Policía

La Policía de Misiones contará con un área especializada en niñez y adolescencia

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El rol de la Policía de Misiones es fundamental con vistas a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con esta perspectiva se reunieron el Mgter Miguel A Molina, Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones, con el Lic. José Mazur, Comisario General y Jefe de la Policía de Misiones, el pasado miércoles 13 de noviembre en la Jefatura de Policía.

El encuentro se centró en tres puntos claves a realizarse de manera conjunta y colaborativa entre ambas entidades. La primera es la creación de un área especializada de niñez y adolescencia en ámbito de la policía provincial, con el fin de dar respuestas ágiles y efectivas en casos donde los niños, niñas y adolescentes se vean involucrados.

En este sentido, se efectivizará un dispositivo de capacitación y formación para el personal policial de la provincia respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Debemos recepcionar las denuncias de violencia y abuso sexual de niños niñas y adolescentes, y toda persona, en los ámbitos administrativos policiales facilitando respuestas acordes a la situación de cada víctima y sus necesidades” afirmó el Defensor, Mgter Molina, en relación a las constantes vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia. En este sentido se acordó canalizar, facilitar y dar celeridad a la recepción de denuncias en las distintas dependencias de la Policía de Misiones.

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Policías cortan pasos fronterizos en Encarnación y Ciudad del Este

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Ésta mañana un grupo de policías retirados se Paraguay interrumpirá el transito en el puente que une las ciudades Encarnación con Posadas y Ciudad del Este con Foz Do Iguazú. Reclaman la renuncia del ministro del Interior del país, por “desconocer aumentos salariales, equipamiento, y por dejar hace años las comisarías abandonadadas”. 

Además exigen ser convocados para discutir una decisión del presidente Mario Abdo mediante Enmienda, que prevé crear una “fuerza paralela” que se encargará de la seguridad interna. “Quieren crear una policía militar para investigar delitos de seguridad interna”, precisaron. En estos momentos cortan el puente San Roque González. 

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Impulsan la creación de un observatorio provincial de violencia familiar y de género y el Registro Único de Casos

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Lo que vamos a ver, no va a gustar. Con esa crudeza, Silvana Labat, directora del Instituto Provincial de Estadística y Censos, expuso la necesidad de contar con un Observatorio de Violencia de Género que se pondrá en marcha en la órbita de ese organismo. Será el primero que dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo y no del Judicial, que aportará sus datos a los policiales para que el IPEC pueda sistematizarlos. 

El Observatorio ya cuenta con datos parciales de 2017, cuando se relevaron 3876 denuncias de violencia de género y familiar, a razón de 2,69 casos por cada mil habitantes. Los datos de 2018 serán presentados en la “Primera jornada sobre violencia familiar y de género” que se realizará el 9 de septiembre, desde las 15, en el Parlamento Misionero. Durante el encuentro se concretará la firma de convenios entre los Poderes del Estado, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, y organizaciones no gubernamentales. También habrá disertaciones de especialistas en el tema.   

La presentación de la jornada se hizo este lunes, en un panel compuesto encabezado por la legisladora Silvana Giménez; Labat; la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Gisela Spasiuk; la subsecretaria de la Mujer y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Benilda Dammer; y la presidente del Instituto de Derecho de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Violencia Familiar del Colegio de Abogados de Misiones, Graciela Gladys Palermo de Rebak.

Esta actividad tiene por contexto un proyecto de ley, iniciativa de la diputada Silvana Giménez, que cuenta con el acompañamiento de los legisladores Oscar Alarcón, Martín Cesino, Liliana Rodríguez y Carlos Rovira; que de aprobarse contempla la creación del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, en el ámbito del Poder Ejecutivo de Misiones.

El Observatorio tendrá por objetivo el desarrollo de un sistema de información para fomentar el diseño, implementación, monitoreo de políticas públicas tendientes a la identificación, tratamiento integral, prevención y erradicación de la violencia familiar y de género. Además, la recolección y sistematización permanente de información conceptual y conocimiento basado en el monitoreo, recopilación, registro, estudio, análisis y difusión de datos sobre casos de violencia familiar y de género.

Autoridad de aplicación

El proyecto prevé que el instrumento funcione bajo la órbita del Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones (IPEC), que deberá recolectar, procesar y difundir información, periódica y sistemática sobre violencia familiar y de género en la provincia, incluyendo los casos de femicidio y de trata con fines de explotación sexual.

También implicará la implementación de un sistema unificado de información y análisis de datos, sobre una plataforma tecnológica, que permita la carga y recopilación de datos, el procesamiento, análisis y gestión de la información.

Asimismo, la creación de una red de información para la difusión a la ciudadanía de los datos relevados por el Observatorio, a través de los sitios web oficiales de distintos organismos que atiendan a la problemática.

Programa de la Jornada

Las acreditaciones para participar del encuentro comenzarán a las 15. Media hora más tarde tendrá lugar la apertura oficial; mientras que a las 16 rubricarán convenios las autoridades de los ministerios de Gobierno, y de Derechos Humanos; del Superior Tribunal de Justicia; del Servicio Penitenciario de Misiones; de los colegios de Abogados y Psicólogos; de las universidades Nacional de Misiones, Gastón Dachary, Cuenca del Plata y Católica de las Misiones; y la ONG Colectivo 108.

A partir de las 16.50 disertará Hilda Fadin, licenciada en Minoridad y Familia; magister en Criminología, directora del Observatorio de Niñez, Adolescentes y Familia y docente la Universidad del Aconcagua de Mendoza. Se referirá a “Competencias Parentales Resilientes, Factores Protectores y de Riesgo”.

Sobre “Affidamento – Un Modo de Acompañamiento. Línea 137. Programa “Las Víctimas Contra la Violencia” lo hará la licenciada en Psicología, psicopedagoga, asesora general del programa Las Victimas Contra la Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Yamila Nadur, Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; y asesora del Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de la Mujer se referirá a la “Creación del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Líneas de trabajo del Observatorio. Estadísticas e indicadores nacionales con enfoque de género”.

Por último, las abogadas Graciela Gladys Palermo de Rebak y Mirna Adriana García, presidente y vice del Instituto de Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente del Colegio de Abogados hablarán de la “Ley de Violencia Familiar, Antecedentes. Mitos y Estereotipos”.

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Más equipos para digitalizar la base de datos de la Policía de Misiones

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Con equipamientos de última tecnología, la Policía de Misiones continúa avanzando en la digitalización de la información policial, que a partir de hoy incorporará a la red prontuarios y antecedentes judiciales, como así también los legajos del personal retirado.

La iniciativa que permitirá modernizar y agilizar la búsqueda de datos se puso en marcha en horas de la mañana en la Jefatura, gracias a un trabajo en conjunto realizado con Marandú Comunicaciones S.E.

La presentación estuvo encabezada por el vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni, el jefe de Policía, Crio. Gral. José Mazur, y el presidente de Marandú Comunicaciones, Marcelo Rodríguez, quienes recorrieron el lugar donde se montaron los nuevos equipos.

Se trata de escáners, impresoras y computadoras, que cuentan con servidores operativos de mayor velocidad, para la digitalización del material de toda la provincia.  

“En una primera instancia, se cargarán a la red digital todos los datos correspondientes al legajo del personal retirado y también todo lo relacionado a prontuarios y antecedentes judiciales”, señaló el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

El proyecto forma parte de Oficina Verde,  un espacio creado en octubre del año pasado, destinado al control y la actualización de la información institucional de forma permanente.

“Este sistema único enlazará las distintas bases informativas de la fuerza. Es importante resaltar que esto fue posible gracias al gran grupo humano de la Policía, vemos que nuestro equipo de trabajo está preparado y la idea es aprovecharlo”, enfatizó el titular de la cartera ministerial.

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Bolsonaro quiere que la policía imponga disciplina en las escuelas y un código de conducta

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BRASILIA (AP) — Cuando los estudiantes de la escuela estatal número 7 de Ceilandia, en la capital de Brasil, regresaron del receso estival en febrero, fueron recibidos por dos docenas de policías uniformados en un lugar que apenas reconocían.
Con las armas enfundadas, los agentes les ordenaron formar en filas en el patio. Los alumnos recibieron camisetas blancas a la espera de que llegasen sus nuevos uniformes. De ahora en adelante, los chicos deben tener el pelo corto y las chicas atado hacia atrás. No podrán llevar pantalones cortos, gorras, esmalte de uñas de colores brillantes, pendientes ni ninguna otra pieza de ropa distintiva. Y quienes lleguen tarde no podrán entrar.

 “Algunas veces nos sentimos intimidados”, señaló Michael Pereira da Silva, de 17 años, que estaba en contra de la decisión de contratar a policías para inculcar disciplina casi militar en el centro. “Al salir al pasillo estamos obligados a inclinar la cabeza y a saludar a los agentes de policía”.
Aunque las pruebas con este tipo de colegios comenzaron en años anteriores, este enfoque cuasi militar es uno de los esfuerzos educativos más visibles del nuevo presidente, Jair Bolsonaro, un ultraderechista excapitán del ejército que durante la campaña prometió mejorar las escuelas, generalmente consideradas un problema. Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2015 situó a Brasil en el puesto 63 de 72 por desempeño educativo.
Las escuelas que ahora están codirigidas por la policía siguen el modelo de las exclusivas instituciones militares, que suelen tener mejores resultados que la mayoría de los centros públicos, lo que hace que muchos padres estén deseosos por ver la misma rígida disciplina.
Con este modelo, la enseñanza sigue en manos del Ministerio de Educación y la policía supervisa la disciplina y el cumplimiento de un nuevo código de conducta. La implementación del programa piloto en una escuela debe ser aprobada por la mayoría de los padres, maestros y personal en un referéndum.
La escuela de Ceilandia es una de las cuatro de Brasilia que votó para sumarse al programa. Las autoridades de la capital brasileña esperan incorporar 36 centros más para final de año y alcanzar un total de 200 en 2022. El gobierno de Bolsonaro está impulsando una expansión similar en todo el país, aunque no reveló la cifra que espera alcanzar.
Algunos estados han estado explorando este modelo desde principios de la década de los 2000, pero una adaptación masiva preocupa a muchos expertos en educación y sindicatos de profesores, que dicen que podrían ser excluyentes e ir en contra del concepto de un sistema educativo público gratuito y abierto.

 

Sostienen que este tipo de centros han logrado mejorar sus resultados porque los alumnos problemáticos están siendo discretamente reemplazados por otros con un mejor rendimiento académico, a menudo procedentes de familias adineradas. Otro riesgo para los críticos es la introducción de armas en las escuelas, especialmente en una nación que tiene la tasa anual de homicidios más alta del mundo, en su mayoría cometidos con armas de fuego.
“Aumentar el acceso y la posesión de armas no está asociado con la protección contra la violencia”, apuntó Robert Muggah, director de investigación del centro de estudios brasileño Igarape.
La expansión es una de las medidas estrella del ejecutivo de Bolsonaro, aunque el Ministerio de Educación dice que no tiene datos sobre cuántas escuelas de este tipo existían ni de estudios acerca de los beneficios del sistema en el largo plazo.
Además de colocar policías en más escuelas, el gobierno ha estado presionado para realizar otros cambios en la educación pública, a la que acusan de estar dominada por una “ideología marxista”. El Ministerio de Educación apuntó a una revisión de los libros de texto de historia para referirse a la dictadura que rigió el país entre 1964 y 1985 como un “régimen democrático de fuerza”, así como para eliminar las referencias al feminismo, la homosexualidad y la violencia contra las mujeres. Hace poco, Bolsonaro dijo que el financiamiento público para sociología y filosofía podría acabar.
En los últimos años, algunas escuelas controladas por la policía saltaron a los titulares por la intervención de la fiscalía luego de los agentes comenzaron a cobrar cuotas mensuales a los padres, a imponer costosos uniformes o a reservar la mitad de las matrículas de los centros para hijos de policías.
En 2016, el director de educación de la policía en el estado de Goias revisó el reglamento interno del sistema escolar que normalizó las “expulsiones” y “traslados forzosos” de estudiantes. La medida siguió a una recomendación de la fiscalía estatal que apuntaba que en las escuelas públicas la expulsión debe ser el último recurso.
“Esto no es para todo el mundo, eso es seguro”, señaló Mauro Oliveira, subsecretario del Ministerio de Educación en Brasilia. Solo un pequeño número de estudiantes han sido rechazados en sus escuelas desde la incorporación de la policía, apuntó agregando que el fin justifica los medios.
El gobierno explicó que actúa en escuelas violentas y de bajo rendimiento o en centros en zonas de riesgo, donde hay narcotráfico o grupos paramilitares.
“No estamos hablando sobre escuelas normales”, manifestó Oliveira, que citó casos de alumnos y profesores que no podían ir a la escuela porque sufrían acoso o estaban amenazados. ”¿Esto no es exclusión también?”.
Según el jefe de la policía en la escuela estatal número 7 de Ceilandia, Edney Freire, la labor de los agentes, llamados “monitores”, incluye asegurar que se pelea.
“Si por ejemplo hay algún tipo de fricción entre estudiantes, el monitor va a hablar con ellos y llama a los padres para solucionar el problema”, agregó.
Esto no siempre ocurre de forma calmada. En un video publicado este mes por el cibersitio de noticias G1 se muestra a agentes interviniendo en una pelea en el gimnasio de un colegio. En las imágenes puede verse a un policía golpeando a un estudiante en el piso.
En Ceilandia, un atestado vecindario de clase trabajadora en las afueras de Brasilia, la violencia contra los maestros no era el problema. Pero en las inmediaciones había narcotraficantes y podía verse a vagabundos consumiendo alcohol y drogas.
Cuando se supo que el centro entraría en el programa con la policía, muchos padres trataron de inscribir a sus hijos. Algunos llegaron dos días antes de la apertura del colegio y acamparon en el exterior para asegurarse una plaza.
Los alumnos deben formar en fila en el patio a diario, con los talones juntos, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y la cabeza mirando hacia adelante, a la bandera de Brasil de la escuela.
“Debemos preparar nuestro futuro a partir de hoy”, dijo Freire, el jefe policial, a los estudiantes mientras formaban un día reciente.
Durante su discurso, los agentes caminaban entre las filas comprobando la postura de los jóvenes y anotando los nombres de quienes incumplían alguna norma.
La directora del colegio, Adriana De Barros, dijo que la disciplina mejoró en apenas dos meses. Los delitos cometidos por menores también bajaron, agregó.
Adriana da Silva, madre Vitor, un estudiante de 17 años, dijo que era “impresionante” que, siendo abril, no hubiese recibido ni un solo llamado del centro para abordar la conducta del adolescente.
“Solía meterse en problemas. Ahora quiere convertirse en militar”, reconoció da Silva.
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Jeantet informó desde Río de Janeiro y Peres desde Brasilia.
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