El Gobierno reestableció organismos y normas derogadas por decretos de desregulación
La Casa Rosada debió retroceder en varias reformas administrativas tras el rechazo legislativo. Con los Decretos 627/2025 y 628/2025, el Ejecutivo restituyó estructuras, facultades y organismos públicos que habían sido eliminados o fusionados. El trasfondo refleja la tensión entre la estrategia de ajuste del Gobierno y los límites políticos que impone el Congreso.
El 21 de agosto, el Senado rechazó un paquete de decretos que habían impulsado profundas desregulaciones y modificaciones institucionales en organismos estatales clave. Las medidas formaban parte del programa de racionalización y reducción del gasto público que el presidente Javier Milei intentaba consolidar vía decretos delegados, sin pasar por la sanción de leyes.
Entre las reformas caídas estaban la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional, la eliminación de la ARICCAME (Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal) y la fusión de institutos históricos. También se había avanzado en cambios a las funciones del INTA, al Teatro Nacional Cervantes y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
El rechazo parlamentario obligó al Ejecutivo a publicar en el Boletín Oficial del 2 de septiembre de 2025 los Decretos 627/2025 y 628/2025, mediante los cuales se restituye la vigencia de todas las normas derogadas. En palabras oficiales: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas (…) y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.
Los organismos restituidos y las medidas alcanzadas
Con la entrada en vigor del Decreto 627/2025, se reactivaron:
- Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, cuya fusión había sido ordenada por el Decreto 345/25.
- El Banco Nacional de Datos Genéticos, que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación (Decreto 351/25).
- La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismos disueltos por el Decreto 461/25.
- La ARICCAME, eliminada por el Decreto 462/25.
Asimismo, el mismo decreto restituyó las funciones originales de:
- El Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25).
- El INTA en su estructura organizativa previa (Decreto 571/25).
- La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).
- La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25).
- Las atribuciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).
El Decreto 628/2025, por su parte, revirtió el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional aprobado por el Decreto 340/25. Con ello, se dejó sin efecto la declaración de la navegación marítima y fluvial como “servicio esencial” y la obligación de garantizar el 75% de los servicios durante conflictos colectivos, además de otras flexibilizaciones laborales.
La decisión representa un golpe político para el Gobierno, que había intentado avanzar en la reducción de estructuras estatales sin necesidad de acuerdos legislativos. El Congreso —con apoyo mayoritario de la oposición— no solo rechazó las medidas, sino que obligó al Ejecutivo a reestablecer íntegramente las normas previas.
Desde el oficialismo, el senador libertario Ezequiel Atauche defendió los decretos al señalar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”, y justificó la iniciativa en la necesidad de desplazar “a los militantes que no trabajan”. Sin embargo, la oposición subrayó la falta de justificación técnica y jurídica para eliminar organismos estratégicos, como Vialidad Nacional, cuya disolución había sido cuestionada por el impacto en la obra pública y el control de concesiones.
En lo inmediato, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía deberán cubrir de manera transitoria los servicios administrativos, financieros y jurídicos hasta que los organismos retomen plenamente sus funciones.
El retroceso del Ejecutivo abre un interrogante sobre la viabilidad política de profundizar las reformas del Estado en un año atravesado por la incertidumbre electoral. Con la vista puesta en octubre, la Casa Rosada enfrenta el dilema de negociar en el Congreso o insistir con mecanismos administrativos que pueden volver a naufragar en la arena legislativa.
