Política Laboral

Nuevo Directorio del RENATRE: el misionero Adrián Luna Vázquez asume la vicepresidencia

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) formalizó la designación de sus nuevas autoridades para el período 2026 mediante la Resolución 1/2026, publicada el 6 de enero, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 25.191. La decisión, adoptada por el Directorio en reunión extraordinaria del 18 de diciembre de 2025, asegura la conducción institucional del organismo desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla medidas transitorias para preservar su normal funcionamiento administrativo y financiero.

La resolución reafirma el esquema de conducción paritaria entre representantes del sector empresario y sindical, uno de los pilares del modelo de gobernanza del RENATRE como ente autárquico de derecho público no estatal, clave en la registración laboral rural y en la administración de políticas vinculadas al empleo agrario.

Marco legal y esquema de conducción del RENATRE

La Ley Nº 25.191 y su Decreto Reglamentario Nº 453/01 establecieron la creación del RENATRE como organismo integrado por representantes de las entidades empresarias del sector rural y de la asociación de trabajadores rurales con mayor representación nacional. De acuerdo con los artículos 8° y 9° de la norma, la Dirección y Administración del Registro está a cargo de un Directorio compuesto por cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por el sector empresario, y cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por el sector sindical.

El Estatuto del organismo dispone, además, un sistema de presidencia rotativa anual, que se ejerce de forma alternada entre ambos sectores. En el mismo acto de designación del Presidente, se eligen también el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero, respetando el criterio de representación cruzada entre las partes, tal como lo establece el artículo 10° del Estatuto.

Este diseño institucional busca garantizar equilibrio, corresponsabilidad y legitimidad en la toma de decisiones que impactan sobre el empleo rural y los empleadores del sector.

Autoridades designadas para el período 2026

En ese marco normativo, el Directorio del RENATRE resolvió designar como Presidente del organismo al Sr. Abel Francisco Guerrieri, quien ejercerá el cargo desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, fue designado como Vicepresidente el Sr. Adrián Luna Vázquez, mientras que la Tesorería quedó a cargo del Sr. Mario Avelino Zalazar y la Secretaría será ejercida por la Sra. Claudia Carolina Llanos, todos por el mismo período anual.

Las designaciones se efectuaron conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12° de la Ley Nº 25.191, y cuentan con la intervención previa de la Gerencia General, la Subgerencia y el Departamento de Asuntos Jurídicos del Registro.

Continuidad administrativa y respaldo institucional

Uno de los puntos centrales de la resolución es la decisión de mantener transitoriamente la firma de las autoridades salientes ante las entidades bancarias y ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), hasta tanto se complete la habilitación formal de las firmas de las nuevas autoridades.

Esta medida tiene como objetivo explícito garantizar el normal funcionamiento del organismo, evitando interrupciones en los circuitos administrativos, financieros y de gestión que podrían afectar las prestaciones y servicios que el RENATRE brinda tanto a trabajadores rurales como a empleadores.

Desde una perspectiva institucional, la decisión refuerza la previsibilidad operativa del Registro en un período de recambio de autoridades, asegurando continuidad en la administración de recursos y en el cumplimiento de sus funciones legales.

Proyección

La renovación de autoridades del RENATRE se inscribe en el cumplimiento regular del marco legal que rige al organismo y ratifica el esquema de conducción compartida entre los actores del sector rural. En términos prácticos, la medida consolida la estabilidad institucional del Registro para el ejercicio 2026, en un contexto donde la gestión del empleo rural, la registración laboral y el control administrativo requieren continuidad y coordinación entre los distintos niveles de representación.

Al mismo tiempo, la previsión de mecanismos transitorios de firma refuerza la señal de orden institucional y resguardo operativo, evitando vacíos de poder o demoras administrativas durante el proceso de transición.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y endurece los controles internos

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y consolida una política de “tolerancia cero” ante irregularidades internas

En el último año, Energía de Misiones, la empresa estatal encargada de la distribución eléctrica en toda la provincia, implementó una reestructuración profunda que derivó en más de 300 despidos. La medida forma parte de una política de control y eficiencia interna orientada a reducir costos operativos y fortalecer la transparencia administrativa, en un contexto de creciente presión social por la calidad del servicio y las tarifas.

Una reestructuración silenciosa con foco en la disciplina y el control interno

De acuerdo con información confirmada por fuentes del sector, el plantel de trabajadores de Energía de Misiones pasó de cerca de 2.000 empleados a unos 1.700 en los últimos doce meses. Los ceses se produjeron en el marco de sumarios administrativos, sanciones disciplinarias y desvinculaciones por bajo rendimiento o incumplimiento de funciones, en lo que la empresa describe como una política de “tolerancia cero” ante irregularidades.

La conducción de la firma mantiene congeladas las nuevas incorporaciones y los pases a planta permanente, en línea con una estrategia de racionalización del gasto y fortalecimiento del control operativo, según sostienen fuentes cercanas a la administración.

El caso más reciente, que tomó estado público esta semana, fue el de un empleado del área de toma de estado de medidores, despedido tras comprobarse que falsificaba lecturas de consumo desde su domicilio. La irregularidad fue detectada luego de múltiples reclamos de usuarios del interior provincial, quienes denunciaron diferencias injustificadas en las facturas de energía.

Una vez abierta la investigación interna, el trabajador fue sometido a un sumario administrativo y posteriormente cesado de forma inmediata. La empresa interpretó el caso como una muestra concreta del nuevo estándar de exigencia interna: la manipulación de datos o el incumplimiento de funciones serán causal directa de despido.

Desde entonces, según trascendió, no se registraron nuevos casos similares, lo que dentro de la compañía es interpretado como un indicio del efecto disuasivo de la medida.

Eficiencia operativa y profesionalización del servicio público

La política de control se inscribe dentro de un plan integral de eficiencia que Energía de Misiones viene aplicando desde 2024. Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y optimizar el uso de los recursos públicos.

“Están revisando todo: horas extra, asistencia, recorridos y partes diarios. Quedó claro que el que no cumple, se va”, expresó un trabajador con más de diez años en la empresa. Describiendo el clima interno como de “máxima exigencia y control”.

La compañía sostiene que las medidas buscan profesionalizar la gestión y restaurar la confianza de los usuarios, luego de años de cuestionamientos por errores de facturación, demoras en la reposición del servicio y deficiencias en el mantenimiento de redes.

El proceso incluye auditorías internas, controles de desempeño y modernización administrativa, con especial atención a las áreas críticas del sistema eléctrico. “El objetivo es un servicio más previsible, más justo y más transparente”, sostienen fuentes cercanas a la gerencia.

Impacto laboral y proyección institucional

El ajuste estructural genera preocupación en los equipos técnicos y administrativos. Donde algunos empleados señalan una mayor carga operativa y tensión laboral. Especialmente en las zonas del interior donde los recursos humanos son más limitados.

Desde la empresa remarcan que la reestructuración no implica un achique indiscriminado, sino una reorganización orientada a resultados. En paralelo, Energía de Misiones busca reducir los tiempos de respuesta ante cortes. Mejorar el mantenimiento preventivo y avanzar en un esquema de supervisión digital del consumo eléctrico.

En un contexto económico desafiante y con presión social por la calidad del servicio, la conducción de la empresa busca equilibrar la disciplina interna con la eficiencia institucional. Sosteniendo una premisa que se repite puertas adentro: “El que cumple, se queda; el que miente o no trabaja, se va”.

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RENATRE celebró la extensión del Decreto 514/21 que garantiza empleo formal y estabilidad social en el agro

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) celebró la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prorrogar por un año la vigencia del Decreto 514/2021, a través del Decreto 777/2025, firmado el 29 de octubre.

La medida garantiza la continuidad de un instrumento central para compatibilizar el trabajo rural temporario con los programas sociales, permitiendo que miles de familias rurales mantengan sus ingresos formales sin perder los beneficios estatales.

El presidente del RENATRE, José Voytenco, calificó la resolución como “una muy buena noticia para los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país”. Tras semanas de gestiones y advertencias institucionales sobre la necesidad de extender la norma.

“El 514 fue durante cuatro años una herramienta efectiva para romper el círculo de la informalidad. Y ampliar la cobertura de la seguridad social en el sector rural”, señaló Voytenco. Destacando que la prórroga “demuestra que se pueden implementar políticas que surgen del diálogo, el consenso y la comprensión”.

Con la extensión del decreto, más de 120 mil trabajadores rurales podrán seguir accediendo al empleo formal sin perder la asistencia social. Un equilibrio que resultó clave para combatir la informalidad en las economías regionales y en el trabajo estacional agrícola.

Un instrumento clave para la formalización del empleo en el agro

El Decreto 514/2021 fue sancionado durante la pandemia, en un contexto de fuerte inestabilidad laboral. Con el propósito de permitir que quienes se desempeñan en tareas temporarias o estacionales del sector agropecuario pudieran incorporarse al empleo registrado. Sin perder los beneficios de los programas sociales como el Potenciar Trabajo.

La medida fue considerada desde su implementación como un avance significativo en la política de formalización del empleo rural. Al atacar una de las causas estructurales de la informalidad: la incompatibilidad entre la asistencia estatal y la contratación formal de corto plazo.

El presidente del RENATRE destacó que la norma “contribuyó a dar previsibilidad a los productores y a generar confianza en los trabajadores. Que dejaron de ver el empleo registrado como una amenaza a su estabilidad familiar”.

La continuidad de este esquema evita, además, un retroceso en los niveles de formalización alcanzados en los últimos años y sostiene el funcionamiento del sistema de seguridad social rural. Impulsado por el RENATRE, que cubre desde aportes jubilatorios hasta prestaciones por desempleo, formación profesional y salud laboral

Hacia una ley permanente de trabajo rural compatible con programas sociales

Desde el RENATRE y la UATRE impulsan que el Decreto 514/2021 se convierta en ley. Con el objetivo de dotar de estabilidad normativa a una política que ya demostró resultados concretos.

“Estamos trabajando con distintos diputados y diputadas nacionales para que esta herramienta adquiera carácter permanente. Y contribuya al desarrollo sostenido del sector agropecuario argentino”, afirmó Voytenco.

La institucionalización del decreto en una norma de carácter legal sería un paso decisivo para consolidar un modelo de empleo rural registrado. Con reglas claras tanto para empleadores como para trabajadores, y una mayor previsibilidad en la planificación productiva.

Para el RENATRE, el desafío hacia adelante será articular esta política con la modernización tecnológica, la capacitación laboral y el fortalecimiento del rol del trabajador rural en las cadenas de valor agroindustrial.

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