Michel Temer

Brasil: De mañana, el Ejército pero de noche, los narcos

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“Después de que escurece, el narco toma fuerza”, dijo una residente en la favela carioca Rocinha, ocupada desde el viernes 22/09 por 950 hombres de las Fuerzas Armadas brasileras. Un comerciante del barrio precario agrega: “As bocas de fumo volveram a funcionar” (los puntos de expendio de drogas son ‘bocas de fumo’). No es la primera vez que los militares ocupan Rocinha y nunca funcionó la erradicación del narco. En 2008, luego de otra ocupación, los soldados fueron reemplazados por las UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), inspiradas en estrategias de reducción de violencia en Medellín (Colombia). El modelo también ha fracasado en Rio de Janeiro.

Cuando las UPPs fueron creadas en Río de Janeiro -afirma la organización no gubernamental WOLA (The Washington Office on Latin America u Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), se le dio mucha atención a nivel nacional e internacional a su potencial como modelo para reducir la violencia, tanto dentro como fuera de las “favelas” (asentamientos precarios), y como nuevo modelo de trabajo de la policía con la comunidad.

Las UPPs fueron presentadas como la clave para contrarrestar la presencia del narcotráfico durante la Copa Mundial en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. El concepto original consistía en crear unidades de Policía Militar con miembros más jóvenes y entrenamiento especializado, que entrarían a “ocupar” favelas especificas después de operativos policiales masivos, para rescatar a la comun idad y a expulsar a las bandas de narcotraficantes, mediante la detención o reubicación a otras zonas.

Estas unidades especiales establecerían una presencia de 24 horas y proporcionarían un modelo policial centrado en proporcionar asistencia a la comunidad, replanteando así la imagen de una policía violenta, corrupta y militarista.

La primeras UPPs fueron establecidas en favelas de pequeño o mediano tamaño, donde el conflicto entre las bandas criminales era menos pronunciado y por lo tanto más fácil de controlar.
La idea desde el inicio no era eliminar totalmente las drogas ilícitas en las favelas a través de la presencia de las UPPs; pero eliminar la violencia asociada con el tráfico de drogas y liberar las comunidades del control de narcotraficantes fuertemente armados y autoritarios.

Señores de WOLA: esto ha fracasado. Al menos en Rocinha y las favelas de influencia.

Horas atrás, un helicóptero de las Fuerzas Armadas arrojó miles de panfletos sobre Rocinha, pidiendo ayuda a la población para llevar a prisión a los narcos, en especial al capo de moda, Rogério Avelino da Silva, o ‘Rogério 157’.

Él se encuentra en conflicto con Antônio Francisco Bonfim Lopes, alias ‘Nem’, quien permanece en el presidio federal de Porto Velho, en Rondônia, desde donde gestiona su poder residual en la favela de la Zona Sur de Río.

El teléfono Disque-Denúncia, ha recibido denuncias identificando hasta 400 puntos de información sobre traficantes en la comunidad.

Y los vecinos cuelgan en las paredes esquelas escritas a mano pidiendo ayuda a las autoridades. Los residentes en el vecino Complexo del Alemán, dicen que el domingo 24/09 ‘Rogério 157’ estava en No va Brasilia, el barrio más peligroso de esa gran favela en la Zona Norte de Río.

Los investigadores de la departamental 11 (Rocinha) están convencidos de que los cómplices de ‘Rogério 157’ se fueron a los morros del Turano y a Salgueiro, en la Tijuca.

Sin embargo, los periodistas que siguen el tema insisten en el refugio en Alemão.

Lo cierto que cuando concluyó el 5to. día consecutivo de ocupación de Rocinha por fuerzas militares para acabar la guerra entre narcos, los vecinos siguen pidiendo “socorro”.

En el centro del debate, las UPPs que, se suponía, debían impedir que volviera a ocurrir lo que sucede otra vez más.

El diario O Globo, de Río de Janeiro, afirma: “El cerco de las Fuerzas Armadas a la Favela da Rocinha y los nuevos tiroteos en los cerros cariocas son pruebas contundentes de un conjunto de fallas estratégicas en la gestión de la ciudad y del Estado, afirman expertos. Los científicos sociales que acompañan la vida carioca listaron 8 ítems que ayudan a entender cómo el Río llegó a es e punto y cuáles son las perspectivas para el futuro próximo.”

Paula Poncioni, profesora de la UFRJ (Universidad Federal de Rio de Janeiro) y doctora en Sociología, consejera del Foro Brasileño de Seguridad Pública; Jacqueline Muniz, profesora de la UFF (Universidade Federal Fluminense); Daniel Cerqueira, consejero del Foro Brasileño de Seguridad Pública e investigador del Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada); Alba Zaluar, antropóloga; y Silvia Ramos, profesora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, coincidieron en que ni Río ni el gobierno federal avanzaron en la conquista de nuevos métodos de investigación y monitoreo, e incluso desistieron de esa acción.

“Evidentemente, (el nuevo nivel del crimen organizado) muestra que se necesita más investigación de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas porque tiene implicaciones serias con seguridad nacional para contener nuevos movimientos que van surgiendo”, dijo Alba Zaluar.

“Lo que estamos comprobando es que hay una lentitud de respuestas. (…) Lo que asusta la incapacidad de anticipación del área de inteligencia. (…) El área de inteligencia monitorea decenas de criminales y no tiene la capacidad de anticipación. Y como no puede anticipar, no puede prevenir”, explicó Silvia Ramos.

“Inteligencia no es bola de cristal. Cuando no se sabe qué hacer, se pone el acento en la inteligencia. Nadie sabe con certeza lo que quiere decir ‘inteligencia policial’. No tiene como demostrar su eficiencia de manera concreta y palpable para el ciudadano. Por eso es fácil usar la palabra ‘inteligencia’ cuando nada se hace, o se hace poco, o cuando no se sabe qué hacer. (…) Claro que la inteligencia es fundamental, pero es un conjunto de actividades articuladas que sólo funcionan si se articulan”, reflexionó Jacqueline Muniz.

La ineficacia de las UOOs (unidades de policía pacificadora) es lamentada por los expertos en seguridad, que apuntan a una falta de inversiones y de acciones sociales que podrían haber cambiado la ocupación del territorio.

“Tuvimos una tregua que fue temporal y al mismo tiempo imperfecta con las UPPs, que fue de 2008 a, más o menos, 2013, cuando todo empezó a cambiar. Los traficantes empezaron a andar armados, volvieron a tener enfrentamientos entre ellos y con los policías”, recordó Alba Zaluar.

“Las unidades de policía pacificadora (UPP) podrían haber tenido más éxito. Hay una falta de decisión en relación con la política pública. Se sabía que si no había evaluación y monitoreo de ese programa, recursos organizacionales, materiales, eso iba a tener fragilidad”, agregó Paula Poncioni.

“Las acciones a corto plazo tienen que ser conjugadas con acciones preventivas sociales. Hay que tener diagnósticos precisos locales, monitoreo continuo, cambiar la improvisación, achismo, por una política basada en el método, la gestión”, dijo Daniel Cerqueira.

Además de la ineficacia del modelo de UPP, los expertos señalan que la vulnerabilidad de los policías al tráfico es uno de los graves problemas de la crisis.

“Este problema es antiguo y se ha mantenido latente. Porque los grupos criminales continuaban por ahí, las armas seguían y el mercado de drogas continúa a todo vapor, la policía compacta con la corrupción. Pero sólo estaba latente”, subrayó Daniel Cerqueira.

“Creo que hay dos elementos. El primero tiene que ver con la crisis económica. En esa situación, la violencia es tratada por dos canales. El Estado va a tener dificultades para atender las políticas públicas. (…) Por otro lado, esa misma crisis afecta a las condiciones que generan las tensiones sociales. Tiene más desempleo y menos oportunidades. (…) Existe un Río antes y otro después de las Olimpiadas. Antes, tenía bastante dinero del gobierno federal. Y luego la fuente se secó de una hora para la otra”, recordó Daniel Cerqueira.

“Necesitamos revisar nuestra relación con las drogas. Hace más de 20 años la policía entra en la favela, pega algunos tiros a los criminales, muere algún vecino, muere algún policia…. Necesitamos intentar otros caminos”, reflexionó Silvia Ramos.

“Hay que hacer una represión calificada y que eso sea efectivamente contemplado por el sistema de Justicia criminal. Enfrentar la cuestión de las drogas y presentar diferentes formas de lidiar con el crimen”, pidió Paula Poncioni.

“La crisis del Estado se ha combinado con la crisis estructural, las UPPs decayendo desde hace años… n ada se ha hecho. Hay un problema grave de corrupción en la Policía Militar de Río… nada se ha hecho. Y estamos con los mismos problemas desde hace 20 años”, recordó Silvia Ramos.

“En términos políticos, Río es un barco a la deriva. Y si tiene un sector en el que el liderazgo político es fundamental es en el área de la seguridad. Cuando no tiene ese liderazgo, genera una señalización en dos sentidos. Para la banda podrida de la policía, perciben que si ocupan el espacio, nadie va a reprenderlos, porque quien manda es el gobernador. Saben que las posibilidades de represión son menores”, dijo Daniel Cerqueira.

“Hay indicios de que el PCC (Primeiro Comando da Capital) que siempre ha sido vinculado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), hoy se une también a la mafia italiana. Esto todo revela que estamos en otro nivel del crimen organizado en torno al tráfico de drogas y armas en Brasil, con cada vez mayor participación del PCC. (…)”, informó Alba Zaluar.

“Es un costo alto. El mantenimiento de las Fuerzas Armadas cuesta R$ 1 millón al día, en promedio. Hasta finales de dicie mbre, van a ser de US$ 150 millones o mucho más. Sólo en la época en que las Fuerzas Armadas se quedaron en la Maré, se gastó más de R$ 300 millones. (…) No es que las Fuerzas Armadas no puedan venir en colaboración, en cooperación técnica, desarrollando actividades de apoyo y soporte que complementan y complementan la acción principal de policía. Pero eso depende de ti desarrollar un plan interagencias”, reflexionó Jacqueline Muniz

“Se camina del susto del ahora al susto del después, tirando al tacho de basura fortunas de dinero público que permitiría hacer una política consistente de seguridad pública. Es decir, con los US$ 150 millones que voy a gastar con las Fuerzas Armadas sólo para que estén jugando, para que se conviertan soldaditos de plomo en Río de Janeiro, se diseñan varios programas de reducción de la violencia, con efectos más extendidos en el tiempo”, concluyó Jacqueline Muniz.

 

“Las Fuerzas Armadas no están preparadas para la cuestión, tal vez entre mucho más para dar la sensación de seguridad a una población que está vulnerable a una violencia armada, pero no puedo proyectar lo que va a ser eso”, agregó Paula Poncioni.

“Las Fuerzas Armadas no son la solución. Lo que la población está viviendo es la violencia, es la amenaza. No hubo evaluación como hubo interrupción de todas las iniciativas en ese sentido. Río vive una tragedia anunciada”, dijo Paula Poncioni

“Las Fuerzas Armadas están allí hace más de un mes, y nadie ha presentado a la sociedad hasta ahora un plan. Sabemos cuánto gasta. Están gastando impuestos. En el caso de las Fuerzas Armadas desembarcando en Río como si fuera una marcha del 7 de septiembre (día de la Independencia), y como si esa llegada fuera a alterar la realidad de la inseguridad. No cambió, como yo había dicho antes. No alteró no es porque no se pueda colaborar y contribuir. Es porque simplemente no se tiene un plan de acción con protocolos interagencial, que se rinda cuentas a la sociedad, y que tenga inicio, medio y fin”, concluyó Jacqueline Muniz.

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Temer decreta el fin de la reserva amazónica para permitir la inversión de la minería

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El decreto que pone fin a la reserva forestal del tamaño de Suiza fue una desición rechazada por las entidades ambientalistas, que la calificaron como una “catástrofe”.

El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó la extinción de una reserva forestal en la Amazonia del tamaño de Suiza para permitir la actividad minera en una región rica en oro, una decisión con la que busca incrementar la inversión y la recaudación ante una crisis fiscal y que fue rechazada por entidades ambientalistas, que la calificaron como una “catástrofe”.

La medida abre para las empresas mineras una nueva frontera en la extracción del oro en una región que había sido clausurada para estos emprendimientos en el contexto de la preservación de los recursos naturales del mayor bosque tropical del mundo. Temer liberó para la extracción minera la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), en el límite entre los estados de Pará y Amapá, que había sido cerrada para la actividad económica en 1984 por el dictador Joao Baptista Figueiredo, quien consideró a la región estratégica en recursos naturales.

En el decreto, el Gobierno dijo que la liberación para la actividad minera “no se aparta de la aplicación de la legislación específica sobre vegetación, tierras indígenas y franjas fronterizas”.

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Temer eludió la destitución: el Congreso brasileño rechazó la denuncia por corrupción

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El Congreso de Brasil rechazó esta jornada que el presidente Michel Temer sea sometido a juicio por cargos penales de corrupción vinculados con el caso “Lava Jato”.

Al menos 159 diputados votaron a favor de Temer, lo que, sumado a 13 ausencias, impidió antes del final de la votación la mayoría de dos tercios (342 de 513) necesaria para que la Cámara autorice que el Tribunal Supremo suspenda a Temer por 180 días para que sea juzgado por una denuncia de que se benefició de sobornos.

La votación continuaba aún, tras una maratónica jornada marcada por virulentos ataques entre las bancadas oficialistas y las de la oposición. Varios diputados gritaron consignas de “Fora Temer” (“Fuera Temer”) al emitir su voto en el hemiciclo.

Una derrota para el presidente era considerada de antemano como improbable, ya que éste cuenta aún con numerosos aliados parlamentarios.

La votación en el Congreso era vista como el último escollo para que el líder conservador consiga mantener el mandato que heredó el año pasado tras la destitución de su predecesora, su ex aliada política Dilma Rousseff, y que finaliza el 31 de diciembre de 2018.

El Gobierno de Temer está arrinconado desde que salió a la luz el escándalo de corrupción a mediados de mayo, cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista, dueño del gigante del sector de la carne JBS.

Entre otras pruebas, Batista entregó a la Justicia un audio grabado a escondidas de una conversación suya con Temer, en la que el presidente parece avalar el pago de coimas a políticos.

En junio, la fiscalía denunció formalmente al mandatario por corrupción pasiva, lavado de activos y asociación criminal. Al tratarse de un jefe de Estado, el Congreso tenía que levantar la inmunidad de Temer para que éste pueda ser juzgado.

En junio, el Tribunal Superior Electoral había evitado ya la anulación del mandato presidencial. Aunque no estaba vinculado con la denuncia de corrupción, el juicio por supuestas irregularidades en la elección de Temer en 2014 (entonces como vicepresidente de Rousseff) era vista como una posible salida a la grave crisis institucional.

El caso de Temer está enmarcado en la megacausa “Lava Jato” (“Lavado de autos”), que desató una ola de escándalos en torno a casi toda la clase política brasileña hace tres años. La Justicia acusa a decenas de políticos de haber aceptado sobornos de empresas interesadas en hacer negocios con la petrolera estatal Petrobras.

La victoria de Temer en el Congreso no implica ahora una salida a la crisis política en el gigante sudamericano, que pone en peligro la tímida recuperación económica tras dos años de una profunda recesión.

El Producto Interno Bruto brasileño se contrajo en un acumulado del -7,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 y 2016.

Cuestionado desde que asumió el cargo tras la controvertida destitución de Rousseff, Temer cuenta actualmente apenas con un cinco por ciento de apoyo entre la población.

El fiscal general, Rodrigo Janot, ya ha sugerido que presentará más denuncias contra el presidente. Muchos analistas consideran por eso que la inestabilidad política acompañará a Brasil al menos hasta el final del mandato de Temer.

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Brasil: Juez da curso a una denuncia por corrupción contra Temer

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Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, pidió enviar la causa a la Cámara de Diputados, sin escuchar los argumentos de los abogados defensores.

El juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, instructor de las investigaciones contra el presidente Michel Temer, dio hoy curso a la denuncia por corrupción de la Fiscalía general contra el mandatario y pidió enviarla a la Cámara de Diputados, sin escuchar los argumentos de los abogados defensores.

El diario Globo publicó hoy parte de la resolución de Fachin, en la que pide que se avance “en el proceso institucional” y se entregue la denuncia al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un trámite que sólo puede hacer la presidenta del STF, Carmem Lúcia.

La defensa de Temer había pedido ser escuchada en el caso antes que Fachin tomara una decisión, pero el juez rechazó ese recurso.

El lunes a última hora el fiscal general Rodrigo Janot acusó formalmente a Temer ante el STF por el delito de corrupción pasiva por considerar que el jefe de Estado había sido el destinatario de una valija con 500.000 reales (unos 150.000 dólares), un soborno pagado por el gigante frigorífico JBS al ex asesor presidencial Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión. Ese pago fue monitoreado por la Policía.

De esta manera, Temer se convirtió en el primer jefe del Estado de Brasil en ser denunciado penalmente durante el ejercicio del mandato por un delito cometido en su gestión.

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