NACIONES UNIDAS

La UIF crea un régimen específico para frenar el financiamiento de armas de destrucción masiva

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La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la Resolución 3/2026, que crea un régimen específico y obligatorio de reporte y congelamiento administrativo de bienes vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La norma, publicada el 8 de enero de 2026 en el Boletín Oficial y vigente desde esa fecha, alinea el sistema argentino con las exigencias del GAFI y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ampliando las obligaciones de bancos, empresas y demás sujetos obligados bajo la Ley 25.246.

Un nuevo régimen para el financiamiento de la proliferación

La Resolución UIF 3/2026 introduce formalmente el Reporte de Operación Sospechosa de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), un mecanismo que hasta ahora no contaba con un procedimiento específico dentro del marco regulatorio argentino.

El alcance de la medida se apoya en la Ley 25.246 y sus modificatorias, la Ley 26.734 y el Código Penal, particularmente el artículo 306 inciso f), que tipifica el delito de financiamiento de la proliferación. Además, la norma incorpora de manera expresa las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU —entre ellas las 1718 (2006) y 1737 (2006) y sus sucesivas—, que establecen sanciones financieras dirigidas contra personas y entidades vinculadas a programas nucleares y de armas de destrucción masiva.

En línea con la Recomendación 7 del GAFI, la UIF obliga a los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 a reportar sin demora, y con un plazo máximo de 24 horas, toda operación realizada o tentada que involucre bienes o activos de personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o que puedan estar vinculadas con el financiamiento de la proliferación.

Congelamiento administrativo inmediato y sin notificación previa

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la incorporación del congelamiento administrativo inmediato de bienes y otros activos. Ante la detección de una operación sospechosa FPADM, los sujetos obligados deberán inmovilizar los fondos “sin demora e inaudita parte”, es decir, sin notificación previa a los involucrados.

La UIF queda facultada a disponer el congelamiento mediante resolución fundada, que será notificada de inmediato al sujeto obligado y al Ministerio Público Fiscal o al juez federal competente. La autoridad judicial deberá ratificar, rectificar o revocar la medida en un plazo máximo de 24 horas, aunque los bienes permanecerán congelados hasta que exista una decisión judicial expresa.

La resolución define con amplitud el concepto de bienes u otros activos, incluyendo bienes tangibles e intangibles, instrumentos financieros, documentos electrónicos y cualquier activo que pueda ser utilizado para obtener fondos o servicios, siempre que estén bajo control directo o indirecto de personas o entidades designadas.

Asimismo, la UIF deberá comunicar la aplicación de estas medidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dentro de las 24 horas, para su notificación al Consejo de Seguridad de la ONU por las vías diplomáticas correspondientes.

Impacto sobre bancos, empresas y el sistema antilavado

El nuevo esquema refuerza de manera sustancial las responsabilidades de los sujetos obligados, que deberán verificar periódicamente las listas internacionales de sanciones, cotejar sus bases de clientes y abstenerse de informar a terceros sobre la existencia de medidas de congelamiento, salvo en los términos estrictos previstos por la ley.

El incumplimiento de estas obligaciones habilita la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246, que incluyen multas y otras penalidades administrativas.

Desde una perspectiva institucional, la Resolución 3/2026 busca subsanar observaciones formuladas en la última evaluación mutua del GAFI y del GAFILAT, fortaleciendo la capacidad del Estado argentino para prevenir, detectar y sancionar operaciones vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para el sistema financiero y los sectores regulados, la medida implica un aumento en los costos de cumplimiento y en la exigencia de controles internos, pero también una señal clara de alineamiento con los estándares internacionales en materia de seguridad financiera y cooperación global.

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El próximo secretario general de la ONU gustará a EEUU o será vetado

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Escribe Thalif Deen / Inter Press Service – Cuando en los años 80 se extendió el rumor de que un subsecretario general de la ONU, formado en dos prestigiosas universidades, Oxford y Cambridge, tenía intención de presentarse al puesto de secretario general, el implicado lo desechó de inmediato a IPS.

«No creo que nadie en su sano juicio quiera ese puesto», sentenció.

Un comentario que sirve de anticipo al desastre que se avecina en la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El próximo año y en medio de una aguda crisis financiera, la ONU deberá buscar -y encontrar- un nuevo secretario general, que asumirá el cargo a partir de enero de 2027.

El actual secretario general, António Guterres, se enfrenta a la difícil tarea de luchar por la supervivencia de la ONU, con una Casa Blanca abiertamente hostil, que obliga al organismo mundial a reducir drásticamente su personal, recortar la financiación y trasladar varias agencias fuera de Nueva York, su sede desde su creación en 1945.

En resumen: el próximo secretario general heredará una ONU prácticamente devastada.

En su discurso ante la Asamblea General en septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, comentó: «¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? Ni siquiera se acerca a alcanzar [su] potencial».

Para avalar su consideración de que la ONU es una organización obsoleta e ineficaz, se jactó: «Puse fin a siete guerras, traté con los líderes de todos y cada uno de estos países, y nunca recibí una llamada de las Naciones Unidas ofreciéndome ayuda para cerrar el acuerdo».

Sea quien sea el elegido, el nuevo jefe de la ONU tendrá que cumplir fielmente las reglas básicas de la administración Trump, abandonando prácticamente lo que representa la ONU, incluida la igualdad racial y el empoderamiento de género.

«Las políticas de diversidad, equidad e inclusión que se adoptaron para abordar las injusticias históricas y estructurales están siendo vilipendiadas como injustas», critica Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En su libro de 345 páginas titulado «Unvanquished: A US-UN Saga (Invicto: una saga entre Estados Unidos y la ONU)», publicado en 1999, el ex secretario general Boutros Boutros-Ghali (1992-1996),  señala que Washington lo acusó de ser «demasiado independiente» de Estados Unidos, pero que al final hizo todo lo que estuvo en su mano para complacer a los estadounidenses.

Pese a ello, cuando se presentó a la reelección, Estados Unidos, que predica el concepto occidental de la regla de la mayoría, ejerció su veto a pesar de que Boutros-Ghali recibió 14 de los 15 votos del Consejo de Seguridad, incluidos los votos de sus otros cuatro miembros permanentes (China, Francia, Reino Unido y Rusia), el llamado P5.

En una circunstancia así, la tradición dictaría que Estados Unidos, el único en desacuerdo, se abstuviera en la votación y respetara los deseos de la abrumadora mayoría del Consejo de Seguridad. Pero Washington no lo hizo.

A diferencia de la mayoría de sus predecesores y sucesores, el egipcio Boutros-Ghali se negó a seguir ciegamente el juego a Estados Unidos, a pesar de que en ocasiones cedió a la presión estadounidense en un momento en que Washington se había ganado la mala fama de intentar manipular al organismo mundial para proteger sus propios intereses nacionales.

Jesselina Rana, asesora de la ONU en el Centro en Nueva York de Civicus, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil,  dijo a IPS que ciertos Estados miembros incumplen abiertamente las normas internacionales fundamentales y se utiliza el veto para socavar los principios mismos sobre los que se fundó la ONU.

Con ese contexto, «¿serán suficientes las reformas estructurales para restablecer la confianza en la institución?», inquirió.

También se preguntó si la Iniciativa ONU80, lanzada por Guterres en marzo, con el objetivo de reconstruir la confianza en el multilateralismo, puede hacerlo cuando ha resultado un proceso opaco y que ha carecido de una participación significativa de la sociedad civil.

«Un proceso de selección del secretario general responsable y transparente requiere un apoyo más firme y explícito de los Estados miembros», dijo Rana.

A su juicio, un proceso abierto e inclusivo con la sociedad civil y basado en el liderazgo feminista reforzará la capacidad de la ONU para navegar por las difíciles condiciones geopolíticas actuales y ayudará a restablecer la confianza en el multilateralismo, argumentó.

Rana remarca que después de 80 años de liderazgo masculino, el próximo secretario general debería ser una mujer con una trayectoria demostrada en materia de igualdad de género, derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y multilateralismo.

Felix Dodds, profesor adjunto del Instituto del Agua de la estadounidense Universidad de Carolina del Norte y miembro asociado del Instituto Tellus de Boston, que ha escrito extensamente sobre la ONU, dijo a IPS que el organismo está atravesando tiempos difíciles, probablemente los más difíciles desde la Guerra Fría.

A su juicio, quizá no sea mala idea trasladar algunas agencias de la ONU. Citó como ejemplo el caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que ya lo hizo en gran medida cuando tuvo como administradora a Helen Clark (2009-2017).

Para el académico, estar más cerca de las personas a las que se ayuda, quizá sea una cuestión de reducción de costes, pero también puede ser algo que se debería haber considerado antes.

«Pero el nuevo secretario general tendrá que ser alguien que Trump apruebe, ya que él tiene derecho de veto», señaló.

Dodds señaló que «la única opción realista» entre los candidatos que se mencionan es la actual secretaria general de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), la costarricense Rebeca Grynspan.

«Ha demostrado ser una buena funcionaria y ha dirigido bien la Unctad, al igual que lo hizo con Costa Rica cuando era vicepresidenta», dijo.

Pero reconoció que «es posible que volvamos a considerar a un hombre.

Es evidente que el nuevo secretario general que asuma el cargo el primer día de 2027 tendrá ante sí una tarea abrumadora. Sea quien sea, tendrá que hacer concesiones al P5 sobre el tamaño y el alcance de la ONU.

Y los recortes actuales de presupuesto y personal pueden ser solo los primeros de una serie.

«El resultado puede ser una ONU con un mandato más claro sobre lo que va a hacer. Por supuesto, las partes interesadas deben defender a la ONU como un organismo fundamental para los asuntos multilaterales, PERO al mismo tiempo deben proponer reformas que sean sencillas y refuercen el ámbito en el que trabajan», analizó Dodds.

En la nueva etapa, a su juicio, habrá que ser realistas en los ámbitos que se reforman para que sean aquellos que las partes interesadas y los gobiernos pueden trabajar juntos.

En última instancia, dijo, «la fuerza motriz debería ser una ONU más eficaz que cumpla con su cometido sobre el terreno». «¿Lo consiguen las propuestas de reforma?», se preguntó.

«La organización siempre ha trabajado en un mundo de presiones políticas. Estoy de acuerdo en que el organismo debe ser un lugar para el diálogo y la protección de los más vulnerables. ONU80 ofrece una oportunidad para el diálogo sobre propuestas realistas. La pregunta es: ¿cuáles son en las diferentes áreas?», concluyó Dodds.

Stephen Zunes, profesor de Política y Estudios Internacionales en la estadounidense Universidad de San Francisco, donde es coordinador del programa de Estudios sobre Medio Oriente, explicó a IPS que, tras las guerras napoleónicas, el Consejo de Europa mantuvo en gran medida la paz hasta que las potencias centrales decidieron que ya no les convenía.

El resultado, recordó, fue la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

La Sociedad de Naciones estableció entonces un marco para mantener la paz hasta que las potencias del Eje decidieron que ya no les convenía. El resultado fue la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), afirmó.

«Ahora nos encontramos en una encrucijada similar, en la que el sistema de las Naciones Unidas se ve desafiado tanto por Rusia como por Estados Unidos, que, como han demostrado las invasiones de Iraq y Ucrania, ya no se sienten limitados por la prohibición de la guerra de agresión», analizó.

Para Zunes, «los ataques más recientes de Estados Unidos contra la ONU son especialmente perjudiciales, dada la importancia de las contribuciones financieras de Estados Unidos para el funcionamiento de la ONU y la capacidad de Washington en las últimas semanas para impulsar resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que aparentemente legitiman las ocupaciones militares ilegales de Israel y Marruecos sobre sus vecinos».

Los miembros de la ONU deben estar dispuestos a arriesgarse a la ira de la administración Trump defendiendo la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos del derecho internacional, afirmó.

«Está en juego nada menos que el futuro del organismo mundial y la paz y la seguridad internacionales», subrayó Zunes.

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Habitantes de Gaza regresan a sus hogares destruidos con el cese del fuego

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Inter Press Service – Miles de familias palestinas desplazadas por la guerra en la Franja de Gaza iniciaron el regreso a sus hogares, la mayoría derruidos, apenas al mediodía local de este viernes 10 se produjo el cese del fuego convenido entre Israel y la milicia islamista Hamas.

Reportes recibidos en las sedes de las Naciones Unidas daban cuenta de la movilización de más de 200 000 gazatíes -un río de caminantes y vehículos-, desde los improvisados campamentos y refugios en el sur de la Franja hacia el norte, a diferentes urbes, principalmente la ciudad de Gaza, escenario de los últimos bombardeos del ejército israelí, .

Cada gazatí provee un testimonio: “Todos en Gaza están felices por el fin de las masacres y el genocidio contra la población civil. Por fin podemos sentirnos seguros y protegidos tras dos años de destrucción y derramamiento de sangre de niños y adultos.”, expresa un desplazado, Taysir Jneid.

O el de Mariam al-Ghoula, anciana que vive en un campamento en el centro de Gaza: “Estoy feliz y triste a la vez; feliz porque hay un alto el fuego y es posible que podamos regresar a nuestros hogares, pero triste por los que perdimos, nuestros hijos que permanecen enterrados bajo los escombros”.

El fin de la guerra

La guerra que se ha detenido se inició el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas al sur israelí que en el que murieron más de 1100 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. La respuesta militar de Israel ha matado a unos 68 000 palestinos y herido a otros 170 000.

También la mayoría de los 2,2 millones de habitantes de la Franja debieron desplazarse, muchos de ellos varias veces, y la mayor parte de las viviendas y la infraestructura de servicios se redujo a escombros por los bombardeos.

Dos años después, los contendores acordaron los primeros pasos para cesar la guerra, con base en un proyecto que presentó el presidente estadounidense Donald Trump, respaldado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y aceptado por Hamas con la mediación de Egipto, Estados Unidos, Qatar y Turquía.

Con el cese del fuego y el repliegue que inician las fuerzas israelíes, se espera la liberación de los últimos rehenes en poder de Hamas -unos 20 con vida y los restos de otros 28 que perecieron en cautiverio- entre el domingo 12 y el lunes 13, y el rápido ingreso masivo de ayuda humanitaria por parte de las agencias de la ONU.

Stepháne Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la organización obtuvo autorización de Israel para ingresar a la bloqueada Franja 170 000 toneladas métricas de alimentos, suministros sanitarios y nutricionales, así como artículos para refugios y otros productos esenciales.

Los suministros se encuentran actualmente en la región, principalmente en Israel, pero también en Chipre, Cisjordania, Egipto y Jordania, y centenares de camiones están listos para llevarlos a Gaza.

Al bloquear durante meses el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, Israel colocó a la población en una situación crítica por la falta de alimentos, agua potable, medicinas y otros bienes, lo que implicó la aparición de la hambruna en sectores de Gaza y la muerte de cientos de personas como consecuencia de la desnutrición.

Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió que se abran urgentemente los pasos fronterizos para que ingrese la ayuda, ya que hay unos 50 000 niños en riesgo de desnutrición aguda que necesitan asistencia con alimentos y abrigos a medida que se acerca el invierno.

Acuerdo de Paz

El acuerdo aún no establece cuál será el papel de las distintas agencias de la ONU -incluida Unrwa, la dedicada a la población palestina refugiada- en la fase que sigue inmediatamente a la adopción del acuerdo.

El plan de la ONU para los primeros 60 días supone reforzar la producción local de alimentos, detección y tratamiento de la malnutrición, restablecimiento de los servicios sanitarios esenciales, reparación de la red de abastecimiento de agua, y un aumento masivo de la provisión de refugios de emergencia.

Según el acuerdo, las tropas israelíes se replegarán reduciendo su control, de 80 a 53 %, del territorio, que alcanza a 365 kilómetros cuadrados. Hamás dispone de 72 horas para comenzar la liberación y entrega los rehenes a la Cruz Roja.

Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes conformarán los 1950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.

En las 24 horas previas al cese del fuego al mediodía del viernes murieron en ataques 17 palestinos y un soldado israelí, abatido por un francotirador.

Trump prevé viajar al Medio Oriente este fin de semana para participar de la firma de los acuerdos que ponen fin a la guerra. Aspiraba obtener, por esta y otras gestiones en sus poco más de ocho meses de gobierno, el Nobel de la Paz 2025, pero el Comité que otorga el premio en Oslo lo concedió a la opositora  venezolana María Corina Machado, por liderar los esfuerzos por la democracia en su país.

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Expertos de la ONU aplauden veto a reforma ambiental en Brasil

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Inter Press Service – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas saludaron en una declaración este jueves 4 el veto que el presidente de Brasil., Luiz Inácio Lula da Silva, impuso sobre la ley de licencias ambientales que aprobó el legislativo Congreso Nacional en julio.

“Estos vetos demuestran el compromiso de Brasil de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente”, resumieron los expertos en su declaración.

Lula promulgó el 8 de agosto la Ley de Licencias Ambientales, llamada “ley de devastación” por el movimiento ambientalista, pero vetó gran parte de su texto, 63 artículos que contenían las disposiciones más problemáticas.

Una mayoría conservadora en el parlamento impulsó la ley, y en la Cámara de Diputados reunió 267 votos a favor contra 116 en contra.

Los expertos de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, habían advertido de que esa ley “abriría la puerta a graves riesgos de daños irreparables para las comunidades y los ecosistemas”.

La ley permitía a los emprendedores una autolicencia, si sus proyectos conllevaban riesgos moderados, y simplificaba las autorizaciones para los proyectos considerados “estratégicos”, de acuerdo con una clasificación que establecería semestralmente el Consejo de Gobierno, vinculado a la presidencia.

Se establecía una modalidad de licencia ambiental única, entregada en una sola etapa, en vez de las cuatro habituales, que comprenden viabilidad, instalación, ampliación y operación de un proyecto.

Proyectos con un potencial contaminante ya no solo bajo, sino también medio, podrían conseguir permiso con solo llenar un formulario.

La agricultura, parte de la ganadería extensiva y diversas infraestructuras no necesitarían licencia ambiental, y no se estableció una lista nacional de actividades que requerirían permiso ambiental, dejando esas decisiones a estados y municipios.

También se debilitaban los procesos de consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que viven en tierras no demarcadas, y se disminuía, según los ambientalistas, la protección de la Mata Atlántica, el bosque húmedo que cubre áreas el este y sureste del país.

Los expertos de la ONU habían expresado su preocupación, al considerar que la ley conllevaba una regresión en la protección del medio ambiente, el clima y los derechos humanos, incluyendo el deber de prevenir daños ambientales y climáticos.

Por eso saludaron que “al vetar la mayoría de sus disposiciones más problemáticas, el gobierno ha abordado eficazmente las principales preocupaciones planteadas por los expertos. Entre las disposiciones vetadas se encontraban las exenciones”.

Señalaron que la ley mantiene una referencia a un proceso de licenciamiento simplificado para los llamados “proyectos estratégicos” y que existe una medida de precaución para evaluarlos.

Afirmaron que “todos los proyectos, estratégicos o no, que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, el clima o los derechos humanos, deben estar sujetos a una evaluación de impacto ambiental adecuada y exhaustiva basada en la mejor ciencia disponible, incluida la ciencia indígena”.

“Aplaudimos la decisión del gobierno brasileño, ya que demuestra que escuchar las voces de los afectados, incluidos los titulares de derechos humanos y las comunidades científicas, puede conducir a decisiones adecuadas y prevenir daños a largo plazo al derecho de todos a un medio ambiente sano”, agregaron.

Finalmente, instaron al Congreso Nacional a mantener los vetos presidenciales y advirtieron que revertirlos “violaría la Constitución, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y las obligaciones de Brasil en virtud de múltiples tratados y el derecho internacional consuetudinario”.

Tanto la ley, como su promulgación con el veto añadido y as consideraciones de los expertos, se registran a pocas semanas de que se inicie en Belém, en el noreste de Brasil, la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

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¿Debería prohibirse a los líderes militares hablar en la ONU?

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Por Thalif Deen de IPS Noticias – La oleada de golpes militares en países africanos -entre ellos Burkina Faso, Sudán, Guinea, Malí y, ahora, Níger- ha suscitado una pregunta legítima: ¿Cuál debería ser la respuesta de las Naciones Unidas, un organismo mundial que tiene como gran apuesta la democracia multipartidista, ante las tomas del poder por parte del ejército?

La condena contra las interrupciones militares de los gobiernos democráticos sí suele haber.

Un día después del golpe militar en Níger del 26 de julio, el secretario general, António Guterres, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, lo condenaron enérgicamente,  e igual lo hicieron los 15 miembros del Consejo de Seguridad, en una rara unanimidad sobre un asunto aparentemente políticamente divisivo.

Pero, ¿y si estos líderes militares pretenden ejercer su derecho a intervenir en las fase inaugural de la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que comienza el 20 de septiembre?

Como señaló el diario The New York Times el domingo 30 de julio, el cinturón golpista de África se extiende de costa a costa y se ha convertido en «el corredor de gobiernos militares más largo de la Tierra».

En una época pasada, la ONU proporcionó una plataforma a al menos cuatro de estos líderes, entre ellos el cubano Fidel Castro (1959-2006), el coronel libio Muammar  Gaddafi (1977-2011), el maliense Amadou Toure, quien asumió el poder tras un golpe de Estado en 1991, pero más tarde fue elegido democráticamente como presidente, y el ghanés Jerry Rawlings, quien tomó el poder en 1979, ejecutó a antiguos líderes políticos, pero más tarde fue presidente civil elegido democráticamente.

Pero, irónicamente, hubo al menos un caso en el que un primer ministro de Tailandia –un país en el que los golpes de Estado militares se sucedían con gran frecuencia-  fue expulsado del poder cuando se dirigía a la Asamblea General de la ONU, lo que le dejó sin hogar y le envió al exilio político en un país de Medio Oriente.

El golpe de Estado tailandés de 2006 tuvo lugar el 19 de septiembre de 2006, cuando el Ejército Real Tailandés aprovechó su ausencia para desalojar del poder al  gobierno provisional al primer ministro Thaksin Shinawatra, en el poder desde 2002.

Desde entonces si propagó un consejo no pedido a los líderes mundiales que visitan la ONU en Nueva York: Si dirigen un gobierno políticamente inestable, asegúrense de llevar a todos sus jefes militares (del ejército, la marina y las fuerzas aéreas) como miembros de su delegación, para así evitar un golpe de Estado en su país durante su ausencia.

El embajador Anwarul K. Chowdhury, quien fue representante permanente de Bangladesh ante la ONU (1996-2001) y secretario general adjunto de las Naciones Unidas (2002-2007), dijo a IPS que países que respetan la democracia participativa, deberían impulsar una resolución, para que los líderes de golpes militares contra gobiernos electos no puedan hablar en la ONU.

Citó entre los órganos del sistema de la ONU en que deberían quedar excluidos a la propia Asamblea General, así como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) y el Consejo de Derechos Humanos, que sesiona en Ginebra.

“Creo que una resolución así se aprobaría por amplia mayoría. Solo necesitamos que unos pocos Estados miembros, que crean en la democracia, den ese primer paso valiente, decidido y con visión de futuro que tanto necesitamos. Espero que la Asamblea General adopte una decisión que haga historia», afirmó.

También tendría como efecto, adujo, que los líderes militares sabrían que la ONU no permitirá que sus países se unan a ninguna de sus operaciones de paz ni que ocupen ningún alto cargo en el sistema de la ONU.

Chowdhury, quien fue presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU (2000 y 2001) y presidente de la Comisión Presupuestaria y Administrativa de la ONU (1997-1998), afirmó que esos dirigentes deberían pagar un precio por sus acciones antidemocráticas.

Recordó que cuando ocupaba cargos en la ONU alertó en muchas ocasiones sobre la importancia de la “cultura de paz” dentro del órgano mundial. “Esta toma de conciencia se ha vuelto más pertinente en medio del militarismo, la militarización y el armamentismo cada vez mayores que están destruyendo nuestro planeta y nuestra gente”, planteó.

A su juicio, solo la democracia participativa puede reflejar eficaz y adecuadamente el verdadero espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que comienza con las palabras «Nosotros los pueblos».

Pero, ¿hay algo más eficaz y con mayor legitimidad para representar la opinión de los pueblos de los distintos Estados miembros en este parlamento mundial deliberativo?

Stephen Zunes, profesor de Política en la Universidad de San Francisco, dijo a IPS que las Naciones Unidas fueron fundadas originalmente por los aliados victoriosos en la guerra contra el fascismo, la Segunda Guerra Mundial 1939-1945).

Tener un gobierno democrático nunca fue un requisito previo para ser miembro de la ONU, pero el especialista recordó que el principio de que debe existir un orden internacional basado en normas sí implicaba que esos principios también debían aplicarse a los de los Estados miembros.

Del mismo modo, las disposiciones sobre derechos humanos adoptadas por las Naciones Unidas también implican la necesidad de un gobierno democrático.

Un primer paso importante para estar a la altura de sus fundamentos democráticos sería que las Naciones Unidas prohibieran a los líderes de regímenes militares hablar ante las Naciones Unidas, afirmó Zunes, especialista en temas de la ONU y de su Consejo de Seguridad.

“Desgraciadamente, los poderosos gobiernos autocráticos, como Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, probablemente se opondrían a esta norma», afirmó. Y Estados Unidos, a pesar de su retórica a favor de la democracia, también podría tener objeciones, acotó.

Aseguró en ese sentido que “el gobierno de Joe Biden es el mayor defensor de los regímenes autocráticos, y proporciona armas a 57 % de las dictaduras del mundo”.

“De hecho, el general egipcio (Abdel al) Sisi es el segundo mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos, y los contribuyentes estadounidenses gastan más de mil millones de dólares anuales para apuntalar su régimen militar, que tomó el poder en un sangriento golpe militar en 2013″, destacó Zunes.

Cuando en 2004 la Organización para la Unidad Africana -ahora la Unión Africana- prohibió a los golpistas participar en las cumbres africanas, el entonces secretario general, Kofi Annan (1997-2006), fue un paso más allá y dijo que esperaba que algún día la Asamblea General de la ONU siguiera sus pasos y prohibiera a los líderes de gobiernos militares hablar ante la Asamblea General.

La propuesta de Annan representó un hito histórico, pero nunca llegó a cristalizarse en una institución en la que son los Estados miembros, y no el secretario general, quienes gobiernan la Organización.  Y cualquier medida de este tipo podría volverse en contra de los Estados miembros si, algún día, se encuentran representando a un país dirigido por un líder militar.

El franco Annan, nacional de Ghana, también afirmó que «algunos dirigentes africanos siguen escamoteando miles de millones de dólares de fondos públicos, incluso mientras las carreteras se desmoronan, los sistemas sanitarios fallan, los escolares no tienen ni libros, ni pupitres, ni profesores, y los teléfonos no funcionan».

Huelga decir que la ONU no hace distinciones entre «dictadores benévolos» y «dictadores implacables», pero como institución internacional que predica la democracia multipartidista y las elecciones libres, sigue consintiendo que los líderes militares o producto de un golpe hablen en público, mientras los agasaja durante las sesiones anuales de la Asamblea General.

«Sí, por supuesto», respondió Chowdhury sobre si las Naciones Unidas deberían establecer una norma que impida que esos golpistas hablen en la ONU, y añadió que ya debió hacerse cuando Annan lo sugirió a comienzos del milenio..

El Grupo Africano, el mayor grupo regional de Estados miembros en la ONU, lo habría defendido no solo porque la OUA ya había prohibido la presencia de golpistas en sus cumbres,  sino también porque la propuesta procedía de un secretario general que era hijo de África.

“Perdimos esa oportunidad cuando un líder visionario de la ONU tuvo el valor de sugerir que la Asamblea General de la ONU siguiera el ejemplo de África. Han pasado dos décadas. No creo que ningún otro Secretario General tenga el valor de sugerirlo públicamente», consideró Chowdhury.

Thalif Deen corresponsal de Inter Press Service (IPS)
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