Ley De Bases

Autorizan privatización parcial de Nucleoeléctrica con control del 51% en manos del Estado

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El Gobierno autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina: se venderá 44% de acciones y lanzará un Programa de Propiedad Participada.

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 695/2025, autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida establece la venta del 44% del capital accionario mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que otro 5% será destinado a un Programa de Propiedad Participada. El Estado Nacional conservará el control mayoritario con el 51% de las acciones, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Actualmente, el capital social de NASA se compone de un 79% en manos del Estado Nacional, un 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica y un 1% de ENARSA. El decreto instruye además transferencias accionarias internas para consolidar la participación estatal antes del proceso de privatización: ENARSA deberá ceder el 1% de su participación al Estado Nacional, y NASA deberá transferir el 0,01% del capital social de ENARSA.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la Extensión de Vida de Atucha I, que prevé su reingreso al mercado eléctrico en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), esencial para la continuidad operativa de Atucha II.

La medida se inscribe en la política de reducción del déficit fiscal y achicamiento del aparato estatal, con la intención de que la empresa gane competitividad bajo un esquema mixto. Según los fundamentos oficiales, la intervención estatal exclusiva “no ha dado los resultados esperados” y la participación privada se considera “el medio más idóneo” para garantizar eficiencia y rentabilidad.

Antecedentes y marco legal

La privatización parcial se apoya en el artículo 8° de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo los lineamientos de la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Cabe recordar que NASA fue creada en 1994 por el Decreto 1540, que transfirió a la sociedad la operación de Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Desde entonces, la empresa ha registrado hitos en generación: en 2024 alcanzó un récord histórico de 10.449.015 MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, cifras que la colocan en estándares internacionales de eficiencia operativa.

El proceso deberá pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, como prevé la Ley 23.696, y contará con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, encargada de definir los términos de la licitación.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un debate político y económico en torno al rol del Estado en sectores estratégicos como la energía nuclear. El Gobierno asegura que el Estado conservará el control mayoritario y la capacidad de decisión, pero la apertura al capital privado podría modificar los equilibrios en la gestión de inversiones y en la definición de prioridades tecnológicas.

Sectores sindicales y legislativos podrían cuestionar el esquema, especialmente en lo referido al Programa de Propiedad Participada del 5%, que requerirá aprobación de la Secretaría de Trabajo para su implementación. A nivel internacional, la licitación promete atraer a fondos especializados en energía y empresas del sector nuclear interesadas en acceder a un mercado con proyectos de largo plazo.

El impacto sobre la política energética será significativo: el Estado buscará descargar parte del costo de financiamiento en inversores privados, mientras asegura su control estratégico en la operación de las centrales. En paralelo, la medida se alinea con los compromisos de equilibrio fiscal y con la estrategia de mostrar al mercado internacional señales de apertura a la inversión extranjera en sectores de alta sensibilidad.

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