lun. Feb 23rd, 2026

POLÍTICA ECONOMICA

Gobernadores negocian apoyo a la reforma laboral mientras alertan por una pérdida de $1,2 billones

By Redacción Economis 3 semanas ago
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En medio de las negociaciones con la Casa Rosada, un grupo de gobernadores se reunió en Buenos Aires para coordinar una posición frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y, en paralelo, reclamar compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que, según estimaciones oficiales, recortará recursos provinciales por $1,2 billones. El encuentro dejó señales de diálogo político, pero también de tensiones fiscales que condicionan el debate en el Congreso.

Reforma laboral y un frente provincial en construcción

Los gobernadores denominados “dialoguistas” mantuvieron este jueves una reunión en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de definir una postura común sobre la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y que el oficialismo busca tratar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Del encuentro participaron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). La convocatoria se dio en un contexto de negociación abierta con el Gobierno nacional, en el que las provincias intentan hacer valer sus reclamos frente a cambios estructurales que impactan tanto en el mercado laboral como en las finanzas subnacionales.

Uno de los ejes centrales del debate fue la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una decisión incluida en el paquete económico del Ejecutivo que genera fuertes reparos entre los mandatarios provinciales. La rebaja prevista, del 35% al 31,5% para sociedades, implica una pérdida estimada de $1,2 billones para las provincias, dado el esquema de coparticipación vigente.

Ganancias, coparticipación y el reclamo por compensaciones

La discusión fiscal aparece como el principal punto de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Según fuentes al tanto de las negociaciones, el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias por la merma de recursos que implicará la rebaja de Ganancias, aunque aún no hay definiciones concretas.

Para los mandatarios provinciales, el impacto no es menor: la reducción de ingresos compromete la capacidad de financiamiento de gastos corrientes, salarios y obras públicas, en un contexto de ajuste generalizado y caída de transferencias discrecionales. En ese marco, los gobernadores buscan condicionar su apoyo a la reforma laboral a la existencia de un esquema de compensación fiscal que atenúe el efecto sobre las arcas provinciales.

Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, calificó el encuentro como “positivo” y dejó abierta la puerta a una resolución política en las próximas horas. “La reunión fue positiva”, sostuvo, y agregó que el Ejecutivo está al tanto de las preocupaciones planteadas por los mandatarios.

Consultado sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA), Santilli se mostró “optimista” y consideró que “seguramente se apruebe”, lo que sugiere que el oficialismo confía en alcanzar los consensos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso.

Emergencia Ígnea, incendios y agenda paralela con las provincias

Además del debate laboral y fiscal, la reunión se dio en un contexto marcado por la situación ambiental en el sur del país. Santilli confirmó que en las próximas horas, junto con el Gabinete y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se resolverá el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, solicitada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El ministro destacó, además, el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien dijo haber acompañado “personalmente” en el envío de brigadistas y equipamiento de helicópteros hidrantes, y remarcó que el Gobierno nacional “está presente” no solo en los incendios de la Patagonia, sino también en la provincia de Corrientes.

La mención a la emergencia ígnea refleja cómo la agenda provincial combina reclamos estructurales de largo plazo —como la coparticipación y la reforma laboral— con urgencias coyunturales vinculadas a desastres naturales y asistencia federal.

Apoyos condicionados y señales políticas

Desde las provincias, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró conforme con el encuentro y valoró el “espíritu” de la reforma laboral. “Tenemos que modernizar una ley que es viejísima y aggiornarla a estos tiempos”, subrayó, marcando una postura de acompañamiento general, aunque condicionada por las discusiones fiscales en curso.

El escenario que se abre combina diálogo político, negociación fiscal y definiciones legislativas clave. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con su agenda de reformas estructurales, los gobernadores intentan preservar recursos y margen de maniobra financiera. La resolución de este equilibrio será determinante para el tratamiento de la reforma laboral y para el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias en los próximos meses.

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El Senado aprobó el Presupuesto 2026, el primero de la era Milei 

By Redacción Economis 2 meses ago
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Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primer plan integral de gastos y recursos aprobado desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. La sanción se logró tras casi ocho horas de debate y con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR, el PRO y tres senadores peronistas, en una votación que también ratificó el controvertido artículo 30, referido al financiamiento de educación, ciencia y defensa.

La aprobación de la denominada “ley de leyes” constituye un hito político e institucional para el Gobierno, que hasta ahora había administrado el Estado nacional con la prórroga del Presupuesto 2023. Además, envía una señal clave a los mercados y a los organismos internacionales, en especial al Fondo Monetario Internacional, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y compromiso explícito con el déficit cero.

Una votación ajustada y el eje del conflicto en el artículo 30

La sesión comenzó con la aprobación en general del proyecto y avanzó luego a la votación en particular, iniciada a las 21.12. El foco estuvo puesto en el Capítulo II, que incluía el artículo 30, resistido por el interbloque peronista/kirchnerista y por un sector del radicalismo. Ese artículo deroga disposiciones legales que fijaban metas de financiamiento del 6% del PBI para educación, del 1% del PBI para el sistema nacional de ciencia y tecnología y del 0,2% del gasto del sector público para escuelas técnicas.

Pese a los cuestionamientos reglamentarios y políticos, el oficialismo logró sostener la votación por capítulos —tal como se había definido al inicio de la sesión— y consiguió aprobar el capítulo con 42 votos positivos. Los apoyos provinieron de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales. En contra votaron 28 senadores, entre ellos el grueso del peronismo y tres radicales: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Hubo dos abstenciones en ese tramo.

Durante el debate, el chaqueño Jorge Capitanich denunció una “violación sistemática del reglamento” y cuestionó que el Presupuesto “viola la Constitución Nacional”. En la misma línea, Anabel Fernández Sagasti planteó una cuestión de privilegio y sostuvo que el artículo 30 “es una declaración contra la educación pública”.

Desde el radicalismo, Abad valoró la sanción del Presupuesto como un fortalecimiento institucional, pero advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo”, y calificó al artículo 30 como un “artículo escoba” que “barre los pisos de la educación y la ciencia”.

El rol de las negociaciones y el armado político del oficialismo

La Libertad Avanza logró el respaldo necesario tras intensas negociaciones previas y durante la propia sesión. El Gobierno buscó evitar modificaciones para impedir que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados. En ese esquema, tuvieron un rol activo los interlocutores del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, presente en el Congreso, y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue clave en el conteo de votos.

El apoyo de tres senadores del bloque Convicción Federal resultó determinante. Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) votaron a favor en general y en los capítulos, diferenciándose del interbloque peronista que conduce José Mayans. Ese quiebre reflejó también la influencia de los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo en la estrategia parlamentaria.

Para la Casa Rosada, la sanción del Presupuesto representa un triunfo político luego de un año electoral en el que la oposición había marcado la agenda legislativa. También corrige una anomalía institucional: gobernar durante dos años sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.

Las principales cifras del Presupuesto 2026

El Presupuesto aprobado se apoya en un escenario macroeconómico de estabilidad. Proyecta para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre del año próximo.

El plan prevé recursos por 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, con un superávit financiero estimado en 1,5% y un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Según el texto, el 92% del gasto tiene alta rigidez y el 82% de las partidas no son modificables.

El 85% de los recursos se destina a gastos sociales. Dentro de ese total, se asignan 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las universidades nacionales. En materia de actividad económica, se proyecta un aumento del 10,6% en exportaciones, del 11,1% en importaciones, del 4,9% en el consumo privado y del 4,5% en el consumo público.

Un debate que expuso modelos de país en tensión

Como miembro informante, el senador jujeño Ezequiel Atauche (LLA) sostuvo que el Presupuesto busca “sancionar una regla fiscal simple que no se había cumplido en los últimos 13 años” y afirmó que el déficit cero es la base para “generar confianza interna y externa”. Remarcó que se trata de un “punto de quiebre” histórico al tratarse de un Presupuesto sin déficit.

Desde la oposición, Eduardo “Wado” de Pedro calificó al artículo 30 como “una vergüenza” y aseguró que desde la asunción del actual Gobierno “la educación perdió 45 puntos reales”. También cuestionó la eliminación de metas de inversión en ciencia y tecnología y advirtió sobre el impacto en más de 1,9 millones de estudiantes de escuelas técnicas.

En el cierre del debate, Patricia Bullrich afirmó que el Presupuesto “no es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”. Subrayó que “el déficit cero no se negocia” y lo definió como “la línea roja que separa el futuro del desastre”.

Repercusiones políticas e institucionales

La sanción del Presupuesto 2026 consolida la estrategia fiscal del Gobierno y redefine el marco de discusión para 2026. Mientras el oficialismo celebra la previsibilidad y el orden macroeconómico, la oposición anticipa un fuerte debate sobre el impacto social del ajuste, especialmente en educación, ciencia y políticas públicas de largo plazo.

Con la ley ya sancionada, el Ejecutivo cuenta por primera vez con una hoja de ruta presupuestaria propia, un dato central para la gobernabilidad y para la relación con provincias, inversores y organismos internacionales.

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Presupuesto: LLA consiguió dictamen en Diputados

By Redacción Economis 2 meses ago
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El proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional 2026, enviado por el presidente Javier Milei, obtuvo este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, habilitando su tratamiento en el recinto. El avance del oficialismo estuvo marcado por la incorporación de la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, una decisión que reavivó tensiones políticas e institucionales y motivó disidencias parciales, incluso entre aliados.

La reunión fue presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y culminó con un despacho que reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, provenientes de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo. En contraposición, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.

El artículo 75 y la derogación de leyes sensibles

El punto más controvertido del dictamen de mayoría quedó plasmado en el artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario, normas que habían sido impulsadas por la oposición y sancionadas tras vetos presidenciales.

Si bien el Poder Ejecutivo había mantenido estas leyes sin aplicación efectiva, su derogación explícita en el texto presupuestario introdujo un fuerte componente político al debate. Desde el oficialismo se sostuvo que la medida busca ordenar el esquema normativo y fiscal, mientras que sectores opositores y aliados críticos advirtieron sobre el impacto institucional y social de eliminar marcos de emergencia vinculados a derechos básicos.

En este contexto, se destacó la disidencia parcial del bloque misionero, integrada por Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, quienes acompañaron el objetivo general del Presupuesto pero rechazaron expresamente el artículo 75. En su fundamentación, señalaron que “derogar las leyes 27.793 y 27.795 es un error” y reclamaron mantener la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a nuestros discapacitados y a la educación pública”, afirmaron, al tiempo que solicitaron la eliminación del artículo 75 del dictamen de mayoría.

Proyecciones macroeconómicas y diferencias con el FMI

El Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo proyecta un escenario de fuerte recuperación macroeconómica. Según el texto, la economía crecería 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre de 2026. En el frente externo, se prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.

En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% del PBI, una vez computados los intereses de la deuda. Estas proyecciones, sin embargo, difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 anticipa un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.

La brecha entre ambas miradas vuelve a poner en el centro del debate la consistencia de las proyecciones oficiales y su impacto sobre la credibilidad del programa económico, especialmente en un año clave para la consolidación fiscal y la relación con los organismos internacionales.

Energía, combustibles y tensiones federales

El dictamen de mayoría también incorpora medidas relevantes en materia energética. Entre ellas, un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo declarado es compensar picos de demanda no cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.

Además, el texto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable, reforzando un esquema de incentivos de largo plazo para el sector, y mantiene la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa.

Otro cambio significativo aparece en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras, donde se reemplaza la obligación del Estado de “determinar” diferencias de ingresos por la posibilidad de que “podrá determinar” dichas diferencias, una redacción que flexibiliza la responsabilidad estatal.

En paralelo, una de las disidencias del PRO incorporó un reclamo específico por la deuda de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exige el pago de $274.000 millones y la inclusión en el Presupuesto 2026 de una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, conforme a un fallo favorable de la Corte Suprema.

Un debate abierto en el recinto

Con el dictamen de mayoría firmado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, donde se anticipa un debate intenso. La derogación de las emergencias en Discapacidad y Universidad, las proyecciones macroeconómicas, el esquema energético y las tensiones federales configuran un escenario de alta sensibilidad política.

El Presupuesto 2026 se presenta así como algo más que una ley de gastos y recursos: se convierte en una pieza central del programa económico e institucional del Gobierno, con impactos directos sobre derechos sociales, la estructura productiva y la relación entre Nación y provincias.

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Argentina ganó USD 1.061 millones por mejora de términos del intercambio en el 3° trimestre

By Redacción Economis 4 meses ago
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Según el INDEC, los términos del intercambio subieron 4,5% en el 3° trimestre de 2025 y dejaron una ganancia de USD 1.061 millones

El INDEC informó que los términos del intercambio mejoraron 4,5% interanual durante el tercer trimestre de 2025, al combinarse un aumento de precios de exportación de 0,8% y una caída de 3,5% en los precios de importación. Esta variación generó una ganancia real de USD 1.061 millones para el país, un dato clave para la política económica en un contexto de fuertes movimientos en el comercio exterior. El informe se dio a conocer en Buenos Aires el 4 de noviembre de 2025.

Un trimestre marcado por la mejora del poder de compra externo

Según el informe Índices de precios y cantidades del comercio exterior. Bienes – Tercer trimestre de 2025, el índice de los términos del intercambio alcanzó un crecimiento interanual de 4,5%, impulsado por: Precios de exportación: +0,8%. Precios de importación: –3,5%

El organismo explica que los términos del intercambio miden “el poder de compra de una unidad física de exportación en términos de importaciones”. En la práctica, una mejora implica que el país obtiene más bienes externos por cada unidad que exporta.

En paralelo, el saldo comercial del trimestre resultó superavitario en USD 3.268 millones, con exportaciones por USD 23.792 millones e importaciones por USD 20.524 millones.

Pero el dato más relevante del documento aparece en el análisis contrafactual que utiliza precios constantes: Si hubieran prevalecido los precios del año anterior, el saldo comercial habría sido de USD 2.326 millones. Bajo los precios efectivamente registrados en 2025, el flujo ajustado se ubica en USD 3.387 millones. La diferencia —USD 1.061 millones— constituye la ganancia en los términos del intercambio.

El INDEC precisa: “El país recibió más bienes por cada unidad exportada debido a una caída relativa menor en los precios de las exportaciones frente a los de las importaciones”.

Factores que explican la mejora: precios internacionales y fuerte expansión de cantidades

El informe detalla que la mejora del índice no se explica por un salto de precios exportados, sino por el marcado descenso de los precios de importaciones. En términos de cantidades: Las exportaciones crecieron 12,9% interanual. Las importaciones se aceleraron 28,3% en cantidades.

El índice de valor de las exportaciones subió 13,9%, mientras que el valor importado creció 23,8%. Aunque el incremento en cantidades importadas fue significativo, el derrumbe de precios amortiguó el impacto, favoreciendo la mejora del índice de términos del intercambio.

Este comportamiento también se observa en el acumulado enero–septiembre: Exportaciones: USD 63.533 millones. Importaciones: USD 57.503 millones. Superávit acumulado: USD 6.030 millones

Si los precios hubieran sido los del año anterior, el superávit habría sido de USD 2.684 millones, por lo que la ganancia acumulada de los términos del intercambio en nueve meses asciende a USD 3.715 millones.

Implicancias económicas y políticas: señales para la política comercial e industrial

La mejora de los términos del intercambio en el tercer trimestre 2025 envía señales relevantes:

  1. Mayor capacidad de compra externa: Argentina puede adquirir más bienes de capital e insumos importados por cada dólar que obtiene exportando. Esto resulta estratégico para sectores dependientes de equipamiento e importaciones intermedias.
  2. Alivio sobre el balance comercial: Aunque las cantidades importadas crecieron fuertemente, la caída de precios permitió sostener un superávit robusto.
  3. Contexto internacional favorable: El rebote de precios agroindustriales y la desaceleración de costos energéticos y de manufacturas importadas aparecen como factores determinantes en el indicador.
  4. Impacto institucional y regulatorio: La lectura de estos datos puede influir en decisiones vinculadas al régimen de comercio exterior, autorizaciones de importación, diseño de incentivos a exportaciones y estrategia fiscal asociada a la recaudación del comercio.
  5. Posibles reacciones sectoriales:
    • Exportadores podrían mejorar sus márgenes reales al enfrentar precios internacionales relativamente estables junto a costos importados más bajos.
    • Importadores industriales verían una oportunidad en insumos más baratos.
    • Sectores energéticos enfrentarían una caída de precios, relevante para su planificación.

El documento del INDEC aporta una base empírica robusta para el debate sobre la competitividad externa y el rol de los precios internacionales en la política económica de 2025.

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El Gobierno enfrenta una merma de la recaudación por $600.000 millones tras eliminar el impuesto al cheque

By Redacción Economis 4 meses ago
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Caída en la recaudación de octubre: el Gobierno enfrenta el impacto de la eliminación de retenciones y el freno económico.

Los ingresos fiscales mostrarían una fuerte contracción interanual por la baja de liquidaciones agroexportadoras y la retracción de la actividad interna. El Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal con recortes de gasto.

Fuerte retracción en los ingresos del Estado

El Gobierno nacional difundirá en las próximas horas el informe oficial sobre la recaudación impositiva de octubre, un dato clave que reflejará la doble presión fiscal derivada de la eliminación de los derechos de exportación y del estancamiento de la actividad económica interna.

Según las primeras proyecciones, los ingresos tributarios del mes habrían registrado una caída interanual significativa, afectando principalmente a los recursos provenientes de las retenciones al agro y de impuestos vinculados al consumo como el IVA y el impuesto al cheque.

La menor recaudación llega en un contexto de ajuste fiscal profundo y de revisión de las metas de equilibrio primario, pilares del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dato más relevante proviene del sector exportador: las agroexportadoras informaron que la liquidación de octubre alcanzó los USD 1.117 millones, lo que implica una caída del 56% interanual y del 84% respecto de septiembre. Este desplome impactará directamente en los ingresos por derechos de exportación, que históricamente representan una fuente importante de recursos para el Tesoro.

Menor actividad interna y efecto de la eliminación del impuesto al cheque

La recaudación de tributos asociados a la actividad doméstica también se vería resentida. Los impuestos al valor agregado (IVA) y a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) registraron en octubre un retroceso vinculado a la desaceleración del consumo y a la caída en la circulación de dinero dentro del sistema financiero.

A esto se suma el efecto pleno de la eliminación del impuesto al cheque, una medida que si bien fue celebrada por el sector privado como un alivio a la presión tributaria, implicó para las cuentas públicas una pérdida estimada en más de $600.000 millones en términos interanuales.

El impacto sobre la recaudación total, según analistas fiscales, podría superar los dos puntos del PBI en los próximos meses si no se compensan los ingresos con mayor actividad o una recuperación de la exportación.

Ajuste fiscal y redistribución del gasto

Fuentes oficiales señalaron que la caída de ingresos no afectará la coparticipación federal, dado que los derechos de exportación no son impuestos coparticipables. Esto implica que el ajuste recae principalmente sobre las cuentas del Tesoro Nacional, lo que obligará al Gobierno a intensificar la política de contención del gasto público para sostener el equilibrio fiscal.

La administración nacional viene aplicando desde agosto un esquema de racionalización presupuestaria que incluye la revisión de programas, reducción de subsidios y control estricto del gasto corriente. Sin embargo, la pérdida de recaudación tensiona el objetivo de mantener el déficit cero, especialmente en un contexto de menor crecimiento de la recaudación real y presiones inflacionarias persistentes.

El informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se espera para la tarde, permitirá confirmar el alcance de la caída y su impacto en la recaudación total del año, que hasta septiembre mostraba un crecimiento moderado impulsado por los tributos al comercio exterior y al consumo.

Perspectivas: equilibrio fiscal y recesión

El desafío del Gobierno es sostener el ajuste fiscal sin profundizar la recesión. La contracción de la recaudación coincide con indicadores de actividad económica estancada, según las mediciones del INDEC y del sector privado, que marcan un freno en la industria, la construcción y el comercio minorista.

El Presupuesto 2026, actualmente en discusión, será el instrumento clave para definir cómo se compensará esta pérdida de ingresos. Fuentes del Palacio de Hacienda no descartan la posibilidad de nuevas medidas de control del gasto y una reorientación de partidas hacia áreas críticas, en línea con el compromiso de déficit cero asumido por el Ejecutivo.

“Es un momento de transición fiscal. La eliminación de impuestos distorsivos implica una pérdida inicial de recursos, pero busca sentar las bases de un sistema tributario más eficiente y favorable a la inversión”, explicaron fuentes oficiales.

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