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El Gobierno actualiza hasta un 35% las prestaciones para discapacidad

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El Gobierno anunció una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador que determina los montos abonados a los prestadores de servicios destinados a la atención de personas con discapacidad, en medio de fuertes reclamos de familiares que denunciaron una caída de los fondos destinados al sector.

Tras la victoria electoral del oficialismo, se oficializó la medida a través de la Jefatura de Gabinete, que aclaró que se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar el aumento de los costos del sector y brindar mayor previsibilidad al sistema.

Según informó la ANDIS (Agencia de Discapacidad), el incremento abarcará diversas modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia para instituciones públicas y privadas.

Desde el organismo señalaron que el aumento busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.

Además, remarcaron que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones por encima de la inflación estimada para 2026, “aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado”.

El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.

La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que el Gobierno había suspendido. 

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Residencias médicas: cada provincia será responsable de tomar sus propias evaluaciones

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Tras el fraude detectado en 117 exámenes, a partir del año próximo cambiará el esquema para acceder a las residencias médicas. El objetivo es dar mayor transparencia, pero también respetar las particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias del país.

Según acordaron este lunes el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y sus pares de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), la instancia de evaluación dejará de estar centralizada en un examen único nacional y pasará a ser administrada directamente por cada provincia.

Además, con la nueva modalidad, la Nación dejará de financiar las becas destinadas a las residencias, que quedarán bajo la órbita de las jurisdicciones.

El objetivo no solamente es el de minimizar la posibilidad de fraude, sino también que el proceso de selección de profesionales responda a las necesidades sanitarias específicas de cada territorio y dar mayor autonomía provincial.

El nuevo esquema obligará a cada jurisdicción a diseñar sus propios criterios de evaluación, establecer mecanismos de financiamiento y garantizar la transparencia de los concursos.

En el Ministerio de Salud sostienen que la descentralización permitirá que cada sistema local priorice las especialidades y perfiles que realmente demanda, teniendo en cuenta factores como la distribución de la población, la infraestructura hospitalaria y la situación epidemiológica de la región.

La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fue financiada por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, sostuvo Lugones.

El consenso alcanzado entre las autoridades provinciales se apoya en la idea de que las políticas de salud deben construirse a partir de realidades concretas. Por ejemplo, mientras en algunas provincias la urgencia puede ser la de fortalecer la atención en zonas rurales, en otras la demanda podría estar vinculada a especialidades propias de áreas urbanas con mayor complejidad.

La decisión de modificar el esquema de ingreso a las residencias se tomó en un contexto atravesado por cuestionamientos al sistema vigente. El detonante fue el fraude detectado en el Examen Único de Residencias 2025. En total fueron 117 los postulantes que debieron presentarse a una nueva instancia, y ninguno logró repetir la calificación obtenida en el primer examen.De acuerdo con los datos oficiales, 109 de ellos eran profesionales extranjeros, lo que encendió el debate sobre los mecanismos de control y validación de títulos. El Gobierno modificó también ese sistema.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano implementó una restricción adicional para los aspirantes formados fuera del país: quienes provengan de universidades que no figuren en el registro de la Federación Mundial de Educación Médica quedarán inhabilitados para postularse a residencias en Argentina. El objetivo, según explicaron, es garantizar un estándar académico mínimo y homogéneo para todos los ingresantes.

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