertir que “no tiene en cuenta la receptividad del turismo ni las actividades estacionales: la sola derogación es insuficiente para atender la problemática porque hay que atender las causas reales”.

Por su parte, Roberto Diaz de la Unión de Inquilinos de Río Negro dijo que “hay personas viviendo en carpas, en autos o en colectivos” como consecuencia de la aplicación de la ley y consideró que “la situación es preocupante”.

Desde San Luis, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Fernando Olcese, aseguró que “no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no las hay, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina, que es lo que hablamos permanentemente y tenemos que solucionar”.

En tanto, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, aseguró que este año ya se han recibido 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas” y señaló que están “relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.”

A su turno, la representante del Colegio de Corredores Públicos de Misiones, María Bower, señaló que “la ley provocó consecuencias en un sentido opuesto a lo que la ley pretendía: nació con buenas intenciones, pero provocó en nuestro mercado una disminución en la oferta de alquileres”.En tanto, Jonathan Villanueva, de Inquilinos por Entre Ríos, señaló que “el mercado es voraz y va en desmedro de los inquilinos” y rechazó los argumentos de los propietarios y martilleros al señalar que dicen “mentiras” y “ocultan información cuando dicen que los 3 años no dan previsibilidad y el que dice eso es porque no alquila”.

El representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, pidió “reducir el plazo y volver a los contratos de dos años porque le acrecentó el gasto al inquilino” y señaló que “es imposible no actualizar los alquileres cada seis meses”.

Por último, desde Inquilinos Organizados de Luján dijeron que “vengo a representar la voz de las mujeres jefas de hogar, disidencias y migrantes; ya que nos encontramos en una odisea constante por la asimetría entre inquilinos y el mercado inmobiliario”.

En tanto, y de acuerdo con el cronograma establecido, la comisión retomará el debate la semana próxima con reuniones presenciales el martes 19 y miércoles 20, mientras que entre el martes 26 y miércoles 27, se pretende comenzar a firmar el dictamen.

De esta manera, Moreau cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Los principales espacios políticos consensuaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratar el tema -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En ese sentido, todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de uno de su implementación.

Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

La intención del oficialismo es avanzar en el debate y llegar a un dictamen de consenso para llevarlo al recinto de la Cámara baja el mes próximo.

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Comisión de Diputados fijó el cronograma de trabajo para modificar la ley de alquileres

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La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados inició hoy el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres, en una reunión en la que fueron designadas las autoridades de ese cuerpo y en la que se estableció un cronograma de trabajo que incluye la posibilidad de emitir dictamen entre el 26 y el 27 de abril, previa asistencia de varios expositores sobre la materia.

La diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau fue reelegida como presidenta de la comisión, en tanto que Carla Carrizo, de Evolución radical-Juntos por el Cambio, continuará como vicepresidenta.

En la breve reunión, en la que solo se acordaron estas cuestiones organizativas, se resolvió un esquema de trabajo que incluye reuniones virtuales y presenciales, así como la posibilidad de que algunos de los testimonios de los sectores interesados en la iniciativa puedan realizarse a través de videoconferencia, aún cuando el encuentro de la comisión sea presencial.

La próxima reunión de la comisión será el martes próximo, bajo la modalidad remota, entre las 13 y las 17 horas, y con opiniones de especialistas, en tanto que la semana siguiente, el martes 19 y el miércoles 20, los diputados recibirán a invitados en forma presencial.

Por último, el martes 26 y el miércoles 27 los diputados se reunirán en forma presencial para abocarse a la discusión interna y buscar emitir un dictamen de consenso en base a la veintena de proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas.

El Interbloque Provincias Unidas, presente en el debate LEY DE ALQUILERES. Tras la reunión el Diputado por Misiones, Diego Sartori expresó que “Se realizarán reuniones informativas para escuchar a propietarios e inquilinos. La semana próxima, el martes 12, se habilitará la participación de forma remota. El debate continuará el martes 19 y el miércoles 20 de forma presencial, con la posibilidad de escuchar opiniones de forma remota. Finalmente, los días 26 y 27 será el debate presencial entre los diputados para llegar al dictamen.

“Si vos haces propiedades para alquilar y no tenes a nadie quien las alquile, fracasó tu inversión.
Y si vos sos un inquilino que venís y tomás un alquiler y no lo podés pagar, fracasan las dos partes.
Entonces es importante que con este proyecto de modificación de alquileres se pueda llegar a un acuerdo para el beneficio de ambas partes”, consideró Sartori.

“Queremos trabajar en estos 30 días hábiles que se fijaron para intentar conseguir un acuerdo, sobre una ley que muchos de nosotros acompañamos y que de hecho derivó en requerimientos muy importante tanto de los inquilinos, como de los propietarios, que no podemos dejar de atender y de escuchar”, enfatizó Moreau.

En ese sentido, la presidenta de la comisión también expresó: “Nos parece que así como hicimos en otros temas, y como queremos seguir trabajando, sería importante que establezcamos un cronograma dándole a ésta temática una visión federal, porque nos parece que es muy importante que se escuche no solo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”,

Al finalizar la reunión de hoy, la diputada radical Karina Banfi, señaló que en este tema van “a tener que hacer un gran esfuerzo todos los diputados de la comisión para ponerse de acuerdo en algunos puntos sobre los que se pueden tener coincidencias”.

“Sabemos -agregó- cuáles son los problemas de esta ley: la prolongación del contrato y el modo de indexación. Buscamos derogar esos dos artículos” y señaló que “hay que volver al Código Civil. Menos regulación y más libertad para las partes para negociar. Cuando el Estado se entromete mucho se hace daño. Hay que buscar dar seguridad jurídica, y buscar la manera de que haya mayor oferta, lo cual llevará a que baje el precio”, añadió.

La ley de alquileres vigente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

También tuvo diferentes cuestionamientos al índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

En cambio, los legisladores mantendrían los artículos incorporados a la ley sancionada en 2020 que fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito.

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Ley de alquileres: que piden las inmobiliarias e inquilinos

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Inmobiliarias e inquilinos piden algunas pautas a los Diputados para la pronta modificación de la Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio recibió a algunas asociaciones.

El Congreso de la Nación se prepara para lo que será la modificación, tras su fracaso, de la ley de alquileres, y en ese sentido, diputados de la oposición recibieron este jueves 31/03 a representantes de las asociaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias y propietarios.

Los invitados de los distintos sectores involucrados coincidieron en derogar los dos artículos de la normativa actual que tienen que ver con la duración de los contratos de locación por tres años y el mecanismo de actualización de los valores de los alquileres cada 12 meses.

Además, entre las ideas que acercaron, estuvieron la posibilidad de volver a los contratos de dos años y fijar ajustes semestrales.

Al tomar la palabra en la sala 2 del anexo de Diputados, el presidente del bloque de PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que Juntos por el Cambio “busca darle previsibilid ad al mercado inmobiliario, para que inquilinos y propietarios tengan un marco legal acorde a la situación crítica que están atravesando”.

“Comprendemos y sabemos las dificultades que hoy tienen los inquilinos para acceder a una vivienda de alquiler”, agregó.

Por su parte, el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, destacó que “todas las partes coincidieron” en que los dos artículos vinculados a la duración de los contratos y la periodicidad anual de la actualización de los montos “lejos de dar previsibilidad, generaron más incertidumbre”.

El cordobés admitió que el pedido de sesión especial para el próximo martes, con vistas a la derogación de la ley, era en realidad una estrategia para “meter presión al oficialismo”, a fin de que pusiera en agenda la reforma de la actual ley de Alquileres.

“Nosotros no queremos la suspensión ni la derogación total de la actual ley. Pero pedimos una sesión planteando la derogación para meter presión al oficialismo. Esta estrategia fue fructífera porque ayer destrabamos con el presidente de la Cámara baja (Sergio Massa) el funcionamiento de la comisión de Legislación General y el martes se empieza a debatir este tema”, resaltó.

Ayer, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron dar inicio al tratamiento de la reforma de la ley de Alquileres desde el próximo jueves y pusieron un plazo de 30 días hábiles para conseguir dictamen y aprobar la iniciativa con media sanción.

“Si en 30 días no hay dictámenes, desde Juntos por el Cambio vamos a volver a pedir una sesión especial”, advirtió Negri, marcándole la cancha al oficialismo.

El titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, ponderó la reunión de Juntos por el Cambio con los distintos actores del mercado de alquileres y destacó que ahora en la coalición opositora tienen “una visión más clara para avanzar rápido” e n el tema.

“Tenemos que saber que con la inflación galopante y la incertidumbre que mete el oficialismo, lo que salga del Congreso sólo será un paliativo”, reconoció.

La opinión de inmobiliarias e inquilinos sobre la ley de alquileres

Por la Federación Inmobiliaria Argentina, Emilio Caravaca Pazos, señaló que “lo más importante” a tener en cuenta en la reforma a tratar “tiene que ver con los plazos de la ley actual”.

“Aunque creemos que la modificación de la ley no va a normalizar el mercado per se. Hay falta de oferta y una demanda creciente”, admitió.

Sobre el mecanismo de actualización cada 12 meses, opinó que “debe cambiarse” porque a su entender ese período lleva a que “sea muy difícil planificar” el valor del alquiler dada la “alta inflación”.

También consideró que el plazo de tres años de la duración de los contratos debe retrotraerse a dos años: “Los tres años de plazo gen eraron la elevación de los precios de los alquileres”.

No obstante, mencionó que hubo aciertos en la cuestionada “ley Lipovetsky” (denominada así en alusión a su autor, el ex diputado nacional Daniel Lipovetzky) “como establecer las expensas de cada parte o el domicilio electrónico”.

En representación de la Asociación Defensa del Inquilino, José Griselli, reconoció que “cuando se sancionó la actual legislación lo que se vio fue el aumento nocivo e inmediato de las locaciones”.

“Por no tener libertad de negociación, por ligar los juicios de desalojo a la registración del contrato ante la AFIP, nadie ofrece inmuebles en locación”, analizó.

En nombre de la Asociación de Defensa del Consumidor e Inquilino, Exequiel Vergara indicó que siempre creyó que “la indexación era una pésima idea”.

“Con la inflación más alta del mundo era obvio que los alquileres iban a subir. Hoy hay falta de inmuebles par a alquilar y lo que hay es carísimo. La respuesta es que haya un precio claro y transparente desde el principio”, manifestó.

“En 2015 con el Código Civil y Comercial se puso dos años y en 2020 se llevó a tres años. Eso quita toda certidumbre”, cerró.

Un nuevo proyecto sobre alquileres:

Por otro lado, la diputada nacional porteña del Frente de Todos (FdT) Gisela Marziotta presentó un proyecto para modificar el régimen de alquileres de inmuebles para vivienda, que busca la suspensión de los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva ley y que propone crear la Cámara Nacional de Alquileres.

El proyecto establece la suspensión de los aumentos en los alquileres hasta que entre en vigencia la nueva ley, a partir de la cual las modificaciones en los precios se regularán mediante la Cámara Nacional de Alquileres (CNA), órgano autárquico creado por la norma.

Además, el proyecto establece que “se prohibirá, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locatario pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual”.

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Diputados encabezados por Gioja presentan proyecto para modificar ley de alquileres

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Diputados del Frente de Todos (FdT), encabezados por José Luis Gioja, formalizaron hoy la presentación de un proyecto para modificar la ley de alquileres, aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, y que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.

La iniciativa impulsada por Gioja propone además que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual, y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.

El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo tanto de inquilinos como de propietarios.

Entre las modificaciones, esa ley estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.

“Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación”, sostuvo Gioja en los fundamentos de la iniciativa.

El exgobernador de San Juan agregó que “pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los Estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler”.

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