Las acciones de YPF se disparan tanto en Nueva York como en Buenos Aires luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara a favor del país en el litigio por la nacionalización de la compañía.
El ADR de la petrolera en Wall Street avanza 4,5%, acelerando la suba inicial tras conocerse el fallo
Por su parte, en la Bolsa de Buenos Aires la suba es de 3,2%, también con un mayor ritmo luego de que trascendiera la noticia
El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó, y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa.
Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”.
En la primera fila, seguían con atención el discurso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los principales apuntados por la polémica por los viajes y las presuntas propiedas que no tendría declarada.
Con escasas referencias a los cuestionamientos contra el ministro coordinador, el mandatario le agradecidó a Pettovello por “luchar incansablemente para desarrollar el capital humano”, y la definió como la ministra más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”.
“La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además, junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional, la doctora Bullrich, no solo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas”, expresó.
Asimismo, ante la mirada atenta del ex vocero, el libertario agregó: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”. En la previa, el funcionario fue incluido en el retrato que celebró el fallo en el caso de YPF.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y revirtió la condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La decisión, conocida en las últimas horas, modifica el escenario de uno de los juicios más sensibles para las cuentas públicas y abre un nuevo capítulo en una disputa que lleva más de una década. ¿Se trata de un cierre definitivo o de un respiro estratégico antes de una instancia mayor?
El tribunal revisor avaló que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización y dejó sin efecto el fallo de primera instancia de 2023, que había sido adverso al Estado argentino. Aun así, el expediente no está cerrado: las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso se remonta a 2015, cuando se inició el litigio por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la jueza de primera instancia había determinado que la Argentina violó el estatuto de la compañía en ese proceso y ordenó el pago de una indemnización superior a los US$16.000 millones.
Ese fallo colocó al país frente a una contingencia fiscal de magnitud, con implicancias directas sobre la sostenibilidad financiera y la negociación externa. La decisión de la Cámara de Apelaciones introduce ahora un cambio sustancial: desactiva, al menos por el momento, esa obligación de pago y valida el encuadre jurídico de la estatización.
En términos institucionales, el pronunciamiento no solo revisa la interpretación del estatuto de YPF, sino que también redefine el alcance de la responsabilidad estatal en procesos de nacionalización bajo legislación extranjera.
El fallo tuvo una inmediata lectura política. El presidente Javier Milei celebró públicamente la decisión y la presentó como una victoria de su administración en el frente internacional. El mensaje no fue neutro: incluyó cuestionamientos directos a la gestión que impulsó la expropiación, en un intento de reconfigurar la narrativa sobre el origen del conflicto.
En ese marco, el resultado fortalece al oficialismo en dos planos. Por un lado, le permite mostrar capacidad de gestión en un litigio de alto impacto económico. Por otro, le otorga margen discursivo para insistir en la crítica a decisiones previas que derivaron en el juicio.
Al mismo tiempo, la resolución condiciona a sectores de la oposición vinculados al proceso de estatización, que quedan expuestos en la discusión pública sobre las consecuencias legales de aquella decisión.
Desde el punto de vista económico, evitar un pago de esa magnitud implica despejar una presión significativa sobre las reservas y sobre cualquier esquema de negociación financiera futura.
El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.
1993 — PRIVATIZACIÓN
Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.
2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN
El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.
ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN
El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.
2015 — INICIO DE DEMANDA
Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.
2023 — CONDENA INICIAL
La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.
MARZO 2026 — ANULACIÓN
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.
A pesar del giro favorable, el proceso judicial está lejos de concluir. La posibilidad de que el caso escale a la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene abierta la incertidumbre y obliga al Gobierno a sostener la estrategia legal.
El foco ahora se traslada a la próxima instancia: si las partes deciden avanzar, el litigio podría prolongarse y volver a poner en discusión los fundamentos del fallo. En paralelo, el impacto político interno seguirá en evolución, especialmente en la disputa por la interpretación de la estatización y sus consecuencias.
Por lo pronto, la decisión de Nueva York redefine el tablero, pero no lo cierra. El juicio por YPF sigue siendo, más que un expediente judicial, un frente donde se cruzan política, economía y estrategia de poder.
La disputa por la expropiación de YPF entró en una pausa decisiva. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó suspender todas las demandas y medidas vinculadas al caso hasta que se resuelva la apelación de fondo presentada por Argentina contra la condena de unos USD 18.000 millones dictada en 2023. La decisión, adoptada tras un pedido formal del Gobierno el 6 de marzo de 2026, introduce un cambio en el ritmo del litigio y abre una ventana política: ¿se trata de un punto de inflexión en la defensa del Estado o de un compás de espera antes de una definición que seguirá condicionando las cuentas públicas?
La resolución implica que ningún tribunal estadounidense podrá avanzar en ejecuciones, investigaciones ni medidas vinculadas al fallo de primera instancia hasta que se defina si esa sentencia es válida. En términos concretos, quedan suspendidos procesos clave del denominado discovery post sentencia, así como audiencias y pedidos que buscaban acelerar el cobro.
El movimiento responde a una solicitud impulsada por la Procuración del Tesoro en el inicio de la gestión de Sebastián Amerio, que planteó la necesidad de frenar el avance de los litigios mientras se revisa el núcleo del caso. La Cámara aceptó ese planteo y, con ello, reordena el tablero procesal.
El trasfondo es conocido: en 2023, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar una cifra millonaria por la expropiación de la petrolera en 2012. Ese fallo fue apelado, pero en paralelo los fondos litigantes —con Burford Capital como principal actor— avanzaron con distintas estrategias para ejecutar la sentencia.
La suspensión desactiva, al menos de forma temporal, esos intentos. Pedidos como el traspaso de acciones, declaraciones de desacato o la búsqueda de pruebas para vincular directamente al Estado con la empresa quedan congelados.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, integrada en este caso por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, tiene ahora la responsabilidad de resolver la cuestión de fondo: confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia.
No hay un plazo formal para esa definición, aunque las estadísticas del propio tribunal indican que estos procesos suelen resolverse entre seis y doce meses. La audiencia de apelación se realizó en octubre del año pasado; al momento de la suspensión ya habían transcurrido cinco meses.
En ese contexto, la decisión de frenar los procesos intermedios puede leerse como una señal de que el tribunal busca concentrarse en el fallo principal. Según el análisis técnico, avanzar con audiencias y medidas paralelas perdería sentido si la resolución de fondo está próxima.
En el plano económico, la medida representa un alivio inmediato. La suspensión evita, por ahora, cualquier ejecución sobre activos o nuevas presiones judiciales que podrían haber tenido impacto en las finanzas del Estado.
Para el Gobierno, el fallo se traduce en un activo político. La administración nacional lo presentó como un “hito histórico” y lo vinculó a un cambio en la estrategia jurídica, destacando la coordinación entre la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Justicia y la Cancillería.
Ese posicionamiento busca instalar una narrativa de orden y profesionalización en la defensa del caso, en contraste con etapas previas del litigio. También permite al Ejecutivo mostrar resultados en un frente sensible, donde el margen de maniobra suele ser limitado.
Del otro lado, los demandantes habían advertido sobre los perjuicios que implicaría una suspensión y cuestionado las probabilidades de éxito de Argentina en la apelación. La decisión de la Cámara, sin embargo, priorizó el análisis integral del caso antes de permitir avances parciales.
El escenario de fondo sigue abierto. La Cámara puede optar por tres caminos: validar completamente el fallo de Preska, revocarlo en su totalidad o introducir modificaciones, como revisar la jurisdicción o recalcular el monto de la indemnización.
Cada alternativa implica consecuencias distintas. Una confirmación consolidaría la obligación de pago en los términos actuales. Una revocación cerraría el caso a favor del país. Un punto intermedio prolongaría la disputa, pero podría reducir el impacto económico.
Por ahora, la suspensión actúa como una pausa estratégica. Le da tiempo al Gobierno, ordena el frente judicial y frena la presión de los acreedores. Pero no resuelve el problema de fondo.
Las próximas semanas estarán marcadas por la expectativa sobre el fallo definitivo. Allí se jugará no solo el desenlace de un litigio que lleva más de una década, sino también el margen de acción política y fiscal del Estado frente a uno de los juicios más costosos de su historia.
La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo episodio en los tribunales de Nueva York. Este jueves, los fondos Petersen y Eton Park presentaron un pedido ante la jueza Loretta Preska para que el Estado argentino sea declarado en desacato, por presuntas demoras e incumplimientos en la entrega de documentación clave exigida por la corte. La ofensiva eleva la presión legal y financiera sobre la Argentina y abre la puerta a eventuales sanciones y nuevas instancias de conflicto institucional.
El planteo se inscribe en la etapa de recabación de pruebas posterior al fallo adverso contra el país y apunta directamente a la estrategia de defensa del Estado, en un proceso que combina implicancias jurídicas, económicas y políticas de alto impacto.
Según consta en la presentación, los fondos demandantes sostienen que la Argentina no entregó la totalidad de los correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios actuales y anteriores que fueron requeridos por la justicia estadounidense como parte del proceso probatorio. A criterio de los beneficiarios del fallo, esa conducta configura una falta de cooperación con la corte.
El avance fue confirmado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, quien señaló en su cuenta de X que este jueves “los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la Juez Loretta Preska que Argentina está en desacato con la corte”.
La estrategia de los fondos apunta a que la magistrada interprete que el Estado argentino incumplió órdenes judiciales expresas, lo que habilitaría una respuesta más severa por parte del tribunal.
Ante la presunta falta de cooperación, los querellantes solicitaron que la jueza evalúe una serie de medidas concretas. Entre ellas, figuran sanciones económicas adicionales, la aplicación de presunciones adversas —es decir, que la justicia tenga por probados los hechos que los correos electrónicos podrían haber demostrado— y la imposición de cronogramas estrictos para tratar el desacato y forzar la entrega de la información requerida.
Desde el lado del Estado, la postura es de rechazo total a los argumentos presentados. Según indicó Maril, “Argentina rechaza todos los argumentos que se presentarán hoy y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”.
Esa línea es sostenida por la Procuración del Tesoro, desde donde el equipo de abogados que representa al país advierte que cualquier sanción en esta instancia sería prematura y vulneraría el derecho a defensa de un Estado soberano, dado que el proceso de producción de pruebas aún no se encontraría agotado.
Más allá de la disputa puntual por los correos electrónicos, el conflicto tiene un objetivo de mayor alcance. El trasfondo de la presión judicial es la búsqueda de activos embargables que permitan a los fondos avanzar en el cobro de la sentencia multimillonaria.
En ese marco, los demandantes intentan demostrar que empresas y organismos públicos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Si la justicia estadounidense aceptara esa interpretación, los fondos podrían obtener un argumento clave para avanzar sobre cuentas y bienes de esas entidades en el exterior.
El planteo, de prosperar, tendría implicancias profundas no solo en el caso YPF, sino también en la arquitectura institucional y financiera del país, al ampliar el alcance de eventuales embargos y reforzar el riesgo legal sobre activos estratégicos.
El pedido de desacato agrega un nuevo nivel de tensión a una causa que ya condiciona la agenda económica y la estrategia internacional de la Argentina. Mientras la defensa insiste en que cumplió con las órdenes judiciales, los fondos redoblan la ofensiva para acelerar los tiempos y mejorar su posición negociadora.
La definición que adopte la jueza Loretta Preska marcará el próximo hito de una disputa que excede el plano estrictamente jurídico y vuelve a colocar al caso YPF como uno de los principales focos de riesgo legal y financiero para el Estado argentino.
