Notificación electrónica

Venchiarutti Sartori seguirá al frente del Superior Tribunal de Justicia hasta 2027

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La actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Venchiarutti Sartori, fue ratificada por sus pares para seguir al frente del cuerpo en 2026-2027 y anticipa una agenda centrada en modernización, gestión y defensa salarial

En un discurso institucional fuerte, destacó los hitos tecnológicos y organizativos logrados en la última década -como la implementación del sistema SIGED, la oralidad civil y el modelo forense provincial- y advirtió que, en el actual contexto económico, la prioridad será sostener la calidad del servicio judicial y encarar “la madre de todas las batallas”: la recomposición salarial.

Un reconocimiento interno en un Poder Judicial que apuesta a la continuidad institucional

Recibo con agradecimiento y humildad el honor de presidir el Superior Tribunal de Justicia de mi querida provincia y representar al Poder Judicial”, expresó Venchiarutti Sartori tras ser elegida por sus pares para encabezar el STJ durante el bienio 2026-2027.

La elección se produce en un momento clave para el sistema judicial misionero, que atraviesa un proceso de consolidación tecnológica y de reorganización administrativa impulsado desde hace más de una década. La magistrada remarcó que “el Poder Judicial es razonable y profundamente humano. Está en su ADN y en su esencia. Las almas que lo integran necesitan fuerza y protección y allí estaremos”.

El apoyo interno a su designación apunta a garantizar la continuidad de un modelo de gestión basado en planificación, innovación y profesionalización, especialmente en un escenario económico nacional complejo, que presiona sobre los presupuestos provinciales y los salarios del sector público.

Venchiarutti Sartori estructuró su mensaje alrededor de los avances tecnológicos y procedimentales que redefinieron el funcionamiento del Poder Judicial desde 2014, cuando se implementó el SIGED, un sistema íntegramente desarrollado dentro del Poder Judicial misionero.

SIGED: una herramienta propia, sin costo externo

El sistema, enfatizó, fue creado “por nosotros mismos y no arroja ningún costo”, y su desarrollo sostenido permitió su uso en toda la provincia. La digitalización fue clave para enfrentar el período crítico de la pandemia. “En mayo de 2020 fuimos uno de los primeros poderes judiciales del país en abrir todas las puertas —que jamás fueron cerradas—, atendiendo prioridades y en forma remota”, recordó.

El avance técnico permitió implementar la notificación electrónica, un mecanismo que acortó tiempos institucionales a mínimos históricos, con impacto directo en la duración de los procesos.

Oralidad civil: fallos en tiempos récord

Otro de los hitos fue la implementación de la oralidad en los procesos civiles, que permitió reducir tiempos procesales de manera significativa. “Un proceso de daños tiene sentencia de Primera Instancia en dos años, y a veces en plazos menores, salvo que sea objeto de recursos interminables”.

Sistema médico forense de vanguardia

También destacó la puesta en marcha de un sistema médico forense “modelo en la región, con tecnología de avanzada y profesionales que trabajan sábados y domingos en las autopsias”.

Coordinación con el fuero federal

Para el ciudadano de a pie, la justicia no tiene fueros”, afirmó, al explicar que el Poder Judicial provincial mantiene una conexión operativa directa con el fuero federal. Colaborando con equipos técnicos “solicitando tan sólo que se nos ayude con la adquisición de insumos por su alto costo”.

Relevos generacionales y desafíos económicos

La presidenta electa describió además un proceso sostenido de recambio generacional. “El Consejo de la Magistratura ha realizado en los últimos 20 años más de 300 concursos. Hoy tanto jueces como el Ministerio Público tienen una edad promedio de 40 años”, apuntó.

En contraste con ese dinamismo institucional, advirtió que el contexto macroeconómico nacional plantea un desafío central: “Resta mucho por hacer. Ante la situación económica y social que vive el país y afecta a las economías regionales, sostener lo logrado y mantener el servicio será una prioridad”.

Y remarcó el eje crítico de la nueva etapa: “La madre de todas las batallas: la mejora salarial”.

Su mensaje apuntó a sostener la motivación y estabilidad del personal judicial, factor clave para evitar demoras, desgaste y pérdida de cuadros técnicos.

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El Gobierno reglamenta la mediación prejudicial virtual y avanza hacia un sistema digital integral

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El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la modificación del Decreto 1467/2011 para adaptar la mediación prejudicial obligatoria a un formato digital, incorporando notificaciones electrónicas, firmas digitales y audiencias por videoconferencia. La medida, formalizada a través del Decreto 696/2025, busca agilizar los procesos judiciales, reducir costos y garantizar mayor accesibilidad ciudadana.

El decreto publicado el 30 de septiembre en el Boletín Oficial introduce una reforma sustancial al régimen reglamentario de la Ley 26.589, que establece la obligatoriedad de la mediación previa a juicio. A partir de ahora, el procedimiento podrá desarrollarse íntegramente a través de plataformas digitales, manteniendo la validez de las audiencias presenciales, que quedarán sujetas al criterio del mediador y las partes.

Un nuevo marco para la mediación prejudicial

La norma instruye al Ministerio de Justicia a implementar en un plazo de 180 días un Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, que permitirá:

  • Notificaciones electrónicas a las partes.
  • Generación de actas en formato digital.
  • Firma electrónica de las partes y letrados.
  • Firma digital de los mediadores.
  • Interconexión tecnológica con el Poder Judicial, mediadores y centros de mediación.

Según el artículo 2° del decreto, este sistema reemplazará la reglamentación vigente del Decreto 1467/11, adaptándola a los cambios tecnológicos acumulados en la última década.

La decisión se apoya en la experiencia adquirida durante la pandemia de 2020, cuando, mediante la Resolución 121/20 del entonces Ministerio de Justicia y la Disposición 7/20 de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, se habilitó la mediación virtual como respuesta a las restricciones sanitarias.

Durante más de cinco años de aplicación práctica, las audiencias digitales demostraron eficiencia, reducción de plazos y costos, además de garantizar principios como la confidencialidad y la identificación de las partes.

El Ejecutivo señala que “una interpretación evolutiva” de la Ley 26.589 permite consolidar definitivamente la virtualidad como alternativa válida, en línea con la digitalización progresiva que la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsa desde 2011 a través de múltiples acordadas.

Asimismo, el decreto introduce la notificación electrónica obligatoria, que se realizará en el domicilio fiscal electrónico registrado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Durante un período de transición de 365 días, coexistirá con las notificaciones físicas.

La reforma representa un paso decisivo hacia la modernización del servicio de justicia, con repercusiones tanto para abogados como para ciudadanos. Se espera una reducción en los tiempos de tramitación, menores costos operativos y un aumento en la accesibilidad, especialmente para quienes residen lejos de los centros urbanos.

El Ministerio de Justicia queda facultado para dictar normas complementarias y celebrar convenios necesarios para la adecuada ejecución del sistema. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto a Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona, entrará en vigencia el 1° de octubre de 2025.

La implementación definitiva dependerá ahora de la capacidad técnica y administrativa del Estado para poner en marcha el nuevo sistema digital en el plazo previsto, con la posibilidad de una única prórroga de 90 días adicionales.

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