PIB

El FMI calcula que un golpe de Estado puede restar hasta cinco puntos al PIB en cinco años

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La estabilidad política no solo es una condición institucional deseable: también constituye un factor determinante para el crecimiento económico. Un nuevo estudio elaborado por los economistas Luc Tucker e Idrissa Aladji Aya para el Fondo Monetario Internacional (FMI) aporta evidencia contundente sobre los costos económicos de las rupturas institucionales y concluye que los golpes de Estado generan efectos significativamente más profundos y duraderos de lo que se estimaba hasta ahora.

La investigación señala que un golpe de Estado puede reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 2,3 puntos porcentuales durante el mismo año en que ocurre el evento. Sin embargo, el impacto no se limita al corto plazo. Según el análisis, las consecuencias económicas persisten durante varios años, provocando una pérdida acumulada cercana a cinco puntos porcentuales del PIB en los cinco años posteriores.

Los resultados surgen de la aplicación de un modelo de equilibrio de entropía, una metodología estadística diseñada para aislar con mayor precisión los efectos causales de eventos políticos disruptivos sobre variables económicas. El estudio sostiene que el deterioro observado tras un golpe de Estado supera las estimaciones realizadas en trabajos previos y ofrece nuevas explicaciones sobre los mecanismos que amplifican el daño económico.

Uno de los hallazgos más relevantes es el papel que desempeñan las sanciones económicas internacionales. Los investigadores concluyen que gran parte de la desaceleración posterior a los golpes se encuentra asociada a medidas restrictivas impuestas por organismos multilaterales o países socios, que limitan el acceso al financiamiento, reducen los flujos comerciales y deterioran las condiciones para la inversión.

No obstante, el trabajo también identifica factores internos de gran peso. La incertidumbre política que generan estos episodios afecta directamente las decisiones de hogares y empresas, provocando una contracción del consumo privado y una fuerte caída de la inversión. Ambos componentes son señalados por el FMI como los principales canales de transmisión del impacto económico negativo.

La evidencia resulta particularmente relevante en un contexto global donde distintos países enfrentan crecientes tensiones institucionales, conflictos internos y crisis de gobernabilidad. Para economías emergentes y en desarrollo, donde la confianza de los inversores suele ser más sensible a los riesgos políticos, los efectos pueden amplificarse aún más.

El informe también aporta una lectura estratégica para los responsables de política económica. Más allá de las reformas fiscales, monetarias o productivas, la estabilidad institucional aparece como un activo económico de primer orden. La previsibilidad política, la vigencia del Estado de derecho y el respeto por las reglas democráticas no solo fortalecen la calidad institucional, sino que también constituyen condiciones esenciales para sostener la inversión, el empleo y el crecimiento de largo plazo.

La conclusión del FMI es clara: los golpes de Estado no solo alteran el orden político, sino que generan costos económicos persistentes que pueden comprometer durante años las posibilidades de desarrollo de un país. En un escenario global cada vez más competitivo, la estabilidad institucional emerge como uno de los recursos más valiosos para preservar el crecimiento y atraer inversiones.

Impacto económico de los golpes de Estado by CristianMilciades

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Caputo sostuvo el superávit fiscal en abril y el Gobierno refuerza su ancla económica pese a la caída de retenciones

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El Gobierno nacional volvió a mostrar superávit fiscal en abril y ratificó el equilibrio de las cuentas públicas como eje central de su programa económico. Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero favorable de $268.103 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $364.741 millones.

Con este resultado, el superávit financiero acumulado en los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó aproximadamente el 0,2% del Producto Bruto Interno (PIB), mientras que el superávit primario llegó al 0,5% del PIB. Para la administración de Javier Milei, el dato funciona como una señal política y financiera en un escenario todavía marcado por la desaceleración económica y la presión sobre la actividad industrial.

El equilibrio fiscal sigue siendo el eje del programa económico

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el resultado confirma la continuidad del “ancla fiscal”, uno de los pilares del esquema económico que impulsa el Gobierno. El Ministerio de Economía remarcó que el desempeño se logró pese al pago de intereses y en un contexto donde algunos ingresos asociados al comercio exterior mostraron retrocesos.

Los ingresos totales del SPN durante abril alcanzaron los $13,4 billones, con una suba interanual del 29,6%. La recaudación tributaria creció 26,9% interanual, impulsada principalmente por el impuesto a los Débitos y Créditos, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el IVA neto de reintegros.

Sin embargo, los Derechos de Exportación registraron una caída de 17,4% interanual. El dato adquiere relevancia política porque las retenciones continúan siendo una fuente sensible de recursos fiscales y reflejan, además, el impacto de la dinámica del comercio exterior y de la actividad agroexportadora.

Del lado del gasto, el Gobierno informó que los gastos primarios ascendieron a $12,7 billones, con un incremento interanual del 34,5%.

Las prestaciones sociales representaron el principal componente, con erogaciones por $8,09 billones, mientras que las remuneraciones del sector público alcanzaron $1,62 billones.

Uno de los puntos que más creció fueron los subsidios económicos, que aumentaron en $701.872 millones. Según Economía, la suba estuvo vinculada al pago de gastos asociados a transacciones energéticas correspondientes a marzo y abonadas durante la primera semana de abril.

También se destacó el crecimiento del gasto de capital, que alcanzó $420.661 millones, con una variación interanual de 123,2%. Descontando aportes a organismos internacionales, la inversión real directa y las transferencias de capital crecieron 69,5%.

El dato introduce un matiz relevante dentro de la estrategia oficial: mientras el Gobierno mantiene el discurso de austeridad y ajuste fiscal, también busca mostrar capacidad de sostener determinados niveles de inversión y compromisos operativos del Estado.

El resultado fiscal tiene una dimensión política central para la Casa Rosada. En un contexto donde el oficialismo necesita sostener confianza en los mercados y mostrar capacidad de pago, el superávit aparece como una herramienta de legitimación económica.

Luis Caputo reforzó esa línea al afirmar que el equilibrio se sostiene mediante “una estricta administración del gasto público” y aseguró que el objetivo es combinar orden fiscal con reducción de impuestos y cumplimiento de compromisos financieros.

La administración nacional intenta construir una narrativa de estabilidad basada en la disciplina presupuestaria, incluso cuando algunos indicadores de actividad todavía muestran debilidad. La caída en los ingresos por retenciones y el aumento de subsidios energéticos revelan, no obstante, que el margen fiscal continúa condicionado por variables sensibles de la economía real.

Impacto económico y señales para las provincias

El sostenimiento del superávit también tiene implicancias para las provincias y los sectores productivos. La reducción de transferencias corrientes al sector público —que cayeron 18,6% interanual— mantiene bajo presión a las administraciones subnacionales, especialmente aquellas con menor autonomía financiera.

En el caso de Misiones y el NEA, el comportamiento de los recursos vinculados al consumo interno y a la actividad exportadora seguirá siendo un factor clave. La caída en derechos de exportación y la evolución de la recaudación tributaria nacional pueden impactar indirectamente sobre el flujo de recursos y el ritmo de actividad regional.

Al mismo tiempo, el incremento del gasto de capital podría convertirse en una variable a seguir para evaluar si el Gobierno sostiene niveles de inversión pública selectiva en infraestructura o energía durante los próximos meses.

El resultado de abril fortalece la estrategia oficial de mostrar consistencia fiscal en medio de un escenario económico todavía frágil. Sin embargo, el equilibrio dependerá de múltiples factores: la evolución de la actividad, la recaudación, el costo energético y la capacidad del Gobierno de sostener el superávit sin profundizar tensiones sobre el entramado productivo y las provincias.

El comportamiento de las exportaciones, la dinámica inflacionaria y el nivel de gasto en subsidios aparecerán como variables decisivas para medir hasta dónde puede sostenerse el actual esquema fiscal en la segunda mitad del año.

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América Latina crecerá menos en 2026 y reabre el debate sobre el rol del Estado en la inversión

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América Latina y el Caribe ingresan en 2026 con una previsión de crecimiento del 2,1% del PIB, por debajo del 2,4% registrado en 2025, en un escenario marcado por la incertidumbre global y la debilidad persistente de la inversión. El dato, que surge de un informe económico regional, vuelve a colocar a los gobiernos frente a una disyuntiva conocida: sostener el crecimiento apoyado en el consumo o reconfigurar el esquema productivo para dinamizar la inversión. La pregunta que atraviesa el diagnóstico es si la región está ante un estancamiento estructural o ante una nueva fase de ajuste en su modelo de desarrollo.

El crecimiento moderado no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Se inscribe en una dinámica donde la falta de inversión y las condiciones financieras restrictivas limitan la expansión económica, incluso en contextos donde el consumo privado sigue funcionando como principal motor. En ese equilibrio inestable, la política económica vuelve a quedar bajo presión.

Consumo como sostén, inversión como deuda pendiente

El informe describe una matriz que se repite: el consumo privado sostiene la actividad, mientras la inversión permanece en niveles bajos. Esta combinación, lejos de ser virtuosa, refleja un límite estructural. Sin expansión del capital productivo, el crecimiento pierde capacidad de sostenerse en el tiempo.

Las condiciones de financiamiento, ajustadas por inflación, continúan siendo restrictivas. Esto impacta directamente en las decisiones empresariales y en la capacidad de los Estados para impulsar proyectos de infraestructura o desarrollo. A la vez, la incertidumbre global —tanto económica como geopolítica— actúa como freno adicional.

Las revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países refuerzan ese diagnóstico. No se trata solo de un crecimiento bajo, sino de una tendencia que no logra consolidar un sendero ascendente.

Vuelve la discusión sobre política industrial

En este contexto, la política industrial reaparece en el centro del debate regional. El estancamiento del crecimiento y las dificultades persistentes para generar empleo obligan a los gobiernos a revisar sus estrategias.

El dato no es menor: cuando el mercado no logra traccionar inversión, el rol del Estado vuelve a ser objeto de discusión. La tensión se reconfigura entre modelos que priorizan estabilidad macroeconómica y aquellos que buscan intervenir más activamente para dinamizar sectores estratégicos.

La debilidad en la creación de empleo agrega presión. Sin expansión del trabajo formal, el crecimiento económico pierde traducción social, lo que impacta en la gobernabilidad y en la sostenibilidad de las políticas públicas.

Entre la inercia y la redefinición del modelo

El panorama para 2026 deja más interrogantes que certezas. El crecimiento del 2,1% no implica una crisis inmediata, pero sí evidencia un techo que la región no logra perforar.

En las próximas semanas y meses, el foco estará puesto en cómo los distintos países responden a este escenario: si profundizan estrategias actuales o si avanzan hacia esquemas que intenten reactivar la inversión. También será clave observar si las condiciones globales se estabilizan o si continúan agregando volatilidad.

La región vuelve a enfrentar un dilema recurrente: crecer poco pero de manera estable, o asumir riesgos para modificar su estructura productiva. Esa discusión, lejos de cerrarse, empieza a tomar forma en un contexto donde los márgenes de acción parecen cada vez más estrechos.

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Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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La economía se frenó en noviembre: el EMAE cayó 0,3% y rompió una racha de 14 meses en alza

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El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en noviembre de 2025 su primera caída intermensual tras más de un año en alza. Aunque diez sectores crecieron en la comparación interanual, el retroceso de la industria, el comercio y la pesca arrastró al indicador general y encendió señales de alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad económica mostró en noviembre una baja del 0,3% respecto de octubre, en términos desestacionalizados, y también una contracción del 0,3% interanual, lo que marcó el primer registro negativo tras 14 meses consecutivos de crecimiento. El componente tendencia-ciclo, en tanto, no mostró variaciones.

El dato adquiere relevancia política y económica porque se produce en el tramo final del año y en la antesala del cierre del cuarto trimestre, período que permitirá conocer el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en su conjunto.

Un freno tras más de un año de recuperación: qué pasó con el EMAE

El retroceso de noviembre representa un quiebre en la dinámica de recuperación que venía mostrando la economía desde fines de 2024. La última caída previa se había registrado en septiembre de 2024, con una baja del 2,4%, lo que dimensiona la magnitud del cambio de tendencia.

Pese al resultado mensual negativo, el acumulado del año mantiene un saldo positivo: la actividad económica creció 4,5% en los primeros once meses de 2025, en comparación con igual período del año anterior.

En paralelo, el desempeño trimestral del PIB hasta septiembre había mostrado una desaceleración progresiva:

  • Primer trimestre: crecimiento del 5,8%.
  • Segundo trimestre: expansión del 6,3%.
  • Tercer trimestre: aumento del 3,3%.

Con estos registros, el PIB acumuló una suba del 5,2% en los primeros nueve meses del año, aunque la caída del EMAE en noviembre plantea interrogantes sobre la fortaleza del cierre anual.

Sectores en alza y sectores en retroceso: el mapa productivo de noviembre

En la comparación interanual, diez de los sectores que integran el EMAE registraron subas, con un claro liderazgo de las actividades financieras y del agro.

La Intermediación financiera encabezó el ranking con un crecimiento del 13,9%, impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa. Le siguió Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una expansión del 10,5%.

Ambos sectores no solo crecieron, sino que explicaron buena parte del resultado global: aportaron en conjunto 0,94 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, convirtiéndose en los principales motores del indicador.

Otros sectores que mostraron variaciones positivas fueron:

  • Explotación de minas y canteras: 7%.
  • Impuestos netos de subsidios: 3,4%.
  • Transporte y comunicaciones: 1,8%.
  • Electricidad, gas y agua: 0,6%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,6%.
  • Enseñanza: 0,7%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.
  • Hoteles y restaurantes: 0,3%.

En contraste, cinco sectores clave mostraron caídas interanuales significativas, con fuerte impacto sobre el nivel general de actividad.

La Pesca fue el rubro más afectado, con un desplome del 25%, seguida por la Industria manufacturera, que retrocedió 8,2%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 6,4%. A estos se sumaron la Construcción (-2,3%) y la Administración pública y defensa (-0,6%).

En conjunto, estos sectores restaron 2,23 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, neutralizando el impulso de las actividades en expansión.

Impacto económico y señales para el cierre del año

La combinación de un freno mensual, una desaceleración del crecimiento trimestral y la persistente debilidad de sectores intensivos en empleo y consumo interno —como la industria, el comercio y la construcción— plantea desafíos relevantes para la política económica.

Mientras el agro y las finanzas sostienen el nivel de actividad, la caída de la industria manufacturera y del comercio refleja tensiones estructurales que podrían condicionar el desempeño del PIB en el último trimestre de 2025.

El dato de noviembre, además, refuerza la expectativa sobre el resultado del cuarto trimestre y el cierre anual, en un contexto donde el EMAE funciona como anticipo clave del Producto Interno Bruto, que se conocerá una vez publicados los datos completos del período.

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