Política Productiva

El dólar mejora, pero no alcanza: la mirada industrial sobre las nuevas bandas del BCRA

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La decisión del Banco Central (BCRA) de actualizar las bandas cambiarias desde 2026 fue recibida con cautela por el sector industrial. Si bien los industriales reconocen que el nuevo esquema mejora respecto del régimen previo y evita una apreciación persistente del tipo de cambio real, advierten que el dólar, por sí solo, no alcanza para recomponer la competitividad sin una política productiva integral que atienda costos, tecnología y estructura sectorial.

A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA ajustará mensualmente las bandas de flotación en función del último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago. En paralelo, pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base prevé elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, lo que podría abastecerse con compras de hasta u$s10.000 millones, extensibles a u$s17.000 millones si la demanda de dinero creciera un punto adicional del producto.

El nuevo esquema cambiario y sus límites para la industria

Desde la óptica industrial, la corrección del esquema de bandas representa un alivio parcial. Federico Poli, economista y director de la consultora Sistémica, sostuvo que el régimen anunciado “puede leerse como una mejora respecto del vigente” y que, “en el mejor de los casos, podrá evitar, con rezagos temporales, que la moneda local siga apreciándose”. En su análisis, la indexación permitiría recuperar competitividad en el largo plazo, aunque al ritmo de la inflación internacional.

Sin embargo, Poli advirtió que el anuncio también puede interpretarse como una oportunidad perdida. Señaló que no se avanzó hacia un esquema de flotación que permita corregir la apreciación acumulada del tipo de cambio y remarcó que el valor del dólar debería ser determinado por el mercado y no por decisiones administrativas. “Su determinación es extremadamente compleja y depende de múltiples factores difíciles de prever”, explicó.

En el plano macroeconómico, el economista destacó que la estabilidad de precios es una condición necesaria para el crecimiento y reconoció avances en materia de desregulación que “permitieron reducir costos a partir de una mayor competencia y desburocratización”. No obstante, subrayó que la producción enfrenta hoy un escenario “complejo”, en el que las necesidades del sector productivo quedaron relegadas frente a la urgencia de la estabilización macroeconómica.

Entre los factores que afectan la competitividad, Poli mencionó políticas de incentivo a las importaciones vinculadas a la aduana, como el relajamiento de normas de seguridad, sanitarias y fitosanitarias, la eliminación de precios de referencia y la menor presencia del sector privado. A ello se suma la quita del Impuesto PAIS, que redujo el tipo de cambio real de importación, y el mantenimiento de retenciones junto con la falta de devolución de impuestos como el IVA y los reintegros, que continúan “castigando” a las exportaciones industriales.

Estructura productiva, RIGI y el debate de fondo

El debate trasciende el nivel del dólar y se inserta en una discusión más amplia sobre el perfil productivo del país. Poli remarcó que la Argentina no puede sostenerse únicamente sobre sectores primarios como el agro, el petróleo, el gas o la minería. “Somos una economía de tamaño medio, con 46 millones de habitantes y un tejido productivo diverso”, afirmó, y sostuvo que la industria es clave para el empleo, la innovación tecnológica y la seguridad de abastecimiento.

En ese marco, consideró un “contrasentido histórico” debilitar la base industrial en un contexto global en el que China refuerza su estructura productiva y Estados Unidos “reconoce como un error haberla perdido en los años noventa”. Por eso, planteó la necesidad de un diálogo del Gobierno con las cadenas de valor para identificar problemáticas específicas y diseñar políticas activas de competitividad, especialmente frente a la aceleración de la digitalización y la inteligencia artificial.

Una mirada complementaria aportó Cristian Desideri, exministro de Producción de la provincia de Santa Fe, quien calificó al nuevo techo de la banda como “más razonable que el esquema anterior”, pero advirtió que confiar en el tipo de cambio como única herramienta es un error conocido. “Pensar que solo por la mejora del tipo de cambio aumentarás la competitividad industrial es una condición necesaria, pero no suficiente”, afirmó, y enumeró problemas estructurales de escala, déficits tecnológicos y logísticos en distintas cadenas de valor.

Desideri introdujo además el debate sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Bases, como el instrumento elegido para la transformación de la estructura productiva. Trazó un paralelismo con el modelo peruano de los años noventa, impulsado para desarrollar el sector del cobre, que inicialmente fortaleció proveedores locales pero terminó derivando en un régimen con beneficios impositivos extendidos, baja demanda de empleo y escaso compromiso local.

Según su análisis, el RIGI argentino replica esa lógica, con un piso de inversión de u$s200 millones orientado principalmente a gas, energía no convencional y minería. “Se orientan a la especialización de eslabones cortos y no a la diversificación de productos de eslabones largos”, explicó, y advirtió que, sin valor agregado, la economía queda expuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales. En ese contexto, afirmó no visualizar “un interés por lo industrial en su concepción integral”, sino “una ventanilla de ingreso de dólares de exportación”.

Actividad industrial, empleo y señales de alerta

Las advertencias del sector llegan en un momento de debilidad de la actividad. Según FIEL, la industria manufacturera cayó 6,1% interanual en noviembre, el peor registro en 16 meses, con fuertes bajas en químicos, plásticos y neumáticos. La industria automotriz mostró la contracción más profunda, afectada por la menor producción, la caída de ventas y el retroceso de exportaciones a Brasil. Aunque hubo una mejora desestacionalizada del 0,4%, el índice industrial acumula en 2025 una caída de 0,5%.

La metalurgia tampoco logra revertir la tendencia. En noviembre, la actividad cayó 4,2% interanual y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, según ADIMRA. El impacto es más severo en las pymes, que cuentan con menor espalda financiera para atravesar el proceso. “Eso deriva en suspensiones, despidos y cierres de empresas”, advirtió Daniel Rosato. En la provincia de Buenos Aires, la utilización de la capacidad instalada promedió 58% entre enero y octubre, casi seis puntos por debajo del promedio de la última década.

En este escenario, desde la Confederación General Empresaria Argentina (CGERA), Marcelo Rodríguez coincidió en que un tipo de cambio más alto puede aportar competitividad, pero relativizó su efecto. “El dólar alto ayuda cuando está extremadamente alto, pero hoy no creo que sea el factor que frene importaciones”, afirmó. Además, advirtió que si la banda acompaña a la inflación, el impacto puede diluirse rápidamente: “Si el dólar llega a $1.600, puede no significar nada y hasta aumentar costos para la industria”.

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Más plazo y más flexibilidad para el programa INSERTAR de Economía del Conocimiento

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dispuso una ampliación clave del Programa INSERTAR, orientado a promover el empleo formal en actividades de la Economía del Conocimiento, mediante la Resolución 255/2025, publicada el 16 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial.

La medida habilita un nuevo plazo para la adhesión de provincias, extiende por 12 meses el período para que las empresas presenten solicitudes de beneficios y flexibiliza condiciones operativas del programa, financiado con recursos del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). El objetivo explícito es ampliar el alcance territorial, mejorar la ejecución y fortalecer la generación de empleo calificado, en el marco del régimen creado por la Ley N° 27.506.

Más provincias y más tiempo: ampliación del alcance territorial y empresarial

Uno de los ejes centrales de la Resolución 255/2025 es la apertura de un nuevo período de dos meses para que las provincias que aún no se adhirieron al Programa INSERTAR puedan presentar sus actas de adhesión. El plazo comienza a regir desde la publicación de la norma y responde a la manifestación de interés de nuevas jurisdicciones, verificada durante la ejecución del programa.

En paralelo, el Ministerio resolvió extender por doce meses, hasta el 31 de octubre de 2026, el plazo para que las empresas presenten sus solicitudes de beneficios. El vencimiento original estaba fijado para el 31 de octubre de 2025, conforme a las Bases y Condiciones aprobadas en 2023.

Desde el punto de vista institucional, la decisión busca evitar que el diseño temporal del programa limite su impacto, permitiendo una mayor participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) vinculadas a actividades promovidas por la Ley de Economía del Conocimiento.

Cambios operativos y mayor flexibilidad para las empresas

La resolución introduce además modificaciones relevantes en la operatoria del programa, orientadas a facilitar su implementación y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos. Entre ellas, se habilita a las empresas a dar de alta nuevos trabajadores desde el mes en que presentan la solicitud y hasta el último día del mes siguiente a la notificación de aprobación del beneficio, contemplando incluso períodos no coincidentes con el mes calendario.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de control al establecer la obligatoriedad de presentar el Formulario F.931 junto con la nómina de personal al momento de la solicitud. Esta exigencia permite a la autoridad de aplicación realizar un análisis más riguroso de la dotación laboral previa, asegurando que el beneficio se destine efectivamente a la creación de nuevos puestos de trabajo.

En la misma línea, la norma aclara que el Código N° 8 corresponde a la modalidad de contratación “A tiempo indeterminado / trabajo permanente”, según la codificación vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), despejando interpretaciones divergentes en la aplicación del beneficio.

Un programa clave dentro del Régimen de Economía del Conocimiento

El Programa INSERTAR fue creado en 2023 con financiamiento del FONPEC, fondo integrado principalmente por aportes de las empresas beneficiarias del régimen promocional. Su finalidad es incentivar el empleo formal, financiar capital de trabajo y promover la formación de recursos humanos calificados en sectores intensivos en conocimiento y digitalización.

Con esta resolución, el Ministerio de Economía introduce ajustes que recalibran el equilibrio entre control fiscal, flexibilidad operativa y alcance federal, en un contexto donde la generación de empleo calificado aparece como uno de los ejes estratégicos de la política productiva.

La ampliación de plazos y la flexibilización administrativa podrían generar una mayor demanda por parte de empresas y provincias, especialmente en aquellas jurisdicciones que aún no habían adherido formalmente al programa, reconfigurando su impacto territorial durante 2026.

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Desarrollo productivo: Misiones impulsa una hoja de ruta federal desde la CEPAL

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Misiones impulsa una agenda federal de desarrollo productivo en la cumbre internacional de CEPAL y CFI

La provincia reforzó en Santiago de Chile su posición a favor de un modelo de desarrollo productivo federal, inclusivo y territorialmente equilibrado, durante la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la CEPAL entre el 17 y 18 de noviembre. Misiones planteó la necesidad de financiamiento diferenciado, soberanía territorial y cadenas de valor con identidad local como pilares de una nueva matriz económica.

Una agenda federal desde Misiones: financiamiento inclusivo y territorios como protagonistas

La delegación estuvo integrada por Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar, y Leonardo Amarilla, subsecretario de Planificación del Ministerio del Agro y la Producción. Ambos funcionarios representaron a la provincia en este espacio de articulación estratégica que reunió a ministros, organismos internacionales, bancos de desarrollo y autoridades subnacionales.

Durante su intervención, Ferreira remarcó que el financiamiento debe adaptarse a los actores tradicionalmente excluidos de la banca formal. “Merecen un financiamiento cercano, accesible y adaptado a su realidad”, afirmó en relación con la agricultura familiar, mujeres rurales, comunidades originarias y jóvenes del medio rural.

La ministra destacó, además, los activos estratégicos de Misiones: cadenas de valor con alto nivel de agregado —yerba mate, té, tabaco—; apertura de nuevos mercados internacionales; un capital natural excepcional, con 52% del territorio constituido por biodiversidad y abundancia de agua dulce; una ubicación geográfica clave que la conecta con los corredores regionales.

Para las autoridades misioneras, sostener esta estructura exige políticas subnacionales robustas, con instrumentos de crédito acordes a las necesidades locales. En la cumbre, la provincia respaldó los reclamos por mayores facilidades de endeudamiento provincial y una distribución más equitativa de oportunidades de inversión en todo el país.

Innovación territorial y gobernanza productiva: el aporte de Misiones en el espacio federal

Por su parte, Amarilla hizo hincapié en la importancia de colocar al territorio en el centro de la planificación productiva. “Apostamos a un desarrollo con identidad, basado en nuestros recursos naturales y nuestro conocimiento local”, señaló. Valoró el intercambio con otras jurisdicciones y remarcó que el aprendizaje conjunto fortalece la construcción de una agenda que supere las asimetrías entre regiones.

La participación de Misiones se inscribe en un proceso iniciado por el CFI que busca consolidar una hoja de ruta federal. Este camino comenzó con la Jornada Federal de Políticas Productivas en Córdoba (agosto 2024) y continuó en Entre Ríos (mayo 2025). La meta es avanzar hacia una matriz productiva diversificada, donde la agricultura familiar, la biotecnología, la economía circular y los productos forestales no madereros sean motores del desarrollo inclusivo.

En ese marco, Amarilla remarcó que el desarrollo productivo involucra mucho más que grandes inversiones: “Hablamos también de chacras, de escuelas rurales, de emprendedores locales y de saberes ancestrales. Esa es la verdadera base de una transformación inclusiva”.

Ferreira anticipó que Misiones avanzará en Comités Regionales de Desarrollo Productivo, diseñados como espacios de planificación conjunta entre municipios, instituciones locales y sectores productivos. El objetivo es profundizar la descentralización y fortalecer la presencia territorial del Estado. “Para que el desarrollo federal sea real, necesitamos financiamiento adecuado, decisiones descentralizadas y herramientas pensadas para quienes nunca fueron prioridad de la banca tradicional”, afirmó.

Misiones como actor estratégico en la construcción de un país más equilibrado

La delegación misionera participó activamente en mesas de trabajo sobre financiamiento, innovación territorial y gobernanza de políticas públicas. Su presencia reafirmó el rol de la provincia como referente en políticas de sustentabilidad, articulación público-privada y diseño de cadenas de valor con identidad territorial.

En un contexto nacional atravesado por debates sobre federalismo fiscal, competitividad y desarrollo equilibrado, Misiones defendió un modelo que combina biodiversidad, innovación, valor agregado y protagonismo local. Su postura, consolidada en la cumbre internacional, contribuye a la construcción de una Argentina más federal, diversificada y resiliente.

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El Gobierno extiende hasta 2026 el plazo del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

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El Gobierno prorrogó por un año los plazos del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs: seguirá vigente el plazo de 21 días para su aceptación o rechazo.

La Resolución 219/2025 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento extiende hasta octubre de 2026 los plazos del régimen previsto en la Ley 27.440. La medida busca garantizar previsibilidad a las empresas y evitar impactos operativos en el sistema de financiamiento PyME.

Prórroga hasta 2026 del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dispuso la prórroga hasta el 31 de octubre de 2026 del plazo de 21 días corridos para la aceptación, cancelación o rechazo de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs (FCE), conforme a lo establecido por la Resolución 219/2025 (RESOL-2025-219-APN-SPYMEEYEC#MEC) publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2025.

La medida, firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción en ejercicio de las competencias de la Secretaría PyME, mantiene la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo, prorrogando también los tiempos para la inscripción de las facturas en el Registro de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, previsto en el artículo 8° de la misma norma.

La resolución, que entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2025, tiene como objetivo otorgar mayor previsibilidad y operatividad a las empresas. Particularmente a aquellas con altos volúmenes de facturación electrónica, mientras continúa el análisis y revisión del sistema integral de financiamiento PyME.

Contexto normativo y fundamentos de la medida

El régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) fue creado por la Ley 27.440 con el propósito de mejorar las condiciones de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo la cesión anticipada de créditos comerciales originados en operaciones de venta de bienes o prestación de servicios a plazo.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la Secretaría consideró necesario mantener el plazo actual de 21 días, en lugar de reducirlo a 15 días como se había previsto en un principio. Debido a la complejidad del proceso administrativo y técnico que implica la emisión, aceptación o rechazo de las facturas electrónicas.

El documento cita el informe técnico de la Dirección Nacional de Financiamiento PyME (IF-2025-117207651-APN-DNFP#MEC) y la nota presentada por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), en la que se advierte que el plazo de 15 días resulta “exiguo en razón del proceso de la factura de crédito electrónica y la necesidad de hacerse de los recursos necesarios para llevar dicha tarea a cabo”.

COPAL, entidad que agrupa a gran parte de las industrias alimenticias y de bebidas del país, planteó que una reducción del plazo “implicaría una readecuación de los sistemas informáticos de las empresas y un incremento de los rechazos”, lo que afectaría la operatoria general del régimen y podría impactar negativamente en las relaciones comerciales entre grandes empresas y PyMEs proveedoras.

Asimismo, la autoridad de aplicación justificó la extensión señalando que el sistema continúa “en estudio en razón de la cantidad de intervinientes estatales en su procesamiento y funcionamiento”, motivo por el cual se decidió mantener las condiciones actuales por un año más.

Alcance de la prórroga y excepciones

La Resolución 219/2025 establece que el plazo de 21 días corridos regirá desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026. Tanto para la aceptación y cancelación de las facturas como para su rechazo e inscripción en el registro oficial.

Además, se mantiene vigente hasta la misma fecha la excepción que excluye del régimen a los comprobantes emitidos por una MiPyME a una empresa grande que sean cedidos antes de ser cancelados, rechazados o aceptados (expresa o tácitamente), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En los considerandos se detalla que la Secretaría actúa como autoridad de aplicación del Título I de la Ley 27.440. Conforme al Decreto 471/2018, al Decreto 50/2019 y al más reciente Decreto 650/2025, que asignó a Lavigne la coordinación de competencias en materia de producción y financiamiento PyME.

La medida fue dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 27.440, el artículo 2° del Decreto 471/18 y el artículo 4° de la Resolución 338/20, en el marco del Ministerio de Economía.

Impacto económico y perspectivas

La prórroga dispuesta por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene alto impacto en la cadena de pagos entre las MiPyMEs y las grandes compañías, al consolidar un esquema de plazos administrativos estables para la gestión de las facturas electrónicas.

El mantenimiento del plazo de 21 días busca equilibrar la necesidad de liquidez inmediata de las PyMEs. Con las limitaciones operativas de las grandes empresas, preservando la estabilidad del sistema de financiamiento basado en facturas electrónicas.

En términos institucionales, la decisión reafirma la continuidad del Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs como instrumento estratégico de política productiva. Orientado a mejorar el acceso al crédito comercial y reducir la morosidad en los pagos a proveedores.

La Secretaría indicó que el objetivo de fondo es “mantener la coherencia y previsibilidad del régimen mientras se avanza en su evaluación técnica y en la mejora de los procesos digitales asociados”. Asegurando una transición ordenada hacia la plena operatividad del sistema.

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