PDVSA

Trump impondrá aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, al declarar una emergencia de seguridad nacional vinculada al rol del régimen cubano en la política regional. La medida, formalizada mediante una orden ejecutiva firmada el jueves, se conoció el mismo día en que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma legal clave para abrir su industria petrolera a empresas extranjeras, en una señal directa de alineamiento con las demandas de Washington tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

El doble movimiento —presión económica sobre Cuba y flexibilización hacia Venezuela— redefine el tablero energético y geopolítico del Caribe, con impacto directo sobre los flujos de crudo, las inversiones internacionales y las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con América Latina.

Apertura petrolera en Venezuela y giro estratégico hacia Estados Unidos

La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad, en segunda lectura, una reforma legal que permitirá una mayor participación de empresas extranjeras en la explotación petrolera, hasta ahora dominada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La norma habilita a las compañías foráneas a administrar yacimientos bajo su propio riesgo y costo, un cambio estructural en el modelo energético del país.

La reforma fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien sostuvo que el objetivo es maximizar el potencial de un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. “Esta ley nos permite dar un verdadero salto cualitativo histórico para convertir esas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la mayor felicidad que pueda tener un pueblo”, afirmó durante un acto público tras la votación.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reforzó ese enfoque al señalar que la iniciativa “impulsará el sector energético, promoviendo la producción de petróleo en campos no desarrollados”. La ley deberá ser firmada y publicada para entrar en vigencia.

La apertura legislativa se produce luego de que Trump dejara en claro su intención de que empresas estadounidenses inviertan en Venezuela, tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense realizado el 3 de enero. En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que flexibiliza algunas sanciones, autorizando a empresas estadounidenses a realizar operaciones vinculadas a la exportación, compra, venta, almacenamiento y transporte de petróleo venezolano.

Sin embargo, persisten dudas en el sector privado. El director ejecutivo de ExxonMobil calificó recientemente a Venezuela como “ininvertible” en su estado actual, mientras que fuentes citadas por CNN indicaron que la administración Trump evalúa el uso de contratistas militares privados para proteger activos energéticos en el país.

Orden ejecutiva de Trump y presión arancelaria sobre Cuba

El mismo jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que habilita a Estados Unidos a imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que “directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba”. Según el texto oficial, las políticas del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

El documento menciona, entre otros fundamentos, la alineación de Cuba con Rusia, su presunto rol como refugio de grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, la persecución de opositores políticos, la supresión de libertades civiles y la corrupción estatal.

Pese a la dureza del decreto, Trump afirmó que no busca “estrangular” la economía cubana. “Cuba es una nación en decadencia, y hay que compadecerse de Cuba. No creo que Cuba pueda sobrevivir”, declaró ante la prensa, al tiempo que sostuvo que el país no podría subsistir sin el petróleo venezolano.

La Casa Blanca remarcó que el nuevo esquema arancelario es una herramienta de presión para acelerar un cambio político en la isla, una expectativa compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Impacto regional y reacción de los países proveedores

Cuba enfrenta crecientes tensiones con Washington desde la captura de Maduro, quien durante su mandato fue un aliado estratégico de La Habana y sostuvo el suministro de crudo. Actualmente, México aparece como uno de los principales proveedores: en 2025, aportó alrededor del 44 % del petróleo importado por Cuba, según estimaciones citadas por especialistas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió esta semana el envío de crudo al país caribeño como “una decisión soberana” y explicó que se realiza tanto a través de contratos de Pemex como en el marco de ayuda humanitaria. La Casa Blanca no se refirió específicamente a México, aunque el alcance del decreto incluye a cualquier país que mantenga ese tipo de vínculos energéticos con La Habana.

Mientras tanto, Cuba reafirmó su “posición antimperialista e inclaudicable” frente a Estados Unidos y evitó responder de inmediato a los señalamientos incluidos en la orden ejecutiva, según confirmó CNN.

En este contexto, la estrategia de Trump combina presión comercial, reconfiguración energética y señales selectivas de apertura, con Venezuela como potencial socio económico y Cuba como principal blanco de sanciones. El alcance real de las medidas dependerá de la reacción de los países involucrados y de la disposición del sector privado a asumir riesgos en un escenario político aún inestable.

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Trump mira el petróleo venezolano, pero la recuperación demandará años según analistas

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La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar sobre el control político y económico de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro reactivó un viejo objetivo estratégico de Washington: el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el mandatario dejó en claro su intención de que empresas estadounidenses lideren la recuperación de la industria petrolera venezolana, los analistas advierten que el costo económico, los riesgos políticos y los plazos de maduración convierten al plan en una apuesta de largo aliento, con impactos limitados en el mercado global en el corto y mediano plazo.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” el país hasta que se concrete una transición “segura” y sostuvo que las petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar una infraestructura “muy dañada” y “empezar a generar dinero para el país”. El anuncio, de fuerte carga política e institucional, abre interrogantes sobre la viabilidad real de explotar un recurso hoy subutilizado y condicionado por sanciones, deterioro operativo y un escenario político incierto.

Reservas récord, producción mínima y una infraestructura colapsada

Venezuela cuenta con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. No obstante, la brecha entre ese potencial y la producción efectiva es significativa. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, en noviembre el país produjo cerca de 860.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba una década atrás y menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

El declive productivo se profundizó desde comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro reforzaron el control estatal sobre PDVSA, lo que derivó en la salida de personal calificado, falta de inversiones y deterioro sostenido de las instalaciones. A ese proceso se sumaron las sanciones estadounidenses, aplicadas inicialmente en 2015 durante la presidencia de Barack Obama por presuntas violaciones a los derechos humanos, que restringieron el acceso a financiamiento, repuestos y tecnología clave.

El verdadero desafío que enfrentan es su infraestructura”, señaló Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec. Las refinerías, oleoductos y campos petroleros muestran un desgaste acumulado que, según los especialistas, no se resuelve con inversiones puntuales ni en plazos breves.

A esto se suma una característica técnica relevante: el crudo venezolano es mayormente pesado y agrio, más complejo y costoso de refinar que el petróleo “ligero y dulce” que produce Estados Unidos y que resulta más apto para la elaboración de naftas.

Riesgos políticos, sanciones y contratos en suspenso

Más allá del diagnóstico energético, los principales obstáculos para una reactivación a gran escala son de carácter legal y político. Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler, advirtió que las empresas interesadas en operar en Venezuela deberán alcanzar acuerdos con un nuevo gobierno, algo inviable mientras no se consolide un sucesor de Maduro con estabilidad institucional.

Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, sostuvo Falakshahi, quien remarcó que las compañías estarían arriesgando miles de millones de dólares en un contexto de alta incertidumbre. Antes de iniciar inversiones significativas, las petroleras necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno, definir marcos regulatorios y garantizar seguridad jurídica.

En paralelo, Estados Unidos incautó dos buques petroleros frente a las costas venezolanas e impuso un bloqueo a la entrada y salida de buques cisterna sancionados, lo que añade presión sobre los flujos de exportación y refuerza el carácter coercitivo de la estrategia.

Los analistas coinciden en que restablecer los niveles históricos de producción demandará decenas de miles de millones de dólares y podría llevar hasta una década, incluso bajo condiciones políticas favorables. Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, consideró que los planes de Trump tendrán un impacto limitado sobre el suministro global y, por lo tanto, sobre los precios internacionales del crudo.

“El plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo”, señaló Shearing, quien estimó que en 2026 los precios del petróleo mostrarán muy pocos cambios asociados a Venezuela. Incluso si el país lograra recuperar una producción cercana a tres millones de barriles diarios, seguiría fuera del grupo de los diez principales productores del mundo.

El interés de las petroleras y una apuesta de largo plazo

En este escenario, Chevron es la única petrolera estadounidense que permanece activa en Venezuela, tras recibir una licencia de operación en 2022 durante la presidencia de Joe Biden, a pesar de las sanciones vigentes. La compañía es responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción venezolana y afirmó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones relevantes”.

El resto de las grandes firmas mantiene silencio público, aunque los analistas señalan que internamente evalúan la oportunidad. “El apetito de ir a alguna parte está vinculado a dos factores principales: la situación política y los recursos sobre el terreno”, explicó Falakshahi, quien consideró que, pese a la incertidumbre, “la ganancia potencial podría ser demasiado grande para eludirla”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo de BP, John Browne, definió la reactivación petrolera venezolana como un “proyecto a muy largo plazo”. “La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear recursos, materiales y personal lleva muchísimo tiempo”, afirmó, y advirtió que incluso podría darse una caída inicial de la producción mientras la industria se reorganiza.

Para Browne, sin embargo, el atractivo estratégico persiste: “Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía, vas a querer involucrarte muy rápidamente”. Aun así, el consenso entre los expertos es claro: el petróleo de Venezuela representa una promesa enorme, pero su explotación efectiva exigirá estabilidad política, inversiones masivas y una paciencia que excede ampliamente los tiempos de la coyuntura.

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