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San Ignacio exige capacitación en RCP para obtener la licencia de conducir

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El municipio de San Ignacio dio un paso clave en materia de seguridad vial y salud pública al establecer como obligatorio el curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para quienes tramiten por primera vez o renueven su licencia de conducir. La medida fue formalizada mediante la Ordenanza IV – N° 10, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 11 de marzo de 2026 y promulgada por el Departamento Ejecutivo a través del Decreto N° 02.

La normativa incorpora la capacitación en RCP básica -tanto para adultos como para niños- dentro del curso vial obligatorio. A partir de ahora, la acreditación de esta formación será condición indispensable para la emisión del carnet de conducir en los casos que determine la reglamentación vigente.

Según establece la ordenanza, las capacitaciones estarán a cargo de profesionales especializados en emergencias prehospitalarias del área Programática N° VII de San Ignacio. El programa incluirá contenidos teóricos y prácticos, abarcando el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio, la correcta realización de maniobras de compresión torácica, la activación del sistema de emergencias y el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), cuando corresponda.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante situaciones críticas en la vía pública, donde la intervención temprana puede resultar determinante para salvar vidas. En ese sentido, la incorporación de conocimientos básicos de primeros auxilios en conductores apunta a ampliar la red de asistencia inmediata en escenarios de emergencia.

La implementación de la ordenanza quedará bajo la órbita del Departamento Ejecutivo Municipal, que además fue facultado para dictar las normas reglamentarias necesarias para su aplicación efectiva.

Con esta decisión, San Ignacio se suma a una tendencia creciente en distintos puntos del país que promueven la formación en RCP como herramienta clave de prevención y respuesta ante emergencias, integrándola a políticas públicas vinculadas a la seguridad vial.

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