Política Ambiental

Publican una guía sobre impacto ambiental en Misiones

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En un contexto donde la regulación ambiental gana centralidad en la agenda pública, el abogado Martín Ferroni impulsa una intervención que trasciende lo académico: la publicación de la “Guía Metodológica para Estudios de Impacto Ambiental y Análisis de sus Elementos Legislativos en la Provincia de Misiones”, cuya presentación comenzará el 8 de abril en Jardín América y continuará el 16 en Posadas. El dato no es menor. La obra no solo sistematiza criterios técnicos, sino que introduce una pregunta de fondo: ¿la normativa vigente en Misiones está preparada para responder a las nuevas exigencias ambientales?

Entre la técnica y la ley: una herramienta con doble lectura

El libro, coeditado por el Instituto Superior Multiversidad Popular y Editorial Mate, con auspicio del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, se estructura en dos planos que dialogan entre sí.

Por un lado, propone una guía metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con lineamientos estandarizados a nivel internacional, adaptados a la legislación argentina —en particular la Ley General del Ambiente N° 25.675— y al marco provincial. En términos prácticos, se trata de una herramienta operativa para quienes deben diseñar o evaluar proyectos con impacto ambiental.

Pero el segundo bloque introduce una dimensión más sensible: un análisis artículo por artículo de la Ley XVI-35 de Misiones, vigente desde los años 90. Allí, Ferroni identifica aspectos “que podrían optimizarse”, lo que, en clave política, abre una discusión sobre la actualización de una norma que regula uno de los procesos más críticos en materia de desarrollo y control estatal.

Regulación, formación y control

La publicación se inserta en un escenario donde la Evaluación de Impacto Ambiental funciona como un punto de intersección entre Estado, sector productivo y sociedad civil. No es solo un procedimiento técnico: define qué proyectos avanzan, bajo qué პირობ conditions y con qué controles.

En ese marco, la obra puede influir en distintos niveles. Por un lado, fortalece la formación técnica de profesionales y operadores del sistema. Por otro, introduce insumos para revisar la normativa vigente, en un contexto donde las leyes provinciales conviven con estándares nacionales e internacionales cada vez más exigentes.

La participación de instituciones educativas y el auspicio del sistema de enseñanza privada también sugieren una intención de ampliar el alcance del debate más allá del ámbito jurídico, llevándolo hacia la formación y la práctica profesional.

Una agenda en construcción

La decisión de analizar en profundidad una ley provincial que data de los años 90 no es neutra. Expone una tensión latente: la distancia entre marcos regulatorios diseñados en otro contexto y las demandas actuales en materia ambiental.

La presentación del libro abre, al menos en términos técnicos, una instancia de discusión sobre posibles ajustes o reformas. Sin embargo, el paso de la teoría a la agenda legislativa dependerá de la capacidad de estos insumos para instalarse en el debate político e institucional.

Por ahora, la guía se posiciona como un instrumento que ordena criterios y, al mismo tiempo, sugiere preguntas. En un terreno donde cada proyecto implica decisiones con impacto económico, social y ambiental, esa combinación puede resultar más influyente de lo que parece.

Presentación del libro

El libro será presentado el miércoles 8 de abril, a las 18.30 horas, en la sede del Profesorado de Biología de la Multiversidad Popular en Jardín América (en Av. Presidente Perón N° 135), y el jueves 16 de abril, a las 18.30 horas, en la sede de la Multiversidad Popular en Posadas, ubicada en Av. Blas Parera 5160.

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Misiones refuerza su alianza con el sector privado y asegura becas, programas educativos y agenda ambiental hasta 2026

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El Gobierno de Misiones suscribió un acuerdo junto a la empresa Veolia, que articula el trabajo colaborativo entre el sector público y privado, para garantizar la continuidad de becas para escuelas técnicas y la realización de las ediciones 2026 del programa “Alrededor de Iberoamérica” y del Ideathon para la Transformación Ecológica.

El convenio fue firmado por el titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ramiro Aranda; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Juan Carlos Pereira; y el gerente general de AESA Misiones, subsidiaria de Veolia Argentina, Gabriel Keller.

Uno de los ejes principales es la continuidad del programa “Becas Veolia”, que acompaña a estudiantes de escuelas técnicas de la ciudad de Posadas. “Actualmente participan 30 becarios —cinco alumnos de cada una de seis escuelas técnicas— quienes reciben tutorías personalizadas, acompañamiento educativo y apoyo económico mensual para sus familias”.

“El programa, que se extenderá hasta diciembre de 2026, busca fortalecer las trayectorias educativas y promover el acceso a oportunidades de formación para jóvenes con buen desempeño académico y necesidades sociales”, indicó Victoria Acosta, desde la firma Veolia.

El convenio también contempla la implementación del programa educativo “Alrededor de Iberoamérica”, dirigido a estudiantes de sexto grado de escuelas primarias. A través de contenidos pedagógicos y actividades didácticas, promueve la educación ambiental y la reflexión sobre el cuidado de los recursos naturales, acercando conceptos vinculados a la economía circular, la gestión responsable de residuos y la transformación ecológica. En el plano local, el Estado misionero potencia estas acciones con políticas de cuidado y preservación del ambiente a lo largo del año, que atraviesan prácticamente las actividades de la población en los 79 municipios.

Ideathon 2026

Además, las partes acordaron realizar una nueva edición del Ideathon para la Transformación Ecológica, destinada a alumnos de establecimientos técnicos del Departamento Capital, y continuar con las visitas educativas al relleno sanitario de Fachinal, donde estudiantes secundarios podrán conocer de primera mano cómo se gestionan los residuos y cuáles son los desafíos ambientales asociados. “Estas acciones buscan fomentar el pensamiento crítico y la generación de soluciones innovadoras en torno a los desafíos ambientales actuales”, indicaron desde la organización conjunta canalizada a través del i-Hub.

Al respecto, Pereira señaló que “estamos muy felices por poder dar continuidad a los programas que se vienen implementando, en articulación público-privada, con el objetivo de formar y concientizar a nuestros jóvenes y niños en materia ambiental”.

Por su parte, Aranda afirmó que “nos pone muy contentos renovar este compromiso de trabajo con el sector privado, particularmente con la empresa Veolia AESA. Es fundamental lo que venimos realizando en las escuelas en los últimos años, tanto en secundarias con el Ideathon como en primarias con el programa Recorriendo Iberoamérica, donde estudiantes de Posadas incluso han obtenido premios a nivel internacional”.

“También son muy valiosas las visitas de escuelas a la planta de Fachinal para conocer el sector industrial, así como las becas destinadas a estudiantes de escuelas técnicas, que representan un gran apoyo para que puedan continuar sus estudios con muy buen desempeño”, concluyó el ministro.

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Compostaje: lanzan plataforma digital y buscan convertir una ley ambiental en política pública territorial

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La plataforma digital denominada EcoRed Misiones contiene bibliografía y videos instructivos sobre esta técnica, así como un foro y un mapa interactivo de usuarios, empresas e instituciones vinculados a la actividad. Fue creada por el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y el Ministerio de Ecología, en el marco de la Ley XVI-184.

Como parte de la Ley que instituye el Mes del Compostaje en Misiones (Ley XVI-184) del 22 de marzo al 22 de abril; el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) junto al Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia, lanzan “EcoRed Misiones” (ecored.misiones.gob.ar) una plataforma digital que nucleará a todos los compostadores misioneros.

La web que tendrá su presentación oficial el próximo viernes 27 de marzo en el SUM de la sede administrativa que el IMiBio tiene en la ciudad de Posadas (Calle Córdoba 1872); forma parte de los requerimientos de la Ley XVI-184, sancionada en septiembre del año pasado que tiene al IMiBio y al Ministerio de Ecología como organismos de aplicación.

Conectar y capacitar

A través de esta iniciativa de acceso libre y gratuito se busca conectar a vecinos, empresas e instituciones que estén vinculados al compostaje en la Provincia, ofreciendo un punto de encuentro virtual para el intercambio de experiencias y consultas, así como un espacio para la difusión de información sobre compostaje.

En ese marco, la plataforma contiene bibliografía, normativa y videos instructivos sobre esta técnica, así como un foro y un mapa interactivo de usuarios, empresas e instituciones afines a la actividad tales como proveedores de materia prima para compost, composteras, capacitadores o vendedores de composteras, entre otros, a los que se invita a formar parte. 

La normativa impulsada por la Diputada mandato cumplido, Cdra. Astrid Baetke, también insta a realizar talleres y capacitaciones para fortalecer y promover el compostaje en Misiones. En ese contexto, el IMiBio y la cartera de Ecología invitan a las instituciones y ciudadanos a participar de la agenda de charlas abiertas que se realizarán en distintos puntos de la provincia.  

La importancia del compostaje

En la Argentina se generan cerca de 15 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) al año. Sin embargo, entre el 40% y el 60% de esos desechos corresponden a restos orgánicos (cáscaras, yerba, restos de café), que pueden ser compostados reduciendo así el gran volumen de basura que se convierte en uno de los principales contaminantes del ambiente.

En ese marco, desde el Gobierno de la Provincia de Misiones se sancionó esta ley que declara de interés provincial la actividad del compostaje y busca promoverla en todo el territorio, ofreciendo información y asesoramiento científico técnico para lograr su correcta implementación contribuyendo así a la preservación de nuestros recursos naturales.

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Microeventos en Cataratas: el juez Marcelo Cardozo exige un informe detallado a Parques Nacionales

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En el marco de la acción de amparo ambiental presentada por la Asociación Orembaé, el juez federal de Puerto Iguazú Marcelo Cardozo ordenó a la Administración de Parques Nacionales que, en un plazo de cinco días, remita un informe exhaustivo sobre la autorización de microeventos en el área Cataratas del Parque Nacional Iguazú.

El requerimiento judicial, fechado el 9 de febrero, se funda en los principios de prevención, precaución y acceso a la información ambiental, considerados claves para la correcta resolución del amparo. “La información solicitada resulta relevante para la adecuada tutela del ambiente”, sostiene el escrito remitido por el Juzgado Federal a la APN.

La orden se apoya en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en normativa complementaria. En ese marco, el juez exige que Parques Nacionales informe si se han autorizado, promovido o permitido microeventos -culturales, recreativos, turísticos, promocionales o de cualquier otra índole- dentro del Parque Nacional Iguazú, con especial énfasis en el área de Cataratas, durante los últimos años.

El pedido judicial incluye el detalle de tipo de evento, fechas, duración, cantidad estimada de asistentes y sectores específicos del Parque donde se desarrollaron, así como la identificación de la autoridad interviniente y el acto administrativo que avaló cada autorización (resoluciones, disposiciones, convenios u otros instrumentos), acompañando copia de la documentación correspondiente.

Además, el juez solicita que la APN precise si se realizaron evaluaciones de impacto ambiental o estudios técnicos previos, indicando su alcance, conclusiones y aportando copia en caso de existir. En la misma línea, requiere información sobre medidas de mitigación, control y monitoreo ambiental implementadas o previstas para evitar afectaciones al ecosistema, la biodiversidad, la fauna, la flora y el patrimonio natural del Parque, reseña el sitio especializado El Paranaense.

El oficio también exige que se informe si existen protocolos, reglamentos internos o normativa específica que regulen la realización de eventos o microeventos dentro del Parque Nacional Iguazú, solicitando la remisión de dichos instrumentos.

La Administración de Parques Nacionales deberá responder en el plazo fijado. En caso de incumplimiento o de una contestación parcial, el magistrado podría presumir como ciertos los hechos denunciados, favoreciendo el planteo de la organización ambiental.

El conflicto se originó en diciembre pasado, cuando la APN aprobó un régimen excepcional, transitorio y experimental mediante la Resolución N° 460/2025, que autoriza la realización de microeventos de hasta 60 participantes en sectores de uso público intensivo del Área Cataratas. El 16 de enero de 2026, Orembaé presentó un amparo ambiental solicitando la nulidad absoluta e insanable de esa resolución.

Posteriormente, el 1 de febrero, la organización amplió la demanda con informes científicos y documentación de la Auditoría General, que -según argumenta- confirman un escenario de alta vulnerabilidad para la biodiversidad del Parque Nacional Iguazú.

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La Ingeniería Forestal advierte sobre una “regresión ambiental” ante los cambios propuestos a la Ley de Bosques

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La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) fijó una postura institucional crítica frente a las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al considerar que implican una regresión significativa en los niveles de protección ambiental, debilitan el control estatal y aumentan los riesgos productivos, sociales y territoriales, especialmente en materia de incendios forestales. El pronunciamiento fue difundido el 5 de febrero de 2026 y se inscribe en el debate nacional sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y la sostenibilidad de los bosques nativos como activos estratégicos del desarrollo argentino.

Desde una mirada técnica y profesional, la FAIF sostuvo que los cambios en análisis comprometen la previsibilidad normativa, desalientan inversiones responsables y erosionan el rol de la Ingeniería Forestal como disciplina clave en la gestión sostenible del patrimonio forestal.

Cambios a la Ley 26.331: retroceso normativo y debilitamiento del control estatal

En su análisis, la FAIF remarcó que la Ley 26.331, sancionada en 2007, constituye una herramienta central de ordenamiento territorial de los bosques nativos, al establecer categorías de conservación que permiten compatibilizar producción, conservación y reducción de riesgos ambientales. Sin embargo, advirtió que las modificaciones propuestas desnaturalizan ese esquema.

Entre los puntos más críticos, la entidad enumeró:

  • La flexibilización o eliminación de la autorización previa para desmontes en áreas de Categoría I.
  • La habilitación del desmonte en áreas de Categoría II, en contradicción con los objetivos fundantes de la ley.
  • El debilitamiento de las Autoridades Locales de Aplicación y de los mecanismos de control y fiscalización.
  • La eliminación o vaciamiento del registro de infractores ambientales.

Según la FAIF, estas medidas reducen la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de la norma, generan incentivos directos al cambio definitivo de uso del suelo y afectan negativamente la planificación de largo plazo. “La flexibilización normativa no constituye una estrategia de desarrollo, sino un riesgo cierto para el patrimonio forestal, ambiental y social de la Argentina”, señaló el documento.

El posicionamiento se apoya en antecedentes técnicos y académicos, entre ellos los lineamientos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y aportes de organismos internacionales como la FAO, que destacan el manejo forestal sostenible como eje del desarrollo regional.

Bosques nativos, economía regional e incendios forestales

La FAIF subrayó que los bosques nativos no son áreas improductivas, sino sistemas complejos que sostienen economías regionales, regulan el ciclo hídrico, conservan suelos, albergan biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático. Desde esta perspectiva, reducir los estándares de protección ambiental compromete tanto los servicios ecosistémicos como la disponibilidad futura de materia prima para la industria foresto-industrial.

Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre ordenamiento territorial e incendios forestales. La entidad afirmó que la creciente severidad de los incendios en la Argentina no puede analizarse solo desde la emergencia, sino como consecuencia de deficiencias estructurales en la planificación del uso del suelo. La fragmentación del paisaje, el avance desordenado de la frontera agropecuaria y la pérdida de continuidad de los bosques incrementan la carga de combustibles y favorecen incendios de gran magnitud.

En este sentido, la FAIF advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 debilitan el rol preventivo del ordenamiento territorial, especialmente en regiones donde el fuego interactúa con sequías recurrentes, altas temperaturas y procesos de degradación acumulada. La desregulación, sostuvo, traslada los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades locales y al Estado.

Una política forestal de Estado como condición de sostenibilidad

En su posición institucional, la FAIF reclamó que cualquier revisión normativa se oriente inequívocamente a:

  • Fortalecer el Manejo Forestal Sostenible como eje del desarrollo forestal.
  • Reforzar los mecanismos de control, evaluación ambiental y fiscalización.
  • Garantizar la participación efectiva de las Autoridades Locales de Aplicación.
  • Jerarquizar el rol de los profesionales de la Ingeniería Forestal.
  • Consolidar una Política Forestal de Estado, federal, previsible y basada en la ciencia.

El documento retoma conceptos expuestos en la conferencia del Ing. Ftal. Jaime Ledesma, donde se afirmó que no existe desarrollo sostenible posible sin una política forestal de largo plazo, con sustento científico y previsibilidad normativa.

Como cierre, la FAIF reafirmó que los bosques nativos deben ser conservados y gestionados en pie, bajo criterios técnicos, científicos y sociales, y advirtió que ignorar esta base implica comprometer el futuro ambiental, productivo y social del país.

COMUNICADO_FAIF_LEY26331_V2 by CristianMilciades

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