Cómo cambiará los trámites de transferencias de vehículos con las nuevas medidas
Las resoluciones anunciadas por el ministerio de Justicia respecto al sistema registral tienen tres diferentes ámbitos de influencia: los registros y su funcionamiento, los beneficios para los usuarios y las reformas estructurales.
Si bien en el DNU del Poder Ejecutivo Nacional estipulaba que el 2 de mayo debía ponerse en funcionamiento un nuevo Registro Automotor digital de alcance nacional, cuyo funcionamiento debe ser remoto, abierto, accesible y estandarizado, un día después de vencido ese plazo, el Ministerio de Justicia de la Nación, del cual depende la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Afines (Dnrpa), hizo públicas algunas disposiciones que van en esa dirección, algunas de las cuales son de aplicación inmediata.
Se atacó la problemática en general, con decisiones que impactan en los Registros como dependencias en sí mismas, en los usuarios con menores trámites y costos, y en el sistema registral en su estructura, con procesos que permitan continuar después con la transformación más profunda que por ahora no se puede hacer.
La más llamativa por la magnitud que tiene es la decisión de cerrar el 40% de los actuales Registros del Automotor, lo que implica unas 620 dependencias si se toma el dato de 1.554 registros en todo el país. Dentro de ellos, se cerrarán todos los que actualmente estaban intervenidos y con auditorías en proceso, algunas iniciadas hace más de dos años, y otros desde la asunción de la administración de Javier Milei. En la misma dirección, se decidió también reducir el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, dentro de un marco apropiado como el de ofrecer planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Estas dos medidas apuntalan las bases de la reforma del sistema registral de automotores, cuestionado por el Presidente durante su campaña electoral, en el que reiteradamente describió a los Registros del Automotor como “cajas de la política” y parte de la “casta que vive del Estado”. Reducirlos a poco más de la mitad sigue una lógica de achicar el gasto público y mantener el equilibrio fiscal, y podría considerarse el primer paso hacia el objetivo final que siempre ha sido cerrarlos completamente y reemplazarlos por una herramienta digital remota.
Se complementan con otra anunciada también en la misma resolución, que determina que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. Justicia se reserva el derecho de controlar en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Esta última medida, además de exigir un equilibrio entre ingresos y egresos de cada dependencia, tiene un tinte político, ya que, siguiendo la lógica del presidente, pretende revisar las conexiones o vinculaciones que pueda tener cada titular de un registro con el poder político actual o de tiempos pasados, lo que se ataca además en otra de las decisiones comunicadas por el Ministerio de Justicia, como es la de implementar un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función. Además, se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Por último, también se ha decidido derogar el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios. En estos insumos están las cédulas físicas y las placas de identificación, más conocidas como las chapas patente de los autos.
Medidas para los usuarios
Las otras medidas tienen impacto en los trámites que deben que hacer los ciudadanos, y es la otra parte sustancial de la decisión política de transformar el sistema registral. La eliminación de la fecha de vencimiento de la cédula de identidad del automotor, comúnmente conocida como “tarjeta verde”, tiene una correlación con la eliminación de la cédula adicional para autorizar a terceros, que se conoce como “cédula azul”.
La tarjeta verde es el documento que vincula al titular de un automóvil con su vehículo, y en ella están registrados todos los datos de ambos, de la persona y del auto. Mientras no estuviera vencida, podía ser utilizada por terceros para circular con el automóvil, pero una vez que caducó ese plazo, sólo el titular podía usar el auto legalmente. Por esa razón se implementó la cédula azul, para habilitar a terceros a conducir autos de los que no son dueños, pero con la autorización del titular.
Aunque figura en la resolución general, una de las medidas ya había sido tomada el 25 de abril pasado. Es la de eliminar el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) por el cual se debían informar a la AFIP todas las operaciones de venta de automotores que tuvieran un costo superior a los $4.500.000. Ese formulario representaba uno de los gastos que debía hacerse para vender un vehículo.
También hay otras medidas que no tienen fecha aún, y por el momento sólo se han comunicado como una intención de cambio que beneficien el más simple y económico sistema registral de operaciones de compra y venta de automóviles para los usuarios. En este sentido se anunció que se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Hoy, ante el recorte de las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo a los estados provinciales, así como algunas jurisdicciones han decidido agregar impuestos al combustible, otras podrían decidir un aumento de los impuestos o tasas provinciales de sellos, que efectivamente, el mayor costo en una transferencia.
Por último, también se decidió aumentar significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo. Ese monto era $22.000.000, lo que implicaba que casi todos los autos nuevos del mercado tuvieran que cumplir con ese trámite. Hacerlo implicaba pagar a un contador y el sellado del certificado en la AFIP. Aún no se sabe cuál será ese nuevo monto a partir del cual se deberán justificar el origen de los fondos, pero el trámite hasta el mes de marzo tenía un costo aproximado de $180.000 por persona.
Medidas estructurales
Para que toda la transformación sea posible, se ha decidido que se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos. Además, se digitalizará la verificación policial de vehículos en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales. Ambos procesos son lentos, pero fundamentales para poder continuar con la agenda de transformación de los Registros del Automotor y convertirlos en una herramienta totalmente remota.
A partir del momento en que se terminen de aplicar todas estas reformas, comenzará a acelerarse el proceso que permita “bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”, dijo la comunicación del Ministerio de Justicia este viernes. También aseguró que se inicia “la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor”.
“Estas medidas van en el sentido que todos esperamos para desburocratizar los Registros. En las últimas décadas, el proceso fue exactamente al revés. Cada vez se fue haciendo más burocrático con la sola finalidad de cobrar más impuestos, de los cuales los ciudadanos somos rehenes y son completamente extorsivos y no sirven para nada, solo para recaudar. El hecho de digitalizar y simplificar los trámites va a hacer que los trámites de transferencia vehicular se puedan hacer más fácilmente y más económicamente para las personas”, dijo Fabián Pons, fundador del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam).
“Sin embargo, todavía tenemos que ver cómo se reglamentarán estas decisiones como sacar el vencimiento a las cédulas verdes y la eliminación de la cédula azul. Como medida es buena pero hay que ver qué pasa, por ejemplo, ante la venta de un vehículo, para que el comprador no siga circulando con la cédula del vendedor. Cómo se hará obligatoria la transferencia es importante no sólo a nivel de trámite, sino en función de las responsabilidades civiles y penales ante un accidente con un auto que no se haya transferido. Aunque eso también sucede hoy”, explicó el especialista.
Finalmente, Pons destacó que “si se hace la digitalización total, esto va a permitir que se eliminen los Registros del Automotor, lo que sería algo verdaderamente trascendental para los ciudadanos. Una cosa es el anuncio y otra es la puesta en funcionamiento. Esperemos a ver qué actitud tienen las provincias porque los va a afectar. Esperemos que no pongan ningún palo en la rueda”, concluyó.
Fuente Infobae
