Institutos privados de Misiones mantendrán el régimen provincial de aranceles educativos
La Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM) emitió un comunicado oficial para aclarar que el reciente Decreto Nacional 787/2025 —que deroga una norma de 1993 sobre aranceles educativos— no tiene aplicación práctica ni jurídica en la provincia. La entidad recordó que la regulación de los aranceles escolares en Misiones es una competencia exclusiva del ámbito provincial, garantizada por su legislación específica y por la Constitución Nacional.
Clarificación institucional y previsibilidad jurídica
En respuesta a las consultas surgidas tras la publicación del Decreto Nacional N.º 787/2025, la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM) difundió un comunicado en el que reafirma la inaplicabilidad de la medida nacional en el territorio provincial.
La norma firmada por el Poder Ejecutivo Nacional deroga el Decreto N.º 2417/1993, que regulaba la comunicación y autorización de aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada en todo el país. Sin embargo, según explicó AIPEM, la disposición “no altera ni modifica el régimen jurídico vigente en Misiones”, dado que la materia arancelaria educativa es competencia exclusiva de la provincia.
“El Decreto Nacional 787/2025 no tiene aplicación práctica ni jurídica en el ámbito de la Provincia de Misiones en lo que respecta a la fijación de aranceles”, señala el documento institucional.
El comunicado enfatiza que todas las resoluciones y disposiciones emitidas por la autoridad educativa provincial —en particular las del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM)— mantienen plena vigencia y eficacia jurídica. Por lo tanto, los institutos deben continuar realizando las gestiones de aprobación y comunicación de aranceles por los canales y procedimientos habituales, sin invocar la norma nacional como fundamento.
Fundamentos constitucionales y normativos
AIPEM recordó que la Constitución Nacional, en sus artículos 121 y 122, establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, entre ellos la organización y regulación de los sistemas educativos.
Esa autonomía se consolidó con la Ley Nacional N.º 24.049, que transfirió a las provincias la administración y supervisión de los servicios educativos nacionales, incluidos los establecimientos privados reconocidos.
En el caso de Misiones, la competencia se ejerce mediante la Ley VI-46 (ex Ley 2987), que creó el SPEPM y le atribuyó la facultad de determinar, autorizar y controlar los aranceles de los institutos privados, tanto con aporte estatal como sin él.
“Dado que la materia arancelaria está plenamente regulada por una ley provincial específica, cualquier norma administrativa nacional sobre el tema no es aplicable”, subraya AIPEM en su comunicado.
En su articulado, la Ley VI-46 (arts. 53 a 58) establece que el SPEPM debe reglamentar los montos de los aranceles considerando el aporte estatal, las condiciones socioeconómicas y las características institucionales de cada establecimiento. También dispone que los aranceles solo pueden percibirse durante el período lectivo, precisando qué conceptos integran su definición.
Este marco normativo confiere seguridad jurídica y previsibilidad tanto a las instituciones educativas como a las familias, evitando interpretaciones erróneas sobre el alcance de decisiones tomadas a nivel nacional.
Continuidad institucional y responsabilidad sectorial
AIPEM reafirmó que las instituciones privadas de Misiones deben ajustarse exclusivamente a las disposiciones del SPEPM en materia arancelaria. Por lo tanto:
- Las resoluciones provinciales sobre bandas arancelarias, topes de incremento y procedimientos de autorización continúan plenamente vigentes.
- Las escuelas privadas deben abstenerse de aplicar aumentos invocando el Decreto Nacional 787/2025 como habilitante directo.
- Toda comunicación o modificación de cuotas debe realizarse a través de los canales administrativos ordinarios ante la autoridad jurisdiccional competente.
Finalmente, la entidad subrayó su compromiso institucional con el respeto al marco legal y la transparencia administrativa:
“AIPEM reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento del marco legal que rige el sistema educativo en Misiones, brindando previsibilidad y seguridad jurídica a nuestras instituciones y a las familias que nos eligen.”
El pronunciamiento contribuye a despejar incertidumbres en el sector educativo y refuerza el principio de autonomía provincial, consolidando la gobernanza educativa de Misiones en un contexto nacional de cambios normativos.
