política tarifaria

Boleto urbano: empresas y municipio expusieron la situación económica del transporte

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Representantes del transporte urbano, autoridades municipales, empresas, organizaciones y usuarios participaron este martes de la audiencia pública convocada para analizar una posible actualización del boleto de transporte urbano de pasajeros en el Área Metropolitana. El encuentro expuso el escenario económico y operativo del sistema, marcado por la caída de la demanda y el aumento sostenido de los costos, y puso en foco el rol de los aportes provinciales y municipales para garantizar su continuidad.

La audiencia se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Parque de la Ciudad y se realizó conforme a lo establecido por decreto, en cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal, como instancia previa y obligatoria para el análisis de modificaciones tarifarias en servicios públicos.

Diagnóstico del sistema: costos en alza y menor demanda

Durante la jornada, los distintos sectores vinculados al transporte urbano expusieron los parámetros necesarios para el sostenimiento del sistema, que incluyen la infraestructura, las unidades en circulación y el personal en actividad. En ese marco, se presentó un diagnóstico que evidenció una caída en la demanda del servicio, combinada con un incremento sostenido de los costos operativos.

Según se explicó en la audiencia, el valor actual del boleto resulta insuficiente para cubrir integralmente los costos del sistema. Por ese motivo, el funcionamiento del transporte urbano se mantiene a través de aportes provinciales y municipales, además de inversiones en infraestructura, flota y mecanismos de control.

El análisis planteado remarcó que estas herramientas permiten sostener la continuidad del servicio, preservar la cobertura territorial y mantener el carácter social del transporte público, en un contexto económico desafiante para el sector.

Marco institucional y actores involucrados

La audiencia pública se desarrolló mediante la exposición de los distintos actores vinculados al sistema de transporte urbano, en un marco institucional previsto por la normativa municipal. Participaron del encuentro el secretario de Gobierno Municipal, José Amable, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, autoridades de la Defensoría del Pueblo y representantes de EUTA, junto a organizaciones y usuarios del servicio.

La instancia permitió dejar constancia de las posiciones del sector empresario, de las autoridades y de los usuarios, y constituye un paso formal dentro del proceso de evaluación de una eventual actualización tarifaria.

Próximos pasos

El debate sobre la tarifa del transporte urbano impacta de manera directa tanto en los usuarios del servicio, para quienes el boleto representa un componente relevante del gasto cotidiano, como en las empresas prestatarias, que enfrentan un escenario de costos crecientes y menor demanda.

En el plano institucional, la audiencia pública cumple una función central al transparentar la información económica y operativa del sistema y habilitar la participación ciudadana antes de cualquier decisión administrativa. El análisis expuesto en esta instancia será un insumo clave para las definiciones que adopten las autoridades municipales respecto del esquema tarifario.

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Misiones extiende la Tarifa Eléctrica Social hasta abril de 2026 para proteger a familias vulnerables

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El gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial hasta el 30 de abril de 2026, con el objetivo de mantener la asistencia a los hogares más vulnerables de la provincia. La medida aplica tanto a los usuarios de Energía de Misiones (EDM) como a quienes reciben el servicio a través de cooperativas eléctricas locales, y garantiza una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kilovatios hora (kWh).

En palabras del mandatario provincial, la prórroga se implementa para “seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras”, un esquema que busca equilibrar la necesidad de proteger a los sectores más sensibles frente a los costos energéticos sin afectar la sustentabilidad del servicio público.

Contexto y antecedentes de la medida

La Tarifa Eléctrica Social Provincial se creó como parte de un programa de subsidio eléctrico destinado a los hogares de menores ingresos, con el objetivo de asegurar la continuidad del suministro eléctrico a precios accesibles. La política busca mitigar el impacto de aumentos de tarifas en los hogares vulnerables y fomentar el acceso universal a la electricidad, especialmente en localidades rurales y semiurbanas donde las cooperativas desempeñan un rol central.

El esquema contempla que los consumos de hasta 450 kWh por mes reciban un descuento significativo, mientras que los excedentes se facturan a tarifa regular. Según datos de Energía de Misiones, este beneficio alcanza actualmente a más de 120.000 hogares en toda la provincia, y se calcula que representa un ahorro mensual promedio de $3.500 por familia, dependiendo del consumo y la localidad.

El gobernador Passalacqua ya había implementado prórrogas similares en 2024 y 2025, en un contexto de incrementos tarifarios nacionales y presiones inflacionarias que afectaron la economía doméstica. Esta continuidad refleja la intención del gobierno provincial de mantener estabilidad en los servicios básicos y evitar impactos directos sobre los ingresos de los hogares más vulnerables.

Impacto económico y social de la prórroga

La extensión del beneficio tiene repercusiones directas en la economía familiar, especialmente en los sectores con menor capacidad de pago. Mantener la tarifa bonificada hasta abril de 2026 permite a las familias planificar sus gastos energéticos y destinar recursos a alimentación, salud y educación.

Por otro lado, el programa implica un esfuerzo fiscal significativo para la provincia, ya que la bonificación se financia a través de recursos de la Administración Provincial de Energía, en coordinación con las cooperativas eléctricas locales. Esta medida también tiene un efecto institucional, fortaleciendo la percepción del gobierno como garante del acceso a servicios públicos esenciales y como actor comprometido con la equidad social.

Analistas locales anticipan que, de mantenerse las condiciones económicas actuales, la continuidad del beneficio hasta abril permitirá evaluar la necesidad de ajustes tarifarios progresivos a partir del segundo trimestre de 2026, asegurando la sustentabilidad financiera del sistema eléctrico provincial.

Proyección y actores involucrados

El beneficio alcanza a los usuarios residenciales de EDM y a los afiliados de cooperativas en toda la provincia, involucrando directamente a los ministerios provinciales de Economía y de Desarrollo Social, además de las autoridades regulatorias de energía. La prórroga es también un mensaje político: apunta a sostener la legitimidad social del gobierno en un contexto de creciente debate sobre la tarificación de servicios públicos en Argentina.

Sectores afectados positivamente incluyen familias de bajos ingresos, barrios rurales y cooperativas de menor escala, mientras que los efectos en los grandes consumidores son indirectos, dado que la bonificación está acotada al límite de 450 kWh. En términos de política energética, la medida refuerza el rol del Estado provincial como garante del acceso equitativo a servicios esenciales frente a dinámicas inflacionarias y tarifarias nacionales.

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Subsidios energéticos: cerró la consulta pública y el Gobierno acelera el nuevo esquema focalizado

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de reducción y reordenamiento de los subsidios energéticos al declarar formalmente cerrado el procedimiento de consulta pública para la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida quedó establecida mediante la Resolución 592/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a avanzar con la puesta en marcha definitiva del nuevo esquema tarifario a partir de enero de 2026.

La consulta pública concluyó a las 0:00 horas del 20 de diciembre de 2025, tras un plazo de quince días hábiles administrativos, durante el cual se recibieron presentaciones de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores, asociaciones de consumidores, cooperativas, federaciones del sector y defensorías del pueblo nacionales y provinciales. El cierre de esta instancia marca la culminación del período de transición previsto en el Decreto 465/2024 y sus prórrogas, y consolida el giro hacia un esquema de tarifas más alineadas con los costos económicos reales de abastecimiento.

Antecedentes normativos y fundamentos del nuevo régimen tarifario

El proceso tuvo su origen en la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, que dispuso la apertura de la consulta pública con el objetivo de garantizar la participación ciudadana previa a la aprobación del nuevo régimen. La iniciativa se encuadró en lo dispuesto por las Leyes 19.549, 27.275 y 27.742, el Decreto 1.172/2003 y los principios constitucionales de publicidad de los actos de gobierno y acceso a la información pública.

Según detalla la resolución, la propuesta sometida a consulta incluyó la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano indiluido por redes y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), sobre los cuales se aplicarán las bonificaciones del nuevo esquema. La Secretaría de Energía sostuvo que estos precios constituyen un componente estructural del sistema, definido en base a criterios técnicos, económicos y regulatorios.

Durante el procedimiento, la autoridad de aplicación destacó que el SEF busca “equilibrar la atención de las particularidades territoriales con la necesidad de establecer límites claros y reglas generales que aseguren una administración eficiente, equitativa y sostenible del sistema de subsidios energéticos”, sin alterar los lineamientos generales del régimen propuesto.

Cómo funcionarán los Subsidios Energéticos Focalizados y quiénes quedarán alcanzados

El nuevo esquema introduce cambios de fondo en la forma de asignar la asistencia estatal. Entre los principales lineamientos técnicos se destacan:

  • Bonificación de transición: se aplicará un descuento extraordinario durante todo 2026, concebido como una medida transitoria para acompañar la migración desde el sistema vigente hacia el nuevo régimen focalizado.
  • Canasta Básica Energética (CBE): el subsidio se calculará sobre un bloque de consumo básico, determinado según la zona bioclimática de residencia, y no sobre el consumo total del hogar.
  • Criterio de ingresos: el Estado intervendrá únicamente cuando el costo de la CBE supere entre el 10% y el 15% del ingreso total del grupo familiar, cubriendo solo esa diferencia.
  • Umbral máximo: el acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos mensuales inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT). A valores de diciembre de 2025, ese tope se ubica en aproximadamente $3.640.000, según el INDEC. El límite se reduce frente al esquema anterior, que permitía hasta 3,5 CBT, lo que implica la salida del beneficio de un segmento previamente categorizado como ingresos medios (Nivel 3).

El régimen también incorpora exclusiones automáticas por patrimonio, independientemente del ingreso declarado. Quedarán fuera del subsidio los hogares que posean dos o más inmuebles, vehículos de menos de 10 años de antigüedad (con excepción de personas con discapacidad), embarcaciones o aeronaves, servicios de medicina prepaga no vinculados al empleo o consumos elevados en moneda extranjera.

A nivel operativo, se elimina la segmentación en N1, N2 y N3. El sistema pasa a una lógica binaria de “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”. Los usuarios registrados en el RASE serán migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), aunque la Secretaría de Energía realizará auditorías periódicas y cruces de datos para verificar el cumplimiento continuo de los requisitos.

Observaciones recibidas, ajustes y efectos esperados

Las presentaciones realizadas durante la consulta pública se concentraron principalmente en los topes de consumo subsidiados por zonas geográficas, especialmente en relación con los requerimientos energéticos esenciales que varían según el clima, la infraestructura local y la disponibilidad de fuentes alternativas. También se plantearon objeciones vinculadas a los riesgos de exclusión por barreras digitales, con pedidos específicos para reforzar los mecanismos de atención presencial y los canales de revisión de categorización.

La Secretaría de Energía informó que estos aportes fueron evaluados y que se introducirán mejoras en los procesos de cruce y validación de información, así como en los procedimientos de revisión, para reducir errores de exclusión. El informe técnico de cierre fue elaborado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y elevado al Poder Ejecutivo Nacional junto con todos los antecedentes del proceso.

Desde una perspectiva económica e institucional, el avance del SEF implica un recorte progresivo del gasto en subsidios, una mayor focalización del gasto público y un traslado más explícito del costo de la energía hacia los usuarios con mayor capacidad contributiva. Al mismo tiempo, el esquema preserva mecanismos de protección para los hogares vulnerables en el tramo final del Período de Transición.

Con el cierre formal de la consulta pública, el Gobierno quedó habilitado para definir la reestructuración definitiva de los subsidios energéticos, una de las piezas centrales de la política fiscal y tarifaria para 2026.

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