Ministerio de Seguridad

Monteoliva impulsa un sistema unificado de información para medir la gestión en seguridad

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El Ministerio de Seguridad avanzó en la creación de un nuevo sistema de información que amplía las responsabilidades operativas de las fuerzas federales más allá del combate directo contra el delito. A partir de la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial, cada fuerza policial y de seguridad deberá relevar, clasificar y cargar datos de su gestión en siete categorías obligatorias, que luego serán procesadas con fines estadísticos. La medida apunta a unificar criterios, mejorar la comparabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones, aunque también incorpora nuevas cargas administrativas para el personal operativo.

Un sistema estadístico centralizado para la gestión de la seguridad

La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, crea el Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal. El objetivo formal es ordenar y sistematizar la información vinculada a la gestión de la seguridad en distintos niveles, ante la falta de estándares comunes que caracterizaba hasta ahora a la provisión de datos por parte de las fuerzas.

Según se establece en la norma, el SIEFFSS deberá contener al menos siete componentes de información, cuya carga quedará a cargo de las distintas reparticiones de las fuerzas federales. Entre ellos se incluyen las intervenciones ordinarias y extraordinarias realizadas en tareas de prevención del delito, respuesta ante hechos delictivos, mantenimiento del orden público y acciones de contención o rescate. En la práctica, esto implica que cada procedimiento ejecutado por personal de seguridad federal deberá ser informado y clasificado dentro del sistema.

A ese núcleo operativo se suman otros ejes relevantes: recursos humanos disponibles y su condición actual, cantidad y tipo de incautaciones, capacidades logísticas y materiales, agentes fallecidos o heridos en servicio y cantidad de civiles abatidos y terceros damnificados en procedimientos. La amplitud de las categorías refleja un enfoque integral de la gestión, que excede la estadística criminal tradicional y abarca dimensiones operativas, humanas y materiales.

Más responsabilidades sin costo fiscal y con exigencias de resguardo

La resolución aclara que la creación del SIEFFSS no implica erogaciones para el Estado Nacional, ya que la implementación recae exclusivamente sobre las propias fuerzas de seguridad. En ese marco, cada organismo deberá adecuar sus procedimientos y normativas internas y designar un área de referencia única encargada de poner en funcionamiento el sistema.

El esquema incorpora obligaciones concretas para el personal: resguardar la información por un plazo mínimo de 20 años, establecer procedimientos específicos para la obtención y carga de datos, monitorear desvíos o errores en la información registrada y garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de los datos. De este modo, a las tareas operativas habituales se suma una capa administrativa y técnica que busca sostener la calidad y consistencia de la información.

Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad recibía datos producidos bajo criterios clasificatorios heterogéneos, lo que dificultaba su agregación y comparación. Ese diagnóstico quedó explicitado en la resolución, donde se señala que “el relevamiento de dicha información presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo cual dificulta su agregación y comparabilidad”, fundamento central para avanzar hacia un sistema unificado.

En cuanto al acceso, la norma establece que la información será confidencial y de manejo interno, aunque podrá utilizarse para presentaciones estadísticas que disponga la propia gestión, dejando en manos del Ministerio la decisión sobre su eventual difusión pública.

Seguridad, datos y territorio: el respaldo político al Plan Bandera

La creación del SIEFFSS se inscribe en un contexto de fuerte énfasis del Gobierno nacional en la gestión de la seguridad, con foco territorial en zonas críticas. En ese marco, Monteoliva mantuvo una reciente visita a Rosario, uno de los principales ejes de la estrategia libertaria en la materia, donde participó de un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y acompañó la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas en el marco del Plan Bandera.

Durante esa actividad, la ministra remarcó que “Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad” y sostuvo que “enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera”, atribuyendo los resultados a la intensificación de los operativos y a una mayor coordinación entre Nación y provincia.

En ese sentido, el nuevo sistema estadístico aparece como una herramienta complementaria: ordenar datos, medir resultados y sostener con información la narrativa de gestión en un área políticamente sensible. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el impacto operativo de sumar tareas de carga y control de información a fuerzas que ya enfrentan una alta demanda en el territorio.

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Incautan más de 100 kilos de marihuana en Bernardo de Irigoyen

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Agentes del servicio aduanero detectaron en horas de la madrugada un vehículo que ingresaba a la República Argentina proveniente de la ciudad de Dionisio Cerqueira, República Federativa del Brasil.


Ante las consultas habituales efectuadas por el personal aduanero surgen inconsistencias en lo declarado por ambos ocupantes de un vehículo marcha Chevrolet modelo Spin, habida cuenta que ante la consulta de donde provenian y adonde se dirigían, respondieron provenir desde Foz de Iguazú y con destino a la ciudad de Camboriú, razón por la cual y ante el accionar del personal de la Dirección General de Aduanas apostado en el paso fronterizo se procedió a un control exhaustivo del vehículo requiriendo primeramente la documentación del rodado y las personas, a lo cual ambos individuos descienden del vehículo, entregan la cédula verde del rodado y en forma inmediata emprenden una fuga mediante la frontera seca hacia el país vecino, lo que activó en forma inmediata un protocolo para dar con las personas fugadas.


Efectuada la requisa del vehículo, se produjo el hallazgo de 188 panes de una sustancia vegetal que sometida al narcotest arrojó resultado positivo para el estupefaciente conocido comúnmente como marihuana.


Interviene el Juzgado Federal de Eldorado

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Reforma del Código Penal: el Gobierno endurece penas y el 82% de los delitos será de cumplimiento efectivo

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El Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal, subirán penas en casi 20 delitos y el 82% tendrá cumplimiento efectivo

El Gobierno presentó este lunes una reforma estructural del Código Penal que endurece las penas en casi veinte delitos, elimina la prescripción para crímenes considerados de alta gravedad y establece que el 82% de los delitos deberán cumplirse de manera efectiva. La iniciativa, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redefine el régimen penal argentino con impacto directo en el funcionamiento judicial, el sistema penitenciario y la política criminal del Estado.

Endurecimiento de penas y ampliación de figuras agravadas

Según explicaron Adorni y Bullrich, el proyecto eleva de forma significativa los mínimos y máximos de una amplia gama de delitos, comenzando por el homicidio simple, cuya escala pasará de los actuales 8 a 25 años a 10 a 30 años. Para el homicidio agravado, que ya contempla la prisión perpetua, se sumarán nuevos supuestos, incluyendo: víctimas que sean Presidente, Jefe de Gabinete o ministros, personal educativo asesinado por su condición de tal, víctimas menores de 16 años o mayores de 65, hechos cometidos en lugares de concurrencia masiva o con armas aptas para causar muertes múltiples, crímenes perpetrados por miembros de organizaciones criminales o dentro de centros de detención.

La reforma también modifica delitos de alta incidencia cotidiana. Lesiones leves: de 1 mes–1 año a 1–3 años. Lesiones por conducción imprudente: la figura simple será de 2–6 años y la agravada de 3–6 años. Abuso de armas: máximo de 6 años. Omisión de auxilio: pasa de multa a 1–6 años, con agravante de 2–8 años si la víctima es menor de 13 o mayor de 65. Hurto: se eleva a 3 años. Robo: nuevas escalas diferenciadas y figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y robos en lugares de concurrencia masiva. El robo simple será de 3–8 años con fuerza en las cosas y de 3–10 años cuando haya violencia.

En delitos vinculados a integridad sexual y menores, la reforma endurece significativamente las penas. Pornografía infantil: de 3–6 años a 3–12 años. Posesión con fines de distribución: pasa de 6 meses–2 años a 4–12 años. Trata de personas: límite máximo de 10 años en la figura básica y 15 años en la agravada.

Para delitos contra la administración pública, se intensifica el castigo por cohecho, que será de 3–10 años, con un tercio adicional en contrataciones públicas. Cuando el autor sea Presidente, Vicepresidente o Jefe de Gabinete, la escala sube a 5–15 años.

La usurpación, delito de alto impacto territorial, tendrá una pena de 10 años en su figura simple y 12 años en la agravada, además de multas.

Imprescriptibilidad, fin de la excarcelación automática y nuevas reglas para la ejecución de condenas

El proyecto incorpora cambios profundos en materia de prescripción. Según el Gobierno, existen delitos cuya gravedad “no puede verse condicionada por el tiempo”. Por ello, se declara imprescriptible una amplia lista de conductas, entre ellas: homicidio agravado, abuso sexual y grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y su financiamiento, tráfico y contrabando de estupefacientes, procesos contra organizaciones criminales, atentados al orden constitucional.

La reforma también suma nuevos actos que interrumpen el plazo de prescripción, como la orden de captura o el pedido de extradición.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, el proyecto elimina la posibilidad de ejecución condicional en un conjunto amplio de delitos. Según la presentación oficial, el sistema actual habilita la “puerta giratoria”, ya que condenas menores a tres años pueden cumplirse en libertad. Con los nuevos mínimos más altos, el 82% de los delitos deberá cumplirse efectivamente.

Entre los delitos que ya no permitirán excarcelación condicional se encuentran: estragos agravados, robos especialmente agravados, tenencia de arma de guerra sin autorización, portación ilegal de armas de fuego de uso civil.

También se modifican las reglas de libertad anticipada, excluyendo: homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas, delitos dolosos cometidos por funcionarios en ejercicio.

Respecto de la ejecución de condenas, se establece que comenzarán a cumplirse cuando el tribunal rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar indefinidamente la intervención de la Corte Suprema.

La reforma incluye dos medidas de alto impacto institucional. La pérdida de la jubilación de privilegio para funcionarios públicos condenados por cualquier delito. Y la confirmación de que la prisión perpetua “implicará para siempre”.

El proyecto también fortalece el marco de la legítima defensa, introduciendo una presunción favorable a quien responde ante un ataque.

Impacto institucional y reacciones esperadas

El Gobierno presenta la reforma como un salto cualitativo en política criminal, enfocado en la prevención, la disuasión y el castigo efectivo. La ministra Patricia Bullrich ubicó los cambios dentro de una estrategia de “tolerancia cero” frente al delito, mientras que Adorni enmarcó el proyecto como parte de un rediseño normativo integral.

El nuevo esquema tendrá consecuencias directas en: el sistema penitenciario, que deberá albergar más condenados y por plazos más extensos; la Justicia penal, que incorporará nuevas figuras, escalas y causales de interrupción de prescripción; la función pública, dado el impacto de la pérdida de jubilaciones de privilegio; la sociedad civil y las víctimas, que adquieren nuevas instancias de participación en decisiones vinculadas con beneficios penitenciarios.

También se prevé una reconfiguración del mapa delictivo, especialmente en delitos urbanos como robo, hurto y abuso de armas, y en delitos federales como narcotráfico y trata.

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AlertAR: ENACOM lanzó el nuevo sistema nacional de alertas móviles para emergencias

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) puso en marcha AlertAR, el nuevo Sistema de Alerta Temprana que permitirá emitir notificaciones inmediatas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de áreas geográficas específicas ante desastres naturales, alertas meteorológicas extremas o situaciones de seguridad pública. La iniciativa quedó formalizada mediante resolución publicada en el Boletín Oficial y asigna $12.000 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU) para financiar la infraestructura necesaria. El objetivo es fortalecer la capacidad estatal de responder ante eventos críticos y garantizar información preventiva en tiempo real a la población.

Un sistema nacional basado en Cell Broadcast: alcance, normativa y financiamiento

El proyecto AlertAR se apoya en la tecnología Cell Broadcast, un estándar que permite enviar mensajes simultáneos y segmentados a todos los teléfonos móviles presentes en zonas definidas, sin necesidad de instalar aplicaciones, estar conectado a datos o suscribirse a ningún servicio. La normativa explica que estos avisos buscan “poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública”, de acuerdo con la Resolución ENACOM Nº 960/2025.

El sistema forma parte del Programa Conectividad de Interés Público (CIP) y fue solicitado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que demandó una herramienta eficaz para la difusión inmediata y masiva de información ante emergencias.

ENACOM respondió con la elaboración del Proyecto Específico AlertAR, que contempla: Infraestructura activa: servidores, routers, software, sistemas de conmutación. Infraestructura pasiva: torres, antenas, cableado y sistemas eléctricos. Adaptaciones tecnológicas por parte de los prestadores móviles. Un esquema de financiamiento integral desde el FSU que cubre instalación, operación, mantenimiento y soporte durante 36 meses.

El organismo también aprobó los convenios de colaboración necesarios para su ejecución: Acuerdos entre ENACOM y organismos competentes. Convenios con empresas prestadoras de servicios móviles. Un acuerdo específico con el Ministerio de Seguridad Nacional.

Este andamiaje interinstitucional permitirá activar, operar y supervisar el sistema en todo el país, garantizando un funcionamiento uniforme y estándares de calidad.

Implementación, control operativo y protocolos de emisión

La resolución establece que AlertAR debe asegurar su disponibilidad ante cualquier evento crítico. Para ello, se definieron tres etapas operativas: Licitación pública para seleccionar al proveedor responsable de la tecnología. Instalación de equipamiento, integración con redes móviles y adecuación de infraestructura. Período de prueba de 60 días, bajo supervisión técnica y jurídica del ENACOM.

    Una vez activado, el “usuario administrativo” —la autoridad responsable designada por Seguridad— será quien emita, monitoree y defina el contenido de los mensajes conforme a protocolos específicos.

    La normativa también prevé la actualización permanente de los programas asociados y la fijación de mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las metas por parte de todos los actores involucrados.

    Con este diseño, AlertAR apunta a convertirse en un componente estratégico de la gestión de riesgo nacional, centralizando los canales de advertencia y ampliando la capacidad estatal para proteger a los habitantes y sus bienes.

    Impacto institucional y desafíos de implementación

    La puesta en marcha de AlertAR marca un cambio estructural en la política pública de comunicaciones de emergencia. Con financiamiento asegurado, cobertura nacional y tecnología estandarizada, el sistema se alinea con prácticas internacionales utilizadas en países con alta exposición a fenómenos meteorológicos extremos o crisis de seguridad.

    En lo inmediato, el desafío central será la coordinación entre organismos de Seguridad, ENACOM y prestadores móviles. Para garantizar: Emisión oportuna de alertas sin demoras en eventos críticos. Capacitación interjurisdiccional, especialmente en provincias y municipios. Pruebas periódicas para asegurar el funcionamiento durante todo el año. Actualización tecnológica constante, tal como prevé la resolución 1387/2025.

    Para el sector privado —operadores móviles— el proyecto implica adaptar parte de su infraestructura, un proceso que demandará inversiones y coordinación técnica. Para el sector público, supone consolidar un sistema que puede reducir daños, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la gestión de riesgos. En un país con alta recurrencia de eventos climáticos severos.

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    El Gobierno activó el “Plan Paraná” para reforzar el control de la Hidrovía Paraná–Paraguay

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    El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Paraná, un esquema integral de prevención, detección, neutralización e investigación de delitos complejos en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar actividades ilícitas en el principal corredor fluvial del país.

    Una vía estratégica bajo presión: por qué se lanza el Plan Paraná

    La resolución publicada en el Boletín Oficial destaca que la Hidrovía Paraná–Paraguay es “una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina”, ya que constituye el eje fluvial más extenso de Sudamérica y concentra un volumen significativo del comercio exterior del país y de la región.

    En el tramo que va desde el Puerto de Asunción hasta el Puerto de Buenos Aires circulan hasta 300 barcazas por día, lo que convierte al corredor en un espacio logístico de altísima relevancia, pero también en un territorio altamente vulnerable a delitos complejos.

    El texto advierte que organizaciones del crimen organizado transnacional aprovechan: La extensión geográfica del curso fluvial. La alta densidad de puertos públicos y privados. Las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales.

    De esta manera, despliegan operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos, actividades que representan “una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas”.

    Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad subraya la necesidad de profundizar la coordinación entre las Fuerzas Federales, organismos administrativos especializados, el Poder Judicial y agencias internacionales, para asegurar un nivel de control más eficaz.

    Objetivos, herramientas y despliegue territorial

    El Plan Paraná establece un conjunto de objetivos específicos orientados a fortalecer la capacidad estatal de control sobre toda la traza argentina de la Hidrovía:

    1. Desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).
    2. Incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires).
    3. Fortalecer la cooperación interagencial, con participación de EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA.
    4. Implementar sistemas de monitoreo integral en tiempo real, mediante drones, radares, scanners y tecnologías de vigilancia avanzadas.
    5. Intensificar la inteligencia criminal y financiera, con foco en organizaciones criminales transnacionales y esquemas de lavado de activos.

    Seis polígonos operativos

    La estrategia se organizará en fases operativas delimitadas por polígonos territoriales de intervención, que estructuran el despliegue de las Fuerzas Federales:

    • Primer Polígono: Puerto Bermejo (Chaco), Ciudad de Corrientes (Corrientes), Resistencia (Chaco) e Itatí (Corrientes).
    • Segundo Polígono: jurisdicciones de Corrientes, Resistencia y Bella Vista (Corrientes).
    • Tercer Polígono: Bella Vista (Corrientes) – La Paz (Entre Ríos).
    • Cuarto Polígono: La Paz – Ciudad de Paraná (Entre Ríos).
    • Quinto Polígono: Ciudad de Paraná – San Nicolás (Buenos Aires).
    • Sexto Polígono: San Nicolás – Paraná Guazú.

    Este ordenamiento permitirá identificar zonas críticas, optimizar recursos y establecer prioridades según niveles de riesgo, densidad portuaria y patrones de circulación detectados por los organismos de seguridad.

    Perspectivas para la región y el comercio exterior

    La implementación del Plan Paraná tiene implicancias directas para provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde la frontera fluvial concentra operativos y desafíos históricos vinculados al contrabando y el tráfico transnacional. Asimismo, en el tramo medio e inferior de la Hidrovía —desde Entre Ríos hasta Buenos Aires— se prevé un aumento de controles sobre terminales portuarias y flujos de carga, lo que podría reordenar prácticas operativas en empresas logísticas y exportadoras.

    El reforzamiento tecnológico —con drones, radares y sistemas de vigilancia integral— anticipa una mayor trazabilidad en la circulación de embarcaciones y mercancías, lo que podría generar reacciones en sectores transportistas y operadores fluviales, aunque la resolución no consigna medidas de carácter económico o regulatorio más allá del enfoque de seguridad.

    A nivel institucional, la participación de agencias internacionales como ONUDD, DEA y CICAD-OEA sugiere un alineamiento con estándares de cooperación global contra el crimen organizado, mientras que en el plano interno se espera que el esquema mejore la coordinación entre fuerzas y reduzca la fragmentación operativa que históricamente afectó los controles en la Hidrovía.

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