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El Gobierno ajusta el Plan Gas.Ar para aplicar subsidios focalizados y anualizar el precio del gas

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El Gobierno redefine el Plan Gas.Ar para aplicar subsidios energéticos focalizados y suavizar el impacto estacional del precio del gas

El Poder Ejecutivo Nacional modificó el Plan Gas.Ar 2023-2028 mediante el Decreto 26/2026, publicado el 26 de enero de 2026, con el objetivo de adecuar el esquema de precios del gas natural al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida redefine el mecanismo de traslado del precio del gas a la demanda y establece que el Estado nacional asumirá las diferencias —positivas o negativas— entre el Precio Anual Uniforme y el precio de mercado estacional, buscando amortiguar el impacto de los picos de consumo invernales sobre los usuarios residenciales sin alterar la cadena de pagos del sector hidrocarburífero.

El cambio resulta clave en términos económicos, fiscales y regulatorios: consolida la anualización del costo del gas para los usuarios finales, redefine el rol del Estado como compensador de las variaciones estacionales y sienta las bases operativas para la implementación plena del SEF, creado por el Decreto 943/2025, que unificó los subsidios energéticos de jurisdicción nacional.

Un nuevo esquema de precios para compatibilizar el Plan Gas.Ar con los subsidios focalizados

La modificación introducida por el Decreto 26/2026 sustituye el punto 13 del Anexo del Decreto 892/2020, que regula el funcionamiento del Plan Gas.Ar. A partir de ahora, se establece expresamente que el Estado nacional podrá tomar a su cargo el pago mensual de una porción del Precio Anual Uniforme definido por la Autoridad de Aplicación, con el fin de reducir el costo del gas trasladado a los usuarios, conforme a las Reglas Básicas de las Licencias de Distribución de gas por redes.

El texto del nuevo punto 13 precisa que dicho monto “podrá ser igual, inferior o superior al Precio de Mercado que surja de las adjudicaciones de la Subasta, ajustado por el factor del Período Estacional”. Asimismo, determina que el diferencial entre ambos precios, cualquiera sea su signo —positivo o negativo—, estará a cargo del Estado nacional o se deducirá del monto a su cargo, según corresponda.

Este rediseño normativo se apoya en el esquema introducido por el artículo 11 del Decreto 943/2025, que dispuso que las bonificaciones al gas natural, en el marco del SEF, se apliquen exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio surgido del Plan Gas.Ar, excluyendo el gas natural licuado (GNL) regasificado y los contratos celebrados fuera de dicho programa.

Fundamentos técnicos y regulatorios: anualización de costos y neutralidad del Plan Gas.Ar

Desde el punto de vista técnico, el decreto reconoce que la adopción de un Precio Anual Uniforme, construido sobre el costo real de abastecimiento del gas, puede generar desvíos temporales respecto del precio de mercado estacional: precios superiores en los meses de verano e inferiores durante el invierno, sin modificar el valor anual total del esquema.

El Ejecutivo subraya que la eliminación del diferencial estacional para el usuario no implica una modificación sustantiva del Plan Gas.Ar ni de los derechos de los productores firmantes, quienes continúan percibiendo el Precio Ofertado ajustado por el factor estacional, conforme a los puntos 4.34 y 14 del Anexo del Decreto 892/2020. En este sentido, se ratifica que el nuevo esquema no altera los compromisos contractuales ni los incentivos a la producción de gas natural.

El decreto también se apoya en el proceso de participación ciudadana llevado adelante por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, instrumentado a través de las Resoluciones 484/2025 y 592/2025, cuyo informe de cierre fue emitido el 22 de diciembre de 2025 por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

Impacto económico y operativo: usuarios, productores y finanzas públicas

La redefinición del punto 13 del Plan Gas.Ar tiene efectos directos sobre varios actores del sistema energético. Para los usuarios finales, especialmente los de demanda prioritaria, el nuevo esquema busca evitar que el mayor consumo invernal se vea amplificado por la suba estacional del precio del gas, estabilizando las facturas a lo largo del año calendario.

Para los productores de gas, el decreto aclara que las compensaciones derivadas del esquema anualizado pueden resultar positivas en algunos meses y negativas en otros, sin alterar el flujo anual de ingresos. En este marco, el artículo 2° del decreto instruye a la Secretaría de Energía a adecuar el régimen de cálculo de compensaciones previsto en los puntos 62 a 77 del Anexo del Decreto 892/2020, a fin de reflejar correctamente estas variaciones.

Desde la perspectiva fiscal e institucional, el Estado nacional asume explícitamente el rol de amortiguador de las diferencias de precio, lo que refuerza su intervención en la política energética en un contexto de reordenamiento de subsidios. El decreto enfatiza que estas adecuaciones son “impostergables y necesarias” para la implementación inmediata del SEF, conforme al artículo 22 del Decreto 943/2025, y se dicta bajo las facultades del artículo 99, incisos 1 y 3, de la Constitución Nacional, con posterior control parlamentario según la Ley 26.122.

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Trump mira el petróleo venezolano, pero la recuperación demandará años según analistas

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La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar sobre el control político y económico de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro reactivó un viejo objetivo estratégico de Washington: el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el mandatario dejó en claro su intención de que empresas estadounidenses lideren la recuperación de la industria petrolera venezolana, los analistas advierten que el costo económico, los riesgos políticos y los plazos de maduración convierten al plan en una apuesta de largo aliento, con impactos limitados en el mercado global en el corto y mediano plazo.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” el país hasta que se concrete una transición “segura” y sostuvo que las petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar una infraestructura “muy dañada” y “empezar a generar dinero para el país”. El anuncio, de fuerte carga política e institucional, abre interrogantes sobre la viabilidad real de explotar un recurso hoy subutilizado y condicionado por sanciones, deterioro operativo y un escenario político incierto.

Reservas récord, producción mínima y una infraestructura colapsada

Venezuela cuenta con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. No obstante, la brecha entre ese potencial y la producción efectiva es significativa. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, en noviembre el país produjo cerca de 860.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba una década atrás y menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

El declive productivo se profundizó desde comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro reforzaron el control estatal sobre PDVSA, lo que derivó en la salida de personal calificado, falta de inversiones y deterioro sostenido de las instalaciones. A ese proceso se sumaron las sanciones estadounidenses, aplicadas inicialmente en 2015 durante la presidencia de Barack Obama por presuntas violaciones a los derechos humanos, que restringieron el acceso a financiamiento, repuestos y tecnología clave.

El verdadero desafío que enfrentan es su infraestructura”, señaló Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec. Las refinerías, oleoductos y campos petroleros muestran un desgaste acumulado que, según los especialistas, no se resuelve con inversiones puntuales ni en plazos breves.

A esto se suma una característica técnica relevante: el crudo venezolano es mayormente pesado y agrio, más complejo y costoso de refinar que el petróleo “ligero y dulce” que produce Estados Unidos y que resulta más apto para la elaboración de naftas.

Riesgos políticos, sanciones y contratos en suspenso

Más allá del diagnóstico energético, los principales obstáculos para una reactivación a gran escala son de carácter legal y político. Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler, advirtió que las empresas interesadas en operar en Venezuela deberán alcanzar acuerdos con un nuevo gobierno, algo inviable mientras no se consolide un sucesor de Maduro con estabilidad institucional.

Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, sostuvo Falakshahi, quien remarcó que las compañías estarían arriesgando miles de millones de dólares en un contexto de alta incertidumbre. Antes de iniciar inversiones significativas, las petroleras necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno, definir marcos regulatorios y garantizar seguridad jurídica.

En paralelo, Estados Unidos incautó dos buques petroleros frente a las costas venezolanas e impuso un bloqueo a la entrada y salida de buques cisterna sancionados, lo que añade presión sobre los flujos de exportación y refuerza el carácter coercitivo de la estrategia.

Los analistas coinciden en que restablecer los niveles históricos de producción demandará decenas de miles de millones de dólares y podría llevar hasta una década, incluso bajo condiciones políticas favorables. Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, consideró que los planes de Trump tendrán un impacto limitado sobre el suministro global y, por lo tanto, sobre los precios internacionales del crudo.

“El plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo”, señaló Shearing, quien estimó que en 2026 los precios del petróleo mostrarán muy pocos cambios asociados a Venezuela. Incluso si el país lograra recuperar una producción cercana a tres millones de barriles diarios, seguiría fuera del grupo de los diez principales productores del mundo.

El interés de las petroleras y una apuesta de largo plazo

En este escenario, Chevron es la única petrolera estadounidense que permanece activa en Venezuela, tras recibir una licencia de operación en 2022 durante la presidencia de Joe Biden, a pesar de las sanciones vigentes. La compañía es responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción venezolana y afirmó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones relevantes”.

El resto de las grandes firmas mantiene silencio público, aunque los analistas señalan que internamente evalúan la oportunidad. “El apetito de ir a alguna parte está vinculado a dos factores principales: la situación política y los recursos sobre el terreno”, explicó Falakshahi, quien consideró que, pese a la incertidumbre, “la ganancia potencial podría ser demasiado grande para eludirla”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo de BP, John Browne, definió la reactivación petrolera venezolana como un “proyecto a muy largo plazo”. “La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear recursos, materiales y personal lleva muchísimo tiempo”, afirmó, y advirtió que incluso podría darse una caída inicial de la producción mientras la industria se reorganiza.

Para Browne, sin embargo, el atractivo estratégico persiste: “Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía, vas a querer involucrarte muy rápidamente”. Aun así, el consenso entre los expertos es claro: el petróleo de Venezuela representa una promesa enorme, pero su explotación efectiva exigirá estabilidad política, inversiones masivas y una paciencia que excede ampliamente los tiempos de la coyuntura.

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Con precios en mínimos, la OPEP+ extiende el freno a la producción hasta marzo

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En un escenario global atravesado por conflictos políticos, caída de precios y señales de desaceleración económica, la OPEP+ resolvió mantener sin cambios los niveles de producción de petróleo al menos hasta fines de marzo, una decisión que busca contener la volatilidad del mercado energético y evitar un agravamiento del exceso de oferta. La definición se adoptó este fin de semana durante una breve videoconferencia celebrada el 4 de enero y ratifica una estrategia de cautela frente a un contexto internacional cada vez más incierto.

El cartel, que reúne a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, sostiene así el esquema acordado en noviembre, cuando decidió pausar los aumentos de oferta que se venían aplicando desde abril de 2025. La extensión de esa pausa hasta los primeros tres meses de 2026 refuerza el mensaje de estabilidad en un mercado golpeado por la mayor caída anual de precios desde la pandemia.

Precios en retroceso y temor a un superávit récord

La reunión contó con la participación de ocho productores clave: Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán. En conjunto, estos países representan cerca de la mitad de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier ajuste en sus cuotas tiene impacto directo sobre el equilibrio global de oferta y demanda.

El contexto que rodea la decisión es particularmente adverso. Durante 2025, el precio del crudo acumuló una caída superior al 18%, la mayor en un solo año desde la crisis del COVID-19. Al inicio de esta semana, los futuros del Brent cotizaban en torno a los 60,52 dólares por barril, con una baja diaria del 0,4%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) operaba en 57,11 dólares, también con un retroceso del 0,4%.

Según analistas y agencias internacionales, el mercado enfrenta una combinación de factores negativos: amplios stocks a nivel mundial, crecimiento sostenido de la producción fuera de la OPEP+ y una demanda que muestra signos de moderación, especialmente en grandes consumidores como China. En ese marco, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta un posible superávit récord de petróleo en 2026 si se mantiene la actual dinámica de expansión de la oferta.

Venezuela, sanciones y un impacto acotado en los precios

Aunque la situación de Venezuela no fue abordada formalmente durante la videoconferencia, los acontecimientos recientes en ese país se mantienen como un factor de presión latente sobre el mercado. Venezuela, miembro de la OPEP, atraviesa una compleja coyuntura tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses durante el fin de semana, y la posterior confirmación de que el embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente.

El país sudamericano posee cerca del 17% de las reservas mundiales de petróleo, equivalentes a 303.000 millones de barriles, según el Instituto de Energía de Londres, por delante incluso de Arabia Saudita. Sin embargo, su producción actual dista mucho de ese potencial. De haber alcanzado picos de 3,5 millones de barriles diarios en la década de 1970 —más del 7% de la producción mundial—, cayó por debajo de los 2 millones en la década de 2010 y promedió unos 1,1 millones el año pasado. Actualmente, produce alrededor de 800.000 barriles diarios.

Analistas consultados por Reuters señalaron que, incluso si se produjera una interrupción temporal de las exportaciones venezolanas, el impacto inmediato sobre los precios sería limitado. Más del 80% del crudo venezolano se destina a China, que cuenta con amplias reservas estratégicas. “Incluso aunque las exportaciones venezolanas se interrumpan de forma temporal, más del 80% se destinan a China, que ha acumulado amplias reservas”, explicó Kazuhiko Fuji, consultor del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón.

En un mercado global con abundante oferta, los inversores continúan evaluando el escenario venezolano, aunque los valores de referencia se mantienen volátiles más por expectativas que por efectos concretos sobre los flujos de suministro.

Producción futura y presión estructural sobre el mercado

Las proyecciones a mediano y largo plazo refuerzan la cautela de la OPEP+. Un informe de JP Morgan, elaborado por la analista Natasha Kaneva, estimó que, bajo un escenario de transición política, Venezuela podría elevar su producción a entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios en un plazo de dos años y alcanzar hasta 2,5 millones en la próxima década.

Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs advirtieron que cualquier recuperación de la producción venezolana sería gradual y demandaría inversiones significativas. En una nota fechada el 4 de enero, el equipo liderado por Daan Struyven estimó que, si Venezuela lograra aumentar su producción hasta los 2 millones de barriles diarios, los precios del petróleo podrían caer unos 4 dólares por barril hacia 2030.

A corto plazo, Goldman sostuvo que las perspectivas dependen en gran medida de la evolución de la política de sanciones de Estados Unidos. “Vemos riesgos ambiguos, pero modestos, para los precios del petróleo a corto plazo procedentes de Venezuela”, indicaron. Para 2026, la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones: un precio promedio del Brent de 56 dólares por barril y del WTI de 52 dólares, con una producción venezolana estable en torno a los 900.000 barriles diarios.

En este contexto, la decisión de la OPEP+ de sostener la producción por al menos tres meses más aparece como una señal de prudencia frente a un mercado frágil, atravesado por tensiones geopolíticas, cambios estructurales en la demanda y una creciente competencia de productores no miembros como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana. La próxima reunión del grupo, prevista para el 1 de febrero, será clave para evaluar si esta estrategia de contención se mantiene o si el cartel opta por ajustar sus cuotas ante un escenario que sigue siendo altamente volátil.

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Por la suba de precios, las ventas de combustibles cayeron 6,5% interanual en noviembre

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La venta de combustibles al público volvió a caer con fuerza en noviembre de 2025, en un contexto de precios en alza y un presupuesto familiar cada vez más exigido. Según datos de Surtidores.com, el volumen total comercializado alcanzó 1.376.311 metros cúbicos, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que implicó una contracción interanual del 6,51%. El retroceso fue particularmente severo en el gasoil, con impacto directo sobre el transporte y la actividad productiva.

El dato confirma una tendencia de retracción del consumo energético asociada al encarecimiento sostenido de los combustibles y a la pérdida de capacidad de gasto de hogares y empresas, en un escenario macroeconómico restrictivo.

Gasoil en caída y señales de enfriamiento productivo

La baja más pronunciada se registró en el diésel Grado 2, cuya demanda se desplomó 18,63% interanual, reflejando una menor actividad del sector productivo, especialmente transporte, logística y economías regionales. En términos generales, el gasoil cayó 18,6%, constituyéndose en el principal factor de arrastre negativo del mes.

En contraste, los combustibles Premium mostraron mayor estabilidad: la nafta Premium registró un leve aumento interanual del 1,08%, mientras que el gasoil Grado 3 creció 0,5%. Estos datos sugieren que la contracción del consumo se concentra en los segmentos de mayor volumen y uso intensivo, más sensibles al precio.

La nafta súper, por su parte, cayó 3,42% interanual, una señal de ajuste también en el consumo cotidiano de los hogares, que priorizan gastos esenciales frente a incrementos persistentes en los valores en surtidor.

Comparación mensual y disparidad territorial

En la comparación mensual, noviembre mostró una baja del 1,67% respecto de octubre de 2025, un dato que debe leerse teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30, lo que atenúa parcialmente la magnitud del descenso, aunque no revierte la tendencia.

El relevamiento provincial exhibe una caída generalizada: de las 24 jurisdicciones, solo Formosa logró un crecimiento interanual de la demanda, con un alza del 1,1%. En el otro extremo, las mayores retracciones se registraron en Jujuy (-11,31%), Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%), tres provincias con fuerte dependencia del transporte y la actividad productiva.

Esta heterogeneidad territorial refleja cómo el impacto de los precios se amplifica en regiones con mayor consumo de gasoil y menor margen para absorber costos.

Ventas por compañía y efectos sectoriales

En el análisis por empresas, todas las compañías redujeron sus ventas interanuales, con una sola excepción: Gulf, que registró un crecimiento del 14,61% en noviembre frente a igual mes de 2024. El resto de las marcas mostró retrocesos, en línea con la contracción general del mercado.

La caída del consumo de combustibles no solo afecta a las estaciones de servicio, sino que tiene repercusiones económicas más amplias: encarece la logística, presiona sobre los costos de producción y reduce la movilidad, en un contexto donde los aumentos de precios funcionan como un freno adicional a la actividad.

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Gas natural: Economía impulsa contratos directos entre productores y distribuidoras

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, dio un giro clave en la instrumentación del Plan Gas.Ar al establecer un mecanismo para ceder los contratos directos de compraventa de gas natural hoy concentrados en Energía Argentina Sociedad Anónima (EA) hacia relaciones contractuales directas entre productores y distribuidoras, con supervisión del ENARGAS. La decisión quedó formalizada en la Resolución 606/2025, firmada el 26 de diciembre de 2025 y publicada el 29 de diciembre, y se inscribe en la estrategia oficial de normalización del mercado del gas, reducción de intermediaciones estatales y retorno al marco regulatorio de la Ley 24.076, sin alterar tarifas ni los objetivos estructurales del esquema vigente.

Reconfiguración del Plan Gas.Ar y salida progresiva del Estado como intermediario

La Resolución 606/2025 introduce adecuaciones instrumentales al “Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos 2023–2028”, aprobado por el Decreto 892/2020, en un contexto macroeconómico sustancialmente distinto al de su creación y bajo la premisa explícita de que el Estado Nacional se retire progresivamente de actividades que pueden ser realizadas por el sector privado sin financiamiento presupuestario.

El eje central de la medida es la cesión de los contratos de compraventa de gas natural celebrados entre EA y los productores, destinados al abastecimiento de la demanda prioritaria, hacia las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes. Según el artículo 1°, los productores que adhieran deberán aceptar la cesión, la cual será instrumentada por EA dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la resolución.

Una vez perfeccionada la cesión, EA quedará liberada de todas las obligaciones futuras bajo esos contratos, aunque mantendrá a su cargo las deudas, intereses, penalidades o reclamos derivados de operaciones realizadas con anterioridad. Desde ese momento, los productores asumirán plenamente el rol de vendedores y las distribuidoras el de compradoras, estableciendo un vínculo directo conforme al artículo 12 de la Ley 24.076, que promueve la libre interacción de oferta y demanda para la formación del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Cambios operativos: inversiones, compromisos de inyección y compensaciones

La resolución también redefine aspectos operativos relevantes del Plan Gas.Ar para los Productores Firmantes que adhieran voluntariamente, sin modificar los objetivos esenciales del esquema ni las tarifas finales a usuarios.

Entre los cambios más significativos se destacan:

  • Alivio en las obligaciones informativas: se elimina el deber de presentar informes trimestrales con apertura mensual sobre el avance del plan de inversiones, junto con información auditada y en carácter de declaración jurada. La obligación de invertir se mantiene intacta, así como la facultad de la Secretaría de Energía de requerir información puntual para verificar el cumplimiento. Esta dispensa no aplica a los compromisos asumidos en la Ronda 5.2, convocada por la Resolución 770/2022 y adjudicada entre 2022 y 2023.
  • Revisión del compromiso de inyección: para los productores adherentes, deja de aplicarse la regla que dividía la curva de producción comprometida por 0,7, prevista en el Numeral (i) del Punto 11 del Anexo del Decreto 892/20. El cambio reduce exigencias formales sin alterar los volúmenes comprometidos.
  • Pago provisorio más alto: el pago provisorio mensual de la compensación estatal se eleva al 90%, calculado sobre la base de la declaración jurada presentada por cada productor respecto de sus entregas, conforme a los puntos 62 a 65 del Anexo del Plan.

En el nuevo esquema, los productores cobrarán el precio del gas en el PIST en pesos por metro cúbico, incorporado en los cuadros tarifarios, y percibirán adicionalmente la compensación a cargo del Estado Nacional. Las bonificaciones tarifarias aplicadas a los usuarios finales serán recuperadas por los productores a través del mecanismo de compensación vigente.

Supervisión regulatoria y asignación de volúmenes: el rol del ENARGAS

La resolución pone especial énfasis en la Ronda 4.2 del Plan Gas.Ar, adjudicada mediante la Resolución 860/2022, cuyos volúmenes deberán ser reasignados entre distribuidoras, generadores y, eventualmente, CAMMESA. En este proceso, la actuación de EA será supervisada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).

EA deberá informar a los productores involucrados cómo se distribuirán los volúmenes adjudicados, priorizando que las distribuidoras reciban el “Gas de Pico 2024” y el “Gas de Pico 2025”, según lo establecido en la Resolución 770/2022. El objetivo explícito es propiciar la firma de contratos directos entre productores y distribuidoras, reduciendo la intervención transitoria del Estado.

La adhesión al nuevo esquema es voluntaria pero indivisible: no se admitirán aceptaciones parciales ni sujetas a reservas. Productores y distribuidoras deberán manifestar su adhesión mediante el sistema Trámites a Distancia (TAD) dentro de los 30 días hábiles administrativos desde la notificación del acto. Luego de publicada la lista de adherentes, las partes contarán con otros 30 días hábiles para presentar los nuevos contratos ante la Secretaría de Energía y el ENARGAS.

Impacto económico e institucional: hacia la normalización del mercado del gas

Desde el punto de vista económico, la Resolución 606/2025 representa un primer paso concreto hacia la normalización contractual del mercado del gas natural, en línea con la emergencia energética declarada por el Decreto 55/2023 y prorrogada hasta el 9 de julio de 2026. El Gobierno busca corregir distorsiones generadas por años de congelamiento tarifario y subsidios generalizados que, según los considerandos, “comprometieron gravemente la situación financiera del Estado Nacional”.

En términos institucionales, la medida se articula con el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A., dispuesto por el Decreto 286/2025, y refuerza el principio de que el Estado debe concentrarse en la regulación y el control, más que en la intermediación comercial.

Para los productores, el nuevo esquema ofrece mayor autonomía contractual y simplificación administrativa, aunque mantiene las obligaciones de inversión y entrega. Para las distribuidoras, implica asumir plenamente la relación comercial con los proveedores de gas. Para el sistema en su conjunto, la Secretaría de Energía apunta a reconstruir gradualmente un mercado basado en contratos privados, previsibilidad y señales de precio más transparentes, sin impacto inmediato en las tarifas finales.

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