El “problema de las drogas” es una cuestión compleja y global; traspasa las fronteras y tiene un lugar central en la agenda de la mayoría de los Estados. Varía en cada pueblo y región, de acuerdo a su historia, sus componentes y su cultura. Este tipo de delito y sus derivados irrumpe en la sociedad, en los gobiernos, en la opinión pública y hasta en el propio sistema financiero.
El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, elaboración, distribución y venta de drogas ilegales. Abarca no sólo a las drogas tradicionales, sino también a aquellas de producción sintética. La droga es un problema social que, sin dudas, nos afecta al conjunto. Entonces, el problema no es de alguno o de unos, sino de todos.
Desde el 2016 la Provincia puso en marcha, junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que se llamó -primeramente- “Operativo Combinado Abierto Misiones” y luego -desde este año- “Operativo Conjunto Abierto de Frontera”, con el fin de llevar adelante procedimientos coordinados entre las fuerzas federales y las provinciales, en la lucha contra el crimen organizado.
En lo que respecta a la Policía de Misiones, a partir de los lineamientos de política de seguridad, emanados del propio gobernador Hugo Passalacqua y ejecutados por la fuerza, reafirmamos el cambio de actitud frente a la problemática del narcotráfico.
A lo largo de 2016, las políticas de “Guerra contra las Drogas”, en cuanto a las intervenciones individuales de la Policía Provincial, han dado resultados en términos de secuestros, incautaciones, detenciones y desbaratamiento de organizaciones criminales históricos para la Provincia. Y, con muchísimo mayor impacto aún, en conjunto con otras fuerzas federales.
Es así que, el año pasado se incautaron más de 15 mil kilogramos de marihuana y en lo que va de 2017 la suma ya supera los 6.500 kilos. Me refiero, exclusivamente a la actividad de la Policía de la Provincia de Misiones. Además de incautarse, históricos de otras drogas como cocaína y sintéticas.
Debe tenerse muy en cuenta, que el crimen organizado no responde a un estándar o molde rígido de ordenación y conducta, muta -va cambiando- de acuerdo a las condiciones del “ambiente” en el que opera.
Es innegable que la Policía de la Provincia, en esta gestión del gobernador Passalacqua, ha hecho un giro de 180° en su actitud frente al crimen en general y en particular contra el narco. Por ello, este Gobierno de la Renovación, entiende que debemos seguir invirtiendo en equipamiento y apoyar a nuestra fuerza de seguridad policial. Esto permite seguir creciendo en respeto, prestigio y superarse día a día. La incorporación reciente de un helicóptero policial con cámara nocturna específica para la tarea y de un scanner de altísima tecnología y único en la región, son innovaciones tecnológicas que facilitarán la tarea a las fuerzas y dificultarán la labor del tráfico ilegal. Sabemos que falta camino por recorrer, pero vamos por la senda correcta; con poco hemos logrado -entre todos- mucho.
La necesidad del debate
En cuanto al trabajo coordinado entre el Gobierno Federal y Provincial hoy es vital y optimo; pero, tal vez sea el momento de comenzar a planear un debate sobre la creación de una Policía o sección interfuerzas altamente especializada; dando una “vuelta de tuercas” al actual Operativo Conjunto Abierto de Frontera Misiones (OCAF-Mnes). Para que -además de lo hecho- se trabaje únicamente con personal capacitado, experimentado, enfocado únicamente en el crimen organizado y -fundamentalmente- con amplios conocimientos sobre el terreno en el que trabaja, no es lo mismo la problemática en la frontera de Misiones que en Corrientes, para no ir muy lejos. Cuando no referimos a “conocimiento del terreno”, estamos pensando no sólo en la geografía, sino y fundamentalmente, a los actores sociales que la integran, a su idiosincrasia, a su cultura.
Como lo hemos dicho y oído muchas veces, el combate contra las drogas no es una tarea para unos pocos -menos aún sólo de la Policía o la Justicia- es un trabajo en el cual nos tenemos que involucrar todos, poderes públicos y sociedad civil.
Si realizamos un ligero diagnóstico de la situación a nivel país, el trabajo en conjunto con el Gobierno Federal es importante para que esta cruzada sea victoriosa. No debemos actuar solamente golpeando a la oferta, sino también interviniendo más profundamente sobre la demanda. Sobre todo, si observamos lo que ocurre en las grandes urbes, como por ejemplo en el conurbano Bonaerense, donde el narcotráfico es dueño de un nuevo orden social en determinados espacios.
El temor que se presenta es que ocurra una “federalización” del delito o comportamientos no deseados. Es decir, la migración desde las grandes urbes hacia el interior del país buscando nuevos territorios para operar.
Desde la demanda, el principio rector de la acción no es tanto la persecución de los delincuentes como objetivo absoluto o la incautación de mercancías ilegales. También lo es la contención de los efectos negativos que producen las riquezas criminales, como así la prevención y la disminución de las vulnerabilidades de las víctimas potenciales.
Por lo general, en las grandes urbes el deterioro se congrega en ciertas áreas o cordones sociales y afecta de manera más notable a determinados grupos de la sociedad, sin dudas a aquellos más vulnerables. Desde esta perspectiva, la labor debe enfocarse más en los lugares y sus componentes, y no sólo en los infractores.
Los beneficios del crecimiento económico de un país no repercuten automáticamente sobre los más perjudicados, que son aquellos que están excluidos del sistema. Se deben encontrar espacios complementarios entre el adelanto económico y la equidad social. Por ello, es imperioso y fundamental el sostenimiento y desarrollo de ciertas políticas sociales. Cuando no hay respuestas de contención social, la situación -va de suyo- tiende a agravarse. Es preciso contener y desarrollar a la población más vulnerable de todo el país.
Indudablemente, las desigualdades sociales más graves no están solamente en la distribución de la riqueza, sino que están en la exclusión diaria de la vida social y económica, el acceso a servicios básicos, vivienda, educación, tecnología, etc.
En principio, la delincuencia supone una elección subjetiva del individuo. Entonces, es bueno dejar en claro que no es la pobreza el determinante que incide en ciertas transgresiones, sino las exclusiones sociales y las profundas desigualdades que generan el caldo de cultivo para un orden social distinto o una subcultura.
Causas diversas
Si se ahonda más en la materia, debe saberse que el fenómeno de la seguridad es complejo y multicausal. Es decir, la inseguridad no obedece a una causa única. Como ejemplos y causales de la misma podemos mencionar: ausencia de valores o de moral, falta de oportunidades, desigualdad social, deserción escolar, mala elección del entorno, drogas, falta de trabajo, falta de cultura y educación, sociedad violenta, entre otros motivos.
La asociación pobreza-delincuencia supone abordar un tipo de esta última, ligada a una forma de vida. Pero existen muchas otras formas de delincuencia vinculadas a estándares de vida elevados o pudientes. Por ello el delincuente no pertenece a un estrato social, ni es sinónimo de rico o pobre.
Pero sí, podemos decir que las personas que están excluidas carecen de acceso a derechos fundamentales, y obviamente desean y ambicionan como cualquier semejante: teléfonos, autos, televisores, zapatillas nuevas, etc. Cosas propias de un mundo globalizado e inevitablemente de consumo. Por ejemplo, se puede ver en una villa de Capital Federal el claro contraste de una forma de vida pobre con ciertos objetos de un mercado de consumo mayormente pudiente.
Fama, éxito y dinero son en general valores de una sociedad de consumo. Por tal motivo, los nuevos delincuentes del mercado, en su gran mayoría excluidos sociales, encuentran en el delito el camino rápido y de atajo para acceder al sistema de consumo.
Como se puede advertir, claramente podemos desmitificar que el problema de la seguridad lo debe resolver únicamente la policía, el servicio penitenciario y/o la Justicia.
Falta de trabajo y familias desarticuladas.
Asimismo, que uno de cada tres argentinos es pobre, ya es una cifra oficial. Pero a lo que a jóvenes respecta, en su mayoría están desempleados y sin posibilidades de ingresar al mercado laboral, sobre todo en las grandes urbes del país. Muchos sufren desigualdades sociales profundas, están excluidos del sistema y sin perspectivas algunas de poder pertenecer.
Argentina tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de América Latina (19,5%). Según algunos expertos, las dificultades de los jóvenes para insertarse en el mercado se explican -en parte- por los desajustes entre el sistema educativo y las necesidades del mundo laboral, pero también son consecuencia de la baja demanda del mercado.
También existe un desempleo velado, al menos por dos fenómenos: el desaliento y el subempleo inestable. El primero incluye a los jóvenes que ya no buscan trabajo, desanimados luego de una larga búsqueda sin resultados. En el segundo caso, hay jóvenes que figuran como ocupados en las encuestas, pero en realidad tienen empleos de muy baja calidad.
El alto desempleo multiplica las probabilidades de que los jóvenes caigan en la pobreza. En este sentido, casi 4 de cada 10 jóvenes (38,5%) son pobres.
Ninguna policía podría solucionar el problema de la pobreza, ni tampoco este otro factor de causalidad, que es la desarticulación de la familia como núcleo social y de contención. Hoy pocas familias por diversos motivos se sientan en una mesa a debatir proyectos de vida, preocupaciones y esperanzas. En nuestro país, muchas familias de los sectores populares y medios se dislocaron y se fueron desarticulando a diario, ante la creciente pobreza y desigualdad social.
Muchas personas sometidas a este tipo de situaciones que permiten la vulnerabilidad acaban desarrollando trastornos por el abuso de todo tipo de estupefacientes, incluido el alcohol. Y un sinnúmero de estos problemas son evitables si se ejerce sobre ellos una adecuada vigilancia y el correspondiente trabajo preventivo.
Por ello, cada inversión en contención y rehabilitación a las drogas rinde diez veces la cantidad invertida en reducción de delitos.
En este sentido, es importante ahondar más en el esfuerzo mancomunado y de cooperación fluida entre la Nación y las provincias como nunca se ha visto, a fin de lograr una actuación más coordinada y eficaz contra el delito, fundamentalmente, el narcotráfico. Repito, no sólo en represión, sino en contención y prevención.
Para ser viable, es necesario tener en sintonía de que, es imposible hablar del problema “de las drogas” desatendiendo la desigualdad social y la exclusión. La raíz del problema es severa, debido a la estructura que genera en comportamientos autodestructivos y criminales.
En teoría es evidente que la sociedad no funciona solamente apegada a una serie de “valores” y, de manera empírica, es irreal pensar que se puede desestimar la tentación económica de los negocios criminales en un contexto altamente materialista.
Para aquellos que están fuera del sistema o en estado de pobreza, al igual que la mayoría de los seres humanos, la búsqueda de sentido de dignidad y de realización personal es igual de importante que el sustento físico.
La seguridad pública no es otra cosa que el pleno goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos plasmados en la carta magna.
Sólo tendremos seguridad si nuestro norte se dirige hacia una sociedad más justa y equitativa. Porque la seguridad física está ligada íntimamente a la general. Todo un desafío de cara al trabajo futuro.
