OBRAS SOCIALES

Arce participó de la asamblea de COSSPRA

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El presidente del IPS, Carlos Arce participó de la asamblea del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA)

En la tarde de hoy se realizó la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí estuvo el Presidente del Instituto de Previsión Social Misiones Dr Carlos Arce.

Entre el temario se desarrollaron y pusieron en consideración, aprobación o modificación de la memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Fiscalizadora.

La Aprobación de la gestión de las autoridades cesantes.

La elección de nuevas autoridades de la Junta Ejecutiva y de la Comisión Fiscalizadora.

Así también la inscripción de las modificaciones de la Carta Orgánica resueltas en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del pasado 8 de febrero de este año pendiente de registración. Y Autorizaciones varias.

Participaron los presidentes de las obras sociales de las provincias y avanzaron en cuestiones pendientes para mejorar atención a los afiliados

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Prepagas aumentan nuevamente en agosto un 7,5 por ciento

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Las prepagas se encarecen y van limitando a adherentes de las obras sociales. En lo que va del año el aumento es del 20% y en los dos últimos años y medio las cuotas han subido un 120%
Según el texto de la Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial por el Ministerio de Salud el incremento en las cuotas está “fundado en variaciones de la estructura de costos de las empresas” realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, teniendo en cuenta, entre otras cosas, “los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente del incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias” así como “el incremento de costos de recursos humanos”.En consecuencia del análisis realizado, el Ministerio de Salud consideró “razonable autorizar un aumento general, complementario y acumulativo, de aquel que fuera aprobado el 25 de abril del año 2018 mediante la resolución 798/2018 de 7,5% a partir del 1 de agosto de 2018″
La medicina prepaga es la formadora de precios de la salud y uno de las animadores estables del IPC que mide el INDEC: 10 empresas concentran el 83% de los asociados a un régimen de administración que funciona como un seguro, pero con la particularidad de que el 56% de los afiliados a obras sociales derivan el aporte obligatorio y pagan un plus para recibir prestaciones diferenciales. La asociación de consumidores denuncia cartelización en los periódicos aumentos de cuotas, que han acumulado 120% en los 2 años de gobierno de Mauricio Macri, argumentando que les dan a las 60 que integran el sector idéntico porcentaje sin importar las prestaciones y tamaños que las distinguen.
Con el aumento autorizado a las prepagas este mes que finaliza, los 6 millones de afiliados, entre casi 1,2 millones que se adhieren voluntariamente y los 4,5 millones de afiliados a obras sociales que pagan una diferencia para la cobertura privada de la salud, acumulan en el semestre 12%, que se agregan al 96% de los 2 primeros años de gestión del gobierno de Mauricio Macri y totalizan 120%.
Si el IPC de junio fuera del 3,5%, como señalan muchos de los pronósticos de consultores, en ese mismo período arrojaría casi 104%, de modo que la mensualidad de las empresas administr adoras de salud habría subido 15 puntos en términos reales en 2 años y medio.
La particularidad de estos incrementos regulados por el Ministerio de Salud y homologados por la Secretaría de Comercio es que se autorizan por igual a las 60 firmas, sin diferenciar su tamaño, la calidad del servicio, la cantidad de afiliados que atienden, si se trata de una pequeña cooperativa de salud o una corporación y la distribución geográfica.
La titular de la asociación de usuarios, Adecua, Sandra González, es terminante al respecto: “Están cartelizadas y el Gobierno lo permite”, protestó. Basta con ver que 83% de la masa de asociados se concentra en 10 entidades para entender cómo funciona esta actividad, que asimismo absorbe el 56% de afiliados de las 250 obras sociales empadronadas.
De este modo, actualmente, a un matrimonio con 2 hijos menores la cuota se le fue entre $ 8.000 y $ 11.000, según la cobertura sea la básica obligatoria o abarque mayores complejidades.
Después de materializarse el 6to ajuste en 12 meses, cada vez son menos los afiliados de obras sociales que derivan sus aportes a una prepaga: del 21,6% que lo hacía en 2015, en 2017 disminuyó al 17,3%. Y la afiliación voluntaria prepaga descendió del 11,2 al 10,7%. En dos años, una caída mayor a 5 puntos.
Antes de la última suba del 7,5% en junio, las cuotas de las prepagas habían sido incrementadas por última vez un 4% en febrero. Durante 2017, en tanto, los planes habían tenido ajustes acumulativos en diciembre (6%), septiembre (5%), agosto (5%), julio (6%) y febrero (6%).
En el 1er trimestre de este año, apenas el 6,1% de las familias porteñas declararon contar con un plan de medicina prepaga por contratación voluntaria para todos sus integrantes, el porcentaje más bajo de toda la serie, iniciada en 2015. En tanto que un año atrás, en el 1er trimestre de 2017, la marca había sido del 10%. En 2015 y 2016, oscilaba entre 7,5% y 9,8%.
Basándose en datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el periodista Ismael Bermúdez apunta que el 46,1% de la población porteña tiene cobertura a través de las obras sociales y 17,3% de las prepagas, pero por la vía de derivar los aportes o descuentos de salud sobre los salarios a una obra social.
La pirámide sanitaria
Sobre todo en los centros urbanos más importantes, la pirámide sanitaria combina, aunque en forma transversal, la medicina pública (hospitales), la social (OS y mutuales) y la privada (prepagas). Daniel Maceira, investigador del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), calculó para Chequeado que “en la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público, las prepagas atienden entre un 7% y un 10%, mientras las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60% de la población”. Las superposiciones están a la vista: un mismo paciente puede aportar a obra social y también atenderse ahí, y además optar por prepaga con un plus en la cuota.
Sin embargo, esta última posibilidad viene en caída, según el director administrativo de CEMIC, Hugo Magonza. “La afiliación voluntaria es decreciente: el sector de las empresas de medicina prepaga contaba con cerca de 3 millones de beneficiarios voluntarios hace algo más de 15 años, pero ahora no supera 1.200.000”, detalló.
En total, en el país, “el sector prepago ronda las 6 millones de cápitas, pero este número está fuertemente sustentado en la opción de cambio, que permite que afiliados a obras sociales deriven su aporte a una prepaga”, completa.
No obstante, son las obras sociales las que ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina: se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y emplead ores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5%.
Entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se deriva al Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Se trata de un fondo cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Además, se encarga de subsidiar a las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación. El Fondo se creó en 1980, está a cargo de la Superintend encia de Servicios de Salud y se financia con una parte de los aportes y recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes.
Comercio, UPCN y UOCRA fueron los sindicatos que más fondos recibieron. Se trata, a su vez, de 3 de las obras sociales más populosas.

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Estudian incrementar los aportes de monotributistas a las obras sociales

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Analizan medidas para aumentar los recursos del sistema de salud. Quieren que toda la familia de los pequeños contribuyentes pague por la atención médica y fijar escala de aportes
A través de un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo incrementará el financiamiento del sistema de salud y, en particular, de las obras sociales que administran los sindicatos.
Se analiza aumentar los aportes que efectúan los monotributistas por la atención médica en prestadoras sindicales y prepagas, y que actualmente alcanzan a $536 mensuales cualquiera sea la categoría del pequeño contribuyente.
Para ello, se analizan dos esquemas posibles: por una parte disponer una contribución adicional por cada miembro del grupo familiar del monotributista y a la par establecer una escala en el monto de los aportes de acuerdo al nivel de facturación del contribuyente.
“No puede ser que todos paguen el mismo aporte, se está planeando una escala según que categoría se trata, y que también se aporte por la familia porque sino el sistema es insostenible”, indicó a El Cronista uno de los gremialistas que participa de las negociaciones con el Gobierno.
El dirigente criticó, además, que los aportes que realizan los pequeños contribuyentes por la atención médica representa una cuarta parte de la contribución promedio de un trabajador en relación de dependencia. “Hay que resolver la situación porque sino los trabajadores de cada actividad terminan financiando al resto”,se quejó.
También se suma la discusión por el incremento de las cápitas que el Pami abona a las prestadoras sindicales por la atención médica de alrededor de medio millón de jubilados.
Desde hace dos años esa contribución se ubica en los $192 y la pretensión sindical es establecer un esquema de actualización permanente, que en una primera etapa “por lo menos duplique los montos que recibimos hoy”, apuntó otro gremialista.
Otro de las propuestas que se evalúa se vincula al pago de los intereses de los $14.268 millones en bonos con vencimiento en 2020 que están bajo custodia del Banco Nación y corresponden a una parte de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que el Gobierno dispuso repartir a las obras sociales en agosto de 2016.
Según cálculos sindicales los intereses por esos bonos representan unos $700 millones por trimestre, pero solo se distribuyeron a las prestadoras sindicales en dos oportunidades. Los gremios reclaman que el Gobierno decrete el reparto automático de esos recursos cada tres meses.

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