AlertAR: ENACOM lanzó el nuevo sistema nacional de alertas móviles para emergencias
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) puso en marcha AlertAR, el nuevo Sistema de Alerta Temprana que permitirá emitir notificaciones inmediatas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de áreas geográficas específicas ante desastres naturales, alertas meteorológicas extremas o situaciones de seguridad pública. La iniciativa quedó formalizada mediante resolución publicada en el Boletín Oficial y asigna $12.000 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU) para financiar la infraestructura necesaria. El objetivo es fortalecer la capacidad estatal de responder ante eventos críticos y garantizar información preventiva en tiempo real a la población.
Un sistema nacional basado en Cell Broadcast: alcance, normativa y financiamiento
El proyecto AlertAR se apoya en la tecnología Cell Broadcast, un estándar que permite enviar mensajes simultáneos y segmentados a todos los teléfonos móviles presentes en zonas definidas, sin necesidad de instalar aplicaciones, estar conectado a datos o suscribirse a ningún servicio. La normativa explica que estos avisos buscan “poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública”, de acuerdo con la Resolución ENACOM Nº 960/2025.
El sistema forma parte del Programa Conectividad de Interés Público (CIP) y fue solicitado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que demandó una herramienta eficaz para la difusión inmediata y masiva de información ante emergencias.
ENACOM respondió con la elaboración del Proyecto Específico AlertAR, que contempla: Infraestructura activa: servidores, routers, software, sistemas de conmutación. Infraestructura pasiva: torres, antenas, cableado y sistemas eléctricos. Adaptaciones tecnológicas por parte de los prestadores móviles. Un esquema de financiamiento integral desde el FSU que cubre instalación, operación, mantenimiento y soporte durante 36 meses.
El organismo también aprobó los convenios de colaboración necesarios para su ejecución: Acuerdos entre ENACOM y organismos competentes. Convenios con empresas prestadoras de servicios móviles. Un acuerdo específico con el Ministerio de Seguridad Nacional.
Este andamiaje interinstitucional permitirá activar, operar y supervisar el sistema en todo el país, garantizando un funcionamiento uniforme y estándares de calidad.
Implementación, control operativo y protocolos de emisión
La resolución establece que AlertAR debe asegurar su disponibilidad ante cualquier evento crítico. Para ello, se definieron tres etapas operativas: Licitación pública para seleccionar al proveedor responsable de la tecnología. Instalación de equipamiento, integración con redes móviles y adecuación de infraestructura. Período de prueba de 60 días, bajo supervisión técnica y jurídica del ENACOM.
Una vez activado, el “usuario administrativo” —la autoridad responsable designada por Seguridad— será quien emita, monitoree y defina el contenido de los mensajes conforme a protocolos específicos.
La normativa también prevé la actualización permanente de los programas asociados y la fijación de mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las metas por parte de todos los actores involucrados.
Con este diseño, AlertAR apunta a convertirse en un componente estratégico de la gestión de riesgo nacional, centralizando los canales de advertencia y ampliando la capacidad estatal para proteger a los habitantes y sus bienes.
Impacto institucional y desafíos de implementación
La puesta en marcha de AlertAR marca un cambio estructural en la política pública de comunicaciones de emergencia. Con financiamiento asegurado, cobertura nacional y tecnología estandarizada, el sistema se alinea con prácticas internacionales utilizadas en países con alta exposición a fenómenos meteorológicos extremos o crisis de seguridad.
En lo inmediato, el desafío central será la coordinación entre organismos de Seguridad, ENACOM y prestadores móviles. Para garantizar: Emisión oportuna de alertas sin demoras en eventos críticos. Capacitación interjurisdiccional, especialmente en provincias y municipios. Pruebas periódicas para asegurar el funcionamiento durante todo el año. Actualización tecnológica constante, tal como prevé la resolución 1387/2025.
Para el sector privado —operadores móviles— el proyecto implica adaptar parte de su infraestructura, un proceso que demandará inversiones y coordinación técnica. Para el sector público, supone consolidar un sistema que puede reducir daños, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la gestión de riesgos. En un país con alta recurrencia de eventos climáticos severos.
