Política Ambiental

El Gobierno convoca al Congreso en febrero para tratar la reforma laboral, ley de glaciares y acuerdo Mercosur–UE

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El presidente Javier Milei convocó formalmente al Honorable Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial. La convocatoria delimita una agenda legislativa acotada pero de alto impacto económico, político e institucional, que incluye la modernización del régimen laboral, la adecuación de la Ley de Glaciares, el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de un embajador extraordinario.

La medida, firmada por el Presidente de la Nación y el vocero presidencial Manuel Adorni, se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, y establece que los temas habilitados para su tratamiento serán exclusivamente los detallados en el Anexo IF-2026-06047221-APN-JGM, que forma parte integrante del decreto.

Una agenda extraordinaria con foco en reformas estructurales

El Artículo 1° del Decreto 24/2026 convoca al Congreso a sesionar fuera del período ordinario durante 26 días, desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026, mientras que el Artículo 2° define los asuntos que integran la convocatoria, restringiendo el temario a cuatro puntos centrales.

Entre ellos se destaca el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (Mensaje 35/25, Expediente Senadores PE 159/2025), una iniciativa clave dentro del programa de reformas del Poder Ejecutivo, con impacto directo sobre el mercado de trabajo, la regulación de las relaciones laborales y los costos asociados al empleo formal.

También figura el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que propone modificaciones a la Ley N° 26.639 (Mensaje 36/2025, Expediente Senadores PE 161/2025). Este punto reviste relevancia institucional y económica, dado que involucra estándares ambientales, regulación de actividades productivas y el marco normativo vigente en zonas de glaciares y ambientes periglaciales.

Comercio exterior y política exterior en el temario legislativo

La convocatoria incluye además el tratamiento del Proyecto de Ley para aprobar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de uno de los acuerdos comerciales más relevantes en términos de inserción internacional, reglas de acceso a mercados y alineamiento estratégico del bloque regional.

En el plano de la política exterior, el temario contempla la consideración del acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Fernando Adolfo Iglesias, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias.

La inclusión de este punto refuerza el carácter integral de la convocatoria, que combina reformas económicas y laborales con definiciones institucionales y diplomáticas que requieren aval del Congreso.

Posibles repercusiones

La delimitación estricta de los temas a tratar durante las sesiones extraordinarias refuerza el rol del Poder Ejecutivo en la definición de prioridades legislativas, al tiempo que coloca al Congreso frente a debates de alta sensibilidad económica, regulatoria y política.

La modernización laboral y la adecuación de la Ley de Glaciares anticipan discusiones intensas en torno al equilibrio entre competitividad, protección ambiental y marcos regulatorios vigentes, mientras que el acuerdo Mercosur–Unión Europea introduce un eje central de debate sobre comercio exterior y reglas de integración internacional.

Con esta convocatoria, el Gobierno busca avanzar en una agenda concentrada de proyectos considerados estratégicos antes del inicio del período ordinario de sesiones.

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Glaciares en debate: críticas técnicas y constitucionales a la reforma que el Senado tratará en febrero

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El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial obtuvo dictamen en el Senado tras un trámite acelerado, pero enfrenta un rechazo contundente de especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos, que advierten sobre un debilitamiento estructural del régimen de protección ambiental, riesgos para la seguridad hídrica y mayor incertidumbre jurídica. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero.

El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En apenas dos días, el oficialismo logró dictaminar el proyecto pese a las objeciones técnicas, constitucionales y ambientales planteadas durante las exposiciones. El tratamiento parlamentario, inicialmente previsto para el 26 de diciembre, fue finalmente postergado para febrero.

Cambios estructurales y cuestionamientos constitucionales

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la reforma propuesta introduce modificaciones de fondo a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, al alterar el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Constitución Nacional. Según advirtieron, la iniciativa reduce el alcance del régimen nacional y fragmenta los criterios de protección de bienes comunes estratégicos como el agua.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21% del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”. Además, remarcó que la iniciativa transfiere a las provincias la facultad de definir qué glaciares deben ser protegidos, lo que “desmantela el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país”.

En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la reforma “tira por la borda la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos” y alertó sobre el precedente que podría sentar para otras normas ambientales vigentes. “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques, por los ríos, por la Ley General del Ambiente?”, planteó.

Ciencia, crisis climática y falta de participación

Desde el ámbito científico, las críticas se centraron en la ausencia de consultas previas y en la celeridad del tratamiento legislativo. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó como “inadmisible” que el proyecto no haya sido consultado con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia establecido por la propia ley vigente para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Pablo E. Villagra, director del IANIGLA, recordó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió reconocimiento de la comunidad glaciológica internacional y no presenta errores significativos, además de encontrarse actualmente en proceso de actualización.

Agostina Rossi, de Greenpeace Argentina, advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y sostuvo que la distinción entre glaciares “útiles” y “no útiles” carece de sustento científico. “Los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”, afirmó.

Las organizaciones también cuestionaron la escasa participación pública y el carácter exprés del proceso legislativo, señalando que la iniciativa no replica el nivel de debate y consenso que acompañó la sanción original de la ley.

Minería, inversiones y licencia social

Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) plantearon que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre normativa y que la reforma busca adecuar el marco regulatorio del sector. Alfredo Vitaller, por CAEM, sostuvo que acompañan la protección de los glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientales y científicas se advirtió que la reforma no generará mayor seguridad jurídica ni atraerá inversiones de largo plazo. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, afirmó que “las empresas serias buscan certidumbres y estándares ambientales altos” y que “los flujos de inversión más importantes van a los países con mayor protección ambiental”. En ese sentido, remarcó que flexibilizar la ley “profundizará la incertidumbre normativa y debilitará la licencia social para operar”.

Durante la jornada también expusieron los gobernadores de San Juan y Catamarca, quienes defendieron la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. El gobernador de Catamarca destacó que la actividad genera cerca de 3.000 empleos directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 puestos adicionales, subrayando su impacto en la economía local y en la diversificación productiva.

Un debate abierto con impacto institucional

Con dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Las organizaciones ambientales, científicas y sociales reiteraron su pedido para que no se avance con una reforma que, según sostienen, reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.

“La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, enfatizaron los expositores, al tiempo que reclamaron un debate más amplio, con base científica y participación efectiva, antes de modificar uno de los pilares del régimen ambiental argentino.

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Glaciares, minería y federalismo, los cambios clave que impulsa el Gobierno en la ley ambiental

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El Gobierno nacional avanza con un proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares N° 26.639 que redefine el alcance del ambiente periglacial, introduce criterios técnicos más precisos y refuerza las competencias provinciales en materia ambiental. La iniciativa, a la que accedió Energy Report, propone un giro regulatorio de alto impacto económico e institucional: pasar de un esquema de prohibiciones amplias y definiciones imprecisas a un régimen basado en evaluaciones ambientales rigurosas, seguridad jurídica y federalismo ambiental, con especial incidencia en proyectos mineros y energéticos en la cordillera.

Un cambio de enfoque en la protección ambiental y el federalismo

El proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, aún en etapa de discusión y previo a su ingreso al Congreso, busca ordenar el marco regulatorio vigente sin alterar el carácter de los glaciares como bienes públicos ni su función estratégica como reservas hídricas. La propuesta se apoya en el principio de utilización racional de los recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional y explicita la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo.

Según el texto, el nuevo objeto de la ley mantiene la protección de glaciares y del ambiente periglacial, pero aclara que dicha protección debe interpretarse de manera armónica con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales establecido en el artículo 124. De este modo, se introduce un criterio de equilibrio entre preservación y uso racional, atendiendo a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

El proyecto, calificado como “confidencial” y que será remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo conforme al Decreto 865/25 del presidente Javier Milei, cuenta con consenso político para su envío, aunque fuentes oficiales no descartan ajustes menores antes de su tratamiento parlamentario. Por la intensidad de la agenda legislativa prevista entre el 10 y el 30 de diciembre, el debate podría postergarse hasta febrero.

Inventario de Glaciares, principio precautorio y evaluaciones ambientales

Uno de los ejes centrales de la adecuación es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. La nueva redacción limita su alcance a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas, ya sea como reservas de agua o como proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas. El inventario se mantiene como herramienta de consulta obligatoria, pero sin menoscabar las atribuciones de las autoridades competentes, un punto clave para la gestión provincial.

El proyecto incorpora además el artículo 3° bis, que introduce expresamente el principio precautorio. En ese marco, todas las geoformas incluidas en el inventario se consideran protegidas hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen funciones hídricas. Una vez constatada la inexistencia de dichas funciones, esas geoformas dejan de estar alcanzadas por la Ley de Glaciares, aunque continúan bajo el amparo general de la Ley General del Ambiente. Esta disposición apunta a corregir uno de los principales cuestionamientos a la normativa vigente: la protección automática y permanente de geoformas sin función hídrica comprobada.

En cuanto a la actualización del inventario, el artículo 5° mantiene al IANIGLA como organismo responsable del relevamiento y monitoreo, pero refuerza el rol de las provincias, que podrán informar la existencia de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. Un punto de alto impacto jurídico establece que la omisión del IANIGLA en actualizar el inventario no invalida las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental provincial competente, despejando una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica del régimen actual.

Prohibiciones, competencias y respaldo político de las provincias

El artículo 6° conserva la prohibición de actividades que alteren de modo relevante la condición natural o las funciones de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. Continúan expresamente vedadas actividades como la minería y los hidrocarburos en esos casos, pero la novedad es que la determinación de qué constituye una “alteración relevante” queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por la autoridad competente de cada jurisdicción, reemplazando la prohibición genérica por un análisis técnico caso por caso.

El artículo 7° refuerza este enfoque al exigir evaluación de impacto ambiental previa para todas las actividades proyectadas y, cuando corresponda, evaluación ambiental estratégica, además de consolidar la participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente. Se mantienen las excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y acciones de emergencia.

Finalmente, el artículo 8° redefine el esquema de autoridades competentes: cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental y, en áreas protegidas nacionales, intervendrá la Administración de Parques Nacionales. Se asigna expresamente a las provincias la identificación de los glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones hídricas, reforzando el federalismo ambiental.

El proyecto cuenta con respaldo político de gobernadores de provincias cordilleranas, que enviaron una carta al presidente Javier Milei en nombre de la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan). En la misiva, firmada por los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, advierten que la aplicación actual de la ley generó incertidumbre regulatoria, paralización de inversiones y conflictos de competencia. “Termina por obstaculizar su finalidad última: promover el desarrollo sostenible de nuestras provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”, señalaron.

En conjunto, la adecuación de la Ley de Glaciares propone un cambio de paradigma regulatorio. El debate en el Congreso será determinante para definir si la Argentina logra compatibilizar protección ambiental efectiva, respeto por las autonomías provinciales y desarrollo productivo en una de las normas más sensibles del entramado regulatorio nacional.

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Ecología refuerza los controles ambientales en la reserva Santa María del Aguaray Miní

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El Ministerio de Ecología de Misiones realizó un operativo de fiscalización en la reserva privada Santa María del Aguaray Miní en Colonia Delicia con el objetivo de fortalecer la protección de las Áreas Naturales Protegidas y avanzar en la georreferenciación de caminos y accesos estratégicos.

Control y fiscalización en territorio: una política de Estado ambiental

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones encabezó un operativo de fiscalización ambiental en la Reserva Privada Santa María del Aguaray Miní, una de las áreas de conservación más relevantes del norte provincial.
La actividad forma parte del plan permanente de control, monitoreo y protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), en el marco de las competencias establecidas por la Ley XVI – N° 29 de Áreas Naturales Protegidas y sus decretos reglamentarios.

El recorrido fue liderado por el ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, junto al director de Control Forestal, Ing. Mateo Sosa, el comisario inspector Maximiliano Jaques, responsable de la Dirección de Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, y el titular de la reserva, Ricardo Ranger.

Durante la jornada, los equipos técnicos realizaron la georreferenciación de caminos, accesos y puntos estratégicos dentro y en los alrededores del predio, con el objetivo de obtener información precisa para fortalecer la fiscalización ambiental y prevenir intervenciones no autorizadas.

“Estas acciones son esenciales para garantizar la integridad ecológica de las reservas y para que la provincia mantenga una política activa de conservación, articulada con los propietarios privados y las fuerzas de seguridad”, destacaron desde el Ministerio.

Coordinación institucional y trazabilidad ambiental

El operativo no solo se limitó al relevamiento en campo, sino que también implicó una instancia de articulación con autoridades municipales y provinciales.
El Ministerio de Ecología notificó a la Municipalidad de Colonia Delicia sobre las tareas realizadas y recopiló información sobre caminos rurales y trazados viales en zonas de amortiguamiento.

Esta información será comparada con los registros catastrales y los planos de la Dirección Provincial de Vialidad, con el objetivo de verificar la legalidad de los accesos y caminos existentes, así como definir eventuales intervenciones de protección o restauración ambiental.

El cruce de datos georreferenciados permitirá mejorar la gestión territorial y reducir los riesgos de actividades irregulares como el avance de la frontera agrícola, el desmonte no autorizado o el ingreso indebido de maquinaria pesada en zonas de conservación.

De acuerdo con lo informado por la cartera ambiental, los resultados del relevamiento serán incorporados al Sistema Provincial de Monitoreo Ambiental (SIPMA), herramienta que centraliza la información satelital, cartográfica y geoespacial de las reservas naturales de Misiones.

Protección del patrimonio natural y fortalecimiento institucional

La Reserva Santa María del Aguaray Miní forma parte del Sistema de Reservas Privadas de la provincia. Un modelo de cogestión que combina la conservación del bosque nativo con el desarrollo sustentable. En ella se conservan especies de flora y fauna características del Corredor Verde Misionero, uno de los territorios de mayor biodiversidad del país.

El Ministerio de Ecología mantiene un esquema de fiscalización continua sobre estas áreas, que incluye operativos de control forestal, patrullas mixtas con la Policía de Misiones y cooperación con los municipios y propietarios.

La política ambiental provincial busca reforzar la capacidad de control y prevención de delitos ambientales, fortalecer la trazabilidad de los recursos forestales y consolidar un modelo de desarrollo que equilibre la producción con la conservación.

“El compromiso de Misiones con su patrimonio natural se expresa en acciones concretas: controles, monitoreo y una fuerte articulación interinstitucional. La protección de los bosques y la biodiversidad no es solo una política ambiental, sino también una política de Estado”, subrayaron fuentes del Ministerio.

Impacto regional y proyección

El fortalecimiento del sistema de control ambiental en las reservas privadas —que representan un componente clave del modelo misionero de conservación— también tiene impacto en el ordenamiento territorial y en la planificación de políticas climáticas.

Misiones cuenta con más de 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos protegidos, entre parques provinciales, reservas naturales y áreas privadas de conservación. Los controles, como el realizado en Santa María del Aguaray Miní, apuntan a preservar ese capital natural que aporta servicios ecosistémicos estratégicos. Como la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad.

Con la implementación de relevamientos digitales y herramientas geoespaciales, la provincia avanza en la construcción de una base de datos ambiental moderna y auditable. Que permitirá responder con mayor eficiencia a las exigencias nacionales e internacionales en materia de gestión forestal sostenible y cambio climático.

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Misiones, referente en bioeconomía y acción climática rumbo a la COP30 en Brasil

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Misiones reafirma su liderazgo ambiental en el Encuentro Federal “Camino a la COP30” en Paraná, Entre Ríos.

La provincia consolidó su rol en la Alianza Verde Argentina y compartió su experiencia en políticas de acción climática junto a gobiernos subnacionales, organismos internacionales y el sector privado.

Un espacio estratégico rumbo a la COP30 en Belém

La provincia de Misiones volvió a destacarse en la agenda climática nacional tras su participación en el Encuentro Federal “Camino a la COP30”, realizado en Paraná, Entre Ríos. El evento, organizado en el marco de la Alianza Verde Argentina (AVA), reunió a representantes de las provincias de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Jujuy y Santa Fe, consolidando este espacio como la principal instancia de articulación territorial frente a los desafíos del cambio climático.

El encuentro, celebrado en el MiradorTEC, fue la segunda edición de la antesala argentina a la cumbre global de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30), que se desarrollará en Belém, Brasil, en 2025, cuando se cumplan diez años del Acuerdo de París.
Misiones —que el año pasado había sido sede de la PreCOP29 en Posadas— participó como invitada especial, reafirmando su papel pionero en materia de bioeconomía, conservación y acción climática regional.

La jornada contó con la participación de delegaciones de la Unión Europea, GIZ Argentina, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco Mundial, y representantes del sector privado como Grupo Petersen, Genesis y BYMA, además de referentes académicos y de organizaciones ambientales.

Misiones y la Alianza Verde Argentina: cooperación y liderazgo subnacional

Durante el encuentro, Misiones presentó los avances logrados en materia de acción climática y fortaleció vínculos con provincias que aún no integran formalmente la Alianza Verde Argentina, una red que promueve políticas territoriales sostenibles a nivel federal.
La representación misionera destacó el enfoque de la provincia en torno a la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible de los bosques y el impulso de la bioeconomía, pilares que posicionan a Misiones como un referente nacional e internacional en la transición ecológica.

Los debates de la cumbre abordaron ejes centrales como la transición justa hacia economías bajas en carbono, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y los mecanismos de financiamiento climático, temas considerados prioritarios en el camino hacia la COP30.
Expertos del Banco Mundial y de entidades financieras nacionales y extranjeras analizaron los desafíos del acceso al financiamiento para los territorios y la necesidad de movilizar capital verde hacia proyectos ambientales de impacto.

En paralelo, el sector privado y los mercados financieros debatieron sobre el rol de la banca, los bonos verdes y los mercados de carbono como instrumentos de apoyo a la sostenibilidad.
La participación de Pedro Friedrich, de la Fundación Banco de Bosques, aportó una mirada sobre la importancia de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad, un tema clave en la previa a la COP amazónica.

Rumbo a Belém: una agenda climática con acento federal

El Encuentro Federal Camino a la COP30 no solo buscó consolidar consensos técnicos, sino también fortalecer la voz subnacional argentina de cara a la negociación internacional. En ese marco, la participación de Misiones refuerza su rol estratégico en el Corredor Verde y en la protección del Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

La Alianza Verde Argentina se consolida así como un espacio federal de cooperación climática, que articula gobiernos, organismos internacionales y el sector privado en torno a una misma meta: avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, resiliente y con equidad territorial.
Camino a Belém, las provincias argentinas se preparan para llevar una posición común que refleje sus realidades, necesidades y aportes en materia de mitigación, adaptación y financiamiento climático.

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