modernización administrativa

Firma Digital, educación y empleo, la agenda 2026 del Ministerio de Trabajo en Misiones

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El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones comenzó el 2026 con una agenda estratégica orientada a la digitalización del Estado, la modernización administrativa y la articulación institucional. Bajo la conducción de la ministra Silvana Giménez, la cartera laboral impulsa herramientas tecnológicas —como la Firma Digital— y políticas de formación e inclusión que buscan optimizar procesos, fortalecer el empleo y acompañar el desarrollo económico y social en toda la provincia.

El eje central del inicio de año combina gestión pública más ágil y sustentable, capacitación laboral alineada a nuevas demandas productivas y coordinación con municipios, sectores productivos, organizaciones sindicales y organismos públicos. La estrategia apunta a mejorar la trazabilidad, reducir tiempos y costos administrativos y ampliar oportunidades de inserción laboral, con foco en empleo joven, inclusión y profesionalización de oficios.

Modernización administrativa y Firma Digital: eficiencia, trazabilidad y ahorro de recursos

En el marco del proceso de Modernización del Estado Provincial previsto para 2026, la ministra Giménez mantuvo un encuentro con el intendente de Gobernador Roca, Rosendo Lukoski, donde el Ministerio otorgó al municipio el sistema de Firma Digital. La incorporación de esta herramienta refuerza la eficiencia administrativa, mejora la trazabilidad documental y reduce el consumo de papel, con impacto directo en la gestión local.

En la misma línea, y en su rol de Autoridad de Registro de Firma Digital, el Ministerio también otorgó el sistema al intendente de Corpus, Matías Benítez, y a integrantes de su gabinete municipal. La iniciativa consolida una administración más ágil y transparente, optimiza los tiempos de gestión y promueve un uso más eficiente de los recursos públicos.

Educación digital, capacitación y empleo: formación alineada a la producción

La agenda de trabajo incluyó una reunión con el Director General de Innovación de la Municipalidad de Posadas, Carlos Vigo, para avanzar en una política de Educación Digital Integral enfocada en la actualización y formación para el ámbito laboral. En ese espacio se coordinaron capacitaciones en áreas estratégicas, como topografía para municipios y equipos técnicos y energías renovables, orientadas a la innovación y al desarrollo productivo.

En paralelo, la ministra Giménez se reunió con el Secretario General de la UOCRA Seccional Misiones, Héctor Vallejos, con el objetivo de delinear una agenda de trabajo para el año. El acuerdo prevé talleres y capacitaciones en toda la provincia destinados a trabajadores y sus familias, con foco en la profesionalización del oficio de la construcción. Se anticipa la incorporación de contenidos vinculados a la digitalización y la inteligencia artificial, acompañando la evolución del sector y ampliando las oportunidades de inserción laboral.

Inclusión laboral y articulación institucional: empleo joven y protección social

La ministra también mantuvo un encuentro con Ignacio Abrazian, Director de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Posadas, para planificar capacitaciones, talleres y acciones de inserción laboral. La agenda prioriza la inclusión laboral de personas con discapacidad y el fortalecimiento del empleo joven, definidos como ejes centrales de la política laboral para 2026.

Asimismo, se realizó una reunión de trabajo con Yanina Boschmann, coordinadora provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, para evaluar el trabajo conjunto desarrollado durante 2025 y proyectar líneas de acción para 2026. En ese marco, se reafirmó la importancia de la articulación institucional para promover el acceso al empleo formal, acompañar trayectorias laborales y utilizar herramientas como las visas temporales de trabajo, que amplían oportunidades y fortalecen la inclusión.

Un Estado moderno para impulsar el desarrollo

Con una gestión basada en la planificación, la articulación institucional y la incorporación de herramientas digitales, el Ministerio de Trabajo y Empleo, junto al Gobierno de Misiones, avanza en la consolidación de un Estado moderno, eficiente y cercano. La hoja de ruta 2026 busca impactar en la calidad de la gestión pública, potenciar políticas de empleo y acompañar el crecimiento económico y social en todo el territorio provincial.

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El Gobierno nacional reglamentó los planes de retiro voluntario en el Estado

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El Gobierno reglamentó los planes de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional: Economía y Transformación del Estado controlarán cada programa antes de su aprobación

La resolución conjunta fija el procedimiento obligatorio para toda dependencia estatal que impulse planes de retiro voluntario o desvinculación. Busca garantizar la sustentabilidad fiscal y la coherencia con la política de reforma y desregulación del Estado.

Mediante la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública —dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía establecieron un nuevo procedimiento obligatorio para la implementación de planes de retiros voluntarios o otras formas de desvinculación laboral voluntaria en la Administración Pública Nacional y en las empresas con participación estatal.

El objetivo central de la medida es ordenar y fiscalizar los procesos de reducción de personal en el sector público, garantizando que cada iniciativa cuente con viabilidad económica, previsión presupuestaria y justificación funcional, en el marco de la política de reforma del Estado y reducción del gasto público que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.

Supervisión dual: control presupuestario y modernización administrativa

La normativa dispone que ningún organismo descentralizado, entidad estatal o empresa con mayoría accionaria del Estado podrá implementar planes de retiro voluntario o mecanismos similares sin la intervención previa y favorable de dos áreas clave: La Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía), encargada de evaluar el impacto presupuestario. La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsable de analizar la viabilidad organizacional y la coherencia con las políticas de recursos humanos del Estado.

En el caso de la Administración Pública Nacional centralizada, la resolución establece que el diseño y aprobación de los regímenes de retiro voluntario quedarán bajo la órbita directa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con la participación de la Secretaría de Hacienda en materia presupuestaria.

De esta manera, el Gobierno busca evitar la proliferación de programas aislados o discrecionales, alineando cada medida de reducción de personal con los lineamientos de la reforma estructural del Estado y el control del gasto salarial, uno de los componentes centrales del ajuste fiscal previsto para 2025-2026.

Requisitos estrictos y trazabilidad administrativa

El artículo 3° de la resolución detalla la información mínima que deberá incluirse en los expedientes antes de aprobar un plan de retiros voluntarios. Cada propuesta deberá incorporar:

  • La fundamentación técnica y económica de la medida.
  • El detalle de la dotación alcanzada, condiciones de acceso y modalidad de pago.
  • La base de cálculo utilizada para determinar los montos, beneficios adicionales y estimaciones de costo total.
  • La certificación de suficiencia presupuestaria emitida por el área competente del Ministerio de Economía.

Asimismo, el artículo 4° impone un régimen de información y seguimiento obligatorio. Todos los organismos deberán notificar en un plazo máximo de cinco días hábiles la aprobación de cada plan a la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional.

Deberán además remitir —en formato electrónico— los datos detallados de cada agente adherente, incluyendo nombre, CUIL, categoría, antigüedad, monto total, cuotas de pago y fecha efectiva del retiro, garantizando la trazabilidad y control estadístico de cada desvinculación.

Reforma del Estado: racionalización del empleo público y control del gasto

La resolución se enmarca en el proceso de reorganización y redimensionamiento del Estado Nacional, orientado a reducir estructuras administrativas, eliminar superposiciones y optimizar recursos humanos.

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo promueve “medidas tendientes a la simplificación y reducción del Estado, asegurando la concreción de los objetivos impuestos y la mejora sustancial en la calidad de vida de los argentinos”.

El documento también señala que los planes de retiro voluntario constituyen “una herramienta transversal y articulada para alcanzar un nivel adecuado y racional de dotación en la Administración Pública Nacional”.

Con este nuevo marco normativo, el Gobierno busca compatibilizar los objetivos de modernización administrativa con la consolidación fiscal, garantizando que toda política de reducción de personal sea evaluada técnica y financieramente antes de su implementación, tanto en el sector público central como en empresas estatales y sociedades mixtas.

La medida implica un reordenamiento del circuito decisorio en materia de recursos humanos del Estado, centralizando la supervisión técnica en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el control fiscal en el Ministerio de Economía.

En la práctica, los organismos públicos y empresas estatales que pretendan implementar planes de retiros voluntarios deberán someter sus propuestas a doble evaluación, lo que podría ralentizar la aprobación de programas individuales, pero al mismo tiempo asegurar coherencia, previsibilidad presupuestaria y transparencia administrativa.

El nuevo esquema también permitirá al Estado construir una base unificada de datos sobre las desvinculaciones laborales, herramienta clave para el seguimiento del impacto de las políticas de reforma y ajuste en el empleo público nacional.

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