Pablo Lavigne

Extienden por un año la intervención de la agencia ARICCAME

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El Gobierno prorrogó por un año la intervención de la Agencia del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME)
La medida, firmada por el Ministerio de Economía, busca garantizar la continuidad institucional y completar la reorganización del organismo clave para el desarrollo de la industria del cáñamo en Argentina.

Prórroga para consolidar la regulación del sector

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2025. A través de la Resolución 464/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía prorrogó por un año la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

La decisión —firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y actual responsable de las competencias de Industria y Comercio— extiende la intervención vigente desde septiembre de 2024, con el objetivo de completar la reorganización institucional y asegurar la continuidad de los procesos regulatorios vinculados a la industria del cáñamo no psicoactivo y del cannabis medicinal.

La resolución ratifica además en su cargo al médico Ignacio Ferrari como interventor de la ARICCAME, con rango y jerarquía de Director Nacional, quien continuará dirigiendo las tareas de administración, emisión de licencias y coordinación con los organismos competentes.

Según el texto oficial, la medida responde a la necesidad de “garantizar la continuidad institucional, la coordinación interjurisdiccional y la seguridad regulatoria necesarias para la implementación de la segunda etapa del régimen de autorizaciones administrativas”, en el marco de la Ley N° 27.669, que regula el desarrollo de la cadena productiva del cáñamo y del cannabis medicinal.

Un organismo clave para el desarrollo del cáñamo

La ARICCAME fue creada para centralizar y coordinar las políticas públicas destinadas al desarrollo integral del cáñamo y del cannabis medicinal, articulando las autorizaciones de producción, industrialización y comercialización con distintos organismos nacionales.

El proceso de intervención comenzó en septiembre de 2024, mediante el Decreto 833/2024, con el propósito de ordenar su funcionamiento interno, agilizar la tramitación de licencias y mejorar la transparencia de los procesos administrativos.

Durante el último año, el organismo avanzó en la primera etapa del régimen regulatorio, orientada a la producción agrícola e industrialización de semilla, grano y fibra de cáñamo (no psicoactivo).

La segunda fase, que se iniciará durante este nuevo período de intervención, comprende la producción agrícola e industrialización de flor y biomasa de cáñamo, lo que permitirá cerrar el circuito productivo integral y ampliar las oportunidades de agregado de valor e innovación tecnológica.

El informe técnico IF-2025-109877312-APN-ARICCAME#MEC, incorporado al expediente, detalla los avances alcanzados en la reorganización institucional y en el otorgamiento de licencias, además de proponer medidas para fortalecer la capacidad operativa del organismo y asegurar su sostenibilidad administrativa.

“La prórroga de la intervención resulta el mecanismo adecuado para garantizar la continuidad de las acciones en curso, preservando la eficacia, eficiencia y economía en la administración del organismo”, sostiene el texto de la resolución.

Economía mantiene la intervención para completar la segunda fase del régimen del cáñamo

La continuidad de la ARICCAME se da tras una serie de definiciones políticas y administrativas. En julio de 2025, el Decreto 462/2025 había dispuesto la disolución del organismo, pero la medida fue rechazada por ambas cámaras del Congreso Nacional —la Resolución 95/2025 de Diputados y la Resolución 56/2025 del Senado—, lo que derivó en su restitución mediante el Decreto 627/2025, dictado el 2 de septiembre de este año.

El texto de la Resolución 464/2025 establece que la prórroga de la intervención tendrá vigencia retroactiva al 3 de septiembre de 2025, fecha en la que se restituyó la plena operatividad del organismo.

En el mismo sentido, se precisó que el interventor Ferrari continuará ejerciendo las facultades conferidas por los artículos 4° y 5° del Decreto 833/2024, entre ellas la dirección administrativa, representación legal, gestión de recursos humanos, otorgamiento de licencias, reordenamiento de proyectos y coordinación con los organismos de control.

La decisión apunta a consolidar un marco de seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria en un sector que busca posicionarse como un nuevo vector de inversión, innovación y generación de empleo de base industrial.

Un sector con potencial de expansión

El desarrollo del cáñamo industrial en Argentina representa una oportunidad estratégica dentro de la bioeconomía: se trata de un cultivo de múltiples aplicaciones —textiles, bioplásticos, biocombustibles, alimentos y cosméticos— que, bajo la normativa vigente, debe provenir de variedades no psicoactivas, con bajo contenido de THC.

El Ministerio de Economía sostiene que la regulación ordenada de la cadena permitirá atraer inversiones, generar exportaciones y fortalecer el tejido productivo local, especialmente en regiones agroindustriales del norte argentino.

El avance hacia la segunda etapa de la regulación, con el foco en la flor y la biomasa, también podría abrir el camino para nuevos desarrollos tecnológicos en biotecnología, farmacología y materiales sustentables, promoviendo la articulación público-privada en innovación y ciencia aplicada.

En términos institucionales, la continuidad de la intervención busca garantizar una transición ordenada hacia un modelo definitivo de gestión, una vez concluidas las tareas de reestructuración y consolidación del régimen de licencias.

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El Gobierno extiende un año el plazo para aplicar el nuevo sello de seguridad en juguetes alimentarios

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Industria prorroga un año la exigencia del Marcado de Conformidad para juguetes que se comercialicen junto con alimentos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, posterga hasta octubre de 2026 la aplicación obligatoria del nuevo sello de seguridad en productos que contengan o acompañen alimentos. El objetivo es permitir la adecuación del sector a los nuevos estándares técnicos y regulatorios.

Prórroga de la aplicación del Marcado de Conformidad

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, dispuso mediante la Resolución 428/2025 suspender hasta el 1° de octubre de 2026 la exigibilidad del “Marcado de Conformidad” para los juguetes que se comercialicen junto con alimentos o cuyo envase o envoltorio primario esté en contacto directo con alimentos.

La resolución, firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne, extiende en un año el plazo originalmente establecido en el marco general de evaluación de la conformidad aprobado por la Resolución 237/2024, con el fin de dar tiempo a los fabricantes e importadores a adecuarse a las nuevas exigencias de seguridad y rotulado.

El Marcado de Conformidad constituye el nuevo estándar técnico que reemplazará progresivamente los distintos sellos de seguridad existentes, unificando criterios en el mercado local y mejorando la trazabilidad y control sobre los productos. Este distintivo garantiza que los artículos cumplan con las normas de calidad, seguridad e inocuidad establecidas por la autoridad competente.

La medida alcanza de manera específica a los juguetes que pueden entrar en contacto con alimentos —por ejemplo, aquellos incluidos en productos de confitería o promociones comerciales—, considerados de riesgo sanitario elevado debido a la posibilidad de transferencia de sustancias nocivas o piezas no aptas para consumo.

Un marco regulatorio en transición

El Marcado de Conformidad fue introducido como requisito en 2024 mediante la Resolución 237/24, que creó un sistema unificado de evaluación de la conformidad aplicable a todos los reglamentos técnicos dictados en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio.

Dicho esquema busca modernizar la política de control de productos y alinearla con los estándares internacionales de seguridad y comercio, en línea con el Decreto 274/2019 sobre defensa del consumidor y el Decreto 50/2019, que establece las competencias de la cartera económica.

La resolución aclara que, durante el período de prórroga, los fabricantes e importadores podrán mantener el sello de seguridad actualmente utilizado o, de manera optativa, adoptar el nuevo Marcado de Conformidad antes de su entrada en vigencia obligatoria.

Además, se establece que quienes aún no cuenten con el nuevo distintivo deberán publicarlo en su sitio web o exhibirlo en los puntos de venta antes del 28 de noviembre de 2025, de modo que los consumidores puedan acceder a la información sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad.

El nuevo esquema técnico había sido complementado por la Disposición 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, que definió los procedimientos de evaluación, certificación y control aplicables a los productos de consumo regulados por el Ministerio de Economía.

Entre ellos se incluyen artículos como electrodomésticos, juguetes, envases y utensilios en contacto con alimentos, que deben cumplir requisitos estrictos en materia de composición, rotulado y calidad de materiales.

Implicancias para la industria y los consumidores

La decisión de prorrogar la entrada en vigencia del Marcado de Conformidad responde a las dificultades manifestadas por los operadores del mercado, principalmente pymes dedicadas a la importación y distribución de juguetes y productos combinados con alimentos.

El texto oficial señala que la extensión busca “facilitar la adecuación de los procesos productivos y de control sin afectar la continuidad de las operaciones comerciales”, en un contexto en el que la industria enfrenta ajustes logísticos y de certificación vinculados a los nuevos requerimientos técnicos.

Durante el período transitorio, el Estado mantendrá las tareas de verificación y seguimiento a través de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento progresivo del régimen.

En términos prácticos, la medida otorga certidumbre al sector industrial y comercial respecto de los plazos de adaptación, al tiempo que asegura la continuidad del control sanitario y de seguridad en productos que tienen un contacto potencial con alimentos, como juguetes incluidos en promociones alimenticias.

La Resolución 428/2025 entró en vigencia el 27 de octubre de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial, y complementa el marco normativo de seguridad del consumidor establecido por las Resoluciones 313/2025 (Reglamento Técnico de productos de consumo) y 237/2024 (Evaluación de la conformidad).

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El Gobierno cubre vacancias en Industria y Pymes con Lavigne y refuerza la centralización en Economía

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 650/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual el licenciado Pablo Agustín Lavigne —actual secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía— asumirá de forma transitoria las competencias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y de la Secretaría de Industria y Comercio, vacantes desde agosto tras la renuncia de Marcos Ayerra y Esteban Marzorati.

El movimiento busca garantizar la continuidad de la gestión en áreas clave para el entramado productivo y evitar la paralización de trámites vinculados con Pymes, emprendedores y sectores industriales estratégicos.

Vacancias críticas en el Ministerio de Economía

La decisión se origina en el Decreto 589/2025, que aceptó las renuncias de Marcos Ayerra (Pymes y Economía del Conocimiento) y Esteban Marzorati (Industria y Comercio). Ambos funcionarios habían sido designados a fines de 2023, pero dejaron su cargo en medio de un proceso de reorganización interna en la cartera que conduce Luis “Toto” Caputo.

Frente a esas vacancias, el Ejecutivo resolvió otorgar las competencias a Lavigne, designado en diciembre de 2024 como Secretario de Coordinación de Producción (Decreto 1098/24), área que ya tenía entre sus funciones asistir al ministro en la definición de objetivos y políticas para Pymes, emprendedores, economía del conocimiento, industria y comercio.

Según el decreto, esta reasignación no implica erogación adicional para el Estado Nacional y se mantendrán vigentes los mecanismos de reemplazo específicos que ya estuvieran previstos para la firma de despachos.

Alcance de las nuevas funciones de Lavigne

El artículo 1° del decreto dispone que Lavigne ejercerá las competencias de las dos secretarías en vacancia “hasta tanto se cubran las vacantes”.
El artículo 2° aclara que lo dispuesto no se aplicará en los casos donde exista reemplazo específico ya designado.
El artículo 3° enfatiza que la medida “no genera erogación presupuestaria adicional alguna para el Estado Nacional”.

Con esta decisión, Lavigne concentra temporalmente tres áreas neurálgicas dentro del Ministerio de Economía:

  • Industria y Comercio: políticas de producción, comercio exterior y estímulo a la competitividad.
  • Pymes, Emprendedores y Economía del Conocimiento: programas de financiamiento, innovación y fomento de startups tecnológicas.
  • Coordinación de Producción: articulación de políticas generales en el sector productivo.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “mantener la continuidad administrativa y evitar la paralización de trámites en curso” en dos secretarías que intervienen en autorizaciones de importación, registros de programas productivos y asignación de beneficios fiscales para Pymes y emprendedores.

Aunque se presenta como una medida transitoria, la decisión concentra poder en un solo funcionario en un área sensible para la economía real, en un contexto de presión de cámaras empresarias que reclaman previsibilidad en el acceso al financiamiento, programas de innovación y reglas claras de comercio exterior.

De cara al futuro inmediato, la Casa Rosada deberá definir si designa nuevos titulares para esas secretarías o si mantiene este esquema de concentración en Lavigne como forma de compactar el organigrama.

  • En el sector Pyme: podrían valorarse los gestos de continuidad administrativa, aunque persiste la preocupación por la falta de conducción específica en un área históricamente sensible a las coyunturas económicas.
  • En la industria y el comercio exterior: las cámaras empresariales seguirán con atención la capacidad de gestión de Lavigne, sobre todo en temas como las licencias de importación y los regímenes de promoción industrial.
  • En el plano político: la oposición podría cuestionar la concentración de funciones como un signo de vaciamiento institucional, mientras el Gobierno lo defiende como un paso hacia la “eficiencia administrativa” y el ahorro de recursos.
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