La Corte remitió al Ejecutivo un presupuesto judicial de $378.087 millones para 2026
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó y remitió al Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial para el ejercicio 2026, que asciende a $378.087.606.265. La decisión, adoptada mediante la Acordada 28/2025, contempla además un plantel de 4.732 cargos y un plan de obras de infraestructura para la Justicia federal, en línea con lo establecido en la Ley 23.853.
El rol institucional de la Corte y el Consejo de la Magistratura
La definición del presupuesto judicial responde a la obligación legal prevista en el artículo 1° de la Ley 23.853, que faculta a la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, a remitir anualmente al Poder Ejecutivo la estimación de gastos y recursos.
El monto fijado se había aprobado previamente en la Acordada 26/2025 (13 de agosto de 2025), que incluyó no solo el cálculo de erogaciones sino también el detalle de personal y un plan de obras (Anexos II A y B). En esa misma decisión, el Máximo Tribunal solicitó al Poder Ejecutivo la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en el artículo 2° de la Ley 23.853, que permite financiar parte del presupuesto judicial con recursos propios.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura remitió la Resolución 3/2025, que contiene el anteproyecto de presupuesto para el conjunto del Poder Judicial en 2026, también elevado junto con la acordada.
Montos, cargos y obras
La Acordada 28/2025, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Gerardo Prataviera, establece con precisión:
- Presupuesto total: $378.087.606.265 para 2026.
- Planta de personal: 4.732 cargos, según el Anexo I.
- Plan de obras: contemplado en los Anexos II A y B de la Acordada 26/2025.
El documento ordena además:
- Remitir al Ejecutivo los presupuestos de la Corte y del Consejo de la Magistratura.
- Solicitar la incorporación de recursos remanentes y aportes legales para asegurar la cobertura financiera.
El dictado de la medida se apoyó en la excepción prevista en la Acordada 15/2023 y en los criterios de quórum fijados en la Acordada 12/2024, dadas las particularidades de la integración del Tribunal al momento de la votación.
impacto político y administrativo
La decisión de la Corte no solo fija la hoja de ruta financiera de la Justicia federal, sino que también proyecta la ejecución de obras de infraestructura en un contexto de fuerte demanda por mejorar el acceso y la eficiencia del sistema judicial.
Desde el plano político, la aprobación del presupuesto judicial llega en un escenario de tensiones por la independencia del Poder Judicial y la distribución de fondos entre poderes del Estado. En los últimos años, las discusiones sobre los recursos asignados a la Justicia se cruzaron con debates sobre el rol del Consejo de la Magistratura, la cobertura de vacantes y la modernización tecnológica de tribunales.
El envío del presupuesto al Poder Ejecutivo abre ahora la instancia de tratamiento legislativo, donde el monto y la asignación de partidas podrían convertirse en un punto de fricción entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.
Con el presupuesto ya remitido, el Poder Ejecutivo deberá incorporarlo al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 para su posterior debate en el Congreso. De aprobarse sin modificaciones sustantivas, el Poder Judicial contará con un incremento nominal que, sin embargo, estará condicionado por la dinámica inflacionaria y la disponibilidad de recursos fiscales.
En términos institucionales, la medida refuerza el mensaje de la Corte sobre la necesidad de autonomía financiera y de contar con partidas suficientes para sostener la planta de personal, la modernización y las obras de infraestructura comprometidas para el año próximo.